STC6468-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6468-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01402-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Ricardo Murcia N\u00fa\u00f1ez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del amparo que promovi\u00f3 Minerales Barios de Colombia S.A.S. contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva (rad. n.\u00ba 2019-00190), la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad profiri\u00f3 fallo estimatorio, confirmado en segunda instancia por esta Corporaci\u00f3n (STC2155-2020, 28 feb.). <\/p>\n
En tal virtud, se orden\u00f3 al citado estrado expedir una nueva decisi\u00f3n en el curso del proceso de responsabilidad (rad. n.\u00ba 2015-00224) que la citada empresa inici\u00f3 contra Fabio Enrique Avella Gonz\u00e1lez \u2013exgerente\u2013, teniendo en cuenta las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de esas resoluciones, especialmente, lo atinente a la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Seguidamente, dada la presunta inobservancia de los mandatos impartidos, el aqu\u00ed inconforme, en su calidad de \u00absocio\u00bb, inici\u00f3 el tr\u00e1mite de desacato, pero, el 10 de septiembre de 2020, el despacho incidentado dict\u00f3 sentencia en la que \u00abdesconoc[i\u00f3] lo ordenado por el tribunal (\u2026) y por la Corte Suprema de Justicia\u00bb, pese a lo cual, el 8 de noviembre de 2021, el tribunal encontr\u00f3 acreditado el cumplimiento y, por ende, deneg\u00f3 la imposici\u00f3n de sanciones. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en compendio, \u00abque sea revocado el Auto de fecha 8 de noviembre del 2021 adelantado en la radicaci\u00f3n No 2019-190-001\u00bb; y, de forma subsidiaria, \u00abse ordene la adicione (sic) a la sentencia del rad 2015-224 [y que] sean valoradas las pruebas que hacen parte del proceso (\u2026), [tales como] los dict\u00e1menes periciales, certificaciones de contador y revisor fiscal, los comprobantes de egreso nunca firmados y los testimonios de las personas a las cuales el se\u00f1or Fabio Avella se le apropio de dineros\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa localidad aportaron copia del expediente digitalizado. <\/p>\n
2. M\u00f3nica Roc\u00edo Murcia N\u00fa\u00f1ez, quien se identific\u00f3 como \u00abheredera del se\u00f1or Segundo Herm\u00f3genes Murcia Buitrago (q.e.p.d.)\u00bb y Emiliano Polan\u00eda Cu\u00e9llar coadyuvaron el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el incidente de desacato que promovi\u00f3 el libelista (rad. n.\u00ba 2019-00190), por decretar el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha se\u00f1alado que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que este tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente, el Tribunal Constitucional reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente de las afirmaciones del gestor, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y precedentes aplicables, la Sala precisa que habr\u00e1 de denegarse el resguardo, comoquiera que el tr\u00e1mite y la definici\u00f3n del incidente de desacato no comprenden alguna de las situaciones rese\u00f1adas en la jurisprudencia transcrita; y, en particular, porque la decisi\u00f3n censurada no incurri\u00f3 en defecto espec\u00edfico de procedencia excepcional del amparo, ni vulner\u00f3 las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, al verificar el contenido de la resoluci\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva en el proceso de responsabilidad recriminado, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa localidad, como a quo constitucional, refiri\u00f3 que \u00abpartiendo de dos premisas que las conforman, la versi\u00f3n cr\u00edtica y de reproche que en uso de sus derechos ha expuesto el incidentante, de un lado; y de otro, las manifestaciones exculpatorias que en leg\u00edtimo ejercicio de su derecho de defensa, esgrime el juez incidentado, corresponde llegar a un silogismo que permita determinar si \u00e9ste ha incurrido en desacato frente a la orden impartida en la sentencia de tutela emitida por la Sala el 17 de enero de 2020 y confirmada a la saz\u00f3n, por la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo calendado en 28 de febrero del a\u00f1o en cita2020\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, \u00abcorrelacionada la sentencia inicial, cuya validez se removi\u00f3 a trav\u00e9s de los fallos constitucionales que vienen de referirse, con la de reemplazo emitida en acatamiento de aquellos, son ostensibles las variaciones