STL5981-2022<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL5981-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 97621 <\/p>\n
Acta No. 16 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n interpuesta por OLGA CECILIA AQUITE PEDRAZA, contra la sentencia de tutela proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, el 5 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n constitucional que promovi\u00f3 la parte recurrente contra el JUZGADO DOCE LABORAL DE BARRANQUILLA, tr\u00e1mite que se hizo extensivo a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO LABORAL SALUD y CAJA DE PREVISI\u00d3N SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE EN LIQUIDACI\u00d3N. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La impulsora del auxilio especial, en causa propia, activa el presente mecanismo solicitando el amparo de sus garant\u00edas superiores \u00abAL DEBIDO PROCESO, PETICION, ACCESO A LA JUSTICIA y VIDA DIGNA\u00bb, presuntamente desconocidas por el operador judicial accionado, quien a la fecha de radicaci\u00f3n del escrito tuitivo no ha librado \u00abMANDAMIENTO DE PAGO\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 de forma principal, que mediante sentencia del 26 de abril de 2017, el Juzgado accionado resolvi\u00f3 declarar la existencia de un contrato laboral \u00abentre Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud y, conden\u00f3 al pago de prestaciones sociales, indemnizaci\u00f3n moratoria, los aportes de pensi\u00f3n y salud, solidariamente a la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones Caprecom EPS, sucedido procesalmente por Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones Caprecom EICE en Liquidaci\u00f3n administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A.\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que en desacuerdo con lo resuelto, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, que en segunda instancia fue conocida por esta Sala especializada, la cual, a trav\u00e9s de sentencia CSJ STL12975 del 28 de julio del 2021, orden\u00f3 revocar la decisi\u00f3n emitida por la Sala cognoscente constitucional, para en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de Justicia, disponiendo dejar sin efecto el prove\u00eddo del 24 de junio de 2021, emitido por el Juzgado Trece Laboral de Barranquilla, al evidenciarse que: [\u2026] lo dispuesto en el auto del 24 de junio de 2021, desconoci\u00f3 las prerrogativas constitucionales invocadas por la se\u00f1ora Aquite Pedraza, en la medida en que result\u00f3 palmaria la falta de congruencia entre la condena impuesta y el resultado obtenido por el despacho respecto a la operaci\u00f3n efectuada por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria, situaci\u00f3n que legitima el derecho a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
Expres\u00f3, que el 26 de octubre de 2021, solicit\u00f3 al despacho de conocimiento que librara mandamiento de pago; que con posterioridad, se surti\u00f3 el cumplimiento del fallo, \u00abcuatro meses despu\u00e9s\u00bb de pronunciada la decisi\u00f3n de tutela; as\u00ed las cosas, mediante prove\u00eddo del 22 de noviembre del a\u00f1o que precede, el titular del despacho tutelado procedi\u00f3 a obedecer y cumplir con lo ordenado por el superior. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que el 3 de febrero hoga\u00f1o, insisti\u00f3 en la solicitud de emisi\u00f3n de orden de apremio y, el 4 de marzo siguiente, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n para que le resolvieran de fondo su requerimiento, este \u00faltimo, atendido a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de la misma fecha, en el que se le indic\u00f3 \u201c\u2026previo a dar tr\u00e1mite a la solicitud pronunciamiento al cumplimiento de sentencia, se debe efectuar la liquidaci\u00f3n de costas y posteriormente aprobaci\u00f3n de la misma\u2026\u201d. <\/p>\n
Sostuvo, que el juez ha tenido una conducta omisiva frente al tr\u00e1mite del proceso ejecutivo, por cuanto a la fecha, no se han materializado las medidas que deben adoptarse al interior de la causa que motiva al presente resguardo, y bajo ese entendido, refiri\u00f3, que debe proceder a emitir auto en el que se disponga librar orden de apremio, y de esa forma, dar una respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n radicado ante el despacho de conocimiento, el pasado 4 de marzo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que la actora acude al presente mecanismo, para que le sean concedidos los derechos fundamentales implorados, y como consecuencia, se ordene al Juzgado reprochado, que proceda a proferir decisi\u00f3n en la que se disponga \u00abla ejecuci\u00f3n de la sentencia y librar mandamiento de pago de acuerdo a lo se\u00f1alado en la parte resolutiva de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
Por auto del 28 de marzo de 2022, el Tribunal Superior \u2013 Sala de Decisi\u00f3n Laboral de Barranquilla, orden\u00f3 la admisi\u00f3n del conocimiento del asunto, dispuso enterar a la autoridad judicial accionada que conoce de la causa motivo de resguardo, junto con los vinculados, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, si a bien lo ten\u00edan. <\/p>\n
