STC6495-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6495-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00340-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 3 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa de Jes\u00fas Ni\u00f1o Rojas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal distinguido con radicaci\u00f3n 2011-03258. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que, contra Camilo Andr\u00e9s Guti\u00e9rrez Valderrama se adelant\u00f3 el proceso penal 2011-03258 por el delito de homicidio culposo cometido cuando conduc\u00eda el autob\u00fas de placa VDO 014, en el cual, el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 22 de febrero de 2019. <\/p>\n
Dicho fallo fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante providencia de 29 de marzo siguiente, al desatar la apelaci\u00f3n formulada por el sancionado. <\/p>\n
En firme la condena, producto de la deserci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n (declarada con auto de 7 de junio del mismo a\u00f1o), el 26 de noviembre de 2020 se dio inicio al incidente de reparaci\u00f3n integral, diligencia en la cual el apoderado de las v\u00edctimas reconocidas formul\u00f3 la pretensi\u00f3n resarcitoria, indic\u00f3 las pruebas que pretend\u00eda hacer valer y llam\u00f3 en garant\u00eda a Teresa de Jes\u00fas Ni\u00f1o Rojas, propietaria del veh\u00edculo involucrado, a Transportes Radio Taxi Confort S.A., empresa a la que se encontraba afiliado el mismo y a Seguros del Estado S.A.S., quien extendi\u00f3 las p\u00f3lizas de aseguramiento del rodante. <\/p>\n
Con auto de 26 de abril de 2021, la c\u00e9lula judicial cognoscente acogi\u00f3 la solicitud de vinculaci\u00f3n de las aludidas personas natural y jur\u00eddicas, decisi\u00f3n frente a la cual el apoderado de Ni\u00f1o Rojas promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto desfavorablemente a sus intereses por la colegiatura convocada, a trav\u00e9s de providencia de 13 de diciembre de 2021. <\/p>\n
3. La presente queja constitucional se dirige contra las dos \u00faltimas determinaciones mencionadas, pues la gestora considera que adolecen de defecto material por haberse realizado una interpretaci\u00f3n errada de las disposiciones llamadas a gobernar el asunto (art\u00edculos 94 del C\u00f3digo General del Proceso, 98 del C\u00f3digo Penal y 2358 del C\u00f3digo Civil) y por desconocimiento del precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal aplicable al caso concreto (radicados 36841, 30249 y 23718), seg\u00fan las cuales la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad civil derivada de una conducta punible opera, a favor de los terceros, en un lapso de tres a\u00f1os, pero que la declaratoria de dicha consecuencia jur\u00eddica escapa de la \u00f3rbita de competencia del juez penal, debiendo hacerse por el hom\u00f3logo civil. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita \u00abanular los autos de primera\u2026 y segunda instancia\u00bb y en su lugar se disponga \u00abdesvincularme del incidente de reparaci\u00f3n integral como tercero civilmente responsable [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia de segundo grado cuestionada, indic\u00f3 que la misma \u00abse adopt\u00f3 conforme al marco positivo vigente\u2026 y de acuerdo con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb explicando de forma clara y detallada, \u00abcon fundamento normativo y jurisprudencial [,] las razones por las cuales no pod\u00eda acogerse su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la actora \u00abpretende erigir la tutela en instrumento mediante el cual le sea posible reabrir la discusi\u00f3n jur\u00eddica concluida oportunamente en las instancias ordinarias\u00bb lo que torna inviable el resguardo comoquiera \u00abel ordenamiento positivo consagra los diversos recursos e instancias en aras que sea en el plano prevalente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria donde se dirima la tesis que la actora hoy pone de presente a trav\u00e9s de su demanda\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Conocimiento, luego de hacer un breve recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite escrutado, resalt\u00f3 que \u00abel accionante [sic] pretende atacar decisi\u00f3n [sic] en firme que adem\u00e1s de no ser objeto de los recursos de ley, se ci\u00f1eron al procedimiento y fueron respetuosas de las garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal Cuarenta y Tres Seccional pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n en tanto que la accionante pretende obtener la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones a trav\u00e9s de este instrumento supralegal cuando los mismos \u00abdeben ser [discutidas] a trav\u00e9s de la Ley 906\/04 y de manera concreta en el desarrollo propio del incidente de reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Segundo Judicial II Penal manifest\u00f3 que \u00abesta acci\u00f3n constitucional carece de objeto por no haberse afectado los derechos fundamentales de la accionante\u00bb comoquiera que la determinaci\u00f3n objeto de la queja se encuentra debidamente soportada, observ\u00e1ndose que \u00abla accionante desconoce la l\u00ednea jurisprudencial pac\u00edfica de la Honorable Corte, entre estas, la sentencia de mayo 29 de 2013, radicado 40160\u00bb. <\/p>\n
