STC6496-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6496-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 76111-22-13-000\u20132022-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 30 de marzo de 2022, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Felipe Londo\u00f1o Pinz\u00f3n en calidad de Comisario de Familia de Alcal\u00e1 (Valle del Cauca) contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite del conflicto de competencia bajo radicado 2022-00057-00. <\/p>\n
En compendio sostuvo, que la se\u00f1ora Diana Hermelinda Ardila Henao solicit\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1, audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho, para fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas de su hijo menor de edad, tr\u00e1mite que fue rechazado por falta de competencia, ordenando remitirlo a la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 17 de febrero de 2022 promovi\u00f3 conflicto negativo de competencia, que fue dirimido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, mediante providencia de 23 de febrero de 2022, en la que se dispuso que la competencia le correspond\u00eda a la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, el Juzgado de Familia, efectu\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico e incurri\u00f3 en \u00abdefecto material o sustantivo, al sustentar y argumentar la providencia en un aparte derogado del art\u00edculo 31 de la Ley 640 de 2001\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, adem\u00e1s el Juzgado censurado \u00abefectu\u00f3 una err\u00f3nea aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la Ley 2126 de 2021 la cual derog\u00f3 la expresi\u00f3n \u201cy los comisarios de familia\u201d en materia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia (sic) de familia regulada en la Ley 640 de 2001\u00bb, consider\u00f3 que si bien, el despacho fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 13 de la Ley 2126 de 2021, dicho canon \u00aben ning\u00fan numeral (\u2026) se le impone la obligaci\u00f3n de efectuar audiencias de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho para fijaci\u00f3n de cuota alimentaria (\u2026) en el caso de que en el municipio no exista Defensor de Familia\u00bb, as\u00ed como tampoco lo expres\u00f3 en ning\u00fan art\u00edculo dicha ley. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, pese a la petici\u00f3n elevada ante el Juzgado accionado a fin de que se vinculara a la Notar\u00eda \u00danica de Alcal\u00e1 y a la Personer\u00eda Municipal, a fin de decidir el conflicto, por cuanto tambi\u00e9n son competentes para adelantar la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho, el juzgado \u00abno dio tr\u00e1mite a la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, el 11 de marzo anterior, en las instalaciones de la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1 se present\u00f3 un incendio, motivo por el cual, hasta que el municipio no efectu\u00e9 las reparaciones locativas, no puede adelantar actuaciones diferentes a las medidas de protecci\u00f3n urgentes y definitivas por violencia intrafamiliar, realizar verificaciones y restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y dem\u00e1s actuaciones inmediatas. <\/p>\n
Aunado a ello, manifest\u00f3 la alta carga laboral que se presenta en las comisar\u00edas de familia en los municipios de categor\u00eda 5 y 6, por la falta de personal, de recursos e infraestructura m\u00ednima para prestar el servicio en condiciones \u00f3ptimas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, y para el restablecimiento de los derechos invocados, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago proceda a dejar sin efecto la decisi\u00f3n por medio de la cual dirimi\u00f3 el conflicto de competencia y se le imponga proferir una nueva determinaci\u00f3n de conformidad a la ley vigente. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n invocada, pues de la decisi\u00f3n objeto de censura no se advierte que se haya incurrido en la v\u00eda de hecho se\u00f1alada por el actor, quien lo que presenta es un \u00abmalestar\u00bb con la interpretaci\u00f3n que efect\u00fao ese despacho, frente a las normas en que fundament\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada, siendo estas, la ley 640 de 2001, 1098 de\u20062006 y 2126 de 2021. <\/p>\n
