STC6489-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6489-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00316-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de abril de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Rodrigo Pineda Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, despacho de la magistrada Patricia Rodr\u00edguez Torres, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC \u2013, y la Colonia Agr\u00edcola de M\u00ednima Seguridad de Acac\u00edas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en Salud PPL \u2013 USPEC \u2013, el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Judicial de Villavicencio, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-00138. <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, salud en conexidad con la vida, dignidad humana e integridad f\u00edsica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y entidades convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, mediante sentencia del 22 de julio de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de San Jos\u00e9 del Guaviare lo conden\u00f3 a la pena de 228 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 su abogado defensor; sin embargo, refiri\u00f3 que, pese a que el recurso fue radicado en el Tribunal Superior de Villavicencio desde el 26 de agosto de ese mismo a\u00f1o y asignada la ponencia a la magistrada Patricia Rodr\u00edguez Torres, \u00aba la fecha no ha sido desatado por ese Honorable despacho\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el gestor del amparo no solo la mora judicial que atribuye al despacho de la mencionada magistrada del Tribunal de Villavicencio, sino tambi\u00e9n el servicio de salud que se le presta en el centro de reclusi\u00f3n en el cual est\u00e1 interno. <\/p>\n
Al respecto, adujo que su salud se ha venido deteriorando, y que \u00aben varias ocasiones ha sido trasladado a sanidad por fuertes dolores de cabeza que como supone, puede ser migra\u00f1a [\u2026] pierde la vista y se le dificulta poder ver, complicaciones que ha puesto en conocimiento del galeno que atiende el \u00e1rea de sanidad [\u2026] que no es especialista para dar un diagn\u00f3stico acertado (\u2026)\u00bb, es decir, manifest\u00f3 que la asistencia recibida no ha sido completa ni dirigida a darle soluci\u00f3n efectiva a la enfermedad que le fue diagnosticada. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide, que se tutelen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene \u00abla libertad inmediata (\u2026) disponer que el traslado se realice garantizando los derechos fundamentales [\u2026] ordenando la valoraci\u00f3n por m\u00e9dicos especialistas de las enfermedades que [lo] aquejan (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Jos\u00e9 del Guaviare, inform\u00f3 que el proceso que alude el accionante se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio surtiendo recurso de alzada contra la sentencia condenatoria de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La magistrada Patricia Rodr\u00edguez Torres, integrante de la Sala Penal de la colegiatura convocada, explic\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la defensa del ac\u00e1 actor no se ha resuelto. Al respecto, puso de presente la delicada situaci\u00f3n de congesti\u00f3n que afronta desde hace varios a\u00f1os la corporaci\u00f3n y en particular el despacho del cual es titular, el que asumi\u00f3 desde el a\u00f1o 2017 recibiendo para entonces un total de 454 actuaciones pendientes de decidir, entre ellas, la del quejoso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que actualmente cuenta con 351 procesos (excluyendo las acciones constitucionales), debi\u00e9ndole dar prioridad a aqu\u00e9llos que tienen riesgo de prescripci\u00f3n y los que pudieren tener pena cumplida. Aclar\u00f3 que actualmente para esa Sala fue creado un despacho m\u00e1s, ordenando el Consejo Superior de la Judicatura una redistribuci\u00f3n de los procesos y desde el 17 de marzo de la presente anualidad el expediente del accionante fue asignado al despacho reci\u00e9n creado al que le corresponder\u00e1 proyectar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n y \u00c1rea de Sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas, Meta, dijo que en esas instalaciones se ha garantizado el derecho a la salud del accionante, pues, conforme con lo consignado en su historia cl\u00ednica, el 2 de marzo de 2020 tuvo una valoraci\u00f3n por servicio de neurolog\u00eda en el Hospital Departamental de Villavicencio, donde se le orden\u00f3 una tomograf\u00eda de cr\u00e1neo simple. Agreg\u00f3 que, atendiendo dicha orden, solicit\u00f3 a favor del actor autorizaci\u00f3n de servicio y valoraci\u00f3n por neurolog\u00eda para que le sea prestado una vez tenga el reporte del TAC. Agreg\u00f3 que, el 4 de marzo de 2021, el accionante tuvo una atenci\u00f3n por medicina general como seguimiento a la patolog\u00eda que padece. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, manifest\u00f3 que no existe prueba que demuestre que ese instituto, en cumplimiento de sus labores de vigilancia y custodia, ha negado al accionante el acceso a las \u00e1reas de sanidad en el centro penitenciario donde este se encuentra, o una conducta negativa para materializar el traslado del tutelante a un centro m\u00e9dico externo cuando se hubiere ordenado. <\/p>\n
Asever\u00f3 que esa entidad no tiene la responsabilidad y competencia legal de la contrataci\u00f3n, supervisi\u00f3n, prestaci\u00f3n del servicio de salud y en las especialidades requeridas, as\u00ed como la entrega de elementos a las personas privadas de la libertad a su cargo, puesto esto es de competencia exclusiva del USPEC. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC \u2013 pidi\u00f3 que se le excluya de la responsabilidad impetrada por el accionante, ya que no le ha violado ning\u00fan derecho fundamental, teniendo en cuenta que esa entidad no equivale al INPEC ni es una dependencia de ese Instituto, son dos entidades p\u00fablicas del orden nacional diferentes y aut\u00f3nomas, con funciones y competencias espec\u00edficamente distinguidas en los decretos 4150 y 4151 de 2011, respectivamente, y en la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014. <\/p>\n
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6. El Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL, invoc\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y argument\u00f3 que su finalidad es celebrar contratos derivados y pagos necesarios para la prestaci\u00f3n de los servicios a cargo del INPEC, en los t\u00e9rminos de la Ley 1709 de 2014 y las normas que enmarcan el modelo de atenci\u00f3n en salud para la PPL, en concordancia con lo dispuesto por el contrato de fiducia mercantil No. 331 de 2016. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
En primer lugar, sobre la queja por la mora judicial endilgada al tribunal accionado advirti\u00f3 que, no pod\u00eda calificarse de injustificada, \u00abpor cuanto en el curso de la actuaci\u00f3n se estableci\u00f3 que esta situaci\u00f3n deriva de la excesiva congesti\u00f3n judicial en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y concretamente en el despacho encargado, en un principio de emitir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso adelantado contra el tutelante\u00bb, por lo tanto, neg\u00f3 el amparo frente a ese espec\u00edfico punto. As\u00ed mismo, desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n liberatoria por cuanto el actor no acredit\u00f3 haber procurado dicha solicitud ante el juez competente. <\/p>\n
Sin embargo, en torno al derecho fundamental de la salud, tras auscultar los procedimientos y revisiones m\u00e9dicas que se le han brindado al actor dentro del penal en el que se halla, observ\u00f3 que, \u00abno se evidencia en el expediente la materializaci\u00f3n de las \u00f3rdenes m\u00e9dicas emitidas por los profesionales tratantes, a fin de corroborar el diagn\u00f3stico m\u00e9dico emitido y darle una soluci\u00f3n definitiva a su padecimiento [\u2026] as\u00ed como la garant\u00eda de acceso a los medicamentos prescritos con el objetivo de mitigar y dar tratamiento a las dolencias que lo afectan\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso que las entidades que integran el sistema de salud carcelario \u00ab(\u2026) el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC – que, de no haberlo hecho, [\u2026] de manera coordinada, adelanten las acciones pertinentes para efectivizar la pr\u00e1ctica del servicio m\u00e9dico requerido por el accionante \u201ctomograf\u00eda computada de cr\u00e1neo simple\u201d y los medicamentos prescritos por sus m\u00e9dicos tratantes conforme con las \u00f3rdenes por ellos emitidas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la oficina de defensa judicial del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 en