STC6527-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6527-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el 28 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian Dar\u00edo D\u00edaz Colina contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2019-00234. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al no materializar la orden de entrega de un t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, en audiencia celebrada el 14 de julio de 2021 dentro del ejecutivo de alimentos promovido por Edna Carol Cocha Gir\u00f3n, como consecuencia del acuerdo que dio lugar a la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, el Juzgado Primero de Familia de Popay\u00e1n dispuso el pago a su favor de $7.066.277, previo \u00abfraccionamiento de los t\u00edtulos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que su apoderado judicial contaba con \u00abfacultad de recibir\u00bb, el 11 de agosto de 2021 se elev\u00f3 solicitud para que el accionado elaborara la orden de pago a nombre de \u00e9l, petici\u00f3n que fue reiterada el 2 y 28 de marzo de 2022, y aunque el juzgado \u00abacus\u00f3 recibido el 28 de marzo (\u2026), no dio respuesta a lo requerido\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se \u00abordene [al accionado] que proceda a dar cumplimiento a la sentencia proferida con fecha del 14 de julio de 2021, [en lo atinente a] la entrega de los t\u00edtulos existentes dentro del proceso por valor de $7.066.277 (\u2026)\u00bb, atendiendo \u00abel respectivo poder\u00bb que para tal efecto otorg\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Primera de Familia de Popay\u00e1n, luego de detallar la actuaci\u00f3n procesal surtida dentro del ejecutivo en cuesti\u00f3n, inform\u00f3 que en el numeral 4\u00b0 del \u00abauto No. 657\u00bb del 14 de julio de 2021, orden\u00f3 la entrega al se\u00f1or D\u00edaz Colina del \u00abexcedente\u00bb de dineros depositados para cubrir la obligaci\u00f3n alimentaria ejecutada, por valor de \u00ab$7.066.277\u00bb, y para dar cumplimiento a ello, tambi\u00e9n se requer\u00eda el \u00abfraccionamiento\u00bb de los t\u00edtulos, peticiones que se resolvieron \u00ablos d\u00edas 15 y 16 de julio del a\u00f1o 2021, lo que se puede verificar en el Banco Agrario\u00bb; que \u00abno obstante estar autorizados dichos t\u00edtulos desde el 16 de julio del a\u00f1o 2021 (\u2026), Cristian Dar\u00edo D\u00edaz Colina hasta la fecha [22 de abril de 2022] no se ha acercado al Banco Agrario, contrario a la parte ejecutante que acudi\u00f3 el d\u00eda 9 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en relaci\u00f3n con el pedimento enfilado a que se elaborara la orden de pago al abogado del ejecutado, \u00abel juzgado requiere una manifestaci\u00f3n expresa del beneficiario de los mismos [la cual] no se vislumbra en el plenario, [pues] en la audiencia se convino que los mismos se pague al ejecutado y no a su apoderado\u00bb, situaci\u00f3n que \u00abse est\u00e1 indicando en auto 430 proferido el d\u00eda de hoy (\u2026), mismo que se estar\u00e1 notificando en los estados electr\u00f3nicos de la p\u00e1gina web de la rama judicial el d\u00eda 25 de abril del a\u00f1o en curso\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la orden de pago de los dep\u00f3sitos a favor del hoy reclamante, se dispuso el 14 de julio de 2021, y \u00abdiferente es que el beneficio no haya procedido a su cobro en cualquier sucursal del pa\u00eds correspondiente al Banco Agrario de Colombia\u00bb, precisando, en lo referente a que el cobro de los dep\u00f3sitos lo realizara el abogado del demandado, que con auto del 22 de abril de 2022, el juzgado reiter\u00f3 \u00abque la orden fue expedida desde la anualidad anterior a favor del se\u00f1or D\u00edaz Colina\u00bb. En ese orden, el tribunal concluy\u00f3 que \u00abno observa la existencia de vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante, a quien contrario a lo se\u00f1alado en la demanda de tutela, se le ha respetado el debido proceso que le asiste dentro de un tr\u00e1mite seguido con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos establecidos, y su derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar los argumentos esbozados al promover el resguardo, aseverando que su inconformidad radic\u00f3 en la \u00abdemora\u00bb del juzgado para hacer efectivo el cobro de los t\u00edtulos, pues \u00abnunca tuvimos acceso porque el despacho accionado no respondi\u00f3 a tiempo los requerimientos formulados\u00bb, y si bien \u00abya cobr\u00f3 los t\u00edtulos judiciales\u00bb, lo pretendido es \u00abdeterminar si hubo o no violaci\u00f3n a los derechos constitucionales de los cuales se pidi\u00f3 protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Popay\u00e1n, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al no haberle hecho entrega efectiva de los dep\u00f3sitos judiciales ordenados dentro del pleito alimentario n\u00b0 2019-00234. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2747-2022, 9 mar. 2022, rad. 00027-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, pero precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
En efecto, la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al Juzgado Primero de Familia de Popay\u00e1n en relaci\u00f3n con el pago de los dep\u00f3sitos que resultaron a su favor, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, espec\u00edficamente a trav\u00e9s de \u00abauto 430\u00bb proferido el 22 de abril de 2022 y notificado oportunamente conforme a las disposiciones legales pertinentes. <\/p>\n
Esto, porque si bien la entrega de los dineros se dispuso con providencia del 14 de julio de 2021, y las gestiones encaminadas a elaborar la orden de pago \u00abfueron realizadas los d\u00edas 15 y 16 de julio (\u2026), una vez efectuado el fraccionamiento de los t\u00edtulos\u00bb por el Banco Agrario de Colombia, la definici\u00f3n en el sentido de que su cobro deb\u00eda realizarlo directamente al ejecutado y no su apoderado judicial como lo pidi\u00f3 en memoriales radicados el 11 de agosto de 2021, 2 y 28 de marzo de 2022, finalmente tuvo lugar pero en virtud al precitado prove\u00eddo cuya notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico se realiz\u00f3 el 25 de abril de 2022. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo -cuya admisi\u00f3n se notific\u00f3 al accionado el 21 de abril de 2022- se muestra inviable, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figura esta respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC3931-2022, 31 mar. 2022, rad. 00047-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado en precedencia, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, pero no por ausencia de vulneraci\u00f3n sino porque las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales invocados, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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