STC6465-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6465-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00531-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Marco Antonio Gallego Rodr\u00edguez le instaur\u00f3 a la Corte Constitucional – Sala de Tutelas N\u00famero 3 y sus Magistrados Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abpetici\u00f3n vida, igualdad, debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital\u00bb, para que se ordenara \u00aba la Corte Constitucional responder de forma clara, completa, de fondo, congruente y soportada a [su] Derecho de Petici\u00f3n radicado el 14 de febrero de 2022; y tramitar conforme a la ley [su] Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n radicado el 29 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier, se extrae que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la guarda (rad. 2019-02481) que el actor formul\u00f3 contra los Juzgados Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento y Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta capital (26 nov. 2019), decisi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 (28 en. 2020) y la de Selecci\u00f3n de Tutelas n\u00ba 3 de la Corte Constitucional \u00absin ning\u00fan comentario al respecto, neg\u00f3 la revisi\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional\u00bb (03 ag.). <\/p>\n
En lo que interesa para la definici\u00f3n de este asunto, sostuvo el gestor que solicit\u00f3 informaci\u00f3n acerca del criterio tenido en cuenta por los Magistrados de la Sala de Tutelas n\u00ba 3 de la Corte Constitucional, Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger – integrantes de esa Sala para la \u00e9poca en que la revisi\u00f3n de su acci\u00f3n fue denegada – para excluir su resguardo (24 nov.), en raz\u00f3n de lo cual, el primero de ellos respondi\u00f3 que \u00ab[d]espu\u00e9s de efectuar el estudio pertinente del caso, considero que la acci\u00f3n de tutela que usted solicita sea revisada, no satisfizo plenamente ning\u00fan criterio que motivara la selecci\u00f3n, por tal raz\u00f3n no se insisti\u00f3 en el asunto\u00bb (27 nov.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que de conformidad con los art\u00edculos 354 a 360 del C\u00f3digo General del Proceso, envi\u00f3 a la Secretar\u00eda n\u00ba 4 de la Corte Constitucional \u00abRecurso Extraordinario de Revisi\u00f3n\u00bb contra la sentencia de segunda instancia de la \u00abacci\u00f3n de amparo\u00bb mencionada (29 en. 2022), pero ante las falencias en su recepci\u00f3n, se comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente con una empleada de dicha dependencia, quien, asegur\u00f3, el d\u00eda siguiente le \u00abconfirm\u00f3 la recepci\u00f3n de los correos y [le] aconsej\u00f3 estar pendiente de la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional para conocer su radicado y su tr\u00e1mite\u00bb. Sin embargo, hasta el d\u00eda de hoy \u00abno [conoce] la radicaci\u00f3n de [su] Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n ni \u00e9ste aparece en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 11 de febrero hoga\u00f1o recibi\u00f3 correo electr\u00f3nico de la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional, que correspond\u00eda a \u00abla Notificaci\u00f3n PET-SGT-0236\/22\u00bb, seg\u00fan el cual, \u00abEl correo no trae nombre ni firma de quien autoriza su env\u00edo y en \u00e9l viene un enlace el cual debe abrirse para poder leer el documento principal (ver folio 35). El enlace no pudo abrirse\u00bb; por lo que elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb electr\u00f3nicamente, a trav\u00e9s del cual, \u00abPresumiendo que la notificaci\u00f3n del 11 de febrero tratara sobre [su] Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n\u00bb, solicit\u00f3 \u00absu entrega como archivo adjunto o, como alternativa, se agendara una cita presencial para reclamarla en f\u00edsico; y, en caso de que no tratara sobre [su] solicitud extraordinaria de revisi\u00f3n, solicit[\u00f3] tambi\u00e9n que se diera respuesta a la mayor brevedad posible a tal solicitud\u00bb (14 feb.