STC6529-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6529-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01401-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de julio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Breyner J\u00e1come contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Segundo Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda 13\u00aa Seccional CAIVAS, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, los abogados Elvis Payares Aguilar y Luis Rafael Nieto Pardo, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-82044. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, Breyner J\u00e1come fue condenado el 24 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar a la pena de 162 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial mediante fallo del 9 de abril de 2012, providencia esta \u00faltima que qued\u00f3 ejecutoriada al no ser recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
El actor, centr\u00f3 su reclamo en que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica durante el juicio. Al respecto, adujo que el abogado que lo asisti\u00f3, Luis Rafael Nieto Pardo, desconoc\u00eda o no estaba preparado para el sistema penal acusatorio. En tal sentido, sostuvo que el mencionado profesional del derecho apel\u00f3 la sentencia de primera instancia de forma \u00aberr\u00f3nea\u00bb, argumentando que, la fiscal\u00eda omiti\u00f3 llevar a juicio al testigo principal de los hechos, \u00abpor cuanto no le conven\u00eda ya que, si ello hubiese ocurrido, esto hubiese conllevado a la inocencia del suscrito\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el mencionado abogado compareci\u00f3 a la lectura de fallo de segunda instancia ante el Tribunal Superior, y all\u00ed se observ\u00f3 su desconocimiento del tr\u00e1mite, pues en la grabaci\u00f3n de aqu\u00e9lla diligencia, una vez finalizada la audiencia, pregunt\u00f3 a la magistratura en qu\u00e9 momento se daba \u00abla oportunidad para recurrir\u00bb y seguido a ese interrogante, se le escuch\u00f3 decir \u00ab(\u2026) exc\u00faseme, no conozco el \u2026\u00bb, cort\u00e1ndose all\u00ed el audio. <\/p>\n
Insisti\u00f3 el gestor del amparo que, el abogado Nieto Pardo \u00abno sab\u00eda c\u00f3mo interpretar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y debido a su desconocimiento, fue que no lo present\u00f3 violent\u00e1ndome el derecho de defensa\u00bb; en general, acus\u00f3 que la actuaci\u00f3n de su mandatario \u00abfue deficiente y plagada de errores [\u2026] que conllevaron a tener un efecto definitivo y notorio sobre la decisi\u00f3n judicial [\u2026] si mi abogado hubiese sido h\u00e1bil y conocedor del sistema penal acusatorio, yo hubiese sido declarado inocente y tengo la convicci\u00f3n invencible de que esto es as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia o la procuradur\u00eda, ante la evidente \u00abinsuficiencia jur\u00eddica\u00bb del referido togado, debieron solicitar la designaci\u00f3n de uno \u00ab(\u2026) id\u00f3neo de la defensor\u00eda del pueblo o requerirnos para nombrar uno de confianza para que impetrara el recurso de casaci\u00f3n, ejerciendo eficazmente mi defensa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que solo hasta el mes de julio de 2021, a trav\u00e9s de su hija, pudo enterarse que su defensor no interpuso el recurso extraordinario y que no ofreci\u00f3 ninguna justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la falta de defensa t\u00e9cnica es determinante en la afectaci\u00f3n del debido proceso y que, de demostrarse, se configura como causal de nulidad de la causa. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 \u00abse anule todo el proceso [2010-82440] [\u2026] y s\u00fartase de nuevo el proceso sometiendo el mismo a las garant\u00edas constitucionales y legales del debido proceso (\u2026) consecuencia de lo anterior, canc\u00e9lese la orden de captura que pesa sobre m\u00ed (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal en cuesti\u00f3n, en el que emiti\u00f3 sentencia el 24 de noviembre de 2011, indicando que aqu\u00e9l estuvo \u00abajustado a los lineamientos normativos y jurisprudenciales vigentes\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Valledupar inform\u00f3 que la investigaci\u00f3n referida en contra de Breyner Jac\u00f3me la adelant\u00f3 la fiscal\u00eda 23 Seccional que logr\u00f3 que el acusado fuere condenado en ambas instancias. <\/p>\n