Ulteriormente, mediante prove\u00eddo del 30 de marzo siguiente, se adicion\u00f3 al auto anterior la vinculaci\u00f3n de la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones Caprecom EICE en Liquidaci\u00f3n, administrada por la Fiduciaria la Previsora S.A., quien tambi\u00e9n fue parte demandada al interior del contradictorio del expediente judicial que activa al presente mecanismo, en la medida en que, lo pretendido con la acci\u00f3n de amparo, es que se ordene la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada en la causa ordinaria laboral. <\/p>\n
El titular del Juzgado criticado, se refiri\u00f3 a los antecedentes del pleito, y en relaci\u00f3n a lo reclamado por la invocante, manifest\u00f3, que tom\u00f3 posesi\u00f3n en propiedad del cargo el \u00abd\u00eda 31 de agosto de 2018\u00bb; en cuanto a las afirmaciones de la acci\u00f3n de resguardo asegur\u00f3, que en la actualidad tiene una carga considerable de \u00abm\u00e1s de 500 procesos\u00bb, y con la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos a ra\u00edz de la pandemia del Covid-19, se retrasaron los tr\u00e1mites que se encuentran bajo su conocimiento; sin embargo, aclar\u00f3 que la situaci\u00f3n de la actora no podr\u00eda encasillarse en una mora judicial, pues el pasado 29 de marzo de 2022, el expediente ingres\u00f3 al despacho para el tr\u00e1mite de rigor y, en la misma fecha, orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, y en ese sentido se le ha dado un impulso al tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Solicit\u00f3 en consecuencia, se declare la improcedencia del mecanismo constitucional \u00abo en su defecto se declare la carencia actual de objeto por sustracci\u00f3n de materia.\u00bb. <\/p>\n
La apoderada especial de tutelas del PAR CAPRECOM Liquidado, como se evidencia del mandato allegado durante el tr\u00e1mite constitucional, luego de realizar un recuento de las actuaciones judiciales al interior del proceso que critica la actora, advirti\u00f3, que no es la entidad llamada a garantizar el reconocimiento de las garant\u00edas superiores solicitadas; as\u00ed las cosas, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Las dem\u00e1s partes guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino dispuesto por el despacho judicial de primer grado constitucional. <\/p>\n
La Sala Cognoscente en el presente asunto, mediante fallo de fecha 5 de abril del a\u00f1o en curso, resolvi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo. Al respecto, sostuvo que no exist\u00eda una mora judicial injustificada que diera paso excepcional a este tipo de acciones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la parte accionante la impugn\u00f3, para lo propio, sostuvo que: [\u2026] en calidad de vencedora del proceso ordinario laboral, sentencia del 26 de abril del 2017, y en el que he solicitado dos veces, como acreedora, ante el mismo juez, la ejecuci\u00f3n del fallo, la primera el 27 de octubre del 2021 y la segunda el 3 de febrero del 2022, en el que no he obtenido respuesta; por medio del presente escrito me permito impugnar la decisi\u00f3n que se me comunic\u00f3 el 8 de abril del 2022 [\u2026]. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece, que toda persona tiene la \u00abacci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 1\u00ba, se\u00f1ala que \u00abtoda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este decreto\u00bb. <\/p>\n
Las reglas de interpretaci\u00f3n del derecho en el terreno de los valores y de los principios, ense\u00f1an que la actuaci\u00f3n de uno de ellos, no supone la aniquilaci\u00f3n de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicaci\u00f3n que no afecten su n\u00facleo esencial. <\/p>\n
No obstante, sigue siendo valor esencial para la Sala, que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del juez, consagrada en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sustituyendo al juez natural. <\/p>\n
Mediante el presente tr\u00e1mite constitucional, pretende la libelista la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, por esta v\u00eda, se ordene a la autoridad judicial accionada emita respuesta a las solicitudes, por medio de las cuales, la accionante pretende se ordene al Juzgado de conocimiento, proceder a librar orden de apremio de la sentencia emitida el 26 de abril de 2017. <\/p>\n
Pues bien, frente a la prerrogativa al derecho de petici\u00f3n, advierte la Sala de entrada, que no se acceder\u00e1 a ella, toda vez que del an\u00e1lisis del material probatorio obrante en el plenario se evidencia, que el derecho de petici\u00f3n solo puede ser desconocido a los usuarios del sistema judicial, cuando se refieran a temas que involucran actuaciones administrativas, m\u00e1s no aquellas acciones que se suscitan al interior de los tr\u00e1mites judiciales por parte de las autoridades de conocimiento, como evidentemente se avizora en el presente asunto. <\/p>\n
