STC6492-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6492-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 25 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Amparo Goelkel Lozano contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso declarativo con radicado n\u00b0 2019-00209. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo, en nombre propio, acudi\u00f3 a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo proferido dentro del proceso de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 frente a Seguros de Vida del Estado S.A. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que la solicitante adelant\u00f3 el prenotado litigio, con el fin de obtener el pago de la totalidad del valor asegurado en la \u00abp\u00f3liza vida grupo plan protecci\u00f3n vida estado No 1000000002, cuyo tomador es la Fundaci\u00f3n Social LM Aseguramos Educadores y Trabajadores de Colombia \u2013Funeducol\u00bb, con ocasi\u00f3n de la incapacidad laboral permanente del \u00ab96,70%\u00bb, que le fue calificada en \u00abdictamen No. 026-LM-2017 de fecha ENERO 27 DEL 2017 favorable PARA PENSION POR INVALIDEZ por enfermedad\u00bb. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en audiencia realizada el 8 de septiembre de 2020, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta neg\u00f3 las pretensiones del libelo, decisi\u00f3n que fue apelada por la aqu\u00ed interesada, quien por intermedio de su apoderado judicial sustent\u00f3 por escrito el recurso ante el juez del conocimiento, el d\u00eda 11 siguiente. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 15 de diciembre de la misma anualidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe admiti\u00f3 la alzada y corri\u00f3 traslado para presentar la sustentaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art. 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Toda vez que el citado t\u00e9rmino transcurri\u00f3 en silencio, por auto del 12 de julio de 2021 se declar\u00f3 desierto el mecanismo vertical, ordenando la devoluci\u00f3n del asunto al juzgador a quo, pero como esta decisi\u00f3n no fue publicada en el sistema para la gesti\u00f3n de procesos judiciales TYBA ni en ning\u00fan otro medio, por auto del 19 de octubre siguiente se reprodujo la misma determinaci\u00f3n, el que s\u00ed se notific\u00f3 en debida forma, sin que la parte demandante manifestara alg\u00fan tipo de inconformidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, la actora pretende \u00abse ordene al Juez Primero Civil del Circuito [de Santa Marta] dejar sin efecto el auto del 19 de octubre de 2021 que declar\u00f3 desierto el recurso, y que en consecuencia se adopten, dentro de las 48 horas siguientes al fallo, las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada\u00bb, toda vez que \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso fue realizada en forma previa mediante escrito presentado ante la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. la Juez Primera Civil Municipal de Santa Marta, se limit\u00f3 a relacionar las actuaciones desplegadas en el marco del litigio cuestionado, informando que \u00abel 11 de septiembre de 2020 a las 9:45 a.m. el Dr. DAVID PALACIOS presento (sic) a esta dependencia v\u00eda correo electr\u00f3nico memorial denominado \u201cREPAROS CONCRETOS APELACI\u00d3N\u201d, en ese orden de ideas, el 17 de septiembre de ese a\u00f1o, se realiz\u00f3 el reparto de segunda instancia correspondiendo el mismo al Juzgado Primero Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del despacho accionado solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda, por cuanto \u00abal no haberse sustentado el recurso dentro del t\u00e9rmino legalmente establecido, lo procedente era declararlo desierto, como en efecto se hizo en la providencia calendada 12 de julio de 2021, la cual fue refrendada por auto de fecha 19 de octubre de 2021, como quiera (sic) que por omisi\u00f3n, [ese auto] no se public\u00f3 en tyba, ni se dio a conocer por ning\u00fan otro medio. Frente a esta providencia no se present\u00f3 recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable su prosperidad para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte, al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Carmen Amparo Goerkel Lozano acude al presente mecanismo especial, buscando la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, desde sus componentes de doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantada con la providencia del 19 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso vertical interpuesto contra el fallo desestimatorio proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, el 8 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad, y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que, si bien la accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterada en debida forma de la providencia por medio de la cual el despacho convocado declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, bien pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto, qued\u00e1ndole as\u00ed cerrada toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso al resguardo invocado, habida cuenta que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propio descuido. <\/p>\n
Valga anotar, que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para la Sala la no utilizaci\u00f3n del mecanismo horizontal contra el auto que desech\u00f3 la opugnaci\u00f3n vertical presentada, torna inviable la presente acci\u00f3n dado el car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea necesario realizar consideraci\u00f3n adicional sobre el acierto de la decisi\u00f3n cuestionada, pues precisamente para ello se debi\u00f3 hacer uso del referido instrumento defensivo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos dentro de los procesos judiciales, lo que significa que cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo mediante telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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