Liquidaci\u00f3n, refutando la orden prevista por la Sala a quo a las entidades vinculadas a la presente acci\u00f3n de tutela, dado que, dicho consorcio, a la fecha, no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para dar cumplimiento a la misma, pues \u00abdesde el 1\u00ba de julio de 2021 no es el vocero y administrador del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad\u00bb. En tal sentido, explic\u00f3 que, mediante resoluci\u00f3n 000238 de 15 de junio de 2021 el USPEC otorg\u00f3, tras licitaci\u00f3n p\u00fablica, el contrato de la prestaci\u00f3n del servicio de salud a la poblaci\u00f3n carcelaria a Fiduciaria Central S.A., que es la entidad que \u00abdebe garantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n de servicios de salud a las personas privadas de la libertad\u00bb, desde el 1\u00ba de julio de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n corresponde a la Corte establecer si se est\u00e1 quebrantando el derecho a la salud del accionante \u2013 persona privada de libertad \u2013, por las entidades convocadas, al no proveerle las asistencias, procedimientos y consultas prescritas por el m\u00e9dico tratante seg\u00fan la patolog\u00eda diagnosticada; as\u00ed mismo, determinar la entidad a la que le corresponde garantizar el servicio. <\/p>\n
2. Del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n con el Estado. <\/p>\n
Desde la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su pre\u00e1mbulo y art\u00edculo segundo que trata de los fines del Estado Colombiano, se establece la obligaci\u00f3n de las autoridades de velar y proteger la vida de todas las personas residentes en nuestro pa\u00eds, postulado que, sin lugar a dudas, tiene aplicaci\u00f3n en lo que respecta a las personas privadas de la libertad, frente a las cuales, el Estado tiene el deber de garantizar de manera eficaz la prestaci\u00f3n de los servicios propios para la satisfacci\u00f3n del derecho a la salud, deber que ha de solventarse por parte del INPEC y de los directores de los centros de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia CC T-849 de 2013, reiter\u00f3: <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en Sentencia T-185 de 2009, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la misma connotaci\u00f3n de fundamental y genera la misma obligaci\u00f3n Estatal de satisfacci\u00f3n, no s\u00f3lo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino tambi\u00e9n por la relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n del recluso frente al Estado y la ausencia de justificaci\u00f3n para su limitaci\u00f3n dentro del marco general del derecho punitivo.\u201d <\/p>\n
Dentro del desarrollo normativo que este derecho ha tenido respecto las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios, es pertinente se\u00f1alar las siguientes disposiciones: <\/p>\n
En desarrollo de la norma Superior antes enunciada, se expidi\u00f3 la Ley 65 de 1993 o C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, que en sus art\u00edculos 104, 105 y 106 establecen la responsabilidad que tiene el Gobierno de asumir la prestaci\u00f3n y atenci\u00f3n en salud de los reclusos y las prestaciones que deben ser garantizadas\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Es por ello que tales autoridades deben adoptar las medidas necesarias para brindar, entre otras, la atenci\u00f3n integral y oportuna a las necesidades m\u00e9dicas de los internos. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el caso bajo estudio, qued\u00f3 establecido que Pineda Ram\u00edrez actualmente est\u00e1 privado de la libertad en la Colonia Agr\u00edcola de M\u00ednima Seguridad de Acac\u00edas y, a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional, reclam\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos asistenciales para el manejo del diagn\u00f3stico de \u00abs\u00edndrome de cefalea especificado\u00bb para lo cual, su galeno tratante le orden\u00f3 \u00ab(i) tomograf\u00eda computada de cr\u00e1neo simple; (ii) el medicamento imipramina 25 mg noche; y (iii) una consulta de control o seguimiento por especialista en neurolog\u00eda\u00bb, prescripciones que, de acuerdo a lo auscultado por la primera instancia, no se observaban materializadas, motivo por el cual concedi\u00f3 la salvaguarda a fin de que se garantice el cumplimiento de las mismas. <\/p>\n