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb fue tratado como una PQRS, de acuerdo con el acuse de recibido de la Secretar\u00eda n\u00ba 5 de la Corte Constitucional, quien a su vez le remiti\u00f3 mensaje de datos en el que le indic\u00f3, que \u00abno trae ning\u00fan tipo de informaci\u00f3n, [le] env\u00eda como archivo adjunto el Oficio No. PET-SGT-0236\/22: el oficio comienza diciendo que da respuesta a [su] solicitud radicada el 1o de febrero de 2022 y contin\u00faa hablando del tr\u00e1mite eventual de revisi\u00f3n que se surte con los procesos de acci\u00f3n de tutela ante la Corte Constitucional, para despu\u00e9s relacionar los expedientes que se encuentran en la base de datos de esa Corporaci\u00f3n en los que [\u00e9l] obro como accionante; pero no habla nada acerca del tr\u00e1mite que debi\u00f3 darse a [su] Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n ni mucho menos responde a [su] derecho de petici\u00f3n del 14 de febrero (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la autoridad querellada \u00abal obstaculizar la revisi\u00f3n del expediente de tutela; al no radicar [su] Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n sin entregar ning\u00fan tipo de explicaci\u00f3n; y al no responder a [su] Derecho de Petici\u00f3n, ha estado vulnerando [sus] derechos fundamentales\u00bb, m\u00e1xime si est\u00e1 desconociendo que es \u00abun adulto mayor a punto de quedar en completo estado de indefensi\u00f3n por los abusos y arbitrariedades cometidos en [su]contra y que est\u00e1n debidamente narrados y sustentados en el aludido Recurso\u00bb. <\/p>\n
2.- La Presidencia de la Corte Constitucional contest\u00f3 que \u00abfrente a la solicitud del 29 de enero de 2022\u00bb, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico \u00abinform\u00f3 al accionante que no fue posible acceder a los datos adjuntos del correo, tal y como aparece en el siguiente registro: secretaria4 corte constitucional <secretaria4@corteconstitucional.gov.co> 31 de enero de 2022, 11:19 Para: Marco Antonio Gallo Rodr\u00edguez magallo132@gmail.com. Estimado usuario, la Secretaria General de la Corte Constitucional le informa que no ha sido posible acceder a los datos adjuntos anexados en su solicitud de revisi\u00f3n, por lo anterior le sugerimos remitirlo en un formato diferente para que podamos darle el tr\u00e1mite correspondiente. Agradecemos su colaboraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la \u00abpetici\u00f3n\u00bb radicada el 14 de febrero de 2022, en el que el accionante reitera las m\u00faltiples rogativas realizadas en el mismo sentido y, las cuales ya fueron respondidas por esa Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Secretaria General de la Corte, mediante el Oficio No. PET-SGT-0236\/22 de 2 de febrero de 2022, le explica nuevamente el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n e informa sobre los estados de diferentes expedientes, entre ellos el expediente de tutela que hoy nos convoca\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, relat\u00f3 que en reiteradas oportunidades comunic\u00f3 a Gallego Rodr\u00edguez \u00absobre el proceso y tramite de la eventual revisi\u00f3n de las tutelas remitidas a la Corte Constitucional y el estado del proceso de revisi\u00f3n del expediente de tutela T- 7.831.888\u00bb, a saber: i) Oficio PET-SGT-1208\/20 (17 nov.); ii) Respuesta del Magistrado Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas de 27 de noviembre de 2020; iii) PET-SGT-0911\/21 (18 may.) y, iv) PET-SGT-0236\/22, 2 feb.; por lo que, en su criterio \u00abcumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n en los t\u00e9rminos del Decreto 2591 de 1991, en particular el art\u00edculo 33\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, \u00abRespecto del \u201cRecurso Extraordinario de Revisi\u00f3n\u00bb al que hace referencia el accionante, que \u00abno existe dentro del proceso de eventual revisi\u00f3n de tutelas este tipo de recurso extraordinario, existe la solicitud denominada \u201csolicitud ciudadana de revisi\u00f3n\u201d que debe radicarse dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado por la Sala de Selecci\u00f3n\u00bb, y que en el sub lite, \u00e9ste \u00abno present\u00f3 escrito de solicitud ciudadana de revisi\u00f3n en el t\u00e9rmino legal establecido para ello y el Magistrado Reyes no encontr\u00f3 satisfecho plenamente ning\u00fan criterio que motivara la selecci\u00f3n del caso, raz\u00f3n por la que no insisti\u00f3 el asunto\u00bb, de lo que concluy\u00f3 \u00abla decisi\u00f3n de la Sala de Selecci\u00f3n acerca de la selecci\u00f3n o exclusi\u00f3n de cualquier expediente del tr\u00e1mite revisi\u00f3n es definitiva, no admite ninguna clase de recursos\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal y el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, relataron el tr\u00e1mite surtido en los amparos por ellos conocidos. