STC6486-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6486-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2022-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 29 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabiola Alba Arias contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el liquidatorio n\u00ba 2020-00057. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el accionado al no suspender la etapa de partici\u00f3n ni convocar a inventarios adicionales dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que tras el fallo de divorcio del matrimonio contra\u00eddo con Orlando Suesc\u00fan Torres, promovi\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuya apertura fue notificada al demandado quien dio contestaci\u00f3n a la misma \u00abpor conducto de apoderado (\u2026), realizando puntuales objeciones e incluyendo nuevos bienes inexistentes y ajenos a la sociedad\u00bb, d\u00e1ndose paso a la convocatoria a audiencia de presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, la cual, tras varios aplazamientos, fue llevada a cabo el 13 de octubre de 2021. <\/p>\n
Que objet\u00f3 la relaci\u00f3n allegada por su contraparte para: (i) excluir el inmueble de Chin\u00e1cota, \u00abpor tratarse de un bien propio inexistente, enajenado mediante escritura p\u00fablica No. 171 del 02\/04\/2019 (\u2026), cuya venta [ella realiz\u00f3], para cubrir deudas y gastos del hogar (\u2026)\u00bb; (ii) incluir la \u00abvivienda ubicada en el anillo vial (\u2026) de C\u00facuta [matr\u00edcula n\u00ba 260-300554] (\u2026), adquirida en 2015 por medio de contrato de leasing habitacional (\u2026) del banco Davivienda [ya que] el apoderado del demandado [adujo que] \u201cse vendi\u00f3 de com\u00fan acuerdo, quedando obligaci\u00f3n a cargo del comprador del inmueble, pero que sigue en documentos en cabeza de [la actora]\u201d, [por lo que] contin\u00faa la duda de si efectivamente se trata del bien inmueble o los aportes realizados\u00bb, y, (iii) se opuso a la inclusi\u00f3n de \u00abcompensaciones [por] $60.000.000 (\u2026) ya que [el predio de Chin\u00e1cota] lo vendi\u00f3 para solventar pagos de la sociedad y no exist[e] el bien y tampoco el dinero\u00bb. <\/p>\n
Que en la continuaci\u00f3n de la diligencia inicial de inventarios surtida el 13 de diciembre de 2021, acept\u00f3 \u00abla insistida inclusi\u00f3n del inmueble ubicado en Chin\u00e1cota, con la esperanza de igual manera de (\u2026) ingresar [el inmueble que refiere al leasing celebrado con Davivienda]\u00bb, empero, al momento de presentar los inventarios adicionales el 16 de diciembre de 2021, no obtuvo informaci\u00f3n sobre \u00ablos aportes o pagos realizados por el demandado [y] si la supuesta promesa de compraventa (\u2026) cuenta o cont\u00f3 con autorizaci\u00f3n del banco para la enajenaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abdebiendo disponernos al trabajo de partici\u00f3n ordenado de los inventarios iniciales aprobados, surgen puntuales controversias respecto de dos de los bienes\u00bb, por lo que \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1388 del C\u00f3digo Civil concordante con el art\u00edculo 161 del C.G.P. e incluso 285 y 286 ib\u00eddem, con fecha 14 de enero [de 2022] procedo a solicitar la suspensi\u00f3n\u00bb, la cual deneg\u00f3 el juzgado el 21 de enero, \u00abordenando en consecuencia proceder con el trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior decisi\u00f3n interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio (\u2026), resuelto por el despacho con fecha 5 de abril hoga\u00f1o, dejando de reponer y negando por [im]procedente el de apelaci\u00f3n, aunque aclara algunos hechos de elemental importancia para proceder con el trabajo de partici\u00f3n, sin embargo incluye inesperado pronunciamiento al tr\u00e1mite de inventarios y aval\u00faos adicionales, sin haber agotado el mismo con el traslado al demandado y\/o haber solicitado las pruebas al banco Davivienda\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin efecto la providencia de fecha 05 de abril [de 2022] y en su lugar (\u2026), se ordene proceder a la inclusi\u00f3n del [inmueble ubicado en C\u00facuta] en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1824 del C.C. [y disponer lo pertinente] sobre distracci\u00f3n u ocultamiento con p\u00e9rdida de la porci\u00f3n para el demandado y restituci\u00f3n doblada, si es del caso agotando el tr\u00e1mite de inventarios