STC6534-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6534-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 28 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cOYCR\u201d contra el Juzgado (\u2026) de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al abstenerse de tramitar las defensas propuestas dentro del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 10 de junio de 2021, el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d libr\u00f3 mandamiento de pago por alimentos en su contra y a favor de sus dos menores hijos, representados por \u201cL\u201d, siendo notificado \u00abel 22 de noviembre de 2021 mediante mensaje de datos dirigido al correo electr\u00f3nico yecaro36@hotmail.com, direcci\u00f3n que en efecto es de mi titularidad y fue informada en la demanda\u00bb; en tal virtud, \u00abconfer\u00ed poder para representaci\u00f3n judicial a la abogada \u201cH\u201d \u2013mediante mensaje de datos dirigido desde mi cuenta electr\u00f3nica antes anotada a la direcci\u00f3n de mi apoderada (\u2026)-, quien present\u00f3 contestaci\u00f3n a la demanda dentro del t\u00e9rmino legal (el 6 de diciembre de 2021) y expuso al despacho las excepciones de \u201cpago parcial\u201d y \u201ccobro de lo no debido\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, el juzgado \u00abmediante providencia del 09 de marzo de 2022 decidi\u00f3 directamente ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en mi contra pues no reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a mi abogada y en tal sentido no tuvo en cuenta las excepciones propuestas\u00bb, aduciendo que \u00abel poder se confiri\u00f3 por parte de \u201cOYCR\u201d, que seg\u00fan el despacho ser\u00eda \u201cpersona completamente diferente [al demandado]\u201d, por lo cual mi apoderada no habr\u00eda tenido \u201cpoder ni facultad para contestar la demanda\u201d a mi nombre por estar mis apellidos en orden distinto\u00bb. <\/p>\n
Que con dicho proceder, el juzgado viol\u00f3 sus derechos fundamentales porque \u00abomitieron la consideraci\u00f3n de toda la dem\u00e1s informaci\u00f3n que (\u2026) pod\u00eda observarse con facilitad en el expediente\u00bb, pues era \u00abnotorio\u00bb que el mandato proven\u00eda de \u00e9l por emitirse desde su direcci\u00f3n electr\u00f3nica, aunado a que el n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda indicado en la orden de pago, \u00abcoincide (\u2026) con [el] expuest[o] en el memorial poder que confer\u00ed a mi apoderada\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene [el accionado] dejar sin efectos la providencia del 09 de marzo de 2022 (\u2026), mediante la cual me tuvo por notificado, se neg\u00f3 mi derecho de defensa, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en mi contra y se me conden\u00f3 en costas [y en su lugar] dar tr\u00e1mite regulado en el art\u00edculo 443 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) y en general a la contestaci\u00f3n presentada oportunamente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d, ratific\u00f3 su postura en el sentido que la contestaci\u00f3n de la demanda ejecutiva se hizo \u00abde forma incongruente y contradictoria [porque la abogada] ados\u00f3 el poder otorgado NO por \u201cOYCR\u201d sino por el litigante \u201cOYRC\u201d, quien no figura como demandante o demandado dentro del sub lite\u00bb, y \u00abdada la inconsistencia se consider\u00f3 que exist\u00eda ausencia de poder o mandato conferido (\u2026), o lo que es lo mismo, hab\u00eda deficiencia en la personer\u00eda de dicha profesional como representante de la persona en cuyo favor contestaba\u00bb. Que, contra la anterior decisi\u00f3n, \u00abel extremo pasivo no formul\u00f3 reparo o r\u00e9plica alguna\u00bb y que por ello la tutela no cumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Procurador 20 Judicial de Familia de la misma ciudad, conceptu\u00f3 que \u00abest\u00e1 claro que al momento de otorgar el poder por parte del se\u00f1or \u201cOYCR\u201d, no era solo sus apellidos lo que permit\u00eda identificarlo como demandado, [sino que] concurren otros elementos de juicio que permit\u00edan individualizarlo como el sujeto pasivo legitimado de la acci\u00f3n alimentaria, como la referencia al juzgado que notific\u00f3 la demanda, la radicaci\u00f3n del proceso, la identidad de la demandante, de los ni\u00f1os beneficiados de la obligaci\u00f3n y el n\u00famero de c\u00e9dula. Adem\u00e1s, debe precisarse que el error no es imputable a la parte demandada sino m\u00e1s bien a su apoderada judicial, quien es la persona que usualmente confecciona el poder\u00bb. Agreg\u00f3 que es funci\u00f3n de los jueces interpretar los escritos y hacer que prevalezca \u00abel principio de la eficacia de la autonom\u00eda de la voluntad [de las partes] por enciman de los errores formales\u00bb. Por lo anterior, puntualiz\u00f3 que \u00abnegarse a reconocer personer\u00eda adjetiva de la apoderada de la parte demandada con fundamento en que los apellidos est\u00e1n invertidos es un formalismo excesivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio al se\u00f1alar que no cumple el requisito de la subsidiariedad, ya que contra la decisi\u00f3n refutada \u00abproced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 318 del C.G.P. (\u2026), am\u00e9n que la carencia de postulaci\u00f3n que fue declarada (\u2026), no imped\u00eda que junto con el remedio horizontal se adjunte mandato especial debidamente conferido y as\u00ed pueda ser estudiada su inconformidad y se resuelva el reproche de la actuaci\u00f3n\u00bb, y que, en su criterio, \u00abser\u00e1 procedente el estudio de una solicitud de resguardo constitucional s\u00f3lo en el evento en que no se avizoren otros recursos o medios de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el demandante para insistir en los argumentos de la presente querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n de alimentos dentro del pleito radicado con el n\u00ba \u201c2021-00000\u201d, sin dar curso a las defensas que propuso a trav\u00e9s de apoderada judicial. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con vista en la informaci\u00f3n que brindan las piezas procesales adosadas al expediente, se revocar\u00e1 la sentencia de primer grado y en su lugar se otorgar\u00e1 el amparo deprecado, comoquiera que la decisi\u00f3n criticada constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. Flexibilizaci\u00f3n del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Preliminarmente se precisa que si bien se ha venido sosteniendo que la tutela se torna improcedente cuando no se cumplen presupuestos gen\u00e9ricos como el de la inmediatez y la subsidiariedad, en el entendido de que su formulaci\u00f3n debe realizarse en un tiempo prudencial y previo agotamiento de los mecanismos de defensa establecidos en la ley, tambi\u00e9n se ha reiterado que puede prescindirse v\u00e1lidamente de tales exigencias cuando para abordar su procedibilidad surgen relevantes circunstancias que justifican menos estrictez, como ocurre en este caso. <\/p>\n
Esto, porque la \u00abincongruencia\u00bb formal que evidenci\u00f3 la funcionaria cognoscente para adoptar la decisi\u00f3n refutada, no ten\u00eda la trascendencia jur\u00eddica que justificara negar el derecho de postulaci\u00f3n ejercido por el demandado, y de paso cercenar las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n, configura un yerro que indudablemente transgrede derechos superiores del demandado, el cual debe corregirse a trav\u00e9s de esa excepcional senda jur\u00eddica, pese a la incuria del afectado quien no interpuso el correspondiente recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Para enmendar el agravio producto del desafuero de los jueces que, como en este caso, desbordan las formas sobre el derecho sustancial, la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la intervenci\u00f3n del juez de tutela se torna imperiosa, pues, \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada en STC8052-2017, STC16372-2018, y STC8032-2019, 19 jun. 2019, rad. 00037-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, al igual que ocurre con la instauraci\u00f3n tard\u00eda del remedio excepcional, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra el prove\u00eddo recriminado, no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n judicial materia de reproche, cuando \u00e9sta se muestra abiertamente alejada de la realidad y por tanto no es razonable, y por consiguiente, afecta gravemente derechos amparados por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.2. Del defecto procedimental. <\/p>\n
Conforme a lo enunciado, la tutela se abre paso porque al proferir la providencia del 9 de marzo de 2022, mediante la cual se abstuvo de reconocer personer\u00eda adjetiva a la abogada del ejecutado, tener por no presentadas las excepciones que dicha togada plante\u00f3 al contestar la demanda, y como consecuencia ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y con ello en flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del all\u00ed ejecutado y ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
Lo anterior, porque para la determinaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, al accionado le bast\u00f3 aducir que seg\u00fan el documento allegado al expediente digital, a \u00abla abogada \u201cH\u201d (\u2026) quien le confiere poder (\u2026) es \u201cOYRC\u201d [quien en su sentir] es persona completamente diferente [al ejecutado \u201cOYCR\u201d], concluyendo que dicha profesional del derecho no tiene poder ni facultad para contestar la demanda a nombre de quien ciertamente corresponde a la persona demandada y notificada del auto de 10 de junio de 2021, [y] ante tal diferencia respecto de quien otorga el mandato a la abogada que ejercita el mismo y quien procesalmente no figura como demandado al interior del sub-lite, hay ausencia de poder o mandato conferido por quien corresponde a la persona demandada\u00bb, y por ello deb\u00eda \u00abrechazar tal contestaci\u00f3n por improcedente al amparo del numeral 2 del art. 43 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Empero, no avizor\u00f3 que la \u00abinconsistencia\u00bb advertida respecto a la alteraci\u00f3n de los apellidos del demandado, podr\u00eda ser un simple \u00ablapsus calami\u00bb de quien redact\u00f3 el poder especial, en tanto que eran muchas las circunstancias que