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el remedio superlativo, por incumplimiento de los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad; adem\u00e1s, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n, en tanto, \u00abla Corporaci\u00f3n demandada, ha atendido en reiteradas oportunidades las solicitudes de Marco Antonio Gallo Rodr\u00edguez acerca del proceso y tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n de la tutela remitida a esa Corte, as\u00ed como del estado del proceso en sede de revisi\u00f3n del expediente de marras y de su devoluci\u00f3n al juez colegiado de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
4.- Apel\u00f3 el promotor y, como aspecto previo a la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, coment\u00f3 que esta Corte \u00abse declar\u00f3 competente e internamente reparti\u00f3 la tutela al Magistrado Chaverra de la Sala Penal\u00bb, cuando, en su opini\u00f3n, aqu\u00e9l \u00abdebi\u00f3 notar un conflicto de competencia ya que la acci\u00f3n de tutela pretende que se ordene a la Corte Constitucional dar tr\u00e1mite a un Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n de un fallo de tutela en segunda instancia, proferido por una Magistrada perteneciente tambi\u00e9n a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Doctora Patricia Salazar Cu\u00e9llar\u00bb. <\/p>\n
Luego, invoc\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb del tr\u00e1mite tutelar, porque (i) No se tuvo en cuenta para el fallo de primera instancia los t\u00e9rminos previstos en el inciso 4\u00ba del art. 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque esta herramienta \u00abfue radicada el 15 de marzo del presente a\u00f1o (ver folios 6 a 8), pero su respuesta lleg\u00f3 a mi correo electr\u00f3nico el 21 de abril, es decir, veinti\u00fan (21) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s\u00bb; (ii) \u00ab[N]o recib\u00ed copia del auto de sustanciaci\u00f3n por medio del cual se avoc\u00f3 conocimiento de tal acci\u00f3n constitucional ni tampoco copia de las respuestas brindadas tanto por accionados como por vinculados\u00bb, por lo que no se le permiti\u00f3 \u00abejercer [sus] derechos de r\u00e9plica y\/o defensa\u00bb, situaci\u00f3n que \u00abconstituye una NULIDAD SANEABLE\u00bb; y, (iii) El a quo constitucional \u00abNo notific\u00f3 a todos los accionados demandados en la acci\u00f3n de tutela y de los cinco notificados permiti\u00f3 que cuatro no respondieran. Y de los catorce vinculados, s\u00f3lo tres respondieron y lo hicieron de manera displicente, sin tocar los aspectos relevantes\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que debi\u00f3 aplicarse la presunci\u00f3n de veracidad del art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, dado que \u00aben el ac\u00e1pite \u201cRespuestas\u201d del fallo proferido el Magistrado Chaverra aporta las respuestas brindadas por un accionado y tres vinculados, es decir, veinti\u00fan por ciento (21%) de los notificados (\u2026) En [su] opini\u00f3n, la respuesta relevante para esta tutela es la de la parte demandada, la Corte Constitucional: esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 compuesta por nueve Magistrados, as\u00ed que los nueve debieron ser accionados y los nueve deber\u00edan haber brindado su concepto; no obstante, s\u00f3lo cinco Magistrados fueron notificados y s\u00f3lo uno de ellos respondi\u00f3, (\u2026) la Doctora Patricia Castro Schlesinger, Presidenta de la Corte, (\u2026) los dem\u00e1s guardaron silencio. Y, en cuanto a los tres vinculados que acataron la notificaci\u00f3n, sus respuestas son balad\u00edes y no aportan nada a las consideraciones sobre las cuales la Corte Suprema debi\u00f3 proferir su fallo, los dem\u00e1s guardaron silencio. Y, en cuanto a los tres vinculados que acataron la notificaci\u00f3n, sus respuestas son balad\u00edes y no aportan nada a las consideraciones sobre las cuales la Corte Suprema debi\u00f3 proferir su fallo, los dem\u00e1s guardaron silencio\u00bb – Subrayado Adrede-. <\/p>\n