A partir del referido mandato que involucr\u00f3 de manera general a las entidades que puedan tener responsabilidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud de la poblaci\u00f3n reclusa, el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 en liquidaci\u00f3n, aleg\u00f3 en la impugnaci\u00f3n no contar ya con la facultad y competencia para proveer dichos servicios, en consideraci\u00f3n a que su v\u00ednculo con la USPEC finaliz\u00f3 y a partir del 1\u00ba de julio de 2021 le concierne a Fiducentral S.A., la sociedad adjudicataria del contrato de administraci\u00f3n y pagos de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad a cargo del INPEC. <\/p>\n
No obstante que le asiste raz\u00f3n a la entidad recurrente, para la Sala no hay lugar a revocar el amparo del derecho a la salud del actor proferida por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto el cumplimiento de la orden de resguardo le corresponder\u00e1 asumirlo, como bien fue precisado en el fallo confutado, a las entidades que integren el sistema de salud carcelario. <\/p>\n
Por lo tanto, aunque se dispondr\u00e1 la desvinculaci\u00f3n del mandato al referido Consorcio, se reitera, la protecci\u00f3n otorgada en primera instancia continuar\u00e1 inc\u00f3lume a fin de que el INPEC en armon\u00eda con la USPEC y la entidad actualmente encargada de proveer y contratar los servicios de salud en las c\u00e1rceles, procuren lo necesario a fin de mitigar o solucionar el padecimiento del accionante Pineda Ram\u00edrez, interno en la Colonia Agr\u00edcola de Acac\u00edas, de conformidad con lo indicado por su m\u00e9dico tratante, ya que no es posible desligar a ninguna de ellas en tanto que, cada una cumple una funci\u00f3n concreta que repercute en la adecuada concesi\u00f3n del servicio. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al pronunciarse en sede constitucional frente a alegaciones expuestas por el INPEC y la USPEC, las cuales, intentando apartarse del cumplimiento de un fallo de tutela que orden\u00f3, como aqu\u00ed, garantizar el servicio de salud a un preso, alegaron no ser las directas responsables para acatarlo; tras efectuar una rese\u00f1a normativa de la salud en el sistema carcelario, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 66 de la Ley 1709 de 2014 orden\u00f3 al Ministerio de Salud y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC- la creaci\u00f3n de un nuevo modelo de atenci\u00f3n en salud para la poblaci\u00f3n privada de la libertad, el cual ser\u00eda financiado con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n. Para ello cre\u00f3 el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, al que encarg\u00f3 la contrataci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a todas las personas en tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, el Decreto 2496 de 2012 estableci\u00f3 en el art\u00edculo 2\u00ba que la USPEC es la encargada de determinar una o varias Entidades Promotoras de Salud P\u00fablicas o Privadas, adscritas al R\u00e9gimen Subsidiado y al R\u00e9gimen Contributivo, a las que deb\u00eda afiliarse la poblaci\u00f3n reclusa a cargo del INPEC, para cuyo efecto esta entidad debe elaborar y actualizar el registro y reporte oportuno de las novedades que afecten el listado del censo de las personas privadas de la libertad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el art\u00edculo 4\u00ba del aludido decreto asigna al INPEC la funci\u00f3n de adelantar el seguimiento y control del aseguramiento de los internos y hacer auditor\u00edas a la prestaci\u00f3n de los servicios de salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, ya sea directamente o a trav\u00e9s de un contratista; del mismo modo, es su deber garantizar su traslado para que reciban atenci\u00f3n m\u00e9dica cuando se requiera, independientemente de si se encuentran en establecimientos de reclusi\u00f3n, en guarnici\u00f3n militar o de polic\u00eda, en prisi\u00f3n y detenci\u00f3n domiciliaria, o bajo un sistema de vigilancia electr\u00f3nica. <\/p>\n
