STC6487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00075-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la convocante frente a la sentencia de 1\u00ba de abril de 2022, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil Familia, en la acci\u00f3n de tutela que Mabel Jaqueline Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro, en nombre propio y como curadora general de Alfonso de Jes\u00fas Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los sus derechos fundamentales y los de su pupilo, de petici\u00f3n y al debido proceso, presuntamente conculcados por la dependencia jurisdiccional requerida dentro del juicio de interdicci\u00f3n judicial a favor de Alfonso de Jes\u00fas Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro. <\/p>\n
En concreto, pide ordenar al Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1 que \u00abproceda a resolver de fondo el derecho de petici\u00f3n del d\u00eda mi\u00e9rcoles 12 de enero de 2022\u00bb y que garantice las prerrogativas superiores de su hermano interdicto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento de su reclamo expuso que, dentro del referido decurso fue designada el 5 de julio de 2015 como curadora general de su hermano Alfonso de Jes\u00fas Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez y el 24 de agosto de 2021 Fredy Alonso Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro tom\u00f3 posesi\u00f3n como persona de apoyo del prenombrado, pero al considerar que \u00abno ha cumplido a cabalidad con esta funci\u00f3n\u00bb, elev\u00f3 la citada petici\u00f3n al juzgado para el reemplazo del apoyo. <\/p>\n
Reproch\u00f3, en s\u00edntesis, que el despacho fustigado no ha emitido respuesta alguna a su solicitud, la que estima necesaria debido al descuido que observa en el cuidado personal y de salud de su hermano. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Miguel \u00e1ngel Pe\u00f1a de Castro reafirm\u00f3 lo manifestado por la actora e hizo \u00e9nfasis en que, a pesar de que su hermano no est\u00e1 recibiendo un cuidado adecuado, el juzgado no ha respondido su petici\u00f3n para el cambio de la persona de apoyo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 25 Judicial II de Defensa de la Infancia, Adolescencia y la Familia solicit\u00f3 que para emitir la decisi\u00f3n correspondiente se valoren todas las pruebas del caso en procura de la protecci\u00f3n de los derechos invocados, a menos que deba declararse la improcedencia de la tutela, por hecho superado. <\/p>\n
<\/p>\n
Con todo, agreg\u00f3 que, mediante auto de 15 de febrero de 2022, notificado en estado del d\u00eda siguiente, se manifest\u00f3 frente a lo pedido por la gestora, por lo cual debe declararse que el hecho fundamento del reclamo constitucional qued\u00f3 superado. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n
Surtidas las intervenciones, la promotora alleg\u00f3 escrito en que elev\u00f3 una serie de peticiones sobre el concepto que deb\u00eda rendir el perito contable designado en auto del 15 de febrero de 2022 y pidi\u00f3 se decida sobre sus honorarios por el ejercicio de sus funciones como curadora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, para lo cual precis\u00f3 que la garant\u00eda superior involucrada en los hechos es la del debido proceso y no la de petici\u00f3n, por tratarse de una solicitud relacionada con la continuidad del referido proceso. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, encontr\u00f3 que en el curso de la presente acci\u00f3n el juzgador convocado emiti\u00f3 el prove\u00eddo de 15 de febrero pasado, \u00ablo que denota que los hechos que dieron origen al tr\u00e1mite desaparecieron, configur\u00e1ndose con ello la carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado no emiti\u00f3 pronunciamiento frente a la solicitud que la actora present\u00f3 una vez notificado el auto admisorio de la tutela, tras constatar que el estrado accionado no cont\u00f3 con oportunidad de manifestarse frente a lo all\u00ed expuesto, por lo que se atentar\u00eda contra su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocada, para lo cual persisti\u00f3 en informar las condiciones personales y de salud de su hermano, con el objeto de que se ordene la remoci\u00f3n del apoyo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un implemento jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente de afectaci\u00f3n por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite desplazar los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora. Tocante a la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Bajo el prenotado contexto se tiene que frente a la solicitud elevada por la quejosa el 12 de enero de 2022, el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta se manifest\u00f3 mediante prove\u00eddo de 15 de febrero siguiente, \u00abdentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial\u00bb (proceso de interdicci\u00f3n judicial n.\u00b0 2015-00177). <\/p>\n
