STC6490-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6490-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00540-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 31 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Eduardo Sanabria Zambrano contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Tercero y Noveno Penales Municipales de Conocimiento y Tercero Administrativo del Circuito, todos ellos de Bucaramanga, as\u00ed como las partes e intervinientes en los procesos penales 2018-00112 y 2019-002940, adelantados contra el actor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el gestor acude a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados en la primera instancia se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Sanabria Zambrano se encuentra actualmente privado de la libertad en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Mediana Seguridad de Bucaramanga, por cuenta del proceso penal 2018-00112 que, por el delito de violencia intrafamiliar agravada, se adelanta en su contra. <\/p>\n
En dicha actuaci\u00f3n, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de aquella ciudad, el 2 de marzo de 2020, emiti\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual impuso al prenombrado 80 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, al tiempo que neg\u00f3 los mecanismos sustitutivos de la sanci\u00f3n corporal. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el condenado y su defensor, encontr\u00e1ndose actualmente en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga pendiente del pronunciamiento que defina el asunto. <\/p>\n
2.2. Contra el ac\u00e1 gestor tambi\u00e9n se adelant\u00f3 otra actuaci\u00f3n penal por similar conducta punible (rad. 2019-02940) en la cual, mediante fallo de 19 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento de la misma poblaci\u00f3n, fue condenado a 36 meses de internamiento penitenciario, decisi\u00f3n que alcanz\u00f3 firmeza en la referida data, comoquiera que en su contra no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
La vigilancia de esta sanci\u00f3n la ejerce el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, pero a la espera de que Sanabria Zambrano sea dejado a disposici\u00f3n cuando finalicen los motivos de su actual reclusi\u00f3n, dado que, como se indic\u00f3, se halla privado de la libertad en raz\u00f3n del primer proceso penal mencionado. <\/p>\n
3. El accionante se queja, esencialmente, de que, a la fecha de formulaci\u00f3n del presente resguardo, el Tribunal Superior de Bucaramanga no ha emitido pronunciamiento alguno en torno a la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia condenatoria emitida dentro de la actuaci\u00f3n 2018-00112 pese a haber insistido en ello, incluso, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de cumplimiento (rad. 2022-00033) que fue rechazada de plano por el Juzgado Tercero Administrativo de aquel circuito judicial, raz\u00f3n por la cual busca que se ordene a la aludida corporaci\u00f3n resolver el referido recurso vertical. <\/p>\n
Adicional a ello, el quejoso advierte una posible \u00abdoble incriminaci\u00f3n\u00bb dado que la conducta sobre la que versa el fallo que atac\u00f3 en alzada, fue juzgada y sancionada en el tr\u00e1mite 2019-02940, de all\u00ed que considere que, a trav\u00e9s de esta herramienta excepcional, \u00abse deb[a] declarar la absoluci\u00f3n y\/o revocatoria de la decisi\u00f3n impugnada [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado al que le correspondi\u00f3 la ponencia de la impugnaci\u00f3n indicada precedentemente (rad. 2018-00112), asegur\u00f3 que la demora en resolver el asunto obedece a la carga laboral que soporta, representada en el elevado n\u00famero de asuntos penales que tiene asignados, los cuales discrimin\u00f3 de la siguiente forma: \u00ab121 procesos penales de Ley 906 de 2004, 21 de Ley 1826 de 2017, 4 de adolescentes y 4 de Ley 600 de 2000\u00bb de los cuales \u00ab64 tienen persona privada de la libertad y 23 corresponden a presuntos delitos sexuales en los que figuran como v\u00edctimas ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, a dicha cifra, \u00abse suman los constantes repartos extraordinarios de procesos con prescripci\u00f3n\u2026 cercana (inferior a un mes, pero la mayor\u00eda de veces a punto de consolidarse en cuesti\u00f3n de d\u00edas\u00bb, as\u00ed como la asignaci\u00f3n diaria de acciones constitucionales que, para el caso particular de ese distrito judicial, \u00abingresaron en forma masiva para la \u00faltima semana de enero y el mes de febrero\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s de las anteriores circunstancias, \u00abdesde el 1\u00ba de febrero del presente a\u00f1o\u2026 asumi\u00f3 la presidencia de la Sala Penal, lo que implica un aumento significativo de las labores de tipo administrativo a cargo del despacho\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abse solicitaron medidas de descongesti\u00f3n por parte de la Sala de Decisi\u00f3n, petici\u00f3n que a la fecha no ha obtenido de respuesta\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior advirti\u00f3 que \u00abel caso del actor est\u00e1 en el turno 14 de los procesos penales de ley 906 de 2004 con persona privada de la libertad\u00bb, por lo que pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo habida consideraci\u00f3n que no existe la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso. <\/p>\n
2. La Juez Novena Penal Municipal de Conocimiento de Bucaramanga hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso 2019-02940 que finaliz\u00f3 con sentencia condenatoria el 19 de octubre de 2020 y advirti\u00f3 que dicha providencia se encuentra cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad al haber alcanzado firmeza, comoquiera que en su contra no se interpuso recurso de apelaci\u00f3n, asimismo se\u00f1al\u00f3 que, pretender su invalidaci\u00f3n desconoce el presupuesto de la tempestividad pues el resguardo \u00abse inco\u00f3\u2026 luego de m\u00e1s de 17 meses desde que se profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, dijo desconocer el contenido de las peticiones o impugnaciones interpuestas por Sanabria Zambrano, dado que las mismas fueron dirigidas al Tribunal Superior de dicho distrito de all\u00ed que, su resoluci\u00f3n, sea \u00abdel resorte exclusivo de la entidad a la cual se alleg[aron]\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Tercera Administrativa de Bucaramanga inform\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de cumplimiento promovida por el ac\u00e1 quejoso contra la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales para resolver un recurso de apelaci\u00f3n, la cual fue rechazada de plano mediante auto del pasado 2 de marzo. <\/p>\n
Pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que \u00abel accionante no atribuye la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales a la providencia\u2026 proferida por esta unidad judicial\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo implorado toda vez que si bien se ha presentado una inobservancia por parte del tribunal querellado de los t\u00e9rminos para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, \u00abla tardanza\u2026 no obedece a una inactividad injustificada, sino a una alta congesti\u00f3n judicial, cuya consecuencia inevitable, es el retraso en la toma de decisiones\u00bb; sin embargo, al margen de ello, advirti\u00f3 que \u00abse est\u00e1 surtiendo el recurso de alzada, motivo por el cual el interesado deber\u00e1 aguardar el turno correspondiente para obtener la decisi\u00f3n final\u00bb. <\/p>\n
En el acto de notificaci\u00f3n, el quejoso manifest\u00f3 su disenso frente a la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente alleg\u00f3 un escrito se\u00f1alando que \u00abdesde los albores de la investigaci\u00f3n penal se viol\u00f3 [sic] mis derechos y garant\u00edas procesales\u00bb comoquiera que se encuentra incriminado dos veces por un mismo hecho, que fue el ventilado ante el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento (rad. 2019-02940) proceso en el cual se le impuso la sanci\u00f3n de 36 meses de internamiento penitenciario. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, insisti\u00f3 en la presunta mora del Tribunal Superior de Bucaramanga para resolver el recurso de apelaci\u00f3n, del que dice \u00abdebe ser favorable a [sus] intereses\u2026 [profiri\u00e9ndose] la declaratoria de nulidad que impuso el Juzgado 3 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bucaramanga en flagrante violaci\u00f3n del principio non bis in idem [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bucaramanga lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el accionante, dentro del proceso penal distinguido con la radicaci\u00f3n 2018-00112, al no resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por aquel contra la sentencia de 2 de marzo de 2020 a trav\u00e9s de la cual le impuso 80 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 del reproche que formula Sanabria Zambrano y atendiendo los elementos de convicci\u00f3n allegados a este tr\u00e1mite, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n por \u00e9l denunciada, y en tal sentido habr\u00e1 de refrendarse el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pues el despacho accionado no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada atribuido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el prop\u00f3sito de remediarla. <\/p>\n
En efecto, de las explicaciones brindadas por el magistrado sustanciador, se colige con suficiencia que, si bien en el asunto objeto de escrutinio la decisi\u00f3n impugnada data de 2 de marzo de 2020 y que la actuaci\u00f3n fue remitida al Tribunal de Bucaramanga el 10 de junio de aquel a\u00f1o, no se advierte que la tardanza en proferir la decisi\u00f3n reclamada luzca inexcusable como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del actor, si se tiene en cuenta la elevada carga laboral que soporta aquella corporaci\u00f3n, representada en el significativo n\u00famero de ingresos de procesos, de los que dio cuenta el titular del despacho accionado, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab121 procesos penales de Ley 906 de 2004, 21 de Ley 1826 de 2017, 4 de adolescentes y 4 de Ley 600 de 2000 [de los cuales] 64 tienen persona privada de la libertad y 23 corresponden a presuntos delitos sexuales en los que figuran como v\u00edctimas ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia a la que se debe agregar \u00ablos constantes repartos extraordinarios de procesos con prescripci\u00f3n\u2026 cercana (inferior a un mes, pero la mayor\u00eda de veces a punto de consolidarse en cuesti\u00f3n de d\u00edas\u00bb, as\u00ed como la asignaci\u00f3n diaria de acciones constitucionales que, para el caso particular de ese distrito judicial, \u00abingresaron en forma masiva para la \u00faltima semana de enero y el mes de febrero\u00bb y el hecho de que, a partir del pasado 1\u00ba de febrero haya asumido \u00abla presidencia de la Sala Penal, lo que implica un aumento significativo de las labores de tipo administrativo a cargo del despacho\u00bb, todo lo cual ha motivado la solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, de que se dispongan medidas de alivio con el fin de mitigar las consecuencias de la congesti\u00f3n que padece esa colegiatura. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando la demora presentada en la resoluci\u00f3n del recurso formulado por el ac\u00e1 gestor frente al fallo sancionatorio, no son producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedecen -como ya se indic\u00f3- a la alta carga laboral asignada al Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
En todo caso, se advierte que la impugnaci\u00f3n interpuesta se encuentra en el \u00abturno 14 de los procesos penales de Ley 906 con persona privada de la libertad\u00bb debiendo entonces, el quejoso aguardar por la llegada del mismo, pues como lo ha advertido la jurisprudencia de esta Corte, el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, tales como la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, teniendo en cuenta que el accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, frente a la insistente alegaci\u00f3n de Sanabria Zambrano relativa a la lesi\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, representada en el desconocimiento del principio constitucional de non bis in idem, es preciso indicar que resulta inviable abordar el estudio de tal circunstancia en este tr\u00e1mite constitucional, comoquiera que el mismo no ha sido concebido para proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se refrendar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo porque, no es posible atribuir a la colegiatura querellada una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial, adem\u00e1s que el tema de la responsabilidad penal del gestor debe ser dirimido por el juez competente y no a trav\u00e9s de esta instrumento excepcional\u00edsimo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6490-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6490-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00540-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}