De conformidad con esas previsiones normativas, contrario a lo alegado por el INPEC, la orden impartida por el tribunal de primera instancia se ajusta a derecho, en tanto [\u2026] quien se encuentra a la espera de que se surta el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n al Reino de Noruega, permanece privado de la libertad en el COMEB \u201cLa Picota\u201d de Bogot\u00e1, de manera que la concurrencia de la entidad recurrente al cumplimiento del mandato impuesto se circunscribe a la \u00f3rbita de sus funciones, esto es, los desplazamientos que se requieran para que el prenombrado acceda a los servicios de salud y estar vigilante, en todo caso, de que reciba la atenci\u00f3n que necesita. Por consiguiente, su oposici\u00f3n al fallo impugnado no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la USPEC, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(…) otro tanto sucede con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u201cUSPEC\u201d, quien, dentro del contexto normativo citado, suscribi\u00f3 el contrato de fiducia mercantil No. 200 del 21 de junio de este a\u00f1o con la Fiduciaria Central S.A., cuyo objeto es la administraci\u00f3n de los recursos para la atenci\u00f3n en salud de la poblaci\u00f3n reclusa a cargo del INPEC. <\/p>\n
El art\u00edculo 2.2.1.11.3.2 del Decreto 2245 expedido por el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2015, establece que en desarrollo de las funciones previstas en el Decreto 4150 de 2011, corresponde a la USPEC elaborar un esquema de auditor\u00eda para el control, seguimiento, monitoreo y uso racional de los servicios de salud por parte de los prestadores, as\u00ed como realizar las actividades necesarias para garantizar la prestaci\u00f3n de los mismos a la poblaci\u00f3n privada de la libertad. <\/p>\n
En el mismo sentido, la Resoluci\u00f3n 5159 del 30 de noviembre de 2015, mediante la cual se adopt\u00f3 el Modelo de Atenci\u00f3n en Salud para la poblaci\u00f3n privada de la libertad, se contempla que la implementaci\u00f3n de ese sistema corresponder\u00e1 a la USPEC en coordinaci\u00f3n con el INPEC. <\/p>\n
En consecuencia, la obligaci\u00f3n en cabeza de la USPEC de asegurar la provisi\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n integral en salud a la PPL no se agota con la firma del contrato fiduciario con la Fiduciaria Central S.A.. Si bien esta \u00faltima es la encargada de contratar a los prestadores de servicios m\u00e9dico-asistenciales para los internos carcelarios, la USPEC no pierde la condici\u00f3n de principal obligada de velar por la prestaci\u00f3n integral y oportuna de salud a la poblaci\u00f3n privada de la libertad. Esa es la raz\u00f3n por la que conserva la facultad de supervisar que el agente fiduciario est\u00e9 cumpliendo sus obligaciones. As\u00ed lo ha considerado la jurisprudencia especializada (Cfr. CC T- 127 de 2016). Bajo dicho entendimiento, la inconformidad de esta entidad tampoco tiene vocaci\u00f3n de salir avante\u00bb (CSJ STP13505-2021, 31 de ago. 2021. Exp. 115655). <\/p>\n
En lo atinente, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abla eficiencia en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos est\u00e1 ligada al principio de continuidad, el cual supone que la prestaci\u00f3n del servicio sea ininterrumpida, permanente y constante; y con ello, en aras de proteger los derechos fundamentales, el juez constitucional est\u00e1 en el deber de impedir que controversias de tipo contractual, econ\u00f3mico o administrativo \u201cpermitan a una entidad encargada de prestar servicios de salud incumplir la responsabilidad social que tiene para con la comunidad en general, y con sus afiliados y beneficiarios en particular\u00bb. (T-169\/2009). <\/p>\n
Posteriormente, el Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, en cumplimiento del mandato legal contenido en el precepto anteriormente citado [\u2026], expidi\u00f3 el Decreto 055 de 2007 \u201cPor el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
En el art\u00edculo 1\u00b0 del citado decreto se\u00f1ala como objetivo el \u201cestablecer las reglas para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud a los afiliados y beneficiarios del r\u00e9gimen contributivo, cuando a una entidad promotora de salud cualquiera sea su naturaleza jur\u00eddica, se le revoque la autorizaci\u00f3n de funcionamiento para administrar el r\u00e9gimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud o sea intervenida para liquidar por la Superintendencia Nacional de Salud. Igualmente aplicar\u00e1 a las entidades p\u00fablicas y a las entidades que fueron autorizadas como entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya liquidaci\u00f3n sea ordenada por el Gobierno Nacional, y aquellas entidades que adelanten procesos de liquidaci\u00f3n voluntaria.\u201d <\/p>\n
Siguiendo con el mismo lineamiento, en su art\u00edculo 4\u00b0 numeral 2, al hacer menci\u00f3n a los mecanismos de traslado excepcional de los afiliados dispuso que: <\/p>\n
