STC6494-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6494-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 1\u00ba de febrero1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pedro Cort\u00e9s Estrada contra la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil y los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de El Socorro y Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso penal 2011-00038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad que estima lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra el actor se adelant\u00f3 un proceso penal por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 a\u00f1os, dentro del cual, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de El Socorro, con sentencia de 17 de mayo de 2012, lo conden\u00f3 a 21 a\u00f1os de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndole los subrogados penales de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Producto del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el condenado, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el 1\u00ba de diciembre de 2015, confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n, alcanzando firmeza por cuanto, pese a que en su contra se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo fue desistido por el apoderado contractual del interesado. <\/p>\n
En la actualidad el gestor se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Gil, a \u00f3rdenes del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de dicha poblaci\u00f3n, despacho que ejerce la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
Con auto de 17 de noviembre de 2021, la aludida c\u00e9lula judicial neg\u00f3 la libertad condicional impetrada por el penado, sin que en su contra se formulara recurso alguno. <\/p>\n
3. El actor acude a este instrumento pues considera que para emitir condena las autoridades judiciales no alcanzaron el est\u00e1ndar de convicci\u00f3n requerido en tanto \u00ablos hechos que dieron a la denuncia se basaron en mentiras y en exageraciones que nunca se pudieron desvirtuar\u00bb pues \u00abnunca se analiz\u00f3 la posibilidad que muchas veces se da de mentiras o exageraciones de l@s ni\u00f1@s [sic]\u00bb, al tiempo que la prueba cient\u00edfica practicada \u00abnunca determin\u00f3 la penetraci\u00f3n de [la v\u00edctima]\u00bb lo que llevar\u00eda a una reducci\u00f3n sustancial de la condena al eliminarse el delito de acceso carnal abusivo. <\/p>\n
Por otra parte, considera que la decisi\u00f3n del juzgado ejecutor de la pena, de no acceder al subrogado liberatorio consagrado en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, le causa un perjuicio irremediable en tanto que, de un lado, determina que debe cumplir toda la sanci\u00f3n de forma intramural, desconociendo su proceso de resocializaci\u00f3n y, de otro, porque tal decisi\u00f3n encuentra sustento en una condena que acusa de \u00abinjusta\u00bb. <\/p>\n
Pretende que, a trav\u00e9s de esta herramienta, \u00abse analicen los hechos que llevaron a [su] condena [sic] y, como consecuencia de ello: <\/p>\n
\u00ab[S]e tengan en cuenta dentro del proceso y en la apelaci\u00f3n situaciones que [le] hubieran favorecido y\/o por lo menos atenuado [su] pena\u2026 <\/p>\n
Se [le] conceda una reducci\u00f3n de [su] pena ante el hecho cierto de no existir evidencias cient\u00edficas de penetraci\u00f3n vaginal de la ni\u00f1a, lo que dar\u00e1 la eliminaci\u00f3n del delito de acceso carnal [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado, se limit\u00f3 a informar la fecha de ingreso de la actuaci\u00f3n penal a ese despacho y la de proferimiento de dicha providencia, resaltando que contra la misma no se interpuso recurso de casaci\u00f3n; asimismo remiti\u00f3 copia de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de El Socorro, luego de rememorar brevemente las principales actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite penal y de advertir que la queja no se dirig\u00eda contra ese despacho, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abhabiendo tenido el medio judicial de defensa ordinario a su alcance\u2026 el actor no lo utiliz\u00f3, dejando pasar con ello la oportunidad procesal propicia para censurar el auto que neg\u00f3 la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil, por su parte, indic\u00f3 que \u00abel cuestionamiento que [se] hace del tr\u00e1mite del proceso con relaci\u00f3n a la responsabilidad penal\u2026 no es de competencia del juez ejecutor de la pena\u00bb por lo que impetr\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa c\u00e9lula judicial. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, ratific\u00f3 que contra el auto por medio del cual se neg\u00f3 la libertad condicional no fue objeto de impugnaci\u00f3n por el condenado, de all\u00ed que el amparo desatienda el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por desatender los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Frente al primero, advirti\u00f3 que el quejoso no interpuso los recursos que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la declaratoria de responsabilidad (casaci\u00f3n) y la negativa del subrogado liberatorio (apelaci\u00f3n), adem\u00e1s de contar con una herramienta procesal id\u00f3nea, como lo es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, en caso de \u00abconsiderar que la condena se finc\u00f3 en mentiras de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
En torno del segundo requisito, dijo que \u00abla presente demanda se elev\u00f3 en noviembre de 2021, cuando han pasado casi 6 a\u00f1os\u00bb desde que se emiti\u00f3 el fallo de segundo grado cuestionado, esto es, el 1\u00ba de diciembre de 2015 \u00absin que se comparta como un motivo v\u00e1lido que justifique esa tardanza la condici\u00f3n de cautivo del actor, pues desde su lugar de reclusi\u00f3n pudo ejercer su derecho de acci\u00f3n oportunamente, bien sea por medio de apoderado o a nombre propio\u00bb <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que las determinaciones censuradas, es decir, (i) el fallo de segundo grado y (ii) el auto por medio del cual no se accedi\u00f3 a la libertad condicional, no lucen arbitrarias ni antojadizas, puesto que se fundaron (i) en las pruebas v\u00e1lidamente practicadas en el juicio penal y (ii) en la prohibici\u00f3n consagrada en el numeral 5 del art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los mismos razonamientos esbozados en el libelo inicial. <\/p>\n
