STL5830-2022<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL5830-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 97425 <\/p>\n
Acta 15 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n interpuesta por EMILSE DE JES\u00daS ORTEGA DE GUTI\u00c9RREZ contra la sentencia del 30 de marzo de 2022, proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL\u00cdN, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la recurrente contra los juzgados CUARTO MUNICIPAL DE PEQUE\u00d1AS CAUSAS LABORALES y QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO, ambos de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso de \u00fanica instancia en donde la accionante fungi\u00f3 como demandante. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso y seguridad social, que consider\u00f3 transgredidos con las decisiones de las autoridades judiciales accionadas, que negaron la solicitud de indexaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Como soporte de ello, se puede extraer, en s\u00edntesis, que por cuenta de la muerte del afiliado Luis Enrique Guti\u00e9rrez Cerquera, el 14 de marzo de 1993, Colpensiones, mediante la Resoluci\u00f3n No. SUB 57870 del 28 de febrero 2020, le reconoci\u00f3 a la accionante la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por un valor de $7.826.854, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 del Ac. 049 de 1990, aprobado por el D. 758 del mismo a\u00f1o; que el 28 de abril de 2020, la accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y subsidiariamente el de apelaci\u00f3n, debido a que no se le dio aplicaci\u00f3n en debida forma al art\u00edculo 31 de la norma citada, ya que no se le otorgaron las 12 mensualidades como lo indica dicho art\u00edculo, solicitando en los recursos la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva; que los recursos fueron infructuosos, pues, aunque la entidad hizo un peque\u00f1o reajuste en $110.068, mantuvo la decisi\u00f3n original en cuanto a la norma aplicable. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a lo precedido, interpuso demanda ordinaria laboral, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Cuarto Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Medell\u00edn, quien, en el proceso No. 2021-0045, mediante sentencia del 14 de mayo de 2021, neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n confirmada por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad al resolver el grado jurisdiccional de consulta, con sentencia del 21 de febrero de 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3, que las determinaciones que adoptaron los juzgados es contraria a los principios que rigen el sistema de seguridad social, concretamente el derecho a la actualizaci\u00f3n de las prestaciones, pues el despacho inicial \u00ab(\u2026) realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n hasta el a\u00f1o 1989, fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n del causante, pero esa liquidaci\u00f3n la llev\u00f3, sin indexar, hasta el a\u00f1o 1993 (fecha de defunci\u00f3n del causante), d\u00e1ndole una prestaci\u00f3n inferior al salario m\u00ednimo, luego lo igual\u00f3 a este, lo multiplic\u00f3 por 12 y ahora s\u00ed lo indexa a la fecha del pago y dijo que el resultado era inferior a la liquidaci\u00f3n que le hab\u00eda dado a COLPENSIONES\u00bb, y en la consulta, el juzgador neg\u00f3 expresamente el derecho a la indexaci\u00f3n, al considerar que el \u00ab(\u2026) monto de la pensi\u00f3n que le hubiera correspondido al causante para el a\u00f1o 1989=$59.409, pero, tambi\u00e9n procedi\u00f3 a llevar ese valor al a\u00f1o 1983 sin indexar, por lo que le dio inferior al salario m\u00ednimo de 1993\u00bb. <\/p>\n
Para la accionante \u00ab(\u2026) las providencias tambi\u00e9n carecen de motivaci\u00f3n para no indexar la primera mesada y adicional desconocen el precedente de la Corte Constitucional y la Doctrina Probable de la Corte Suprema de Justicia. (\u2026) Finalmente, al no indexar la primera mesada al momento de la causaci\u00f3n del derecho, las sentencias vulneran de manera directa la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, art\u00edculos 48 y 53\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, solicit\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) se declare la nulidad de las sentencias proferidas por Juzgado 4\u00b0 Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Medell\u00edn y el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, orden\u00e1ndoles que profieran una nueva sentencia, realizando la operaci\u00f3n matem\u00e1tica correcta, especialmente indexando el monto de la pensi\u00f3n que le hubiera correspondido al causante, hasta el a\u00f1o 1993 y de ah\u00ed hasta la fecha oportuna de pago de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
