STC6488-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6488-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 3 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miryan Barreto de Rodr\u00edguez contra el Juzgado Catorce de Familia de esta localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2001-00538. <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 19 de junio de 2020, mediante el cual el fallador convocado accedi\u00f3 a levantar el embargo que se hab\u00eda decretado sobre la asignaci\u00f3n pensional del all\u00ed demandado (ya fallecido), lo que produjo que desde ese entonces hubiera dejado de percibir la cuota de alimentos que, en vida, el causante se hab\u00eda obligado a pagarle. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que deje sin efecto dicha determinaci\u00f3n y que, en consecuencia, se ordene \u00abel pago de la cuota de alimentos a la que tiene derecho (\u2026) o, subsidiariamente, que se DECLARE que la cuota de alimentos (\u2026) constituye un pasivo de la masa sucesoral dejada por el se\u00f1or PEDRO EL\u00cdAS RODR\u00cdGUEZ ELJAUDE, y, por consiguiente, establecer que mi poderdante debi\u00f3 ser notificada del proceso de sucesi\u00f3n al ser una parte del mismo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora 152 Judicial II de Familia, Gloria Nelly Delgado Casta\u00f1eda, defendi\u00f3 la legalidad de la providencia objeto de censura, y agreg\u00f3 que cualquier controversia sobre la cuota de alimentos a que la actora dice tener derecho, debe ventilarse al interior del juicio ejecutivo donde se pretende su recaudo. <\/p>\n
2. El despacho accionado remiti\u00f3 el enlace del expediente digital del juicio ejecutivo materia de estudio. <\/p>\n
3. Allianz Seguros de Vida S.A. enfatiz\u00f3 que su relaci\u00f3n con el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela se circunscribe al cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales que se han adoptado en el coactivo de alimentos que ac\u00e1 interesa. <\/p>\n
4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hizo un recuento de las medidas de embargo que le fueron comunicadas en el decurso de la mencionada ejecuci\u00f3n y recalc\u00f3 que actualmente no figura registro de medida cautelar alguna sobre la asignaci\u00f3n de retiro del ejecutado. <\/p>\n
5. A trav\u00e9s de mandataria judicial, Perpetua Socorro Alves Souza (c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del demandado; actual beneficiaria de la pensi\u00f3n de dicho causante; y quien promovi\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar que ahora cuestiona la accionante) pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio dada la razonabilidad de la fustigada providencia, y en raz\u00f3n a que no es cierto que la actora carezca de la capacidad econ\u00f3mica suficiente para solventar su propia subsistencia. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo por no encontrar verificados los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus alegaciones primigenias y agregando que es persona de la tercera edad y, por ende, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional; que no le es posible promover juicio de petici\u00f3n de herencia, por cuanto no tiene la calidad de heredera del causante; que aun cuando podr\u00eda eventualmente participar en el juicio de sucesi\u00f3n, quedar\u00eda desprotegida durante el tiempo en que tarde la resoluci\u00f3n de ese litigio; y que el hecho generador de la vulneraci\u00f3n de sus derechos se extiende en el tiempo, lo que impide echar de menos el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si el juzgador convocado vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas en el escrito introductor, al disponer el levantamiento del embargo que inicialmente se hab\u00eda decretado sobre la asignaci\u00f3n pensional del causante Pedro El\u00edas Rodr\u00edguez Eljadue. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la parte accionante no impugn\u00f3 el auto de 19 de junio de 2020, que es justamente el prove\u00eddo mediante el cual se adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuya legalidad aqu\u00ed censur\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2019 (sentencia de 3 de agosto de 2011, exp. No. 11001-22-03-000-2011-00741-01)\u201d\u00bb (STC de 18 de marzo de 2013, exp. 2012-00176-02). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, orientados a evidenciar la necesidad de mantener vigente la aludida cautela, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo de primer grado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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