STC6470-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6470-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01382-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Vargas Rojas y Mercedes G\u00f3mez de Vargas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad y Bancolombia S.A., tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso y vivienda digna, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub ex\u00e1mine, se tienen los siguientes: <\/p>\n
Bancolombia S.A. inici\u00f3 el compulsivo con garant\u00eda real contra Miguel Vargas Rojas (rad. n.\u00ba 1998-00189), el cual cursa, actualmente, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Tr\u00e1mite en el que, en su criterio, han ocurrido m\u00faltiples irregularidades tanto en primera, como en segunda instancia, relacionadas con la expedici\u00f3n del mandamiento de pago, la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013pese a la alegada \u00abnulidad\u00bb\u2013 y las \u00f3rdenes de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidieron, en compendio, \u00abdecretar la terminaci\u00f3n del proceso Ejecutivo Hipotecario de CONAVI hoy Bancolombia S.A., representado con el Pagare N\u00ba 25501 por valor de $15.000.000.00, suscrito el 5 de enero de 1994 por 2811.8954 UPAC\u00bb; \u00abDECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado\u00bb; \u00abordenar, la cancelaci\u00f3n del auto aprobatorio del remate, y la cancelaci\u00f3n de este registro\u00bb; y \u00abordenar a Bancolombia S.A., que reestructure el saldo de la obligaci\u00f3n vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el c\u00f3mputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999.\u00bb. <\/p>\n
1. Carlos Alfredo Garc\u00eda Gamba, rematante en el sub-lite, se opuso a la prosperidad del petitum, explicando que \u00abme he visto afectado por el actuar desleal, temerario y obstructivo del Sr. Miguel Vargas Rojas quien se ha dedicado a interponer recursos y tutelas sobre tutelas por los mismos hechos y los mismos argumentos ante los diferentes estamentos judiciales queriendo lograr que se falle en alguna de ellas a su favor pese a que en innumerables ocasiones, respetando sus derechos y su debido proceso se le ha dado respuesta a las solicitudes, las cuales no han prosperado, conducta temeraria del Sr. Vargas, que se ha presentado durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 adujo que \u00abme atengo a lo que aparezca documentado en el expediente. Debo advertir que El expediente no se encuentra en el tribunal, y que la apelaci\u00f3n que se conoci\u00f3 data de 2000\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad expuso que \u00abel accionante MIGUEL VARGAS ROJAS ha interpuesto m\u00e1s de 20 tutelas, con una frecuencia casi de 3 a 5 mensuales; ruegos constitucionales que han sido negados, no solo por el TRIBUNAL SUPERIOR, sino Tambi\u00e9n por la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, cada una de ellas en el mismo sentido y con el mismo objetivo. Finalmente, solicito tener en cuenta que, el accionante es abogado, y ya en dos oportunidades la Corte Suprema de Justicia al resolver la impugnaci\u00f3n en acciones de tutela presentadas por el accionante, le orden\u00f3 al Juez Constitucional, tomar las medidas correspondientes, establecidas al art. 38 del Dcto. 2591 de 1991, teniendo en cuenta la conducta del abogado Miguel Vargas Rojas, lo cual constituye abuso del Derecho\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abmediante decisi\u00f3n de fecha del 01 de diciembre de 2021 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Magistrada Adriana Ayala Pulgarin orden\u00f3 la compulsa de copias ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que las actuaciones del se\u00f1or Miguel Vargas Rojas sean investigadas\u00bb. <\/p>\n
4. En memoriales allegados con posterioridad, los gestores aportaron \u00abnuevas pruebas\u00bb y reiteraron sus pedimentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo con garant\u00eda real que se inici\u00f3 contra Miguel Vargas Rojas (rad. n.