STC6474-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6474-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00475-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Mauricio Camacho Fern\u00e1ndez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, as\u00ed como los intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, en el marco del proceso disciplinario seguido en su contra, radicado 11001110200020180454601. <\/p>\n
Aunque no lo indica expresamente, del an\u00e1lisis del escrito inicial se extrae que lo pretendido es que se dejen sin valor ni efecto el fallo de 26 de enero de 2022 de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 30 de octubre de 2020 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El accionante represent\u00f3 judicialmente en un proceso penal a Alba Lorena Ortega Lozano, en el cual obtuvo decisi\u00f3n favorable por los delitos de Falsedad en Documento Privado y Fraude Procesal, sin embargo, el representante de las v\u00edctimas apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y el 9 de marzo de 2017, \u00ab213 d\u00edas despu\u00e9s\u00bb, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n concedida respecto de \u00e9ste il\u00edcito y conden\u00f3 a la procesada. <\/p>\n
2.2. El Tribunal fij\u00f3 el d\u00eda 3 de marzo de 2017 como fecha para la lectura del fallo, public\u00f3 su decisi\u00f3n el d\u00eda 7 del mismo mes y finalmente adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n el 9, adem\u00e1s, no le remiti\u00f3 telegrama a la procesada inform\u00e1ndole de la decisi\u00f3n, y a \u00e9l se lo envi\u00f3 a una direcci\u00f3n errada, no obstante, logr\u00f3 enterarse de lo resuelto y radic\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, el cual fue rechazado el 12 de mayo de 2017 por extempor\u00e1neo, decisi\u00f3n que pidi\u00f3 reponer, pero fue mantenida el 24 de julio de 2017. <\/p>\n
2.3. Por tales hechos Alba Lorena Ortega Lozano interpuso queja en su contra, y fue declarado responsable el 30 de octubre de 2020 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que apel\u00f3, pero fue confirmada el 26 de enero de 2022 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, quedando en firme una sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de 2 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Puntualmente critica que en el juicio disciplinario se le atribuyera una conducta dolosa, consistente en supuestamente haber estado enterado de la decisi\u00f3n que fij\u00f3 fecha para la lectura del fallo, pero result\u00f3 sancionado a t\u00edtulo de culpa, contradicci\u00f3n que, dice, generaba una \u00abduda razonable\u00bb y por ende impon\u00eda una decisi\u00f3n absolutoria. <\/p>\n
2.5. Sostiene que la valoraci\u00f3n de las pruebas fue deficiente, ya que; no se tuvo en cuenta la tardanza del Tribunal para decidir la alzada, mientras \u00e9l solo excedi\u00f3 en un d\u00eda el t\u00e9rmino para recurrir en casaci\u00f3n; no se le notific\u00f3 a la procesada que iban a revocar su absoluci\u00f3n; a \u00e9l lo enteraron de esa decisi\u00f3n en una direcci\u00f3n equivocada; y, hubo una confusi\u00f3n en la fecha fijada para la lectura de fallo, todo lo cual \u00abimpactaba en el juicio de reproche que se le enrostraba\u00bb y evidenciaba un caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias por las cuales pide la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial enfatiz\u00f3 que al resolver la alzada dentro del juicio disciplinario en comento, limit\u00f3 su an\u00e1lisis a las inconformidades elevadas contra la decisi\u00f3n de primera instancia, y por esa senda reproch\u00f3 en la sentencia que el aqu\u00ed accionante estaba en condiciones f\u00edsicas y cognoscitivas para entender que habi\u00e9ndose dado la audiencia de fallo, exist\u00eda un t\u00e9rmino para formular el recurso de casaci\u00f3n, lo cual hizo fuera de t\u00e9rmino, sin que dentro del proceso se hubiera alegado fuerza mayor o caso fortuito, pues, por el contrario, en el sistema de consulta de procesos se plasm\u00f3 el 7 de marzo de 2017, que la lectura de fall\u00f3 se har\u00eda el d\u00eda 9 siguiente, y si alguna duda ten\u00eda el actor, debi\u00f3 acercarse al juzgado a absolverla. