STC6493-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6493-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02580-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de enero de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Jhon Anderson Mu\u00f1oz Morales frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el Juzgado Primero Penal Municipal de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00321. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, fue condenado en primera (8 de septiembre de 2021) y segunda instancia (21 de octubre de 2021) a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, neg\u00e1ndosele la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Cuestiona, por un lado, los fallos que lo declararon penalmente responsable por cuanto, no efectuaron una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, pues en ellos no se tuvieron en cuenta las declaraciones de otros testigos, \u00absolamente se tuvo en cuenta mi testimonio, no se llev\u00f3 a efecto an\u00e1lisis psicol\u00f3gico a la presunta [afectada] intrafamiliarmente, en mi concepto […] es mit\u00f3mana por naturaleza [y] no se tuvo en cuenta mi declaraci\u00f3n ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Armenia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que se vio perjudicado por la actuaci\u00f3n de su apoderado defensor, \u00abquien dej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para presentar el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, la afectaci\u00f3n de sus derechos trasciende a su familia, ya que es la \u00fanica persona que vela por la sostenibilidad de sus padres, adultos mayores, y de su hijo menor de edad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Penal Municipal de Armenia sostuvo que a Mu\u00f1oz Morales se le respetaron todas las garant\u00edas durante el juicio; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no puede ahora pretender revivir con la tutela oportunidades procesales desperdiciadas. <\/p>\n
2. Andr\u00e9s Mauricio L\u00f3pez L\u00f3pez, vinculado, y quien fungi\u00f3 como abogado defensor del accionante en el proceso penal en cuesti\u00f3n manifest\u00f3 que, tras la decisi\u00f3n adversa del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso, le expres\u00f3 a su poderdante que no era procedente interponer el recurso de casaci\u00f3n. As\u00ed mismo, en cuanto a los subrogados que pretende, indic\u00f3 que para el delito por el que fue condenado, se encuentran proscritos legalmente. <\/p>\n
3. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, ponente de la sentencia penal de segunda instancia defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada y destac\u00f3 que, contrario a lo arg\u00fcido por el quejoso, \u00abtodos sus reclamos fueron debatidos y resueltos conforme al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. Adicionalmente, resalt\u00f3 que el actor no impetr\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n por lo que \u00abno puede ahora promover nuevos reclamos en sede de tutela como alternativa orientada a remediar su inacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al no agotar dicho medio de defensa, la solicitud de amparo se torna improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la prerrogativa denunciada por el quejoso al condenarlo a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, sin concesi\u00f3n de subrogados o beneficios punitivos, a partir de una indebida valoraci\u00f3n probatoria. Y, si se advierte una posible falta de defensa t\u00e9cnica, dado que su abogado defensor no interpuso el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Armenia, Sala Penal, el 21 de octubre de 2021, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Primero Penal Municipal de esa capital que lo conden\u00f3, sin concesi\u00f3n de subrogados, a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las censuras que por esta senda constitucional plantea en torno a la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio sentenciado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3. De la presunta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 tambi\u00e9n el actor una cr\u00edtica puntual frente a la actuaci\u00f3n de su abogado defensor, de quien cuestion\u00f3 el haber \u00abdejado vencer\u00bb, supuestamente, el t\u00e9rmino para interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de segundo grado; sin embargo, esa somera acusaci\u00f3n no es suficiente para que a partir de ella pueda predicarse la afectaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica como pasa a explicarse. <\/p>\n
Se ha dicho en anteriores oportunidades que no alcanza con se\u00f1alar de ineficiente o negligente la labor del abogado defensor desde hechos aislados como el no agotar un determinado recurso o no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, sin apuntar su grado de trascendencia desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. Sobre el particular, en materia penal, la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n con claridad ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
De manera que, no logr\u00f3 en este caso el tutelante, acreditar la influencia en las resultas del juicio que pudo tener el desempe\u00f1o del se\u00f1alado profesional del derecho; adem\u00e1s, como \u00e9ste \u00faltimo lo resalt\u00f3 en estas diligencias, desde su particular criterio profesional advirti\u00f3 que el remedio extraordinario resultaba inviable en tanto que el tribunal abord\u00f3 y resolvi\u00f3 con suficiencia cada uno de los problemas jur\u00eddicos formulados en la apelaci\u00f3n, concepto que le comunic\u00f3 a su defendido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consecuencia de lo analizado es la ratificaci\u00f3n del fallo constitucional impugnado en el sentido de declarar la improcedencia de la salvaguarda porque: <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, en todo caso, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
4.2. No demostr\u00f3 el actor las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa t\u00e9cnica, de manera que se observe incuestionable la afectaci\u00f3n de dicha prerrogativa a partir de la actuaci\u00f3n desplegada por su abogado defensor en el juicio penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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