STC6464-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6464-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01511-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilberto Cifuentes Mart\u00ednez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, despacho del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Viscaya. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y \u00abpronta y cumplida justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, fue condenado en primera y segunda instancia a la pena de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndosele la concesi\u00f3n de subrogados y beneficios punitivos. <\/p>\n
Refiere que, contra la sentencia del ad quem (4 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Superior de Cali), el 3 de octubre de 2019 su defensor interpuso el recurso de casaci\u00f3n, cuyo tr\u00e1mite fue asignado al despacho del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Viscaya de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Destaca que, desde entonces, el 30 de septiembre de 2020, el 16 de abril y el 19 de octubre de 2021, elev\u00f3 derechos de petici\u00f3n a la Sala Especializada Penal y en concreto, al despacho que avoc\u00f3 el asunto, requiriendo en ellos el impulso procesal y que se \u00abdefiniera su situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb toda vez que, \u00abhan transcurrido 2 a\u00f1os aproximadamente sin obtener una decisi\u00f3n por parte de la Sala\u00bb; sin embargo, afirma que no ha obtenido una respuesta precisa al respecto. <\/p>\n
Sostiene que, aunque entiende \u00abla congesti\u00f3n judicial por el sin n\u00famero de procesos que son asignados a las diferentes salas, sumado a la pandemia por covid19 que afect\u00f3 el sistema judicial y gener\u00f3 un represamiento a\u00fan mayor, considero que el tiempo razonable para pronunciarse sobre la admisi\u00f3n de una demanda de casaci\u00f3n se [halla] m\u00e1s que superado [\u2026] t\u00e9ngase en cuenta [\u2026] la preocupaci\u00f3n y angustia que genera tanto para el condenado como para su familia la incertidumbre de no obtener una pronta respuesta por parte de la judicatura\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00abse ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Viscaya, informar el estado de la demanda de casaci\u00f3n presentada a favor de Gilberto Cifuentes, si la misma se encuentra en turno, cu\u00e1l fue el turno en el que ingres\u00f3 y en qu\u00e9 turno se encuentra, y por \u00faltimo, se ordene que se pronuncie y\/o tome la decisi\u00f3n de fondo respecto a la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n ya ampliamente referida\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado accionado explic\u00f3 que, seg\u00fan informe secretarial, en cuanto a la petici\u00f3n aludida por el accionante cuya respuesta reclama, solamente fue conocida por su despacho el 17 de mayo de 2022, siendo atendida de manera inmediata; all\u00ed, se le informa tanto al accionante como a su apoderado el estado del proceso de su inter\u00e9s. As\u00ed las cosas, requiri\u00f3 se deniegue la tutela porque \u00abel hecho que motiv\u00f3 el amparo constitucional fue superado\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite penal que involucra al aqu\u00ed actor. Respecto de la queja por la supuesta falta de respuesta a los derechos de petici\u00f3n que elev\u00f3 el gestor del amparo, manifest\u00f3 que, comoquiera que no fueron dirigidos a esa corporaci\u00f3n, se le desvincule de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, indic\u00f3 que contra el actor dict\u00f3 sentencia condenatoria el 21 de febrero de 2019, decisi\u00f3n que fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Sala de Casaci\u00f3n Penal (despacho del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Viscaya) vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al: (i) no contestar los derechos de petici\u00f3n elevados por \u00e9l en los que solicit\u00f3 se \u00abdefina su situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb; y, (ii) por no pronunciarse respecto de la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto el 3 de octubre de 2019. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
2.1. En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
2.2. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la prerrogativa invocada, considerando que los pedimentos elevados por el quejoso, con el prop\u00f3sito de provocar el impulso procesal del tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, sin dudas tienen v\u00ednculo intr\u00ednseco con el juicio penal del que es objeto, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el actor no se encuentra habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que el funcionario tutelado responda sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial en los t\u00e9rminos previstos y seg\u00fan lo establecido en la normativa que reglamenta la garant\u00eda supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013 dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario deben ser resueltos, pero a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, lo que quiere decir que, se insiste, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n procedimental no es materia discutible a trav\u00e9s del derecho fundamental de petici\u00f3n y su protecci\u00f3n, si se enmarca en dicha finalidad, resulta inviable. <\/p>\n