Igualmente indic\u00f3 que, si bien, el accionante solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la Personer\u00eda Municipal y Notar\u00eda \u00danica de Alcal\u00e1 al tr\u00e1mite del conflicto de competencia, no consider\u00f3 necesario desplegar tal actuaci\u00f3n \u00abteniendo en cuenta que el conflicto negativo de competencia a dirimir era entre la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1 Valle del Cauca, por lo que no se entiende, adem\u00e1s de que en el hecho no se detalla, en que forma tal actuaci\u00f3n lesion\u00f3 derecho fundamental alguno de la entidad accionante o de la persona que present\u00f3 la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad\u00bb <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1 respondi\u00f3 uno a uno los hechos del escrito de tutela, e indic\u00f3 que, el accionante \u00abse ha negado, de manera sistem\u00e1tica, a conocer de estas diligencias aduciendo que el art\u00edculo 13 de la Ley 2126 de 2021, en ning\u00fan numeral le impone la obligaci\u00f3n de adelantar audiencias de conciliaci\u00f3n extrajudiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, neg\u00f3 el amparo, tras aducir que \u00ab(\u2026) los art\u00edculos 97 y 98 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia establecieron unas pautas en raz\u00f3n de territorio y subsidiariedad con el fin de determinar la competencia de las autoridades administrativas para conocer los casos en que se encuentren amenazados o quebrantados los derechos de menores de edad\u00bb, estableciendo en el \u00faltimo art\u00edculo citado que, \u00aben aquellos municipios donde no hay defensores de familia las funciones ser\u00e1n cumplidas por la comisar\u00eda de familia y en ausencia de los anteriores corresponder\u00e1 al inspector de polic\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00absi en el municipio de Alcal\u00e1 (V) no existe defensor de familia, sino el cargo de comisario de familia, que desempe\u00f1a el se\u00f1or Luis Felipe Londo\u00f1o Pinz\u00f3n, le corresponde asumir sus funciones, en raz\u00f3n a la subsidiariedad expuesta en la ley 2126 de 2021, espec\u00edficamente en su art\u00edculo 13 y de conformidad con art\u00edculo 98 de la ley de la infancia y la adolescencia, como lo dispuso el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, al resolver el conflicto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien reproch\u00f3 que \u00absi la Doctora ANGELA MAR\u00cdA ROBLEDO G\u00d3MEZ y la Doctora MARGARITA MAR\u00cdA RESTREPO Congresistas autoras del proyecto de ley que dio lugar a la promulgaci\u00f3n de la Ley 2126 de 2021, indican con relaci\u00f3n al sentido expl\u00edcito e impl\u00edcito que el legislador le imprimi\u00f3 al art\u00edculo 48 de la Ley 2126 de 2021, de que la competencia subsidiaria se enmarcan exclusivamente en las funciones relativas al restablecimiento de derechos que le corresponde al Defensor de Familia y en el cual se adelantan ACTUACIONES CONCILIATORIAS que tiene un tr\u00e1mite contenido en la Ley 1098 de 2006 distinto al de la CONCILIACI\u00d3N EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, aclarando inequ\u00edvocamente que la competencia subsidiaria except\u00faa la competencia para adelantar CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES (sic)\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en el tr\u00e1mite legislativo correspondiente de la ley 2126 de 2021 [n\u00famero de proyecto C\u00e1mara: 133\/2020 y Senado 453\/21], en el informe de ponencia para primer debate, en su parte motiva enuncia de manera clara que \u00ab [a]dem\u00e1s, se elimina la funci\u00f3n subsidiaria de conciliaci\u00f3n de los comisarios y comisar\u00edas de familia, teniendo en cuenta que existen otras entidades que pueden asumir dicha funci\u00f3n. Esta funci\u00f3n tambi\u00e9n se elimina de las funciones de la comisaria de familia. ANGELA MAR\u00cdA ROBLEDO GOMEZ ponente C\u00e1mara de Representantes (sic)\u00bb <\/p>\n
Sostuvo que, tanto el juzgado accionado como el Tribunal constitucional, incurrieron en un defecto material o sustantivo, en tanto que, la decisi\u00f3n adoptada el 23 de febrero de 2022, \u00abdesbord\u00f3\u00bb el marco legal, al fundamentarla en un aparte derogado del art\u00edculo 31 de la ley 640 de 2001. <\/p>\n
En el mismo sentido, indic\u00f3 que, el accionado omiti\u00f3 resolver la solicitud por \u00e9l presentada de vinculaci\u00f3n de la Personer\u00eda Municipal y la Notar\u00eda \u00danica de Alcal\u00e1, situaci\u00f3n relevante dado que esas autoridades tambi\u00e9n son competentes para resolver dicho tr\u00e1mite, conforme a lo contemplado en el art\u00edculo 31 de la ley 640 de 2001. <\/p>\n
Finalmente, luego de se\u00f1alar varios pronunciamientos de la Corte Constitucional1 referentes a la conciliaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la parte que promueve la actuaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abclara e inequ\u00edvocamente la parte que promueve dicha actuaci\u00f3n manifiesta la voluntad de acudir a la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad en materia de familia, escogiendo al Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1, siendo este un derecho en materia de acceso a la justicia y no reporta o solicita una verificaci\u00f3n de la garant\u00eda de los derechos, en la cual si fuese aplicable la competencia subsidiaria del defensor de familia, que err\u00f3neamente pregona el se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1 y la se\u00f1ora Juez Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, para este caso en particular (sic)\u00bb <\/p>\n