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador 2 Judicial Penal II de Apoyo a las V\u00edctimas se\u00f1al\u00f3 que no era cierto que al aqu\u00ed interesado se le hubiera enviado a una direcci\u00f3n errada el telegrama para citaci\u00f3n a audiencia de lectura de fallo, tanto as\u00ed que nada aleg\u00f3 \u00e9ste al respecto dentro del proceso penal, lo que deja en evidencia que la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta respondi\u00f3 a \u00abnegligencia y descuido profesional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que las decisiones cuestionadas no lucen arbitrarias, pues la autoridad convocada \u00abfund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n jur\u00eddica propia de su actividad judicial\u00bb, en la cual se descart\u00f3 la nulidad de lo actuado por la supuesta indebida notificaci\u00f3n del disciplinable para la audiencia de juzgamiento, ya que \u00e9ste acudi\u00f3 a la misma, present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n y apel\u00f3 el fallo dictado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso sub exime la queja se dirige contra la providencia de 26 de enero de 2022 de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que confirm\u00f3 la de 30 de octubre de 2020 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, mediante la cual se sancion\u00f3 al Carlos Arturo Ram\u00edrez V\u00e1squez con dos meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n, pese a que, seg\u00fan \u00e9ste, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria en cuanto a que estaba acreditada un situaci\u00f3n de fuerza mayor o caso fortuito para la ocurrencia del hecho por el que finalmente result\u00f3 sancionado, adem\u00e1s de que hubo un error en la imputaci\u00f3n del hecho, pues se le atribuy\u00f3 a t\u00edtulo doloso y result\u00f3 sentenciado en el culposo. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, por lo que la decisi\u00f3n del a quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
En efecto, en la precitada decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por haber cerrado el debate aqu\u00ed tra\u00eddo, luego de hacer un recuento f\u00e1ctico de la queja, enlistar las pruebas recaudadas durante el proceso y el fundamento de la decisi\u00f3n de primera instancia y del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la misma, dicha autoridad analiz\u00f3 la norma en la que se encuadr\u00f3 la conducta investigada (numeral 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007) y consider\u00f3 que en esa falta incurre \u00abel profesional del derecho que en curso de una actuaci\u00f3n profesional omita el cumplimiento de una carga en el t\u00e9rmino fijado para ello o en la oportunidad determinada por el instructor del proceso\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 las pruebas del proceso y encontr\u00f3 que \u00aben la actuaci\u00f3n penal se fij\u00f3 como fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia de lectura de fallo el 9 de marzo de 2017, de tal manera que el disciplinable tuvo como plazo para interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino legal, hasta el 16 de marzo de 2017; sin embargo, lo present\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s de haber fenecido el plazo legal para ello, al haberse incoado de manera extempor\u00e1nea el 17 de marzo de 2017, con lo cual el derecho de impugnaci\u00f3n de su representada, hoy quejosa, result\u00f3 ineficaz, se le quebrant\u00f3 por omisi\u00f3n del investigado. <\/p>\n
El proceder negligente o descuidado del investigado respecto del encargo profesional en la actuaci\u00f3n penal, se infiere del mismo escrito contentivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que present\u00f3 en forma tard\u00eda, documento en el cual se lee como fecha de su creaci\u00f3n el 15 de marzo de 2017, medio de convicci\u00f3n que permite inferir l\u00f3gicamente en forma adicional, que el implicado conoci\u00f3 oportunamente de la fecha de realizaci\u00f3n de la audiencia de lectura de fallo, y no obstante a ello, el escrito lo present\u00f3 el 17 de marzo de 2017, cuando el t\u00e9rmino para su presentaci\u00f3n hab\u00eda vencido el 16 de marzo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en el texto del escrito contentivo del recurso de casaci\u00f3n el investigado consign\u00f3 que \u201cestando dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria interpongo recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2026\u201d lo cual permite constatar con grado de certeza que el investigado ten\u00eda pleno conocimiento acerca del desenvolvimiento del tr\u00e1mite procesal en la investigaci\u00f3n penal y de la oportunidad que ten\u00eda para promover en tiempo el recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, lo hizo pero en forma extempor\u00e1nea, sin que el implicado haya alegado o puesto de presente un caso fortuito o fuerza mayor que le haya impedido cumplir oportunamente con sus obligaciones profesionales como apoderado de la quejosa en la actuaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el ad quem querellado analiz\u00f3 los medios de convicci\u00f3n para subsumir su conducta en la norma disciplinaria, al concluir que \u00e9l era consciente de la fecha hasta la cual pod\u00eda interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y pese a ello alleg\u00f3 tard\u00edamente el escrito contentivo del mecanismo, por lo cual actu\u00f3 de forma negligente. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones del despacho acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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