5. Una persona que asegur\u00f3 ser el \u00abgerente y representante legal de Transportes Radio Taxi Confort S.A.\u00bb1 coadyuv\u00f3 las pretensiones formuladas por la gestora, acudiendo a similares consideraciones y solicit\u00f3, a su vez, que \u00aben caso de tutelar los derechos de la se\u00f1ora Ni\u00f1o Rojas, igualmente se tutelen los derechos de mi representada\u2026 y seamos desvinculados del tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral como terceros civilmente responsables\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abla accionante a\u00fan cuenta con mecanismos de defensa judicial al interior del proceso penal, por encontrarse en curso\u00bb pues es en el tr\u00e1mite incidental \u00abdonde puede ejercer sus derechos[,] hasta el punto que si los resultados no son de su agrado, tiene la oportunidad de discutir el asunto, adem\u00e1s de la v\u00eda a la que ya acudi\u00f3, a trav\u00e9s del recurso ordinario de apelaci\u00f3n contra la eventual sentencia que la declare civilmente responsable\u2026 o, tambi\u00e9n, la formulaci\u00f3n de una demanda de casaci\u00f3n\u2026 desde luego, siempre que concurra el inter\u00e9s para recurrir\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n pues, en su criterio, \u00abel recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia que pone fin al incidente no es un mecanismo de defensa id\u00f3neo, en tanto en esta apelaci\u00f3n no se podr\u00eda plantear que en los asuntos de primera y segunda instancia se desconoci\u00f3 el precedente o que quienes los emitieron, como lo establece la ley y la jurisprudencia, no ten\u00edan la competencia para pronunciarse en torno a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n civil, tarea que solo le corresponde al juez civil a quien se le deben remitir las diligencias\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, agreg\u00f3, al haberse definido de forma previa el tema relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n civil y, de contera, a la competencia de los jueces penales para declararla, tales decisiones \u00abya son finales y sobre el asunto hay cosa juzgada [sic] por lo que no resulta razonable pretender que el debate\u2026 pueda ser revivido, nuevamente, mediante la apelaci\u00f3n de la sentencia que pone fin al incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb, por lo que la acci\u00f3n de tutela se erige en el \u00fanico instrumento id\u00f3neo para nulitar las decisiones que estima lesivas de sus derechos fundamentales, pues \u00abno existir\u00eda mecanismo alternativo, ordinario o de otro tipo, para reabrir este debate ya saldado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades judiciales querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por Teresa de Jes\u00fas Ni\u00f1o Rojas dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral en el que ha sido llamada en garant\u00eda, al negar su exclusi\u00f3n como tercero civilmente responsable, a pesar de que, seg\u00fan dice, la acci\u00f3n civil en su contra (derivada de la conducta punible sancionada) se halla prescrita, con lo que supuestamente, incurrieron en defecto material (i) por interpretaci\u00f3n indebida de las disposiciones legales llamadas a gobernar la materia y (ii) por inobservancia del precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone la impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no se ha proferido sentencia por parte de la c\u00e9lula judicial cognoscente frente a la cual la inconforme podr\u00e1 ejercitar los medios de impugnaci\u00f3n ordinario y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed, de tener discrepancia con la forma como se llegare a valorar el material probatorio recaudado en el tr\u00e1mite, o de considerar que se presentaron vicios o irregularidades procesales susceptibles de nulidad, son la apelaci\u00f3n y la casaci\u00f3n, en caso de asistirle inter\u00e9s jur\u00eddico conforme las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos, es m\u00e1s, podr\u00eda incluso promover el recurso de revisi\u00f3n2, al amparo de las disposiciones adjetivas de la codificaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Conforme con ello, no es la acci\u00f3n supralegal el instrumento adecuado de protecci\u00f3n, puesto que no es viable su utilizaci\u00f3n con el fin de pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto, sin que puedan ser de recibo los argumentos con los que la censora busca desechar a priori los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios, pues se aprecia que, a partir de tales alegaciones, lo que busca es insistir en un debate que, en principio y de momento, ha sido definido por los funcionarios competentes, pretendiendo convertir el mecanismo consagrado en el art\u00edculo 86 constitucional en una instancia adicional o de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea la demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es una v\u00eda de protecci\u00f3n alternativa o paralela, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No obra dentro del expediente electr\u00f3nico remitido para desatar la impugnaci\u00f3n, documento alguno que acredite la condici\u00f3n que dice tener. <\/p>\n
2\u0002 Conforme lo autoriza el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, entre otros, en el AP4763-2018, rad. 51826 y en la STP1311-2021, rad. 114829 <\/p>\n
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