Con base en lo anterior, esgrimi\u00f3 que \u00abLa vaguedad de las respuestas brindadas y el silencio guardado por quienes fueron bien notificados, pero se abstuvieron de responder, refuerza la presunci\u00f3n de veracidad en materia de tutela\u00bb y, que debi\u00f3 haberse aplicado en este caso; debido a lo cual, destac\u00f3 que \u00abentre los que no respondieron se encuentran personas como el representante legal del BANCO Scotiabank Colpatria, entidad que mantiene un embargo sobre [sus] cuentas bancarias por una deuda que qued\u00f3 cancelada desde el mes de septiembre del 2017 arruinando as\u00ed [su] vida crediticia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela que nos ocupa pretende que la Corte Constitucional responda al derecho de petici\u00f3n fechado 14 de febrero de 2022, y d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso extraordinario de revisi\u00f3n radicado el 29 de enero del mismo a\u00f1o (ver Acci\u00f3n de Tutela, folio 4). Sin embargo, como el oficio de que trata la primera parte del derecho de petici\u00f3n ya fue recibido, y la segunda parte solicita se d\u00e9 respuesta a la mayor brevedad posible al recurso del 29 de enero (ver Acci\u00f3n de Tutela, folio 3), queda como \u00fanico objetivo com\u00fan entre las dos pretensiones, el conseguir que la Corte Constitucional d\u00e9 el tr\u00e1mite de ley que corresponde al recurso extraordinario de revisi\u00f3n radicado el 29 de enero\u00bb (Subraya la Corte). <\/p>\n
As\u00ed entonces, suplic\u00f3 en esta instancia \u00abse anulen las actuaciones ejecutadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Doctor Gerson Chaverra Castro, y se ordene a la Corte Constitucional dar a mi Recurso Extraordinario de Revisi\u00f3n el tr\u00e1mite de ley que le corresponde; o, al menos, se devuelva el expediente de la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, para un nuevo reparto hacia una Corporaci\u00f3n que no est\u00e9 parcializada y s\u00ed est\u00e9 dispuesta a vestir dicha acci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales a que tiene derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte al escrito de \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, ab initio brota la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, porque de los motivos de desaz\u00f3n expuestos por el impulsor, no emerge (a) Causal de impedimento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para tramitar el resguardo que concita este estudio, (b) Vicio nulitativo del \u00abtr\u00e1mite de primer grado\u00bb y, (c) Tampoco se configura la transgresi\u00f3n a las prerrogativas imploradas en el l\u00edbelo incoatorio, como pasa a verse. <\/p>\n
1.1.- En torno al presunto \u00abconflicto de competencia\u00bb que debi\u00f3 promover en primera instancia el Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Magistrado Gerson Chaverra Castro, precisa esta Sala que los supuestos de hecho aducidos por Gallego Rodr\u00edguez podr\u00edan, en principio, configurar causal de impedimento a voces del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, que no la figura invocada equ\u00edvocamente. <\/p>\n
Sin embargo, como ya se anunci\u00f3, en el sub lite no hab\u00eda lugar a la manifestaci\u00f3n de \u00abcausal de impedimento\u00bb alguna por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, toda vez que el fallo STP435-2020 de 28 de enero, que en segunda instancia se produjo en el resguardo objeto de esta queja constitucional (n\u00ba 2019-02481), fue proferida por los Magistrados Patricia Salazar Cuellar y Luis Antonio Barbosa que integraban la Sala de Tutelas n\u00ba 2; mientras que el de primer grado ahora apelado, fue emitido por los Magistrados Gerson Chaverra Castro, Myriam \u00c1vila y Diego Eugenio Corredor, quienes integran la Sala de Tutelas n\u00ba 3 -reparto de Sala Plena-. <\/p>\n
Significa entonces, que los Magistrados que tramitaron la \u00abtutela n\u00ba 2019-02481\u00bb son distintos a quienes conocieron la actual, en la que, adem\u00e1s, y es la principal raz\u00f3n para no \u00abmanifestar impedimento\u00bb, ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria de atributos b\u00e1sicos se atribuy\u00f3 directa ni indirectamente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. Mem\u00f3rese que las pretensiones de ahora se enfilaron exclusivamente contra la Corte Constitucional – Sala de Tutelas N\u00famero 3. <\/p>\n
1.2.- Ahora bien, en el sub judice se observa que los alegatos aducidos por el opugnante como hip\u00f3tesis de \u00abnulidad\u00bb, no guardan relaci\u00f3n ni se refieren a alguno de los casos en los que se configuran las \u00abcausales legales\u00bb de anulabilidad adjetiva, veamos. <\/p>\n