as\u00ed lo denotaban, como que coincid\u00eda plenamente el n\u00famero del documento de identidad que all\u00ed se indicaba con el que enunci\u00f3 el juzgado al verificar su notificaci\u00f3n personal; el documento en mensaje de datos proven\u00eda de la misma cuenta de correo electr\u00f3nico que la actora indic\u00f3 y que el ejecutado ratific\u00f3 al ser notificado. Menos se detuvo a analizar que la b\u00e1sica informaci\u00f3n esbozada en el poder, era coincidente con la situaci\u00f3n referida en la contestaci\u00f3n, as\u00ed como de los datos que se extractaban de la demanda y sus anexos, para lo cual no se requer\u00eda sino una somera observaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que una equivocaci\u00f3n como la aludida en el asunto bajo estudio, configura una desatenci\u00f3n entendible al momento de la confecci\u00f3n del documento, pero sin la virtualidad suficiente para desvirtuar la manifestaci\u00f3n de voluntad del interesado de encomendar su defensa judicial, raz\u00f3n de m\u00e1s para que la juez accionada no le hubiera dado la trascendencia reflejada en su prove\u00eddo, pues con ese proceder desconoci\u00f3 que el demandado hizo uso del derecho de postulaci\u00f3n y que su abogada realiz\u00f3 la actividad encomendada a trav\u00e9s del mismo, conllevando al quebranto de las prerrogativas superiores invocadas mediante este instrumento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contraria a la tesis de la encartada de que el demandado no ejerci\u00f3 \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, la Sala encuentra que tal aseveraci\u00f3n es totalmente infundada, porque \u00e9l s\u00ed confiri\u00f3 poder a la abogada que en su nombre se opuso a las pretensiones mediante excepciones de fondo, y por ende, a ella deb\u00eda reconoc\u00e9rsele como tal dentro del proceso y d\u00e1rsele el respectivo curso a su pronunciamiento, en lugar de apresurarse a tildar esa actuaci\u00f3n como \u00abnotoriamente improcedente o que implique dilaci\u00f3n manifiesta\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, es censurable que so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, la juez de conocimiento hubiera desconocido su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes en el litigio, en particular del demandado, al aplicar a un caso en el que es evidente que previa constituci\u00f3n de apoderada judicial controvirti\u00f3 hechos y pretensiones aduciendo para ello medios de convicci\u00f3n, las consecuencias que se contemplan en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando de un adecuado entendimiento al asunto proced\u00eda el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 443 ib\u00eddem. <\/p>\n
Por lo antedicho, el querellado actu\u00f3 al margen del procedimiento, pues de no haber impuesto una exeg\u00e9tica interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma adjetiva, el resultado habr\u00eda sido diferente, en la medida en que por sujetarse a un \u00abexcesivo rigorismo formal\u00bb, aplic\u00f3 de manera inadecuada las previsiones normativas ya citadas, dando cabida a una flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del aqu\u00ed quejoso, quien vio frustrada la posibilidad de que el juez de instancia valorara el m\u00e9rito de sus excepciones de \u00abpago parcial\u00bb y \u00abcobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228). <\/p>\n
<\/p>\n
De lo contrario se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Seg\u00fan el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional, se incurre en yerro procedimental cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Subraya la Sala. <\/p>\n
Adicionalmente cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb, aunado a que \u00abel juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb, lo cual no ocurri\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone revocar la sentencia desestimatoria de primer grado, para en su reemplazo conceder la protecci\u00f3n iusfundamental solicitada; en consecuencia, se invalidar\u00e1 la providencia dictada por el estrado accionado el 9 de marzo de 2022 dentro del ejecutivo de alimentos n\u00ba \u201c2021-00000\u201d, ordenando sustituirlo por uno que se ajuste a derecho conforme a las consideraciones que fueron explicadas en precedencia, esto es, que corrija el yerro procedimental que motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n del fallador de este mecanismo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado. En su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por \u201cOYCR\u201d. <\/p>\n
En tal virtud, se DEJA sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d el 9 de marzo de 2021 y la que de \u00e9l dependa; en su lugar se le ORDENA a la titular de ese estrado judicial, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a renovar la defectuosa actuaci\u00f3n surtida dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00ba \u201c2021-00000\u201d, esto es, corrigiendo el defecto conforme a lo considerado en el cuerpo de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC6534-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6534-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}