TERCERA: Que se ordene a cada uno de los despachos dar cumplimiento a la Sentencia de Tutela, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas. <\/p>\n
La acci\u00f3n se present\u00f3 el 25 de marzo de 2022, y mediante auto del mismo d\u00eda se dispuso la admisi\u00f3n contra las autoridades accionadas, y la vinculaci\u00f3n de las dem\u00e1s partes del proceso. <\/p>\n
Colpensiones solicit\u00f3 que se declarara improcedente el amparo porque no cumpl\u00eda con los supuestos de procedibilidad, y en todo caso, que lo actuado por la entidad no vulneraba derecho fundamental alguno de los alegados por la accionante. <\/p>\n
Por su parte, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn, sostuvo que, \u00ab(\u2026) no se aceptan las apreciaciones de tipo personal se\u00f1aladas por el accionante, mediante las cuales pretende argumentar los motivos por los cuales considera que la sentencia proferida por esta judicatura en grado jurisdiccional de consulta, cuenta con defectos procedimentales. Lo anterior, teniendo en cuenta los mismos argumentos esbozados en dicha sentencia, la cual, ya reposa en el plenario. Por otro lado, no sobra mencionar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo residual que tienen los ciudadanos que crean que se les ha conculcado un derecho, para buscar su protecci\u00f3n; pero ese car\u00e1cter residual no quiere decir que sea el remedio para pasar por alto las disposiciones de tipo normativo\u00bb. <\/p>\n
Mediante fallo del 30 de marzo de 2022, la primera instancia constitucional neg\u00f3 el amparo, con fundamento en la tesis de razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada por la promotora de esta acci\u00f3n , y en la exclusi\u00f3n de la tutela como una instancia adicional para objetar las conclusiones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas de las decisiones judiciales. <\/p>\n
Expresamente, indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En lo que toca con el caso sometido al estudio de la Sala se observa que al momento de describir el hecho que genera la vulneraci\u00f3n el apoderado de la accionante describe que al momento de liquidarse el IBL este debi\u00f3 ser actualizado con el IPC a la fecha de c\u00e1lculo, aspecto que fue resuelto y desestimado por las jueces (sic) de la causa al advertir que el art\u00edculo 20 del Decreto 758 de 1990 no trae este criterio de actualizaci\u00f3n, posici\u00f3n que sustentaron en las sentencias SL510-2021 y SL11162-2017. <\/p>\n
Lo anterior implica que las decisiones proferidas en el proceso ordinario cuentan con una motivaci\u00f3n, que, por lo dem\u00e1s se fundamenta y sigue la interpretaci\u00f3n que del art\u00edculo 20 del Decreto 758 de 1990 ha realizado el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la justicia ordinaria laboral, y que puede observarse entre muchas otras en las sentencias como la SL13183-2015; SL15680-2015, SL6613-2017, SL4732-2018 y SL4016-2019, en las que explic\u00f3 que es improcedente la indexaci\u00f3n de los salarios base de cotizaci\u00f3n en pensiones regidas \u00edntegramente por el Decreto 758 de 1990 (\u2026) <\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior disposici\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3, insistiendo en los argumentos plasmados en el libelo inicial, concretamente, que la prestaci\u00f3n reconocida por Colpensiones es susceptible de indexaci\u00f3n en un momento preciso, pues \u00ab(\u2026) resulta arbitrario realizar la indexaci\u00f3n desde el a\u00f1o 1993 hasta el a\u00f1o 2020, pero no realizarla desde 1989 a 1993 (\u2026) los despachos accionados cometieron un error protuberante, pues el Salario Mensual Base del a\u00f1o 1989, en ninguna manera puede ser el mismo