Frente al cumplimiento del presupuesto de la inmediatez indic\u00f3 que, en su caso particular, el resguardo deb\u00eda ser \u00abestudiado bajo el concepto del mecanismo transitorio\u00bb, por cuanto la imposici\u00f3n de \u00abuna condena injusta y hasta ilegal\u00bb le est\u00e1 provocando \u00abun perjuicio irremediable\u00bb pues se encuentra privado de la libertad \u00absin haber cometido el delito endilgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades convocadas, dentro del asunto penal seguido contra Pedro Cort\u00e9s Estrada, vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas, de un lado, al declararlo penalmente responsable de los delitos por los que fue acusado sin que, supuestamente, se hubiera alcanzado el est\u00e1ndar de convicci\u00f3n requerido para emitir fallo condenatorio y, de otro, por no acceder a la libertad condicional bas\u00e1ndose, exclusivamente, en un criterio netamente objetivo como es la prohibici\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 199-5 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la Sala a quo, que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la sentencia de segundo grado, emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, data del 1\u00ba de diciembre de 2015, en tanto que la presente tutela fue interpuesta el 26 de noviembre de 2021, de acuerdo con reporte de radicaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico anexo en formato digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; empero, en este evento, las razones esgrimidas por el actor a efectos de tratar de justificar la tardanza para promover la salvaguarda en nada inciden en la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino razonable, pues la restricci\u00f3n de su libertad, no afecta otros derechos igualmente fundamentales como el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia o el de la dignidad humana; de manera que no existen situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que Cort\u00e9s Estrada stuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
3.2. De la incuria <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, debe la Sala resaltar que tambi\u00e9n se observa incumplido el criterio que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
Como se tiene establecido jurisprudencialmente, la procedencia del resguardo constitucional se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el actor acude a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso que considera vulnerado por el Tribunal Superior de San Gil y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma poblaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, en el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad, pues el promotor, en el asunto objeto del reproche constitucional, tuvo a su alcance los medios de defensa judiciales id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, si bien Cort\u00e9s Estrada acudi\u00f3 al recurso de casaci\u00f3n contra el fallo de segundo grado, voluntariamente renunci\u00f3 al mismo, a pesar de ser el escenario propicio para que este Tribunal de Casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Sala Especializada y en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria. <\/p>\n
Es decir, al desistir del medio de impugnaci\u00f3n extraordinario incoado contra la sentencia proferida por la Sala Penal de la corporaci\u00f3n querellada y al no acudir a los recursos ordinarios frente a la providencia interlocutoria adversa, Cort\u00e9s Estrada se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido por las instancias ordinarias y con ello permiti\u00f3 que las determinaciones cuestionadas alcanzaran firmeza; sin embargo, ahora pretende, a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n del presente amparo, conjurar los efectos de su decisi\u00f3n y el desinter\u00e9s develado, como si la tutela fuera una instancia adicional o supletiva a las consagradas en el ordenamiento procedimental. <\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n de la Colegiatura a quo, de no acceder al amparo reclamado, result\u00f3 acertada habida cuenta que este instrumento no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o desperdiciadas ni para reponer t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Huelga anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, la no utilizaci\u00f3n de las herramientas de impugnaci\u00f3n referidas en precedencia refuerza la inviabilidad del presente resguardo, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea viable referirse a otras tem\u00e1ticas como la razonabilidad de las determinaciones atacadas, comoquiera que tal an\u00e1lisis corresponde al escenario de los recursos desechados por el quejoso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
4.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este instrumento excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza <\/p>\n
4.2. El inconforme actu\u00f3 con incuria porque, por un lado, voluntariamente desisti\u00f3 del recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de segundo grado y, por otro, no utiliz\u00f3 los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios contra la providencia que le neg\u00f3 el subrogado de la libertad condicional, siendo que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar o desperdiciados por el interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El asunto arrib\u00f3 a esta sala para desatar la impugnaci\u00f3n el pasado 7 de mayo. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6494-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6494-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02522-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63839","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63839\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}