STC6485-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6485-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de abril de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Olga Luc\u00eda Ram\u00edrez Cuevas contra los Juzgados Once Civil del Circuito de esa localidad y Primero Civil Municipal de Floridablanca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, confianza leg\u00edtima, vivienda, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero \u2013 luego Caja Agraria en liquidaci\u00f3n inici\u00f3 el ejecutivo con garant\u00eda real (rad. n.\u00ba 1999-00015), contra Mart\u00edn Porras Vargas y la aqu\u00ed libelista, para el importe del pagar\u00e9 n.\u00ba 52698, \u00abpor capital de $ 7.892.520, cuya primera cuota iniciaba el 1 de julio de 1998 y la ultima el 1 de julio de 2013\u00bb, obligaci\u00f3n frente a la cual realiz\u00f3 un abono por $1.000.000 y, el 18 de abril de 2002, la entidad le inform\u00f3 que el saldo era de $8.325.448, por lo que \u00abme otorgaban un nuevo plazo de 60 meses cuyo vencimiento era el 30 de marzo de 2007\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, Yerman Iv\u00e1n Poches Burgos, actual cesionario del cr\u00e9dito, le sugiri\u00f3 en varias ocasiones la renegociaci\u00f3n de la deuda, pero promovi\u00f3 nuevo compulsivo en su contra (rad. n.\u00ba 2018-00689), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al hom\u00f3logo Primero Civil Municipal de Floridablanca, quien libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $11.625.802,53, \u00abpor intereses de plazo desde el 15 de enero de 2000 hasta el 24 de octubre de 2018, por intereses moratorios desde el 27 de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, interpuso recurso de reposici\u00f3n y propuso excepciones de fondo, pero, con providencia de 1 de junio de 2021, se declararon impr\u00f3speras esas defensas (\u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, no aplicabilidad de cl\u00e1usula aceleratoria, inexistencia de la obligaci\u00f3n, inexistencia de la reestructuraci\u00f3n\u00bb, entre otras), en virtud de lo cual se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ordenando el remate, previo aval\u00fao de los bienes embargados, para que con su producto se solventara la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero, el 24 de febrero de 2022, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, aspecto que, en su criterio, es irregular, en tanto que no revis\u00f3 la idoneidad del t\u00edtulo complejo, inobserv\u00f3 las pruebas allegadas al plenario y la cadena de endosos, adem\u00e1s de que pretermiti\u00f3 el efecto de la cosa juzgada originada en el primer proceso, respecto del cobro de intereses. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, requiri\u00f3 que \u00abse ordene [a] los accionados cesar en la v\u00eda de hecho implementada (sic) y restablecerme en los derechos fundamentales ordenado dejar sin efectos jur\u00eddicos el proceso y los fallos o sentencias emitidos dentro del ejecutivo hipotecario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca manifest\u00f3 que \u00abluego de haberse surtido el ritual procesal de notificaci\u00f3n, contestaci\u00f3n de la demanda y traslado de la misma, se cit\u00f3 a audiencia de que trata el art\u00edculo 372, donde adem\u00e1s de practicar las pruebas oportunamente solicitadas y surtir las dem\u00e1s etapas de la audiencia, se profiri\u00f3 sentencia el 01\/06\/2021, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 24\/02\/2022, luego de que se resolviera el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la accionante. As\u00ed mismo, se tiene que mediante prove\u00eddo del 30 de noviembre de 2021 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y se corri\u00f3 traslado del aval\u00fao presentado por la parte activa\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Once Civil del Circuito de Bucaramanga reliev\u00f3 que \u00aba pesar [de] que en la acci\u00f3n de tutela no se determinan las v\u00edas de hecho que se presentan en las actuaciones judiciales deprecadas por este despacho, es preciso manifestar que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de segunda vara no es caprichosa, antojadiza o absurda. En ella, despu\u00e9s de un estudio cr\u00edtico de todas las pruebas obrantes en el expediente, acorde claro est\u00e1 con la delimitaci\u00f3n de la competencia en esta instancia, se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que en derecho correspond\u00eda, acorde igualmente con las normas y jurisprudencia1 aplicables al caso, concluyendo en tanto la confirmaci\u00f3n del fallo\u00bb. <\/p>\n