que el del a\u00f1o 1993, pues, desconocen la p\u00e9rdida del valor adquisitivo de la moneda, durante los a\u00f1os 1989,1990, 1991, 1992 y 1993 (\u2026) ambas providencias presentan un defecto procedimental absoluto, porque las Jueces actuaron completamente al margen del procedimiento establecido en los art\u00edculos 48 y 53 superiores, desconociendo principios generales del derecho como la equidad, la igualdad y la justicia, los cuales demandan la actualizaci\u00f3n del valor de la moneda (\u2026) pues el hecho de decir que la norma no contempla la indexaci\u00f3n para negar este derecho, no es motivaci\u00f3n como se pretende hacer ver en la sentencia impugnada, m\u00e1xime que al no indexar la primera mesada desde el a\u00f1o 1989 hasta el a\u00f1o 1993, las sentencias vulneran de manera directa la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, art\u00edculos 48 y 53, ya que el Estado debe garantizar el reajuste peri\u00f3dico de las prestaciones que conforman la seguridad social, lo cual brilla por su ausencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, solicit\u00f3 que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se conceda el amparo. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
La v\u00eda preferente de la tutela, establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales. <\/p>\n
En este sentido se ha decantado jurisprudencialmente, que la acci\u00f3n de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, s\u00f3lo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; adem\u00e1s que est\u00e1 limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal y, en segundo lugar, cuando aun existiendo aqu\u00e9l, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En el asunto objeto de estudio, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en los antecedentes de la decisi\u00f3n, se extrae que la impugnante pretende la revocatoria de la decisi\u00f3n de la primera instancia constitucional, que neg\u00f3 el amparo solicitado, para que, en su lugar, se protejan las garant\u00edas fundamentales alegadas en el libelo inicial y, como consecuencia, se deje sin efecto la providencia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el 11 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 la sentencia del 14 de mayo de 2021, que absolvi\u00f3 a Colpensiones de la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, que en su momento le reconoci\u00f3 dicha entidad por la muerte de su c\u00f3nyuge, se\u00f1or Lu\u00eds Enrique Guti\u00e9rrez Cerquera, el 14 de marzo de 1993, quien no alcanz\u00f3 a dejar causadas las semanas m\u00ednimas para la prestaci\u00f3n principal, esto es, la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Para responder a ese cuestionamiento, conviene se\u00f1alar, que los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad del amparo se cumplen, el primero porque la acci\u00f3n se interpuso dentro del t\u00e9rmino m\u00ednimo de los seis (6) meses que ha fijado la jurisprudencia de la Sala, y lo segundo, porque contra la sentencia que resuelve el grado jurisdiccional de consulta dentro del tr\u00e1mite de \u00fanica instancia de un proceso ordinario laboral, no procede recurso alguno. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al aspecto de fondo, el fallo emitido por el juzgador del circuito, que puso fin al tr\u00e1mite adelantado por la accionante en el proceso ordinario laboral seguido contra Colpensiones, que ten\u00eda como prop\u00f3sito inicial, lograr la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que, en el 2020, Colpensiones le reconoci\u00f3 con fundamento en el art. 31 del Ac. 049 de 1990, aprobado por el D. 758 del mismo a\u00f1o, en raz\u00f3n a que el fallecimiento del causante ocurri\u00f3 cuando todav\u00eda no entraba en vigencia la L. 100 de 1993. <\/p>\n
Dicha reliquidaci\u00f3n estaba fincada en que el valor a reconocer deb\u00eda ser el equivalente a doce (12) mensualidades para la \u00e9poca de reconocimiento, tal como lo previa la parte final de la norma aplicable, pero en el transcurso del proceso, concretamente, cuando los juzgadores procedieron a liquidar la prestaci\u00f3n, la demandante encontr\u00f3 que el problema o equivocaci\u00f3n de los operadores judiciales de las instancias, estaba en que, si bien aceptaron que el valor final no pod\u00eda ser inferior a las aludidas doce (12) mensualidades, no actualizaron los salarios base de liquidaci\u00f3n, cuando acudieron a la operaci\u00f3n que trae el art. 20 del Ac. 049 de 1990. <\/p>\n
