STC6513-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6513-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja el 28 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Servicios en Salud Andina Ltda contra los Juzgados Segundo Civil Municipal de Oralidad y Segundo Civil del Circuito, ambos de Chiquinquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2019-00308. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, Ajoveco S.A.S. adelant\u00f3 ejecuci\u00f3n en contra de la sociedad que gerencia, para hacer efectivo el pago de \u00ab$25.946.010, correspondiente al saldo de la Factura de Venta No. BO30600 de fecha 29 de junio de 2017 y, la suma de $53.006.934, correspondiente a lo adeudado de la Factura de Venta No. BO31703 de fecha 3 de septiembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia dictada en audiencia el 18 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquir\u00e1 orden\u00f3 seguir adelante con el cobro judicial conforme al mandamiento de pago librado, tras \u00abdar por v\u00e1lida la Factura de Venta BO30600 de fecha 29 de junio de 2017 como t\u00edtulo valor y por ende como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada en su totalidad por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad, el 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 de dichas determinaciones, que las autoridades judiciales pasaran por alto que, \u00absi no existi\u00f3 un contrato verbal o escrito, que diera bases para la expedici\u00f3n de una factura de venta y, tampoco se prob\u00f3 la prestaci\u00f3n de un servicio que pudiera facturarse producto de un contrato verbal o escrito\u00bb, no era posible la \u00abexistencia y expedici\u00f3n de manera valida (sic)\u00bb de los t\u00edtulos allegados como base de la ejecuci\u00f3n, por lo que \u00abmal pod\u00eda haberse accedido a las pretensiones de la demanda, ya que con dichas decisiones se aval\u00f3 el cobro de lo no debido y se benefici\u00f3 con un enriquecimiento sin justa causa a la empresa AJOVECO S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, \u00ab(\u2026) se DEJE SIN EFECTO la sentencia de fecha 18 de febrero de 2021 y sentencia de fecha 14 de diciembre de 2020 (sic) y, se ORDENE al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Chiquinquir\u00e1, que adopte una nueva decisi\u00f3n acorde con las PRUEBAS DEBIDAMENTE PRACTICADAS y las NORMAS CONSTITUCIONALES y LEGALES, QUE FUERON APLICADAS DE MANERA INCORRECTA EN EL REFERIDO FALLO\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquir\u00e1, efectu\u00f3 un recuento de lo acontecido en el asunto en cuesti\u00f3n y defendi\u00f3 la providencia que agot\u00f3 la instancia y orden\u00f3 seguir adelante con el cobro adelantado frente a la sociedad accionante. Se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, por cuanto no solo aqu\u00e9lla \u00abha contado con la oportunidad para controvertir las decisiones que se han adoptado al interior del proceso, motivo por el cual, no se entiende por qu\u00e9 acude a la v\u00eda de tutela\u00bb, sino porque lo decidido se \u00abadopt[\u00f3] de acuerdo al ordenamiento sustancial y procesal vigente para la \u00e9poca de los hechos y bajo el amparo de la autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Ajoveco S.A.S. solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n, toda vez que, en suma, \u00aben el curso de las respectivas actuaciones judiciales adelantadas por el aparato judicial, se logr\u00f3 establecer que las facturas aportadas al proceso constituyen un t\u00edtulo valor, y por ende, contienen la autonom\u00eda propia que establece la ley comercial, las facturas cuestionadas, cumplieron a cabalidad con los preceptos legales se\u00f1alados en los art\u00edculos 619 a 621 y 772 del c\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
3. Nystron Javier Roncancio Mu\u00f1oz, quien actu\u00f3 como apoderado judicial de la sociedad accionante dentro de la ejecuci\u00f3n cuestionada se\u00f1al\u00f3, que all\u00ed siempre \u00abinsist[i\u00f3] en la inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto, las facturas allegadas para el cobro jur\u00eddico no cumpl\u00edan con las exigencias del C\u00f3digo de Comercio. (\u2026) Motivo por el cual, la tutela que instaura ahora la empresa (\u2026) se me hace totalmente oportuna y pertinente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 la salvaguarda, al concluir que los pronunciamientos atacados son razonables, por cuanto, en lo fundamental, los argumentos relacionados con que \u00abla aceptaci\u00f3n de la factura por parte de la demandada era suficiente para no admitir los medios exceptivos propuestos, no develan un actuar caprichoso y arbitrario del sentenciador increpado, que desemboque en una conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del extremo procesal demandante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, expresando que en el fallo el tribunal a quo \u00ab(\u2026) no estudi\u00f3 de manera detallada lo all\u00ed se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron las garant\u00edas denunciadas al ordenar seguir adelante con el cobro de las facturas aportadas contra la empresa Servicios en Salud Andina Ltda, por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, dado que los t\u00edtulos no son exigibles por incumplir los requisitos del art\u00edculo 772 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al fallo proferido el 14 de diciembre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto al confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n de \u00abSEGUIR adelante con la ejecuci\u00f3n conforme a los establecido en el mandamiento de pago proferido el 05 de septiembre de 2019\u00bb, tomada el 18 de febrero de esa misma anualidad por el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa urbe. