STC6533-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6533-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02003-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sonia Pedroza de Reales contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Once Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2015Colpensiones\u2015, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-00285. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de debido proceso, \u00ablegalidad [y] eficacia en las actuaciones judiciales como parte integrante del acceso efectivo a la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones en procura del reajuste de la pensi\u00f3n de vejez, en tanto que, \u00ab[n]o se tuvo en cuenta el periodo de cotizaci\u00f3n (\u2026) durante el a\u00f1o 2000 al a\u00f1o 2005 realizado [a] PORVENIR, y La Liquidaci\u00f3n se realiz\u00f3 tomando los \u00faltimos 10 a\u00f1os de cotizaci\u00f3n, en lugar de las \u00faltimas 100 semanas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, en tanto consider\u00f3 que, el escrito presentado \u00abse asemeja a un alegato de conclusi\u00f3n, en donde la censura expone su inconformidad, sin cumplir el lleno de los requisitos para que sea procedente su estudio\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que a juicio de la promotora, \u00abson violatorias del principio constitucional de SUPREMAC\u00cdA que representan las Sentencia de Constitucionalidad y Unificaci\u00f3n proferidas por la Corte Constitucional como guardi\u00e1n e int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos todas las resoluciones proferidas por Colpensiones y se revoquen \u00ab[l]os fallos de cada instancia de fechas 11 de septiembre de 2017, 2 de mayo de 2018 y 10 de marzo de 2021\u00bb y en consecuencia \u00abreasuma el estudio de (sic) caso en concreto, procediendo a dar aplicaci\u00f3n al precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada reliev\u00f3 que \u00ablos reparos de la se\u00f1ora Pedraza de Reales resulta[n] improcedente[s] por ausencia de los requisitos de procedibilidad establecidos, ya que no utiliz\u00f3 en debida forma el mecanismo de defensa judicial que tuvo a su alcance para controvertir los presupuestos errores en los que incurri\u00f3 el juez de segunda instancia, sin que tal omisi\u00f3n pueda ser atribuida a este juez colegiado so pretexto de alegar la transgresi\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, con el argumento de que est\u00e1n \u201cimprimiendo aspectos procesales sobre el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial\u201d pues lo cierto es que fue la recurrente en casaci\u00f3n quien no demostr\u00f3 los supuestos errores que ahora alega en esta sede excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., manifest\u00f3 que \u00aben el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla exigencia de una debida fundamentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, frente a los requerimientos se\u00f1alados por el legislador en el art\u00edculo 90 del Decreto Ley 2158 de 1948 para la casaci\u00f3n laboral, no puede calificarse, per se, de exceso ritual manifiesto -a lo que parece orientarse la gestora del amparo-; tampoco la desestimaci\u00f3n del cargo por los referidos motivos, permite considerar que la decisi\u00f3n es violatoria del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n invocado por la ciudadana, o cualquier otra garant\u00eda de orden superior\u00bb. <\/p>\n
Respecto del desconocimiento del precedente alegado, precis\u00f3 que \u00ablas razones que llevaron a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a desestimar las pretensiones de la demanda en nada tiene que ver con la inaplicaci\u00f3n del precedente constitucional en favor de un criterio jurisprudencial diferente, como lo quiere hacer ver el demandante. Por el contrario, lo que se denota es que la improcedencia del recurso extraordinario radica en las serias deficiencias de orden forma con respecto al contenido argumentativo de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abel fallo no se ocup\u00f3 de verificar realmente las trascendencia constitucional del caso en concreto, ni se ocup\u00f3 de las omisiones que vulneran el principio de legalidad y t\u00e9rminos constitucionales, am\u00e9n del acceso a la justicia de forma material y efectiva (\u2026) se prob\u00f3 que mi poderdante deb\u00eda ser beneficiaria de la jurisprudencia constitucional