1. Conforme a las previsiones del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 prevista como un mecanismo preferente y sumario que puede ser ejercitado por cualquier persona para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales cuando los estime amenazados o vulnerados producto de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, excepcionalmente por los particulares. <\/p>\n
2. Se hace necesario verificar en principio, el cumplimiento de los presupuestos esenciales para la procedencia de la protecci\u00f3n constitucional siendo estos, la legitimaci\u00f3n, subsidiariedad e inmediatez, y, de encontrarse acreditados, abordar el estudio del caso. <\/p>\n
2.1 Legitimaci\u00f3n <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre este presupuesto, esta Sala, reiteradamente ha se\u00f1alado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ. STC926-2018 y STC10191-2018, reiterada en STC318-2019 y STC142-2022, entre muchas). <\/p>\n
En vista de lo anterior, se tiene como acreditado tal requisito en tanto que, el accionante Luis Felipe Londo\u00f1o Pinz\u00f3n, act\u00faa en calidad de Comisario de Familia de Alcal\u00e1, autoridad judicial interviniente en el tr\u00e1mite que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, pues alega la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb; con la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, autoridad que, al resolver el conflicto suscitado entre el Juzgado Promiscuo y la Comisar\u00eda de Familia, ambos de Alcal\u00e1, asign\u00f3 la competencia a esta \u00faltima, para conocer de la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho, para fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas formulada por Diana Hermelinda Ardila Henao, decisi\u00f3n que en su sentir, no se fundament\u00f3 en las normas vigentes que rigen la materia. <\/p>\n
2.2 La Subsidiariedad <\/p>\n
Ha de se\u00f1alarse que la acci\u00f3n de tutela no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas, raz\u00f3n por la cual, la protecci\u00f3n es improcedente, cuando el solicitante cuenta con otros mecanismos judiciales a su alcance para debatir las actuaciones reprochadas en sede constitucional. <\/p>\n
Para el caso sub judice, el citado requisito se encuentra satisfecho, dado que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para refutar la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado el 23 de febrero de 2022, en tanto que, el auto que resuelve de plano un conflicto de competencias como el que aqu\u00ed se adelant\u00f3 no admite recurso alguno2. <\/p>\n
2.3 La Inmediatez <\/p>\n
Este requisito no merece reparo alguno, dado que la providencia censurada data de 23 de febrero de 2022 y la presente acci\u00f3n fue radicada el pasado 17 de marzo, esto es, dentro del t\u00e9rmino razonable establecido por la jurisprudencia [6 meses], cumpli\u00e9ndose a cabalidad con esta exigencia. <\/p>\n
3. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Si bien, se centrar\u00eda en determinar si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, al momento de decidir el conflicto negativo de competencia, suscitado entre la Comisaria de Familia y el Juzgado Promiscuo, ambos de Alcal\u00e1, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto sustancial; lo cierto es que en esta oportunidad se hace necesario acudiendo a la facultad de emitir fallos ultra y extra petita, esto es, \u00abdecidir m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido o sobre pretensiones que no hicieron parte de la demanda\u00bb3; emprender por la Sala un estudio para establecer previamente, si el Juzgado accionado era el competente para dirimir el conflicto de competencia objeto de debate. <\/p>\n
Para llegar a lo anterior, se analizar\u00e1n los siguientes aspectos: i) Noci\u00f3n de competencia, ii) Normas que regulan la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia de familia y iii) Caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la noci\u00f3n de competencia <\/p>\n
La competencia ha sido definida como \u00abla facultad que tiene un juez para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio la jurisdicci\u00f3n a la Rep\u00fablica\u00bb4. <\/p>\n
El tratadista Hernando Debas Echand\u00eda se\u00f1ala que \u00abse puede considerar la competencia desde un doble aspecto: el objetivo, como el conjunto de asuntos o causas en que, con arreglo a la ley, puede ejercer el juez su jurisdicci\u00f3n; y el subjetivo, como la facultad conferida a cada juez para ejercer la jurisdicci\u00f3n dentro de los l\u00edmites en que le es atribuida\u00bb5 <\/p>\n