1.2.1. Para la expedici\u00f3n de la sentencia de primera instancia se atendi\u00f3 el t\u00e9rmino de los \u00ab10 d\u00edas\u00bb previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el canon 29 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que avocada la salvaguarda el 23 de marzo hoga\u00f1o (Derivado: 0003 122987Avoca.pdf); el fallo se produjo el pasado 5 de abril. El hecho de que le hubiere sido notificado hasta el 21 del mismo mes y a\u00f1o, no convierte la providencia en extempor\u00e1nea, cuando la demora se present\u00f3 en el acto de comunicaci\u00f3n de la misma, a cargo de la secretaria, circunstancia no prevista como \u00abcausal de nulidad\u00bb en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.2.2. En toda la actuaci\u00f3n \u00abtutelar\u00bb se garantiz\u00f3 a Gallego Rodr\u00edguez los \u00abderechos\u00bb de \u00abdefensa y contradicci\u00f3n\u00bb, al punto que se admiti\u00f3 la demanda, se imparti\u00f3 el tr\u00e1mite legal respectivo y, producida oportunamente la resoluci\u00f3n de primer grado, se le comunic\u00f3 para que pudiera recurrirla y contradecir las respuestas de la Corte Constitucional y dem\u00e1s vinculados, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
Con todo, el que, presuntamente no haya accedido a la actuaci\u00f3n surtida y documentos adosados para refutarlos, no soslaya su obligaci\u00f3n de vigilancia en las actuaciones judiciales, frente a la posible ausencia de informaci\u00f3n compilada en los aplicativos y\/o herramientas de consulta de la Corte, pues corresponde \u00aba la parte interesada, por intermedio de su apoderada, asegurarse de estar al tanto del desarrollo de la actuaci\u00f3n consultando los estados electr\u00f3nicos o el micrositio web dispuesto en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial para el despacho convocado, es decir, un compromiso m\u00e1s diligente con el tr\u00e1mite en caso de presentar inconvenientes para obtener el historial del expediente\u00bb (STC3670-2021, expediente 2021-00093-01, postura reiterada en STC12496-2021 y STC4590-2022). <\/p>\n
1.2.3.- En cuanto a la indebida notificaci\u00f3n en este auxilio de los accionados y llamados en la \u00abtutela n\u00ba 2019-02481\u00bb, advierte la Sala que, adem\u00e1s de no tener legitimaci\u00f3n en la causa para recriminar dicha situaci\u00f3n, por ser un asunto reservado exclusivamente a quienes resulten afectados con la supuesta omisi\u00f3n, revisado el infolio se corrobor\u00f3 que en el prove\u00eddo admisorio se dispuso la integraci\u00f3n del contradictorio y la vinculaci\u00f3n de \u00abtodas las partes e intervinientes de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. T-7.831.888 (CUI 11001220400020190248100), as\u00ed como a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que conoci\u00f3 en primera instancia dicho tr\u00e1mite constitucional; al igual que, a la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; a los empleados judiciales que se desempe\u00f1an como Oficiales Mayores Juan Esteban Valencia Rico, Johan Sebasti\u00e1n Sanabria Uribe y Giannina Guti\u00e9rrez, a las Secretar\u00edas n\u00famero 4 y 5, al \u00c1rea de Atenci\u00f3n al Ciudadano y a la Secretar\u00eda General, todos de la Corte Constitucional\u00bb (23 mar. 2022). <\/p>\n
Igualmente, se verific\u00f3 que todos ellos fueron \u00abdebidamente notificadas\u00bb; as\u00ed consta en archivo: 0005 122987Comunicaciones.pdf; por lo que su descontento no tiene fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico que lo soporte, por ende, tambi\u00e9n ser\u00e1 descartado. <\/p>\n
En consecuencia, no hab\u00eda lugar a aplicar la mencionada figura, en tanto s\u00ed hubo pronunciamiento de la entidad accionada. Igual suerte se predica del \u00absilencio\u00bb de los dem\u00e1s convocados, contra quienes no se dirigi\u00f3 ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n; por lo que, como afirm\u00f3 el recurrente, \u00abla respuesta relevante para esta tutela es la de la parte demandada, la Corte Constitucional\u00bb, ello, de cara a la soluci\u00f3n que exige de su \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Finalmente, centrada la atenci\u00f3n de la Sala en lo anhelado por el actor, que en la impugnaci\u00f3n circunscribi\u00f3 a que se conmine a la Corte Constitucional a impartir el \u00abtr\u00e1mite de ley que corresponde al recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, se destaca el fracaso de tal rogativa, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
1.4.1. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021), siempre y cuando se cumplan los presupuestos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