Adicionalmente, de la revisi\u00f3n del expediente del asunto, se constata que el 18 de mayo del presente a\u00f1o el estrado convocado dict\u00f3 otra decisi\u00f3n, en que puntualmente procedi\u00f3 conforme a lo requerido por la aqu\u00ed accionante y design\u00f3 nuevas personas para apoyar al declarado interdicto, as\u00ed \u00aba Roc\u00edo Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro, quien se ocupar\u00e1 de la administraci\u00f3n de los bienes del interdicto, debiendo presentar un informe mensual acompa\u00f1ado de los soportes respectivos, que incluya lo referente a dieta nutricional que requiera el se\u00f1or Alonso, rublo para recreaci\u00f3n, vestido y todo acorde con los ingresos que pertenecen al mismo, facturas de compra, etc\u2026 igualmente se designar\u00e1 a la se\u00f1ora Mabel Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro, para que se ocupe de la atenci\u00f3n de Alfonso en cuanto a su alimentaci\u00f3n, llevarlo a las citas m\u00e9dicas, cuidado de la ropa, aseo de su vivienda, para el efecto de los gastos que ello acarrea la se\u00f1or a Roc\u00edo Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro deber\u00e1 entregarle el dinero necesario. Tambi\u00e9n se designar\u00e1 al se\u00f1or Miguel Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro, para que se encargue de recoger las ordenes m\u00e9dicas y medicamentos del se\u00f1or Alfonso. Los se\u00f1ores Mabel Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro y Miguel Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro tambi\u00e9n deber\u00e1n rendir informe de su gesti\u00f3n conforme las responsabilidades asignadas\u00bb. <\/p>\n
Por ende, y de cara al debido proceso, como la trasgresi\u00f3n atribuida se torna superada \u2013toda vez que en el interregno del presente instrumento se produjo la contestaci\u00f3n echada de menos\u2013, ning\u00fan tipo de injerencia al respecto encontrar\u00eda raz\u00f3n de cabida; acerca de lo que esta Sala tiene doctrinado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026 (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En complemento, si la promotora estima que el pronunciamiento emitido frente a su pedimento a trav\u00e9s del prove\u00eddo arriba citado, no atiende su reclamaci\u00f3n, tiene a su alcance pregonar cualquier inconformidad, en primer lugar, al interior del juicio disentido, mediante el uso de los medios ordinario de defensa, sin que entretanto pueda interferir el juez de tutela, debido a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al presente mecanismo. <\/p>\n
Total, la tutela fluye como un mecanismo operante s\u00f3lo bajo la ausencia de medios \u00f3ptimos de auxilio, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales (\u2026), ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo expuesto, de la minuciosa revisi\u00f3n del expediente del proceso cuestionado constata la Sala que el procedimiento dado al mismo para la revisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n judicial de interdicci\u00f3n del se\u00f1or Alfonso de Jes\u00fas Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez de Castro, realizada mediante sentencia de 4 de diciembre de 2013, no se ha ce\u00f1ido a lo que al respecto establece la Ley 1996 de 2019 y lo que sobre esa normativa ha interpretado esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Aunque en el auto de 3 de agosto de 2021 se design\u00f3 un apoyo transitorio para el incapaz, nada se precis\u00f3 all\u00ed, ni en el prove\u00eddo de 18 de mayo, donde ese apoyo se reemplaz\u00f3 por otros, sobre el fundamento legal de tal decisi\u00f3n, el estado en que quedaban las funciones de la curadora designada en la sentencia declarativa de la interdicci\u00f3n, ni en s\u00ed, sobre el tr\u00e1mite que se imprimir\u00eda a la actuaci\u00f3n, pronunciamientos que deber\u00e1n hacerse siguiendo los lineamientos del art\u00edculo 56 ejusdem, teniendo presente que \u00ab(\u2026) la referida Ley 1996 de 2019 constituye un notable avance legislativo en el \u00e1mbito patrio respecto a las personas mayores de edad con discapacidad, al optar por el aludido modelo regulatorio social, edificado en la presunci\u00f3n general de capacidad, rompiendo el paradigma en punto a confundir su capacidad legal con la intelectual para reconocerlas como sujetos plenos, con potencialidades y un proyecto de vida personal que pueden desarrollar, entendiendo que est\u00e1n facultadas para decidir aut\u00f3nomamente, entre otros aspectos, sobre sus negocios jur\u00eddicos, situaciones m\u00e9dicas, personales y familiares que las afecten\u00bb (STC16392-2019). <\/p>\n
Tambi\u00e9n deber\u00e1 tener en cuenta el juzgado que para los juicios de interdicci\u00f3n finalizados, como aqu\u00ed ocurre, \u00abexisten dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n (ib\u00eddem). <\/p>\n
5.2. A modo de observaci\u00f3n y con el \u00e1nimo de precisar sobre el particular, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 56 de la Ley 1996 de 2019 inici\u00f3 en el memorado auto de 3 de agosto de 2021, esto es, sin completarse a\u00fan los 24 meses para su entrada en vigencia, contados, al tenor del art\u00edculo 52 ib\u00eddem, desde el 26 de agosto de 2019, cuando aquella normativa fue promulgada1 <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por lo expuesto, se exhortar\u00e1 al Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta para que en lo sucesivo brinde claridad a los intervinientes en el decurso cuestionado sobre las tem\u00e1ticas acabadas de tratar, teniendo en cuenta los m\u00faltiples pronunciamientos emitidos sobre el particular por esta Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Lo consignado impone confirmar el veredicto del tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
No obstante lo anterior, se exhorta al Juez Tercero de Familia de Santa Marta para que, en adelante, tenga en cuenta en sus decisiones los m\u00faltiples pronunciamientos emitidos por esta Corporaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite que corresponde imprimir a los procesos de interdicci\u00f3n que se encontraban terminados al momento de entrar en vigencia la Ley 1996 de 2019, lo cual deber\u00e1 hacer con mayor claridad y precisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Diario Oficial 51.057 <\/p>\n
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