Si bien la jurisdicci\u00f3n, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, es indispensable reglamentar su ejercicio para distribuirla, siendo esta la funci\u00f3n que desempe\u00f1a la competencia. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha referido6: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De otro lado se entiende por competencia la forma como se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad, para tal efecto consagran las normas procesales un conjunto de reglas que tienen por finalidad sentar par\u00e1metros de c\u00f3mo debe efectuarse aquella colocaci\u00f3n; as\u00ed seg\u00fan la ley y la doctrina para atribuirla a los jueces el legislador instituy\u00f3 los denominados \u201cFactores de Competencia\u201d a saber: a) objetivo, b)subjetivo, c)territorial, d) conexi\u00f3n y e) funcional; para cuya definici\u00f3n el art\u00edculo 23 de estatuto procesal civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros que determinan el sitio donde puede el ciudadano demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaraci\u00f3n judicial de sus derechos o la ejecuci\u00f3n de los mismos, los aludidos foros, por expresa disposici\u00f3n legal y en atenci\u00f3n a las circunstancias propias, operan de manera privativa en caso de que se imponga repeliendo cualquier otro, o concurrente, cuando, por el contrario coinciden con otro u otros sucesivamente, es decir uno a falta de otro, o por elecci\u00f3n si se autoriza al actor para elegir entre varias opciones que la ley se\u00f1ala\u00bb <\/p>\n
3.2. Normas que regulan la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia de familia <\/p>\n
En el asunto objeto de debate, la se\u00f1ora Diana Hermelinda Ardila Henao radic\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial para la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas de su menor hijo DALA ante el Juez Promiscuo de Familia Municipal de Alcal\u00e1, autoridad que rechaz\u00f3 por falta de competencia las diligencias, ordenando remitirlas a la Comisar\u00eda de Familia de ese municipio, dependencia que a su vez, manifest\u00f3 no ser el competente para tramitar la solicitud, por lo que plante\u00f3 conflicto negativo de competencias, disponiendo la remisi\u00f3n del expediente al Juez de Familia de Cartago. <\/p>\n
3.2.1. Ley 640 de 2001 \u00abPor medio de la cual se modifican normas relativas a la conciliaci\u00f3n y se dictan otras disposiciones\u00bb <\/p>\n
Establece en su art\u00edculo 31 la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia de familia, contemplando una competencia concurrente al definir que \u00abpodr\u00e1 ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliaci\u00f3n, ante los defensores y los comisarios de familia7 los delegados regionales y seccionales de la Defensor\u00eda del Pueblo, los agentes del ministerio p\u00fablico ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios (\u2026)\u00bb <\/p>\n
M\u00e1s adelante el referido art\u00edculo, asigna una competencia subsidiaria para conocer de la conciliaci\u00f3n extrajudicial, a los personeros y jueces civiles o promiscuos municipales al establecer \u00ab(\u2026) A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliaci\u00f3n podr\u00e1 ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Estos podr\u00e1n conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del art\u00edculo 277 del C\u00f3digo del Menor y el art\u00edculo 47 de la Ley 23 de 1991\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Ley 2126 de 2021 \u00abPor la cual se regula la creaci\u00f3n, conformaci\u00f3n y funcionamiento de las comisar\u00edas de familia, se establece el \u00f3rgano rector y se dictan otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo a la exposici\u00f3n de motivos que dio lugar a la expedici\u00f3n de esta ley8, las Comisarias tienen a su cargo, la atenci\u00f3n de la violencia en el \u00e1mbito familiar, la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n, atenci\u00f3n y restablecimiento por hechos de violencia intrafamiliar; los casos de maltrato infantil, amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos en el contexto de violencia intrafamiliar, las conciliaciones en asuntos de familia, entre otras. <\/p>\n
Actuaciones estas que se deben adelantar, bajo los principios de eficacia dado que, \u00abdeber\u00e1n ofrecer una respuesta eficaz que responda al contexto de la violencia, amenaza y\/o vulneraci\u00f3n de los derechos de quienes est\u00e1n en riesgo\u00bb y preservando el inter\u00e9s superior del menor, ya que \u00abdeber\u00e1n garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes integrantes de la familia, entendidos como universales, prevalentes e interdependientes\u00bb <\/p>\n
Esta ley, en su art\u00edculo 48, derog\u00f3 algunas disposiciones, entre ellas la expresi\u00f3n \u00ab\u00bblos comisarios de familia\u00bb del art\u00edculo 31 de la Ley 640 de 2001 y toda otra disposici\u00f3n que resulte contraria a lo establecido en esta ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, estableci\u00f3 en su art\u00edculo 13, las funciones del comisario o comisaria de familia, contemplando en su par\u00e1grafo 2: \u00abEn los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones de este ser\u00e1n cumplidas por el comisario o comisaria de familia, de conformidad con el art\u00edculo 98 de la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione\u00bb; advirti\u00e9ndose as\u00ed una competencia subsidiaria por parte del comisario o comisaria de familia. (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