y\/o diferencias entre una y otra, producto obviamente de los nuevos an\u00e1lisis al acervo probatorio adosado al plenario, an\u00e1lisis \u00e9ste, hecho en conjunto respecto de las pruebas documentales, testimoniales, periciales, e interrogatorios de parte, como as\u00ed lo expone el Juez accionado en sus informes sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme ya qued\u00f3 rese\u00f1ado en precedencia, en sus informes sobre su proceder de cara al tr\u00e1mite del proceso verbal del cual se han derivado los hechos objeto de acci\u00f3n de tutela, relacionada a su vez con el presente incidente de desacato, coherentemente ha explicado y sostenido que la sentencia que a juicio del incidentante no cumple con la orden impartida en sede de tutela, la emiti\u00f3, <\/p>\n
\u201c\u2026 atendiendo la jurisprudencia y la doctrina as\u00ed como el material probatorio recaudado en su integridad y no de forma parcial (\u2026) que en materia de la prueba pericial este despacho procedi\u00f3 a examinarla teniendo en cuenta todas y cada una de las pruebas que reposaban en el plenario extrayendo las conclusiones del mismo, previa verificaci\u00f3n de la documental tra\u00edda al proceso, as\u00ed como de la prueba testimonial, interrogatorios de parte e informe pericial, habiendo escuchado igualmente a la auxiliar de la justicia (\u2026) no se observ\u00f3 que los rubros demandados fueran debidamente suscritos por quienes eran parte en el proceso de Minerales Barios en Liquidaci\u00f3n y Fabio Enrique Abella.\u201d <\/p>\n
Sustentando su postura defensiva con argumentos que para la Sala son de buen recibo cuando aduce que: \u201cAl estudiarse las caracter\u00edsticas de la prueba pericial, se tiene que esta debe ser clara, precisa, exhaustiva y detallada, que debe fundarse en m\u00e9todos que deben ser expuestos en su dictamen exponiendo los sistemas o el estudio que se tuvieron en cuenta con los cuales se pudieran dar lugar a las cifras en ellos impresas, as\u00ed como la necesidad que deban estar plenamente especificado el procedimiento de orden sistem\u00e1ticos, t\u00e9cnico y cient\u00edfico utilizado, as\u00ed como los elementos de tiempo, modo y lugar en que se produjo la prueba y la misma debe estar conforme a las dem\u00e1s probanzas decretadas y dictadas en autos por eso al estudiarlo en conjunto con las dem\u00e1s pruebas, se le dio la valoraci\u00f3n probatoria aplicada para el caso y mal podr\u00eda esta judicatura basar su decisi\u00f3n exclusivamente en dicha prueba como lo pretende el accionante.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que \u00abse desvirt\u00faa la tozuda actitud del incidentante, al pretender que el juez cuestionado en sede de este tr\u00e1mite, a ultranza, o dicho de una manera m\u00e1s coloquial, s\u00ed o s\u00ed, deba fallar en la forma expresa como \u00e9l lo pretende, lo cual no corresponde al respeto debido por la aut\u00f3noma discrecionalidad, que por supuesto reclama la independencia del fallador, principio \u00e9ste que incluso se advierte en la sentencia de tutela, cuando se dijo all\u00ed textualmente al respecto: \u201c\u2026 ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Neiva (H.), que en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, renueve la actuaci\u00f3n dejada sin efectos, profiriendo la sentencia de remplazo en atenci\u00f3n a los lineamientos plasmados en la parte considerativa de esta decisi\u00f3n, sin perjuicio de su discrecionalidad en el sentido de la definici\u00f3n del juicio.\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, coligi\u00f3 que \u00ablos argumentos expuestos por el incidentante no alcanzan el grado de evidencia probatoria suficiente para derivar responsabilidad subjetiva frente al desacato planteado\u00bb, en tanto que el proceder del estrado querellado \u00abse comporta dentro del marco de su discrecionalidad, con apego a los principios de orden constitucional y legal, as\u00ed como tambi\u00e9n con observancia de la jurisprudencia para el caso aplicable, frente a un caso de bastante complejidad, de donde se evidencia su ponderado esfuerzo en desarrollo de sus diferentes audiencias y decisiones, para acertar en la mejor forma posible, ajeno por completo de cualquier proceder negligente, caprichoso, tozudo o ama\u00f1ado, como lo ha considerado sin fundamentos suficientes el incidentante, de donde se concluye sin dubitaci\u00f3n alguna que no hay lugar a imponer sanci\u00f3n en este espec\u00edfico caso\u00bb. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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