\u00ba 1998-00189), por no decretar la terminaci\u00f3n del proceso, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub ex\u00e1mine se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que los convocantes promovieron previamente m\u00faltiples amparos contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en los cuales tambi\u00e9n se pretendi\u00f3 la invalidaci\u00f3n y\/o terminaci\u00f3n del ejecutivo, con fundamento en la supuesta \u00abfalta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1993 y la SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que en las decisiones STC10550-2021, 19 ago., rad. 2021-01357; STC15940-2021, 25 nov., rad. 2021- 02268; STC7062-2021, 16 jun., rad. 2021-00891; STC9440-2021, 28 jul., 2021-01326; STC14826-2021, 4 nov., rad. 2021- 02157, entre otras, esta Sala de Casaci\u00f3n defini\u00f3 lo concerniente a los reiterados cuestionamientos que ha formulado Miguel Vargas Rojas contra las actuaciones surtidas en el compulsivo, por aspectos relacionados, v. gr., con la negativa de terminaci\u00f3n del proceso por la falta de \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Por ejemplo, en la m\u00e1s reciente de las resoluciones enunciadas, el libelista solicit\u00f3 \u00abque se ordene al despacho fustigado terminar el proceso en comento, teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia SU-813\/07 y en la ley 546 de 1999\u00bb. Al respecto, esta Colegiatura ratific\u00f3 la inviabilidad del auxilio tras encontrar acreditada, como en el sub-lite, una actuaci\u00f3n temeraria: <\/p>\n
\u00abAnalizada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria del caso en concreto puede concluirse que, con anterioridad a este auxilio, tal como lo indic\u00f3 la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Miguel Vargas Rojas present\u00f3 un ruego (2021-00891) frente a la misma autoridad judicial, con similares pretensiones, y basado en id\u00e9nticos hechos. <\/p>\n
Este tr\u00e1mite fue negado por la Sala Primera de Decisi\u00f3n del \u00f3rgano colegiado en comento y confirmado en sentencia STC7062-2021 por esta sala. <\/p>\n
Ciertamente, le\u00eddos los libelos se pudo constatar que lo aqu\u00ed perseguido fue lo que tambi\u00e9n se busc\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela anterior, con apoyo en el mismo panorama factual, de modo que no queda duda de la reiteraci\u00f3n de los escritos con los que se activ\u00f3 la justicia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe m\u00e9rito para modificar o revocar el veredicto ofrecido por la colegiatura de Bogot\u00e1, porque es evidente la ocurrencia de temeridad en este asunto, lo que provoca despachar desfavorablemente las s\u00faplicas del promotor\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que ata\u00f1e al reclamo de Mercedes G\u00f3mez de Vargas, tambi\u00e9n se advierte que, en otras ocasiones, se han despachado de forma desfavorable sus pedimentos por la circunstancia que se predica de Vargas Rojas, aunado a que, ciertamente \u2013como se le ha indicado en otras providencias\u2013, carece de inter\u00e9s en las resultas del proceso confutado (rad. 2013-00267, 27 feb., et. al.). <\/p>\n
En ese sentido, en el fallo STC4962-2018, 19 abr., rad. 2018-00541, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el dossier que concita la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, Mercedes G\u00f3mez de Vargas critic\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 no hubiese dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999 en el desarrollo de la acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria, rad. No 1998-00189, que impuls\u00f3 Bancolombia S.A., en su contra, y que habilit\u00f3 el recaudo de intereses por encima de las pretensiones legales. <\/p>\n
Al respecto, de entrada se advierte la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sujeta a la raz\u00f3n que a continuaci\u00f3n se precisa: <\/p>\n
Los medios de convicci\u00f3n arrimados al tr\u00e1mite constitucional ponen de manifiesto que la reclamante en anteriores oportunidades instaur\u00f3 otras tutelas respecto del parafraseado proceso ejecutivo hipotecario, en las que esboz\u00f3 los mismos elementos f\u00e1cticos sabidos en esta sede y suplic\u00f3 aplicar las normas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Cada uno de los amparos fueron desestimados por esta Colegiatura en sentencias de 19 de enero de 2012, exp. 02643-00, de 6 de agosto ejusdem, exp. 01097-01, de 3 de septiembre \u00eddem, exp. 01767-00 y de 27 de febrero de 2013, exp. 00267-00, por cuanto la quejosa no demostr\u00f3 legitimidad para actuar por activa. <\/p>\n
En esta \u00faltima, la Corte compendi\u00f3 las quejas de la gestora as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) II.- Circunscribe la trasgresi\u00f3n a que en el juicio hipotecario que \u201cen [su] contra\u201d promueve Conavi, hoy Bancolombia S. A., las encartadas dispusieron el pago de r\u00e9ditos no permitidos en la sentencia y en la providencia que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