Si bien, el proyecto que dio lugar a la promulgaci\u00f3n de la ley 2126 de 2021, inici\u00f3 con la exclusi\u00f3n de la competencia subsidiaria de conciliaci\u00f3n para los comisarios de familia, el proyecto del senado, incluy\u00f3 el par\u00e1grafo que le retorn\u00f3 tal competencia en los lugares donde no haya Defensor de Familia, aprob\u00e1ndose tal inclusi\u00f3n9. <\/p>\n
3.2.3. Ley 1098 de 2006 \u00abPor la cual se expide el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb <\/p>\n
Por su parte, esta ley contempl\u00f3 en el art\u00edculo 82, las funciones del defensor de familia, dentro de las cuales se encuentra: <\/p>\n
\u00ab8. Promover la conciliaci\u00f3n extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre c\u00f3nyuges, compa\u00f1eros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb; <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el art\u00edculo 98, establece una competencia subsidiaria para los comisarios de familia, al referir que, <\/p>\n
\u00abEn los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este C\u00f3digo le atribuye ser\u00e1n cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este \u00faltimo, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponder\u00e1n al inspector de polic\u00eda. La declaratoria de adoptabilidad del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.3. Ante tales normas, resulta claro que, la conciliaci\u00f3n bien sea adelantada por la v\u00eda de la Ley 640 de 2001 o la Ley 1098 de 2006, es un asunto administrativo que, con sustento en la primera ley puede presentarse tambi\u00e9n ante los juzgados promiscuos municipales10, autoridad que, de manera subsidiaria, conocer\u00eda de tales actuaciones. <\/p>\n
4. Caso Concreto <\/p>\n
En el caso sometido a consideraci\u00f3n de esta Sala, el conflicto de competencia se suscit\u00f3 entre la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo Municipal, ambos de Alcal\u00e1, autoridades estas de orden municipal que, con ocasi\u00f3n a la petici\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Diana Hermelinda Ardila Henao denominada \u00abSolicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho\u00bb, ejercen funciones administrativas, raz\u00f3n por la cual, se debe determinar qui\u00e9n es el funcionario que debe asumir el conocimiento del citado conflicto. <\/p>\n
4.1. \u00bfA qui\u00e9n corresponde dirimir el conflicto de competencias suscitado entre dos autoridades que ejercen funciones administrativas? <\/p>\n
Para resolver este interrogante, se hace necesario traer a colaci\u00f3n las normas que asignan la competencia de los jueces de familia [Ley 1564 de 2012] y de los tribunales contencioso-administrativos [Ley 1437 de 2011]. <\/p>\n
4.1.1. Ley 1564 de 2012 <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso, en el T\u00edtulo I Cap\u00edtulo I, establece la competencia de los diferentes funcionarios judiciales y Corporaciones, para conocer de determinados asuntos. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en su art\u00edculo 21 establece la competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia, se\u00f1alando en su numeral 16 que conocen de \u00ablos conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4.1.2. Ley 1437 de 2011 <\/p>\n
Por su parte, el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contempla en su art\u00edculo 39 que: <\/p>\n
\u00abLos conflictos de competencia administrativa se promover\u00e1n de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n a la que estime competente; si \u00e9sta tambi\u00e9n se declara incompetente, remitir\u00e1 inmediatamente la actuaci\u00f3n a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relaci\u00f3n con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relaci\u00f3n con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocer\u00e1 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (\u2026)\u00bb (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la citada ley en el art\u00edculo 151, contempla: <\/p>\n
\u00abCOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN \u00daNICA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocer\u00e1n de los siguientes procesos privativamente y en \u00fanica instancia: <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los de definici\u00f3n de competencias administrativas entre entidades p\u00fablicas del orden departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando est\u00e9n comprendidas en el territorio de su jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u00bb (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
4.2. Visto lo anterior, se tiene que, el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, no ten\u00eda competencia para desatar el conflicto negativo suscitado entre la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1, en tanto que, tal como se se\u00f1al\u00f3 previamente, el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, no le otorga tal atribuci\u00f3n, pues all\u00ed se refiere a los conflictos promovidos entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda, quedando excluidos los jueces civiles o promiscuos municipales. <\/p>\n