y aval\u00faos adicionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Quinta de Familia de C\u00facuta, inform\u00f3 que luego de varias suspensiones de la audiencia de inventarios (porque los abogados no prepararon su presentaci\u00f3n), se llev\u00f3 a cabo \u00abel d\u00eda 13 de octubre de 2021 [y] al ser objetada una partida [d]e conformidad con el art. 501 del C.G.P, se fija el 13 de diciembre para dar continuidad [data en la que] se aprueba el acuerdo celebrado entre las partes con relaci\u00f3n al valor consistente en el [inmueble] de Chin\u00e1cota, en $25\u00b4000.000, seguidamente el despacho procede a impartirle aprobaci\u00f3n al inventario [y] a decretar la partici\u00f3n\u00bb autorizando su elaboraci\u00f3n a los mandatarios de las partes. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 16 de diciembre [de 2021] se recibe el trabajo de partici\u00f3n [presentado por el apoderado del demandado] y no coadyuvado por el abogado tutelante [quien] el 17 de enero del a\u00f1o en curso solicita suspensi\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que, con auto del 20 de enero de 2021, requiri\u00f3 a los abogados en menci\u00f3n para que en 5 d\u00edas presentaran la partici\u00f3n de mutuo consenso, so pena de disponer su reemplazo, ante lo cual \u00abel 1 de febrero hoga\u00f1o el [mandatario del demandado le env\u00eda el trabajo partitivo al apoderado de la demandante] a quien solicita se re\u00fanan para proceder de conformidad\u00bb, y al no haber acuerdo, \u00abmediante auto del 5 de abril se resuelve no solo el recurso interpuesto por la parte tutelante sino todos los que estaban pendientes por resolver\u00bb. <\/p>\n
2. Orlando Suesc\u00fan Torres, demandado en el liquidatorio, se opuso a lo pretendido, aduciendo que la querellante \u00abquiere hacer incurrir a los honorables magistrados en fallas que, de admitirse, podr\u00edan atentar contra una recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, y tras un extenso pronunciamiento encaminado a desvirtuar los hechos de la demanda tutelar, afirm\u00f3 que \u00abno viol\u00f3 los derechos fundamentales [invocados por la actora], por el contrario es la accionante quien est\u00e1 disfrutando los bienes inmuebles que tambi\u00e9n son propiedad [de \u00e9l], por espacio de m\u00e1s de cinco a\u00f1os, [que] varios de ellos ya ha sustra\u00eddo del patrimonio econ\u00f3mico social, alegando unas no probadas obligaciones a su cargo, realizadas convenientemente despu\u00e9s de que su hogar [y que] la decisi\u00f3n de la se\u00f1ora juez de conocimiento, est\u00e1 sujeta a las directrices legales\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Davivienda S.A., asegur\u00f3 respecto de los hechos que, \u00abel titular del derecho de dominio [del inmueble con matr\u00edcula No. 260-300554] es la entidad financiera, por tal raz\u00f3n hasta tanto no se cancele la totalidad de la obligaci\u00f3n del contrato de arrendamiento con opci\u00f3n de compra contrato leasing habitacional No. 600606680012370-7, el bien no es de propiedad del se\u00f1or Orlando Suesc\u00fan Torres\u00bb, quien \u00absolo ostenta el derecho de opci\u00f3n de compra\u00bb. En consecuencia, dijo que como el banco \u00abact\u00faa conforme a los preceptos legales, jurisprudenciales y que no ha violado ni est\u00e1 vulnerando los derechos de quien hoy los exige\u00bb. Pidi\u00f3 denegar el amparo por configurarse \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, y tambi\u00e9n, \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al encontrar que la actora \u00abning\u00fan reproche inco\u00f3 dentro de la oportunidad procesal frente al auto del 05 de abril de 2022 en el que el Juzgado accionado despach\u00f3 de manera desfavorable sus pedimentos de suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n e inclusi\u00f3n de inventarios y aval\u00faos adicionales [pues], manifiesta que en contra del mentado prove\u00eddo no era posible interponer reparo alguno, en la medida que sus solicitudes \u201c\u2026de forma indebida fueron resueltos en un auto que resuelve la reposici\u00f3n, frente al cual es claro que no proceden recursos\u201d, lo cierto es que esta nueva providencia s\u00ed era susceptible de ser atacada a trav\u00e9s de los medios ordinarios, comoquiera que en ella se trataron asuntos que no fueron objeto de pronunciamiento en el auto recurrido de fecha 20 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para cuestionar