En efecto, al descender al Sub Judice, la recurrente solicita al Juzgado cuestionado, que le d\u00e9 tr\u00e1mite al proceso ejecutivo seguido del laboral; y en ese sentido considera la Sala, que al tratarse de una gesti\u00f3n relacionada con el impulso del proceso motivo de resguardo, en este preciso debate, no se puede predicar el desconocimiento a la referida prerrogativa, esto por cuanto, la solicitud elevada ante el despacho judicial censurado, no es regulada por las normas generales del derecho de petici\u00f3n, sino como se indic\u00f3 en l\u00edneas precedidas, al procedimiento judicial respectivo. <\/p>\n
Esta Sala de la Corte, al estudiar un caso de an\u00e1logas particularidades, mediante sentencia de tutela CSJ STL8452-2020, advirti\u00f3: <\/p>\n
En punto a dilucidar el problema jur\u00eddico planteado, importa precisar que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que el derecho de petici\u00f3n que se formula ante las autoridades judiciales, solo es predicable respecto de asuntos netamente administrativos que est\u00e9n a cargo del juez o del magistrado; mientras que los asuntos de car\u00e1cter procesal se someten a las reglas y los t\u00e9rminos propios del procedimiento respectivo. En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-394-2018, indic\u00f3: <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de petici\u00f3n ante autoridades judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado sus alcances, al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petici\u00f3n puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la obligaci\u00f3n de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, tambi\u00e9n lo es que \u201cel juez o magistrado que conduce un proceso judicial est\u00e1 sometido -como tambi\u00e9n las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habr\u00e1n de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio\u201d. <\/p>\n
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petici\u00f3n encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debi\u00e9ndose sujetar entonces la decisi\u00f3n a los t\u00e9rminos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petici\u00f3n que rigen la administraci\u00f3n y, en especial, de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, alegados por la impulsora de la acci\u00f3n excepcional, resulta evidente que tal desconocimiento no se vislumbra al interior del expediente, pues contrario a lo manifestado por la invocante, el operador judicial de primer grado atendi\u00f3 su solicitud, indic\u00e1ndole que deb\u00eda esperar que se surtiera los tr\u00e1mites correspondientes para la culminaci\u00f3n del proceso ordinario, como qued\u00f3 evidenciado de los antecedentes del presente l\u00edbelo. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta el auto de fecha 29 de marzo de 2022, en el que se orden\u00f3 la inclusi\u00f3n de liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, y as\u00ed las cosas, debe esperar el tr\u00e1mite de rigor que le sigue, es decir, que por Secretar\u00eda de ese despacho las liquid\u00e9, quiere decir ello, que hasta tanto no quede en firme esa actuaci\u00f3n, no puede pretender la actora que se inici\u00e9 el proceso ejecutivo, puesto que aqu\u00e9l debe gestionarse seguido del ordinario laboral. <\/p>\n
Valga anotar, que con la insistencia de la memorialista a su solicitud de ejecuci\u00f3n de sentencia, se concluye que, se avizora una prontitud en la utilizaci\u00f3n de este tipo de mecanismos, de cara a las consideraciones previamente se\u00f1aladas. <\/p>\n
De lo anterior, debe destacarse, que si lo que busca la accionante es adjudicarle al \u00f3rgano judicial censurado una mora en la soluci\u00f3n de su solicitud, esto tampoco configura ninguna violaci\u00f3n de los derechos conculcados, teniendo en cuenta las realidades f\u00e1cticas referidas en precedencia; entonces, deber\u00e1 la recurrente esperar a que sea atendido su requerimiento de acuerdo a los turnos de las personas que se encuentran en las mismas circunstancias de la promotora, pues admitir lo contrario, desconocer\u00eda las garant\u00edas procesales y constitucionales de los usuarios de este sistema, como bien lo ha sostenido este colegiado en jurisprudencia pasiva. <\/p>\n
En ese orden de ideas, a juicio de esta Magistratura, el Juzgado Trece Laboral de Barranquilla, no ha incurrido en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante, por lo que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de tutela emitida en primera instancia, para en su lugar, negar el amparo de las prerrogativas imploradas, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela impugnado, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos constitucionales invocados, conforme a las razones expuestas en el presente prove\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO: ENTERAR de esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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