En la sentencia de la cual la activa discrepa, el juzgador, luego de aceptar que la norma aplicable al asunto era el art. 31 del citado Ac. 049 de 1990, aprobado por el D. 758 de igual anualidad, sostuvo que el IBL para obtener la prestaci\u00f3n, era el art. 20 del mismo estatuto, para posteriormente reforzar su argumento con la sentencia CSJ SL11162 de 2017, sobre la forma como debe aplicarse dicha operaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, despu\u00e9s concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el material probatorio obrante en el plenario, se puede observar que la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n de sobrevivientes le fue reconocida y pagada a la demandante en ocasi\u00f3n del fallecimiento de Luis Enrique Guti\u00e9rrez Cerquera, en calidad de c\u00f3nyuge con un porcentaje del 100% mediante la Resoluci\u00f3n SUB 57870 del 28 de febrero de 2020, expedida por Colpensiones, en una cuant\u00eda de $7.826.854, con pago efectivo, el 01 de abril de 2002, en aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por cuanto, la muerte del asegurado ocurri\u00f3 el 14 de marzo de 1993, en vigencia de dicha normatividad, liquidaci\u00f3n que se realiz\u00f3 con base en 135 semanas. <\/p>\n
Ahora bien, y en vista que no hay discusi\u00f3n que el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n sustituta de la pensi\u00f3n de sobrevivientes debi\u00f3 realizarse teniendo en cuenta el art\u00edculo 20 del Acuerdo 049 de 1990, pues as\u00ed lo estableci\u00f3 COLPENSIONES en el mentado acto administrativo, procede el despacho a realizar el respectivo c\u00e1lculo, el cual se anexar\u00e1 a esta providencia, con el fin de establecer y determinar el salario mensual base, el cual se comput\u00f3 seg\u00fan los lineamientos establecidos por la norma citada anteriormente, y para tal fin, se sum\u00f3 la cent\u00e9sima parte de los salarios SEMANALES cotizados durante las \u00faltimas cien semanas (desde el 10 de junio de 1987), valor que posteriormente se multiplic\u00f3 por 4.33, obteni\u00e9ndose la suma de $132.20, valor al que al aplic\u00e1rsele una tasa de reemplazo del 45%, genera una mesada pensional de $ 59.409. <\/p>\n
As\u00ed pues, se tiene que esta Judicatura encontr\u00f3 un valor un poco mayor al obtenido por la juez de instancia; sin embargo, tal como se estableci\u00f3 en la sentencia consultada, el salario m\u00ednimo para el a\u00f1o 1993 (fecha del fallecimiento del afiliado) estaba estipulado en $81.510, esto es un valor superior a los c\u00e1lculos obtenidos, motivo por el cual, y ante la imposibilidad de reconocer una mesada inferior al salario m\u00ednimo, por analog\u00eda habr\u00e1 de tenerse en cuenta \u00e9ste para efectos de los c\u00e1lculos a realizar <\/p>\n
De otra parte, no sobra recordar que el art\u00edculo 31 del Decreto 758 de 1990, indica que el monto de la indemnizaci\u00f3n no puede ser inferior a 12 mensualidades, raz\u00f3n por la cual, se tiene que, $81.510 multiplicado por 12 mensualidades arroja un total de $978.120, como de forma acertada como lo afirm\u00f3 la juez de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Este Despacho tambi\u00e9n comparte lo expuesto por la A quo en lo referente a que la citada suma deb\u00eda indexarse al momento del pago efectivo (01 de abril de 2002), como se desprende de la Resoluci\u00f3n SUB 57870 del 2020, por lo que de igual forma, \u00e9ste despacho procede a realizar el c\u00e1lculo seg\u00fan la f\u00f3rmula establecida en contadas oportunidades por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, obteni\u00e9ndose un total de $7.838.308.00. <\/p>\n
Veamos: <\/p>\n
VR= VH*(IPC FINAL\/IPC INICIAL) <\/p>\n
VR=Valor a reintegrar <\/p>\n
VH=$978.120 <\/p>\n
IPC final=105.70=Momento del pago <\/p>\n
IPC inicial=13.19=Fallecimiento del afiliado <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se tiene que Colpensiones mediante la Resoluci\u00f3n DEP 8156 del 20 de mayo de 2020 reliquid\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en un valor de $110.698.00. <\/p>\n