invocada, a decir, las Sentencias 789 del a\u00f1o 2022 y (\u2026) de Unificaci\u00f3n 062 de 2010 \u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL980-2021, rad. 82416), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 11 de septiembre de 2017, 2 de mayo de 2018 y 10 de marzo de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 respecto de la demanda que \u00abse asemeja a un alegato de conclusi\u00f3n, en donde la censura expone su inconformidad, sin cumplir el lleno de los requisitos para que sea procedente su estudio\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, por la \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de \u00ablos art\u00edculos 13, 20 y par\u00e1grafo 1 del Decreto 758 de 1990, y las Sentencias [sic] C-789 del a\u00f1o 2002 y de Unificaci\u00f3n 062 del a\u00f1o 2010 de la Corte Constitucional\u00bb, el estrado expuso que \u00abdebe recordarse que en forma reiterada esta Sala de la Corte ha insistido que el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia, como recientemente lo memor\u00f3 la sentencia CSJ SL3104-2020 que, a su vez, trajo a colaci\u00f3n la CSJ SL996-2020\u00bb, la cual cit\u00f3 en lo pertinente: <\/p>\n
\u00ab[L]a argumentaci\u00f3n de un cargo debe obedecer a las reglas propias del recurso de casaci\u00f3n y no corresponder a un alegato de conclusi\u00f3n propio de la instancia, pues solo cuando se presenta de manera adecuada y eficaz logra destruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que gozan las decisiones judiciales. As\u00ed lo ha explicado la Sala en reiteradas [providencias], como por ejemplo en la CSJ SL1987-2018, con radicaci\u00f3n n.\u00b0 65200 del 23 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estudi\u00f3 cada una de las falencias presentadas en la formulaci\u00f3n del embate. En primer lugar, manifest\u00f3 que \u00abel recurrente en su demanda dispone, en el alcance de la impugnaci\u00f3n, una petici\u00f3n irregular, pues solicita se casen las sentencias de primera y segunda instancia, y, seguidamente, la revocatoria de las mismas. As\u00ed, no distingue el censor la [disposici\u00f3n] recurrida, ni mucho menos plantea c\u00f3mo debe proseguir la Sala una vez constituida en tribunal de instancia, pues no informa de manera precisa y asertiva qu\u00e9 debe hacerse con el fallo emitido por el juzgador de primer grado. Sumado a ello est\u00e1 la imposibilidad para esta corporaci\u00f3n de revocar lo que ha sido objeto de anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que en el cargo propuesto no se indic\u00f3 \u00abde manera precisa y clara el concepto de violaci\u00f3n de las normas sustanciales, es decir, si lo fue por infracci\u00f3n directa, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la ley; y aunque en el desarrollo del cargo se refiere a \u00abconcepto de infracci\u00f3n\u00bb en su titulaci\u00f3n, resulta confuso extraer a qu\u00e9 se refiere con exactitud, por cuanto dichos preceptos normativos fueron analizados por el juzgador de segundo grado, ello, para concluir su no procedencia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n coligi\u00f3 que la censura \u00abmezcla aspectos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, pues, pretende, b\u00e1sicamente, que la pensi\u00f3n de vejez le sea reliquidada conforme al par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 20 del Acuerdo 049 de 1990, y, para ello, expone c\u00f3mo debe realizarse dicho c\u00e1lculo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00absolo se observa que trascribe las normas acusadas y el proceder de la demandada en las resoluciones proferidas, no obstante, no cuestiona ni ataca de manera clara y concreta los argumentos bajo los cuales se edific\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abimposible resulta para la Sala dar un alcance distinto a lo dispuesto en la demanda de casaci\u00f3n, pues tal escrito se asemeja a un alegato de conclusi\u00f3n, en donde la censura expone su inconformidad, sin cumplir el lleno de los requisitos para que sea procedente su estudio, resultando insuficiente su desarrollo\u00bb. Todo ello, para desestimar el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la determinaci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la providencia cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 5 de mayo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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