En el caso concreto, el reparo del promotor es porque la Corte Constitucional no ha solventado el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb que interpuso contra el fallo expedido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el resguardo \u00abn\u00ba 2019-02481\u00bb; en otras palabras, su inconformidad no es con la integraci\u00f3n del contradictorio o con la indebida notificaci\u00f3n -t\u00f3picos sobre los que ya qued\u00f3 claro, no hay prueba de su configuraci\u00f3n-, lo que imposibilita la injerencia supralegal implorada, tornando inviable la aspiraci\u00f3n superlativa. <\/p>\n
Adicionalmente, Gallego Rodr\u00edguez fue incurioso en el ejercicio de los medios de defensa a su alcance, en la medida que, frente a la exclusi\u00f3n del asunto para su revisi\u00f3n, no ejerci\u00f3 la herramienta de la insistencia para plantear la disertaci\u00f3n que aqu\u00ed expresa, remedio del que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021). <\/p>\n
1.4.2.- Ahora, cabe precisar que, contrario a lo esbozado por Gallego Rodr\u00edguez, la Presidencia de la Corte Constitucional, frente al \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, mediante oficio No. PET-SGT-0236\/22 (2 feb.), le contest\u00f3 que, \u00abel tr\u00e1mite eventual de revisi\u00f3n que se surte con los procesos de acci\u00f3n de tutela ante la Corte Constitucional es de car\u00e1cter jurisdiccional, y se tramita conforme a las reglas especiales procesales aplicables (Decreto 2591 de 1991, C\u00f3digo General del Proceso, Decreto 1069 de 2015 y Acuerdo 02 de 2015 y sus modificaciones) y no por las reglas generales del derecho de petici\u00f3n, propias de las actuaciones meramente administrativas (Ley 1437 de 2011 sustituida parcialmente por la Ley 1755 de 2015). De este modo, el auto de la Sala de Selecci\u00f3n que resuelve de la selecci\u00f3n o exclusi\u00f3n de los procesos de tutela, no se notifica personalmente, se notifica por estado publicado en la cartelera de esta secretar\u00eda general que, igualmente se publica en la p\u00e1gina web de esta dependencia https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/ Para todos los efectos este auto o prove\u00eddo constituye una respuesta efectiva a cualquier solicitud de revisi\u00f3n radicada o a cualquier inquietud que se plantee con relaci\u00f3n al proceso seleccionado o excluido, por lo que es una obligaci\u00f3n de cada usuario estar al tanto de las resultas del proceso\u00bb – Subrayado y Negrilla Adrede-. <\/p>\n
Despu\u00e9s de relacionar los expedientes en los que ha fungido como accionante, la guardiana de la Constituci\u00f3n le indic\u00f3: \u00abLos expedientes que anteceden no fueron objeto de insistencia por parte de ninguno de los Magistrados de la Corte Constitucional, ni por el Procurador General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional), raz\u00f3n por la cual, la competencia de la Corte Constitucional concluy\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Significa entonces, que el querellante ya tuvo conocimiento de la diferencia existente entre el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, propio de los procesos civiles, regulado en los art\u00edculos 354 a 360 del C\u00f3digo General del Proceso, y la herramienta de la \u00abinsistencia\u00bb para la eventual revisi\u00f3n de una \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, la cual, se tramita conforme al art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Esta Corte ha tenido predicado, respecto del \u00faltimo remedio, que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021 y STC5025-2022). <\/p>\n
2.- De suerte, que, ninguna conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales se puede imputar a la Corporaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
Al efecto, esta Sala ha se\u00f1alado que, \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014; STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC197-2021, 22 en. 2021, rad.00302-01, citadas en STC13757-2021). <\/p>\n
Necesit\u00e1ndose, adem\u00e1s: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-01 y STC197-2021 citadas en STC13757-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6465-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6465-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00531-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de abril de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}