Concluye esta Judicatura que los valores obtenidos tanto por la juez de \u00fanica instancia, como por este Despacho son inferiores a los reconocidos en las Resoluciones SUB 57870 del 28 de febrero de 2020, reconociendo un valor de $7.826.854 y en la DEP 8156 del 20 de mayo de 2020, una suma liquidada en $7.937.552, con una diferencia en la indemnizaci\u00f3n de $110.698; por lo tanto, las peticiones incoadas no est\u00e1n llamadas a prosperar. <\/p>\n
De hecho, la relaci\u00f3n procesal entre el actor y el demandado nace con la presentaci\u00f3n de la demanda y la notificaci\u00f3n del auto admisorio, trab\u00e1ndose as\u00ed la litis, de ah\u00ed que quien demanda debe gozar de vocaci\u00f3n para proponer la pretensi\u00f3n y quien sea demandado debe aptitud legal para resistir, en tanto se trata de un presupuesto material para dictar sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
Vista la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada, encuentra la Sala que, el juzgador accionado no incurri\u00f3 en un error ostensible, grosero o may\u00fasculo que la promotora del amparo le endilga, que habilite al juez constitucional entrar a su correcci\u00f3n, porque por m\u00e1s que insista la tutelante en imponer su tesis particular, tal postura no tiene la fuerza para inhabilitar el estudio jur\u00eddico y f\u00e1ctico que llev\u00f3 a cabo el operador censurado, con base en el principio de independencia y autonom\u00eda judicial, frente al cual el juez de tutela debe ser cuidadoso ante cualquier tipo de opci\u00f3n que le presenten las partes u opositores, s\u00f3lo con la excusa de afianzar sus intereses. <\/p>\n
En realidad, la decisi\u00f3n del juzgador estuvo suficientemente motivada y, por ende, el an\u00e1lisis llevado a cabo resulta razonable, porque, como bien lo explic\u00f3, para obtener el IBL de las prestaciones causadas \u00edntegramente con el Ac. 049 de 1990, aprobado por el D. 758 de la misma anualidad, se debe acudir al art. 20 de esa disposici\u00f3n normativa, el cual es preciso y consiste en establecer la forma particular de llevarse a cabo esa operaci\u00f3n, la cual dista de algunos los elementos que trae la L. 100 de 1993. <\/p>\n
Ciertamente, la Corte ha se\u00f1alado que es improcedente la indexaci\u00f3n de los salarios base de cotizaci\u00f3n de las pensiones de vejez regidas \u00edntegramente por el Ac. 049 de 1990, toda vez que en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 20 de esta regulaci\u00f3n, se consagra una f\u00f3rmula concreta para calcular el monto de la mesada. <\/p>\n
En la sentencia CSJ SL4016-2019, reiterada en la CSJ SL2808-2020, se dijo: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pues bien, para dar respuesta al censor, debe se\u00f1alarse, que esta Sala de manera profusa, reiterada y pac\u00edfica ha sostenido, que a las pensiones de vejez otorgadas bajo la \u00e9gida exclusiva del Acuerdo 049 de 1990, no hay lugar a aplicarles indexaci\u00f3n de la base salarial, en la medida que dicha disposici\u00f3n, en su art\u00edculo 20, establece su propia f\u00f3rmula para obtener el salario que sirve de base para calcular el monto de la prestaci\u00f3n, siendo precisamente esa la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto bajo an\u00e1lisis, pues sin duda alguna la aludida acreencia bajo los par\u00e1metros del Decreto 758 de1990, que aprob\u00f3 el referido acuerdo, tal y como se desprende de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 000281\/93, y lo confiesa el propio actor en su demanda inaugural. <\/p>\n
En efecto, el Par\u00e1grafo 1 del literal b) de la parte II del art\u00edculo 20 del Acuerdo 049 de 1990, que alude a la pensi\u00f3n de vejez, dispone: <\/p>\n
El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la cent\u00e9sima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotiz\u00f3 el trabajador en las \u00faltimas cien (100) semanas. <\/p>\n
El factor 4.33 resulta de dividir el n\u00famero de semanas de un a\u00f1o por el n\u00famero de meses <\/p>\n