Para complementar, esta Sala ha explicado que, en lo concerniente con los escritos denominados o calificados por los interesados como derechos de petici\u00f3n cuando en ellos se suplica la emisi\u00f3n de una providencia, dicha pretensi\u00f3n corresponde formularse por v\u00eda del ejercicio del derecho de postulaci\u00f3n, e intentarse \u00ab(\u2026) las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva\u00bb (CSJ STC4583-2021). <\/p>\n
3. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, disposici\u00f3n reafirmada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, acorde con el cual \u00ab\u2026no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, si las personas tienen a su alcance mecanismos regulares de protecci\u00f3n o los mismos hayan sido instaurados y est\u00e9n siguiendo su curso normal, a ellos se debe atener previo a acudir ante el juez de amparo. <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3.2. No obstante la improcedencia de los derechos de petici\u00f3n en asuntos judiciales, seg\u00fan se explic\u00f3, es menester verificar la viabilidad de la queja que subyace en torno a la supuesta mora judicial que el actor denuncia del despacho del Magistrado Acu\u00f1a Viscaya, esto es, respecto de la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del tribunal ad quem que ratific\u00f3 su condena. <\/p>\n
En tal sentido, se\u00f1ala que, el art\u00edculo 184 del estatuto adjetivo penal prev\u00e9 un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para que la Sala de Casaci\u00f3n Penal resuelva sobre la admisi\u00f3n del remedio extraordinario, plazo que no se ha cumplido y a\u00fan desconoce el estado actual del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sin embargo, al margen del an\u00e1lisis que podr\u00eda derivarse de la presunta dilaci\u00f3n judicial expuesta, para la Corte reclamos de esta especie tienen en principio otra v\u00eda a trav\u00e9s de la cual es posible denunciar el proceder irregular y\/u omisivo que se reprocha, en cuyo caso ser\u00eda la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
De la posibilidad o alternativa enunciada, es preciso indicar que se trata de un instrumento legal previsto en el art\u00edculo 60 de la ley 906 de 2004 que, en armon\u00eda con el numeral 7\u00ba del canon 56 de la misma normativa, que contempla como causal de impedimento \u00ab(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, se erige como un medio jur\u00eddico apto para reclamar la ausencia de pronunciamiento oportuno en las causas bajo el direccionamiento de los operadores judiciales. <\/p>\n
En tal sentido, frente a reclamos del mismo tenor en materia penal, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora (\u2026) concluye la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada porque \u00e9l [accionante] tiene a su alcance otro mecanismo de defensa\u2026Ciertamente el ordenamiento procesal penal prev\u00e9 dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, la situaci\u00f3n en la cual \u2018(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, as\u00ed como en los art\u00edculos 60 y 105 respectivamente. Las normas se\u00f1aladas disponen que si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declara \u2018(\u2026) cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario ser\u00edan invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades\u00bb (CSJ STC, 22 ag. 2014, exp. 00633-00, citado en STC5047-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00481-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, se resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01, reiterada el 8 de octubre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02360-00). <\/p>\n
Entonces, si el ordenamiento jur\u00eddico contiene mecanismos judiciales donde el afectado puede ventilar su inconformidad para remediar la tardanza que reprocha en la resoluci\u00f3n de su caso, mal har\u00eda el juez de tutela entrometi\u00e9ndose en una cuesti\u00f3n que, en principio, cuenta con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su alegaci\u00f3n, lo cual en definitiva deviene en la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, mientras ello no suceda, no es est\u00e1 acci\u00f3n excepcional la llamada a proveer la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n que puede plantearse, seg\u00fan se precis\u00f3, a trav\u00e9s del instrumento que contempla la normativa procesal penal, ya que, se reitera, no est\u00e1 concebida como sustitutiva de los medios de defensa establecidos por la ley o para anticiparse a las decisiones que le compete dictar al juez ordinario. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se impone declarar la inviabilidad de la salvaguarda dada la improcedencia del derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
4.2. La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que, al tutelante, respecto de la presunta mora judicial que denuncia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, antes de acudir a la salvaguarda, debe agotar todos los instrumentos jur\u00eddicos que tenga a disposici\u00f3n, id\u00f3neos para formular ese tipo inconformidades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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