3. Un magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, expuso que el ponente de la sentencia penal que confirm\u00f3 la condena en contra del ac\u00e1 actor ya no pertenece a esa corporaci\u00f3n, y a\u00f1adi\u00f3 que, teniendo en cuenta la fecha de proferimiento de esa decisi\u00f3n, el 9 de abril de 2012, la presente acci\u00f3n no cumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed como tampoco el de la subsidiariedad, pues el afectado \u00abno despleg\u00f3 todos los mecanismos de defensa judiciales con que contaba\u00bb. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; del primero porque \u00ablas decisiones censuradas por el accionante fueron proferidas hace m\u00e1s de 9 a\u00f1os excediendo considerablemente lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable (\u2026)\u00bb; y, del segundo, porque no recurri\u00f3 el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando los alegatos expuestos en el escrito inicial en torno a las deficiencias se\u00f1aladas a la labor defensiva del abogado que lo asisti\u00f3 en el juicio; y, que se trat\u00f3 de una situaci\u00f3n advertida por el tribunal accionado, pero que a\u00fan as\u00ed no corrigi\u00f3, \u00aby al no hacer nada, [\u2026] estos funcionarios se hicieron c\u00f3mplices de la vulneraci\u00f3n de mis derechos fundamentales reclamados en esta tutela\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto al requisito de la inmediatez, criterio a partir del cual la Sala a quo desestim\u00f3 su s\u00faplica, arguy\u00f3 que no le es aplicable porque la vulneraci\u00f3n contin\u00faa y es actual, ya que la sentencia atacada a\u00fan surte efectos; adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abfue enga\u00f1ado\u00bb por su abogado, pues le \u00abhizo creer que hab\u00eda presentado el recurso de casaci\u00f3n\u00bb y solo se vino a enterar que no fue as\u00ed en el mes de julio de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al (i) condenarlo a la pena de 162 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os\u00bb (sentencia de segunda instancia del 9 de abril de 2012); y (ii) porque careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea durante el juicio penal, situaci\u00f3n que, pese a ser advertida por los juzgadores de instancia, ninguna medida adoptaron para remediarla. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. La inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder un semestre a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que la sentencia del Tribunal Superior de Valledupar que confirm\u00f3 la condena del ac\u00e1 actor data del 9 de abril de 2012, mientras que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 el 12 de julio de 2021, super\u00e1ndose con amplitud el t\u00e9rmino se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, el requisito de la oportunidad eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por incapacidad f\u00edsica o mental, la minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional; as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Es que se trata de un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse, y menos a\u00fan, si desde los albores del litigio el encartado observ\u00f3 falencias en la gesti\u00f3n defensiva de su apoderado, lo que con mayor raz\u00f3n le impon\u00eda estar al tanto del acontecer procesal, pero no lo hizo; de manera que, el pretexto utilizado en ese sentido para eludir el presupuesto de la temporalidad, como lo indic\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, remite al principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ya que es evidente que intenta \u00abalegar en su favor su propia culpa\u00bb. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del tutelante relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n procedente contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para plantear ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n sus reproches, no solo frente a la actuaci\u00f3n procesal o la valoraci\u00f3n probatoria de los juzgadores, sino tambi\u00e9n (en ejercicio de su derecho a la defensa material, formularlo, y luego, solicitar la asistencia de la Defensor\u00eda P\u00fablica para su sustentaci\u00f3n) exponer lo atinente a la irregular o \u00abdeficiente\u00bb defensa t\u00e9cnica, la cual habr\u00eda incidido para que las decisiones le fueran desfavorables en ambas instancias. <\/p>\n
De la omisi\u00f3n en la utilizaci\u00f3n de las v\u00edas de impugnaci\u00f3n contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico, la Sala ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se dejan de emplear los recursos legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa previstos en la normativa procesal, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las determinaciones criticadas, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el tutelante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 su condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 12 de mayo de 2022. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
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