que lo resuelto en el auto del 5 de abril de 2022, correspondiera a \u00abnuevos puntos\u00bb susceptibles de recursos, ya que al interponer la reposici\u00f3n, \u00abse esboz\u00f3 a manera de reiteraci\u00f3n y\/o complement[o] al auto recurrido [ante] la ausencia de pronunciamiento o tr\u00e1mite de los inventarios y\/o particiones adicionales, resaltando su injerencia en la partici\u00f3n pendiente, sin correr siquiera el traslado al demandado a pesar del amplio lapso de tiempo transcurrido\u00bb, e insisti\u00f3 en que acudi\u00f3 a la tutela porque \u00abes evidente en todas las formas el desequilibrio econ\u00f3mico derivado de las desfavorables decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Quinto de Familia de C\u00facuta, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la reclamante, al no acceder a la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n ni posibilitar la adici\u00f3n del inventario dentro del liquidatorio n\u00ba 2020-00057. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por los intervinientes, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, pero en virtud a la improcedencia del auxilio por no superar el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Para ello, es necesario precisar que la inconformidad de la actora est\u00e1 dirigida a suspender la etapa de partici\u00f3n porque, en su sentir, no existe claridad sobre la masa social partible, y como consecuencia, que se acceda a la presentaci\u00f3n de inventarios adicionales. <\/p>\n
Del mismo modo, en dicho prove\u00eddo se deneg\u00f3 suspender la partici\u00f3n, aduciendo, en primer lugar, que en lo atinente al inmueble objeto del contrato de leasing habitacional suscrito por el ex c\u00f3nyuge, \u00abm\u00e1s adelante y si se hace efectiva la adquisici\u00f3n\u00bb, esa circunstancia dar\u00eda paso a \u00abuna posible adici\u00f3n de la partici\u00f3n\u00bb; en segundo lugar, porque la supuesta controversia \u00absobre el bien inmueble identificado (\u2026) con matr\u00edcula N\u00b0 260-147585 [cautelado en pleito ejecutivo, en relaci\u00f3n con el liquidatorio] son procesos independientes, y lo resuelto all\u00e1 no invalida o se contrapone con la partici\u00f3n que aqu\u00ed se efectu\u00e9, m\u00e1xime cuando son los mismos apoderados de las partes quienes est\u00e1n designados para hacer dicho trabajo\u00bb. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, la Corte establece que, de cara a las anteriores determinaciones, la manera de refutarlas correspond\u00eda a la que brinda el ordenamiento adjetivo al interior del proceso, esto es, a trav\u00e9s del recurso ordinario de reposici\u00f3n, el cual no emple\u00f3 la ac\u00e1 quejosa, sin que para tal omisi\u00f3n sea justificaci\u00f3n aducir que el auto del 5 de abril de 2022 no era susceptible de dicho medio de impugnaci\u00f3n, comoquiera que con \u00e9l se desataba otro recurso horizontal. <\/p>\n
N\u00f3tese que la reposici\u00f3n contra el auto del 20 de enero de 2022, s\u00f3lo pod\u00eda dirigirse a censurar la decisi\u00f3n que all\u00ed se adopt\u00f3, la cual no fue otra que la de requerir a los apoderados de las partes \u00aba efectos de que se pongan de acuerdo [para confeccionar el trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n], ya que la designaci\u00f3n se realiz\u00f3 en com\u00fan, so pena de dar aplicaci\u00f3n al art. 510 del C. G., del P.\u00bb, de donde se colige que la denegaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n, y en particular la de no convocar a inventarios adicionales, comprenden aspectos \u00abno decididos\u00bb en el auto inicialmente recurrido, y por tanto, reprochables v\u00eda reposici\u00f3n por corresponder a \u00abpuntos nuevos\u00bb (inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En las circunstancias descritas, cuando se acude a la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que la actora hubiese dejado de utilizar los recursos pertinentes o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, el quejoso queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Acerca de la aptitud del recurso de reposici\u00f3n, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, ya que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que desaprovech\u00f3, la actora no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, pues a ello se procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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