Mientras que, los Tribunales Contencioso Administrativos, son los competentes para dirimir los conflictos que se susciten entre autoridades administrativas de orden departamental, distrital o municipal. <\/p>\n
V\u00e9ase como, tal funci\u00f3n les fue asignada a los Tribunales Administrativos, indistintamente del tipo de autoridad que adelanta la actuaci\u00f3n administrativa, contrario a lo que ocurre con el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que los funcionarios en conflicto ejercen funciones administrativas y pertenecen al mismo orden territorial [municipio de Alcal\u00e1, Valle del Cauca]; el llamado a dirimir tal controversia, para el caso concreto, es el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. <\/p>\n
5 Conforme a lo expuesto, la Sala observa que con la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado accionado el pasado 23 de febrero, incurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico, por carecer de competencia para dirimir el conflicto planteado entre las autoridades administrativas en menci\u00f3n; lo que hace procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
\u00abEn este sentido, como lo ha se\u00f1alado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. <\/p>\n
El defecto org\u00e1nico, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, se presenta cuando una autoridad judicial profiere una decisi\u00f3n con carencia absoluta de competencia, bien porque la desconoce abiertamente o asume alguna que no le corresponde o porque pierde competencia a lo largo del proceso. (\u2026)11 (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para en su lugar, conceder el amparo formulado por Luis Felipe Londo\u00f1o Pinz\u00f3n en calidad de Comisario de Familia de Alcal\u00e1 por la violaci\u00f3n al debido proceso, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto el auto proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, el pasado 23 de febrero y, como quiera que el expediente se encuentra en la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e112, se ordenar\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, proceda a impulsar el tr\u00e1mite a que haya lugar, para lo cual, se tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n, el que, en toda actuaci\u00f3n administrativa, siempre debe prevalecer el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente atendiendo la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los Convenios y Tratados Internacionales que hoy hacen parte del sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela formulada por Luis Felipe Londo\u00f1o Pinz\u00f3n en calidad de Comisario de Familia de Alcal\u00e1, por la vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se deja sin valor y efecto el auto de 23 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago y se ordena a la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a impulsar el tr\u00e1mite a que haya lugar, para lo cual se tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n, el que, en toda actuaci\u00f3n administrativa, siempre debe prevalecer el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente atendiendo la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los Convenios y Tratados Internacionales que hoy hacen parte del sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
CUARTO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00049-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones por las cuales no comparto la decisi\u00f3n que dirimi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
1. Considero que debi\u00f3 confirmarse \u00edntegramente la decisi\u00f3n del a quo constitucional, que neg\u00f3 el amparo que aqu\u00ed se reclam\u00f3, mediante sentencia del 30 de marzo de los corrientes, toda vez que comparto los argumentos que soportaron dicha decisi\u00f3n, enfilados a predicar que la providencia que resolvi\u00f3 el conflicto de competencias, que se suscit\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1 y la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad, no denotaba arbitrariedad. <\/p>\n
2. Sobre el particular, dest\u00e1quese que, no cabe duda, que correspond\u00eda a la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1 tramitar la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial que reclam\u00f3 Diana Hermelinda Ardila Henao en representaci\u00f3n de su menor hijo, atendiendo las competencias que, en dicha materia tiene la citada autoridad. <\/p>\n
Por su parte, el citado art\u00edculo 98 de la ley 1098 de 2006, consagra que \u00ab[e]n los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este C\u00f3digo le atribuye ser\u00e1n cumplidas por el comisario de familia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, entre las funciones que tiene el defensor de familia, se encuentra la de \u00abpromover la conciliaci\u00f3n extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre c\u00f3nyuges, compa\u00f1eros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb (art\u00edculo 82, numeral 8\u00b0, ley 1098 de 2006), atribuci\u00f3n que tambi\u00e9n le otorga el art\u00edculo 3113 de la ley 640 de 2001. <\/p>\n