3. El hom\u00f3logo Quinto Civil de Circuito de esa ciudad refiri\u00f3 que \u00abconsultada la p\u00e1gina de internet de la Rama Judicial, as\u00ed como el Sistema de Gesti\u00f3n JUSTICIA XXI, se encontr\u00f3 que esta agencia judicial conoci\u00f3 del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 68001-31-03-005-1995-00015-00, en el cual obraron como demandantes la COMPA\u00d1\u00cdA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LTDA, CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y CAJA DE CR\u00c9DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO CAJA AGRARIA y como demandados MARTIN PORRAS VARGAS, y OLGA LUCIA RAM\u00cdREZ CUEVAS\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo con los registros, se puede evidenciar que el 9 de junio de 2015 se remiti\u00f3 el expediente a los juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil de este municipio. Frente a las decisiones tomadas dentro del proceso ejecutivo, con respeto me remito a lo que se encuentre consignado dentro del expediente, pues fueron adoptadas por la titular del despacho de la \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
4. Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n n.\u00ba 3-1-0217 adujo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que ya no es titular de la obligaci\u00f3n perseguida en el citado ejecutivo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el resguardo, porque \u00ablos funcionarios cognoscentes se apoyaron en las pruebas decretadas y recaudadas dentro del proceso, de manera que, las consideraciones expuestas son ponderadas y suficientes para concluir que el cr\u00e9dito ejecutado si se reestructur\u00f3, por ende, no hay tal desconocimiento del precedente que alega la parte ejecutada y ac\u00e1 actora, dado que, el demandante acredit\u00f3 de modo condigno las actuaciones tendientes a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, hecho que fue aceptado por la misma demandada en su interrogatorio al afirmar que recibi\u00f3 las comunicaciones de \u00e9ste, por lo que ante la falta de acuerdo entre las partes deb\u00eda aceptarse la reestructuraci\u00f3n unilateral del cr\u00e9dito que el acreedor y ejecutante hizo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agreg\u00f3 que \u00abla jurisdicci\u00f3n tiene en cuenta la reestructuraci\u00f3n realizada unilateralmente sin tener en cuenta que cuando se present\u00f3 la demanda no hab\u00eda transcurrido ni siquiera un mes (treinta d\u00edas) de haberse enviado esta. Es decir, sin que el deudor se encontrase en mora. Tiene en cuenta la reestructuraci\u00f3n unilateral y condena a pagar intereses en el periodo correspondiente a \u00e9poca anterior a efectuarse la reestructuraci\u00f3n unilateral, lo que contradice abiertamente las sentencias de unificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda que proh\u00edben el cobro de intereses entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de a reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo con garant\u00eda real que se inici\u00f3 contra la libelista (rad. n.\u00ba 2018-00689), por confirmar la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pese a la alegada inexistencia de una \u00abverdadera\u00bb reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los prove\u00eddos de 1 de junio de 2021 y 24 de febrero de 2022, proferidos por los despachos convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. En efecto, al resolver los reparos formulados por la inconforme, en relaci\u00f3n con la supuesta \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n\u00bb de la obligaci\u00f3n adquirida para cr\u00e9ditos de vivienda antes del 31 de diciembre de 1999, la c\u00e9lula cognoscente precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro que la reestructuraci\u00f3n resulta ser un presupuesto sine qua non de la ejecuci\u00f3n de las obligaciones ejecutadas y que fueron terminadas por ministerio de la Ley 546 de 1999, y que la misma es obligatoria para el acreedor que pretenda el cobro ejecutivo, ya sea la entidad bancaria con la que inicialmente se suscribi\u00f3 el cr\u00e9dito o su cesionario. <\/p>\n
Ahora bien, se plantea si ante el evento de que no se llegue a un acuerdo con el extremo deudor, debe ser dirimido por la Superintendencia Financiera o si por el contrario puede la parte acreedora, de manera unilateral, efectuar la reestructuraci\u00f3n y proceder entonces a su ejecuci\u00f3n. Debe precisarse, en primer t\u00e9rmino, que la reestructuraci\u00f3n, en tanto negocio jur\u00eddico, constituye un acto en el que participan tanto la parte acreedora como la deudora, quienes, de com\u00fan acuerdo, bajo el principio de buena fe, habr\u00edan de acordar las modificaciones pertinentes a la obligaci\u00f3n entre ellas suscrita, sin que diera lugar a novaci\u00f3n de la misma. (\u2026) Por lo que, en principio, ha de suponerse que las partes de com\u00fan acuerdo convendr\u00e1n las nuevas condiciones de la obligaci\u00f3n, honr\u00e1ndola como se debe\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es este siempre el caso, pues por diversas causas las partes pueden no llegar a acuerdo alguno, como en el sub judice, donde la parte ejecutante procedi\u00f3 con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de forma unilateral, a pesar de numerosos intentos de llevarla a cabo con los ejecutados. [As\u00ed], cuando