Sobre el particular, se pronunci\u00f3 recientemente la Sala en la sentencia CSJ SL945-2019, en donde puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, como quiera que la demandante pretende la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, cabe recordar que conforme a la jurisprudencia vigente, es improcedente la indexaci\u00f3n de los salarios base de cotizaci\u00f3n de las pensiones de vejez regidas \u00edntegramente por el Acuerdo 049 de 1990, como ocurre en este caso, toda vez que la misma norma en su art\u00edculo 20 regula la forma de obtener el salario mensual de base, como se expres\u00f3 en sentencias CSJ SL16727-2015, SL8306-2017, SL1186-2018 y SL5152-2018, entre otras. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior y dado que no se encuentra un motivo suficiente para realizar un cambio en el actual criterio, el cargo es infundado. <\/p>\n
Respecto de este mismo punto de debate, tambi\u00e9n se pueden consultar las sentencias CSJ SL, del 6 de jul. 2011, rad. 39542, CSJ SL13183-2015; CSJ SL15680-2015, CSJ SL6613-2017, y CSJ SL4732-2018, entre otras. <\/p>\n
Bajo este horizonte, en ning\u00fan error jur\u00eddico incurri\u00f3 el juzgador de alzada, por cuanto la normatividad que tuvo en cuenta para resolver el asunto, es la que gobierna la pensi\u00f3n de vejez que le fuera otorgada a la demandante y no las acusadas por el promotor, por lo que su decisi\u00f3n se acompasa con la l\u00ednea de pensamiento de la Sala, sin que se encuentren nuevos elementos de juicio que conduzcan a efectuar un cambio doctrinal. (\u2026) <\/p>\n
Lo anterior, fue lo que aplic\u00f3 acertadamente el juzgador accionado en el momento de efectuar la liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n indemnizatoria, y por ello, obtuvo un valor inferior al salario m\u00ednimo para la fecha en que se caus\u00f3 la indemnizaci\u00f3n, pero como el art. 31 del Ac. 049 de 1990, prev\u00e9 en su parte final que, luego de aplicar la operaci\u00f3n para obtener la aludida indemnizaci\u00f3n, no puede ser inferior a doce (12) mensualidades, lo actualiz\u00f3 al 2020, fecha en la cual se le reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n a la accionante, lo cual se ajusta a los par\u00e1metros m\u00ednimos de reconocimiento de tal figura, por m\u00e1s que insista la impugnante en se\u00f1alar, que deb\u00edan traerse a valor presente los \u00faltimos salarios cotizados por el causante en 1989, hasta 1993, fecha de fallecimiento, porque ya se precis\u00f3, que esa no es la forma de liquidar una prestaci\u00f3n que se reconoce \u00edntegramente en los reglamentos del extinto ISS hoy Colpensiones. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que la sola inconformidad con una determinada decisi\u00f3n judicial resulta improcedente para fundamentar la acci\u00f3n de tutela, en tanto, la misma, como lo concluy\u00f3 la primera instancia constitucional, no se constituye en una instancia adicional en donde puedan suscitarse controversias de tem\u00e1ticas del resorte exclusivo del juez natural, como tampoco puede imponerse al fallador a trav\u00e9s de este mecanismo una determinada interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan el asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, concretamente que el juez de tutela revise cada uno de los medios de convicci\u00f3n y proceda a relucir las inferencias probatorias, como una especie de tercera instancia de valoraci\u00f3n, para darle la raz\u00f3n en este caso sobre la reliquidaci\u00f3n de una prestaci\u00f3n pensional, algo totalmente ajeno al operador judicial constitucional, cuando su atenci\u00f3n se concentra a providencias judiciales. <\/p>\n
Por tales motivos, al no existir raz\u00f3n plausible que motive la modificaci\u00f3n o revocatoria del fallo de primer grado, se impone forzoso proveer su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados telegr\u00e1ficamente o por cualquier otro medio expedito. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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STL5830-2022 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente STL5830-2022 Radicaci\u00f3n n. 97425 Acta 15 Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n interpuesta por EMILSE DE JES\u00daS ORTEGA DE GUTI\u00c9RREZ contra la sentencia del 30 de marzo de 2022, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63856","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63856\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}