III.- Sustenta la protecci\u00f3n deprecada en los supuestos f\u00e1cticos que pasan a compendiarse (folios 10, 11, 17, 18, 62 a 64 del cuaderno de la Corte): <\/p>\n
a.-) Que en \u201c1994\u201d, la referida entidad bancaria la demand\u00f3 por la deuda que contrajo en UPAC para adquirir vivienda. <\/p>\n
b.-) Que \u201cen su sentencia\u201d, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito orden\u00f3 \u201cintereses sobre intereses\u201d a \u201cuna tasa \u2026totalmente distinta y superior a la pactada en el pagar\u00e9, y no autorizada\u2026\u201d, como si se tratara de un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n. <\/p>\n
c.-) Que el 7 de septiembre de 2012, al resolver en segunda instancia su objeci\u00f3n a la \u201cliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d, el Tribunal desconoci\u00f3 las normas que regulan la real modalidad de financiaci\u00f3n; adem\u00e1s, que no se previ\u00f3 capitalizar rendimientos y que \u00e9stos se tasaron en el diecis\u00e9is por ciento (16%) anual. <\/p>\n
Y sobre tales tem\u00e1ticas resolvi\u00f3: <\/p>\n
c.-) (\u2026) la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte conoci\u00f3 de tres tutelas anteriores formuladas por G\u00f3mez de Vargas, en las que la reclamante adujo, en su orden, que \u201cel cr\u00e9dito\u2026fue otorgado y contabilizado para adquisici\u00f3n de vivienda\u201d, que \u201c[el proceso] debi\u00f3 declararse terminado porque la obligaci\u00f3n se adquiri\u00f3 para la financiaci\u00f3n de vivienda\u201d y que \u201cConavi\u201d, hoy Bancolombia, autoriz\u00f3 y legaliz\u00f3 un cr\u00e9dito de $15.000.000, conforme a pagar\u00e9 suscrito el 5 de enero de 1994, que seg\u00fan la demanda entablada, era para adquisici\u00f3n de vivienda, y que es incomprensible que en el proceso no se haya tenido en cuenta una prueba solicitada\u201d\u2026 <\/p>\n
d.-) Que cada uno de los amparos se desestim\u00f3 en sentencias de 19 de enero de 2012, exp. 02643-00, 6 de agosto siguiente, exp. 01097-01 y 3 de septiembre de a\u00f1o pasado, exp. 01767-00, con el argumento com\u00fan de falta de legitimaci\u00f3n por activa, por cuanto \u201cla actora en el escrito inicial cuestiona actuaciones adelantadas en un proceso judicial en el que no integra ninguno de los extremos de la litis\u201d. <\/p>\n
(\u2026) El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, prescribe que \u201ccuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n todas las solicitudes desfavorablemente\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido que: \u201c\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u201d (sentencia de 21 de octubre de 2009, exp, 01841-00, citada el 9 de noviembre de 2011, exp, 01280-01). <\/p>\n
El presente amparo, efectivamente, corresponde a un ejercicio compulsivo e injustificado de la acci\u00f3n de tutela, pues, las partes, el objeto y la causa del mismo no dista, en lo esencial, de la tripleta de quejas anteriores instauradas por id\u00e9ntica promotora, Mercedes G\u00f3mez de Vargas, pues, tanto all\u00ed como ac\u00e1, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales respecto de las actuaciones proferidas en un proceso ejecutivo hipotecario en el que no es parte, consistiendo su ataque, fundamentalmente, en discutir la naturaleza del cr\u00e9dito de reclamado, seg\u00fan ella de vivienda, y la manera como se liquidaron los intereses. (\u2026) En suma, este auxilio resulta temerario. <\/p>\n
Esto evidencia indefectiblemente que el juez constitucional ya ha arrojado pronunciamientos frente al asunto procedimental de marras, por lo que forzosamente debe concluirse la improcedencia del resguardo suplicado, en apego a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, deviene di\u00e1fano para la Corte que las s\u00faplicas de estas causas son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a combatir las actuaciones que se adelantaron en el ejecutivo hipotecario que se promovi\u00f3 contra Miguel Vargas Rojas, aspecto que ya fue zanjado en las determinaciones que vienen de memorarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6470-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6470-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01382-00 (Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Vargas Rojas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63824\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}