los extremos obligacionales no llegaren a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n, se deb\u00eda acudir ante la Superintendencia Financiera quien por competencia asignada por dicha colegiatura determinar\u00eda la aplicaci\u00f3n de la figura en comento y en caso de no darse, (\u2026) existe la posibilidad de que el acreedor efect\u00fae una reestructuraci\u00f3n unilateral, ante la falta de acuerdo con la parte deudora\u00bb, para lo cual se refiri\u00f3, in extenso, a varias consideraciones de las sentencias SU-813 de 2007 y SU-787 de 2012 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, tra\u00eddas las citadas premisas al sub-lite, de los medios suasorios aportados coligi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) mediante pagar\u00e9 No. 52698 creado el d\u00eda 1 de junio de 1998, los se\u00f1ores MARTIN PORRAS VARGAS y OLGA LUCIA RAMIREZ CUEVAS, se obligaron a pagar la suma de $7.892.520, con intereses corrientes DTF + 12 E.F.A, mensual a favor del CAJA AGRARIA, en 180 cuotas mensuales, la primera de las cuales se causar\u00eda el d\u00eda 1 de julio de 1998 y finalizar\u00eda el 1 de junio de 2013; aunado a la suscripci\u00f3n de la hipoteca abierta de cuant\u00eda indeterminada constituida por los prenombrados ciudadanos a favor del se\u00f1alado ente financiero, la cual recae sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-256514 de propiedad de los demandados, la cual fue protocolizada con la escritura p\u00fablica No. 0500 del 6 de abril de 1998, corrida en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Floridablanca. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se encuentra demostrado, que anteriormente existi\u00f3 litigio frente a los documentos aqu\u00ed ejecutados. Demanda que fue conocida su pretensi\u00f3n de recaudo en el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA quien remiti\u00f3 por competencia al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCI\u00d3N CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, estrado que el d\u00eda 22 de enero de 2016 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso all\u00ed radicado al No. 68001310300519990001504 por ministerio de la Ley 546 de 1999, pues observ\u00f3 que el tr\u00e1mite hab\u00eda ejecutado sin que el cr\u00e9dito fuese reestructurado conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-813 de 2007, actuaci\u00f3n confirmada en prove\u00eddo emitido el 2 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior de Bucaramanga al desatar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se encuentra demostrado con los documentos arrimados que el cesionario YERMAN IV\u00c1N POCHES BURGOS extendi\u00f3 poder a la profesional del derecho que aqu\u00ed la representa judicialmente, para que en su nombre concretara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito con los se\u00f1ores OLGA LUCIA RAMIREZ CUEVAS y MARTIN PORRAS VARGAS; quien, en desarrollo de ese mandato, remiti\u00f3 a los se\u00f1ores RAMIREZ CUEVAS y PORRAS VARGAS, una propuesta pormenorizada de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, invit\u00e1ndolos a comparecer a su oficina dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la recepci\u00f3n de tal comunicaci\u00f3n, para acordar la REESTRUCTURACI\u00d3N de su obligaci\u00f3n hipotecaria, y solicit\u00e1ndole enviaran copia de documentaci\u00f3n que establezca su capacidad de pago. Dicha comunicaci\u00f3n fue enviada a trav\u00e9s de la empresa de correos ENV\u00cdAMOS COMUNICACIONES S.A.S, la cual fue debidamente entregada el 8 de febrero de 2017 a GENNY PORRAS, como consta en folio 171 a 180. <\/p>\n
Dando repuesta, el 15 de febrero de 2017, la se\u00f1ora OLGA LUCIA RAMIREZ CUEVAS, informa a la abogada de YERMAN IV\u00c1N POCHES BURGOS, que desconoce cesi\u00f3n o endoso que se realizare de la obligaci\u00f3n garantizada con el pagare No. 52698 del 1 de junio de 1998; afirma, que las obligaciones derivadas del mismo se encuentran prescritas a la luz de las normas preexistentes y hace un llamado para el pago de unas costas judiciales producto de la terminaci\u00f3n del proceso precedente. El 22 de febrero de 2017, la abogada del ejecutante remite copia de los contratos de cesi\u00f3n y del mandato conferido, resaltando que las cesiones fueron reconocidas en la ejecuci\u00f3n del proceso hipotecario terminado y nuevamente la convido para tratar el tema de la restructuraci\u00f3n determinando la fecha 24 de febrero de 2017\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las partes, \u00ab[la] demandante el d\u00eda 23 de marzo de 2017 elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Superintendencia Financiera, de \u201csolicitud de aprobaci\u00f3n financiera de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por sentencia SU 813 de 2007\u201d, reiterada el d\u00eda 14 de julio posterior; entidad que emiti\u00f3 respuesta el 30 de agosto de 2017\u00bb, con fundamento en el cual, insistiendo en la reestructuraci\u00f3n