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el Tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra la persona jur\u00eddica aqu\u00ed inconforme, precis\u00f3 inicialmente que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la aceptaci\u00f3n de la factura, tenemos que la factura para que constituya t\u00edtulo valor debe ser aceptada por el comprador o adquiriente, lo que implica que est\u00e1 de acuerdo con el contenido de la misma. La aceptaci\u00f3n se hace mediante la firma de la factura, lo que se conoce como aceptaci\u00f3n expresa, tambi\u00e9n existe la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la factura cuando el cliente no reclama dentro de los 3 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que reciba la factura seg\u00fan se\u00f1ala el art\u00edculo 773 del c\u00f3digo de comercio. Ahora seg\u00fan esta misma norma esta aceptaci\u00f3n no podr\u00e1 ser alegada por falta de representaci\u00f3n o indebida representaci\u00f3n por raz\u00f3n de la persona que reciba la mercanc\u00eda o el servicio en sus dependencias\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por la apelante frente a la decisi\u00f3n de primera instancia, y las cr\u00edticas que elev\u00f3 respecto de la falta de apreciaci\u00f3n de no haber existido un contrato ni la prestaci\u00f3n de un servicio que permitiera expedir las facturas de venta exigidas, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La ausencia de un requisito que afecte la calidad de t\u00edtulo valor de la factura, no afecta la validez del negocio subyacente, y en tal caso si el cliente no paga no es posible una acci\u00f3n cambiaria, sino que se debe recurrir a un proceso ordinario (inciso final del art\u00edculo 774). <\/p>\n
Como se puede apreciar sin temor a equ\u00edvocos, el contrato que da origen a la expedici\u00f3n de la factura titulo (sic) valor no se configura como requisito del titulo (sic) mismo, mas (sic) si es su origen, pero atendiendo al principio de autonom\u00eda de los t\u00edtulos valores Art. 619 del C. de Co.), el titulo valor se independiza de la relaci\u00f3n subyacente, raz\u00f3n por la cual aquel no es requisito de circulaci\u00f3n del titulo (sic) valor, puesto que el principio de circulaci\u00f3n (Art. 619 del C. de Co.) apunta a que precisamente los t\u00edtulos valores circulen por s\u00ed mismos y no dependientes de la relaci\u00f3n subyacente, esta relaci\u00f3n puntualizara el derecho que se incorpora en el titulo valor\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las facturas hoy ejecutadas presentan prueba de haber sido recibidas por las se\u00f1oras MARIA ROMERO (\u2026) (factura BO 30600) y DORIS PE\u00d1A (\u2026) (factura BO 31703). Personas que el representante legal de la entidad demandada en su interrogatorio de parte acepta que trabajaron o tuvieron alg\u00fan v\u00ednculo con su empresa. <\/p>\n
De tal forma es claro que las facturas fueron recibidas por personas pertenecientes a la entidad demandada, raz\u00f3n por lo cual y al tenor del inciso 2\u00ba del articulo (sic) 773 del C. de Co. El comprador del bien o beneficiario del servicio no puede alegar falta de representaci\u00f3n o indebida representaci\u00f3n por raz\u00f3n de las personas que reciban las mercanc\u00edas o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptaci\u00f3n del t\u00edtulo valor, entendi\u00e9ndose para el caso que nos concita, que en efecto las facturas fueron aceptadas. <\/p>\n
Refuerza esta conclusi\u00f3n el hecho que el representante legal de la demandada en su interrogatorio de parte afirma que recibi\u00f3 un paquete que conten\u00eda los contratos sustento de las facturas, aclarando que no lo firmo, y las propias facturas, pero que no devolvi\u00f3 documento alguno a su emisor y que tampoco formulo objeci\u00f3n alguna. Huelga decir, acepto t\u00e1citamente los t\u00edtulos valores y su contenido\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abPor tanto la excusa que presenta el extremo pasivo de esta litis, de no haberse aceptado las facturas, resulta pueril, puesto que, como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en otro asunto tambi\u00e9n con un trasfondo similar al del sub-j\u00fadice, \u201clos controles adoptados dentro del andamiaje organizativo de la empresa compradora a efecto de acreditar las condiciones de la mercanc\u00eda y, de paso, si se honr\u00f3 o no el negocio jur\u00eddico subyacente no alcanzan a influir en los supuestos de forma de la factura\u201d\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n probatoria y la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos de la factura como t\u00edtulo valor, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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