\u201cLa Entidad Promotora de Salud objeto de la revocatoria de autorizaci\u00f3n de funcionamiento para administrar el r\u00e9gimen contributivo, intervenci\u00f3n para liquidar, supresi\u00f3n o liquidaci\u00f3n voluntaria, decidir\u00e1 a cu\u00e1l o cu\u00e1les Entidades Promotoras de Salud p\u00fablicas o en donde el Estado tenga participaci\u00f3n, se deben trasladar los afiliados, decisi\u00f3n que deber\u00e1 adoptar y comunicar a la Entidad receptora, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto de revocatoria, o de ordenada la intervenci\u00f3n para liquidar, o de proferida la orden de supresi\u00f3n o liquidaci\u00f3n voluntaria, plazo en el cual implementar\u00e1 los mecanismos para realizar las actividades, procedimientos e intervenciones de salud que se encuentren a\u00fan pendientes y autorizados.\u201d, y en su numeral 3\u00b0 determina que \u201cLas Entidades Promotoras de Salud receptoras deber\u00e1n garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios de salud a los afiliados, a partir del momento en que se haga efectivo el traslado conforme lo se\u00f1alado en el inciso segundo del numeral anterior. Hasta tanto, la prestaci\u00f3n ser\u00e1 responsabilidad de la Entidad objeto de la medida de revocatoria de autorizaci\u00f3n de funcionamiento, intervenci\u00f3n para liquidar, supresi\u00f3n o liquidaci\u00f3n voluntaria.\u201d <\/p>\n
De lo anterior, se puede evidenciar que el legislador colombiano busc\u00f3 garantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud a los afiliados independientemente de que las Entidades Promotoras del r\u00e9gimen contributivo (i) sean intervenidas para su liquidaci\u00f3n por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, (ii) les sea revocada su autorizaci\u00f3n de funcionamiento, (iii) se les ordene su supresi\u00f3n o liquidaci\u00f3n por parte del Gobierno Nacional o (iv) se disponga su liquidaci\u00f3n voluntaria. Lo anterior, debido a que dichos procesos se deben desarrollar sin soluci\u00f3n de continuidad en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud para as\u00ed garantizarles a los usuarios sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y a la dignidad humana. <\/p>\n
Debido a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en resaltar que la prestaci\u00f3n adecuada del servicio de salud al afiliado no puede ser afectada pese a que sea \u00e9ste reasignado a otra empresa promotora de salud\u00bb (CC. T-362\/16) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por lo discurrido, y de acuerdo con las previsiones normativas destacadas en la jurisprudencia en cita, no es la impugnante \u2013 Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 en liquidaci\u00f3n \u2013 la obligada con la orden tutelar en tanto que, sus facultades contractuales en ese sentido, como qued\u00f3 demostrado, finalizaron el 1\u00ba de julio de 2021. <\/p>\n
Con la salvedad precisada, la providencia confutada ser\u00e1 refrendada en cuanto a la negativa del amparo frente a la presunta mora judicial denunciada, y el respaldo de la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud del actor. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia impugnada ser\u00e1 objeto de modificaci\u00f3n respecto a la asignaci\u00f3n concreta de la competencia para la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico asistencial de la poblaci\u00f3n reclusa al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 en Liquidaci\u00f3n, en tanto que, ya no es la facultada contractualmente frente a dicha obligaci\u00f3n, y la misma deber\u00e1 ser asumida por las entidades que integren actualmente el sistema de salud carcelario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley RESUELVE, <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia impugnada, en el sentido de desvincular de la orden al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 en Liquidaci\u00f3n, de conformidad con lo expuesto en esta providencia <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de primer grado en todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 10 de mayo de 2022. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 12 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6489-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6489-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00316-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}