consensuada, envi\u00f3 nuevamente un oficio a los se\u00f1ores Ram\u00edrez Cuevas y Porras Vargas en el que comunic\u00f3 la propuesta respectiva, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toma el saldo aprobado en la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del proceso inicialmente terminado por ministerio de la ley, es decir, la suma de $11.625.082,53 pesos, sin el c\u00f3mputo de los intereses que se causaron desde el 31 de diciembre de 1999, para ser pagaderos en 180 cuotas, correspondiendo al plazo pactado en las condiciones iniciales, el cual, iniciar\u00eda 20\/10\/2018 y finalizar\u00eda el 20\/09\/2033, con una tasa de inter\u00e9s m\u00e1xima permitida para los cr\u00e9ditos de vivienda de inter\u00e9s social, pag\u00e1ndose una tasa mensual fija por valor de $126.411,40 pesos, invit\u00e1ndolos a comparecer a su oficina el d\u00eda 2 de octubre de 2018, para iniciar el tr\u00e1mite de REESTRUCTURACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Ofrecimiento que, en criterio del despacho querellado, se rechaz\u00f3 por parte de la aqu\u00ed recurrente, comoquiera que, en escrito de 2 de octubre de 2018, respondi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAl recibir su comunicaci\u00f3n datada 26 de septiembre de 2018, que refiere una restructuraci\u00f3n de cr\u00e9dito debo manifestar mi desconocimiento sobre el cr\u00e9dito a que usted se refiere en la misiva. Raz\u00f3n que me motiva a presentar ante usted una exposici\u00f3n de argumentos al respecto, manifestando de entrada, que considero que no tengo ninguna obligaci\u00f3n pecuniaria o crediticia con el se\u00f1or YERMAN IVAN POCHES BURGOS y que la obligaci\u00f3n que ten\u00eda con la Caja Agraria ya se encuentra prescrita y sobre la acci\u00f3n cambiaria ha operado la caducidad de la acci\u00f3n, por lo tanto a esta fecha es inexistente tal obligaci\u00f3n. Si es su deseo, puede en su conocimiento ventilar tales figuras jur\u00eddicas ante la jurisdicci\u00f3n, en donde estar\u00e9 presta a presentar mis argumentaciones sobre la inexistencia del cr\u00e9dito y la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria, al igual que las instrucciones que les fuese sugeridas por la Superintendencia de Colombia, que anuncia en su cartulario\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, recalc\u00f3 que \u00abes claro, que, la parte demandante agot\u00f3 los requisitos legales a su alcance, para obtener una restructuraci\u00f3n acorde con las necesidades de ambas partes, lo cual no fue posible debido al desinter\u00e9s de los deudores en llegar alg\u00fan tipo de acuerdo, es m\u00e1s, acudi\u00f3 ante la Superintendencia Financiera para que dirimiera las diferencias y mediara frente al desacuerdo, y as\u00ed obtener la restructuraci\u00f3n siendo negada su s\u00faplica, por lo que se vio en la imperiosa necesidad de proceder unilateralmente a restructurar el cr\u00e9dito, conforme a los lineamientos deprecados en la SU 787 de 2012, que fuere notificado a los deudores quienes no aceptaron, ni pagaron la primera cuota llegado el d\u00eda del vencimiento, lo que dio aval para que el acreedor procediera a la ejecuci\u00f3n de su cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abno hay lugar a la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que manifiesta el recurrente para que se termine el proceso, ni se presenta su desconocimiento porque el ejecutante agot\u00f3 todos los medios persuasivos posibles para reestructurar el cr\u00e9dito de consuno con los ejecutados y no lo logr\u00f3, incluso, a pesar de implorarse la intervenci\u00f3n de la Superintendencia Financiera\u00bb, de modo que \u00abel t\u00edtulo valor arrimado para el cobro ejecutivo, en conjunto con la reestructuraci\u00f3n y las nuevas condiciones del cr\u00e9dito aportados, constituyen el documento complejo del que de duele el impugnante y, por dem\u00e1s, cumple con los presupuestos del Art. 42 de la Ley 546 de 1999, en concordancia con los lineamientos trazados por la H. Corte Constitucional en sentencias SU \u2013 813 de 2007 y SU \u2013 787 de 2012\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, sobre la supuesta preterici\u00f3n de los efectos de la cosa juzgada en ese asunto, explic\u00f3 que \u00abtampoco puede prospera este reparo, por cuanto lo que se dijo en los aludidos prove\u00eddos de terminaci\u00f3n del proceso anterior por ministerio de la ley, no es que no se pudieran cobrar, sino que debe entenderse que previamente deb\u00eda realizarse la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, porque claramente lo que se condonan son intereses de mora como los prev\u00e9 el art. 42 de la Ley 546 de 1999. Y en ese entendido debe apreciarse los que dijo la Honorable Corte Constitucional en la sentencia de fecha SU 813 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6485-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6485-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00157-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}