Bajo ese horizonte y aplicado al caso de marras, es evidente que, al no existir Defensor\u00eda de Familia en el municipio de Alcal\u00e1, correspond\u00eda a la Comisar\u00eda de Familia de esa municipalidad cumplir con las funciones atribuidas a dicho ente, entre ellas, la de adelantar las conciliaciones extrajudiciales que, en materia de familia, se presentaran en dicha localidad. <\/p>\n
Luego, ninguna raz\u00f3n le asist\u00eda al accionante (Comisario de Familia de Alcal\u00e1), para rehusar el conocimiento del citado tr\u00e1mite extraprocesal, lo que denota la inviabilidad de su reclamo constitucional. <\/p>\n
3. Ahora, respecto al resguardo oficioso que se concedi\u00f3 en el fallo del que me aparto, he de precisar que no encuentro presente el defecto org\u00e1nico que, seg\u00fan esa providencia, se configur\u00f3 en el asunto objeto de censura constitucional, por las razones que paso a exponer: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, no resulta clara la aplicaci\u00f3n de las normas que se invocan en la providencia del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para concluir que es el Tribunal Administrativo el llamado a resolver el conflicto de atribuciones que se origin\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1 y la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad, pues no puede predicarse que el citado juzgado funja como una \u00abautoridad administrativa\u00bb. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo aspecto, debe ponerse de presente que dicho juzgado municipal est\u00e1 investido de jurisdicci\u00f3n, por lo que cuando interviene en el tr\u00e1mite de una conciliaci\u00f3n, as\u00ed sea extraprocesal, es un acto de naturaleza judicial, pues no puede desprenderse al fallador de su investidura (jurisdiccional), por el simple hecho de tratarse de una diligencia previa al inicio de un eventual litigio. <\/p>\n
Entonces, al no poderse afirmar que el prenotado juzgado hubiese obrado en el caso sujeto a an\u00e1lisis, como \u00abautoridad administrativa\u00bb, mal puede predicarse que el conflicto que se suscit\u00f3 entre aquel y la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1, deba ser resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como se concluy\u00f3 en la sentencia de la que disiento. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 39 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept\u00faa que: <\/p>\n
Los conflictos de competencia administrativa se promover\u00e1n de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n a la que estime competente; si esta tambi\u00e9n se declara incompetente, remitir\u00e1 inmediatamente la actuaci\u00f3n a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relaci\u00f3n con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relaci\u00f3n con autoridades del orden departamental, distrital o municipal\u2026 (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Entonces, evidente es que los tribunales administrativos son los llamados a resolver los conflictos de competencia que surjan entre autoridades administrativas, en el ejercicio de funciones de esa \u00edndole. <\/p>\n
Luego, reitero, el presente caso no se ajusta a ese supuesto f\u00e1ctico, teniendo en cuenta que una de las autoridades involucradas en el conflicto de atribuciones, es una autoridad judicial (Juzgado Promiscuo Municipal de Alcal\u00e1), investida de jurisdicci\u00f3n, por lo que sus actos, incluidos los extraprocesales (c\u00f3mo lo ser\u00eda la conciliaci\u00f3n prejudicial), no pueden catalogarse como actuaciones administrativas, susceptibles de ser valoradas por un juez de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, estimo que la decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda de la Sala dilata la resoluci\u00f3n del asunto, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales del menor de edad aqu\u00ed involucrado, atendiendo que la conciliaci\u00f3n que se reclam\u00f3 est\u00e1 enfilada a regular sus alimentos, as\u00ed como tambi\u00e9n la custodia y r\u00e9gimen de visitas de sus padres, aspecto que quedar\u00e1 suspendido hasta tanto se decida, de forma definitiva, el prenotado conflicto de atribuciones. <\/p>\n
4. En este orden de ideas, reitero, debi\u00f3 confirmarse la decisi\u00f3n de primer grado, que neg\u00f3 el amparo deprecado. <\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencias C-893 de agosto de 2001. C-1195-01 y C247-99. <\/p>\n
2\u0002 C\u00f3digo General del Proceso. Art\u00edculo 139. Tr\u00e1mite. (\u2026) El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencias T-153 de 2011 y T-568 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. <\/p>\n
4\u0002 Hernando Morales M. Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial ABC Bogot\u00e1 1973. Pag. 32 <\/p>\n
5\u0002 Hernando Devis Echando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis.2017 Pag. 116 <\/p>\n