AC2265-2022 (2022-01428-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2265-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-02-03-000-2022-01428-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Dieciocho Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, Luis Alonso Cortez L\u00f3pez demand\u00f3 a Luis Alfredo Garrido Pont\u00f3n para que se declarara el \u00abincumplimiento del contrato de mandato\u00bb suscrito el 4 de junio de 2002 entre el accionado y Laureano G\u00f3mez Parra; la validez del \u00abnegocio celebrado entre Luis Alonso Cortez L\u00f3pez y Laureano G\u00f3mez\u00bb, as\u00ed como la \u00ablegitimidad del derecho de dominio\u00bb que ostenta sobre el predio objeto de ese contrato y que se compeliera a Garrido Pont\u00f3n a su \u00abentrega\u00bb. Asign\u00f3 la competencia a esa sede judicial en atenci\u00f3n a \u00abla naturaleza del proceso, a la cuant\u00eda y al factor territorial\u00bb. <\/p>\n
3. La oficina de destino tambi\u00e9n lo repeli\u00f3, en compendio, porque estim\u00f3 que algunas de las pretensiones del actor obedec\u00edan al ejercicio del \u00abderecho real de dominio\u00bb, raz\u00f3n por la cual la competencia correspond\u00eda al juez del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble objeto del negocio entre las partes, acorde con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 procesal. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que dirimiera la diferencia (17 marzo 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, ata\u00f1e a esta Corporaci\u00f3n dirimirla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb, lo que obedece a la necesidad de garantizarle al convocado la posibilidad de ejercer en forma adecuada su defensa, lo que supone la ley, hace mejor desde el lugar donde tiene su asiento. <\/p>\n
Sin embargo, existen otros eventos que de igual forma regula el referido canon, en los que esa pauta concurre con distintos fueros, como acontece con las controversias de \u00edndole contractual o que envuelven un t\u00edtulo valor, referidas en el numeral 3\u00ba, que brinda al accionante la posibilidad de acudir en esos casos ante el juez del \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, si es que \u00e9ste no coincide con el domicilio de su contradictor. <\/p>\n
De cualquier modo, cuando se trata de fueros concurrentes, la facultad de escoger radica en el actor y a esa elecci\u00f3n deber\u00e1 plegarse la judicatura siempre que sea ejercida de acuerdo con la preceptiva legal o su raz\u00f3n de ser aflore del l\u00edbelo o de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n disponible. En tal sentido, como lo destac\u00f3 la Sala en AC057-2019, reiterado en AC612-2020, <\/p>\n
(\u2026) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor. (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
3. En el caso en concreto, seg\u00fan se extrae del escrito inicial, Luis Alonso Cortez L\u00f3pez inst\u00f3 la declaraci\u00f3n de \u00abincumplimiento del contrato de mandato\u00bb que su demandado Luis Alfredo Garrido Pont\u00f3n suscribi\u00f3 con Laureano G\u00f3mez Parra y, en su lugar, que \u00abse declare v\u00e1lido\u00bb el contrato de compraventa que \u00e9l celebr\u00f3 con este \u00faltimo y \u00abla legitimidad del derecho de dominio\u00bb que desde ese momento ejerce sobre el predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 176.73261, con la consecuente condena al mandante accionado para que realice su \u00abentrega\u00bb, voluntad que tambi\u00e9n se extracta del poder otorgado por el promotor. <\/p>\n
Lo anterior permite descartar la aplicaci\u00f3n del fuero previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues al margen de la petici\u00f3n accesoria incluida en el ordinal 3\u00ba del ac\u00e1pite de pretensiones, lo cierto es que esa circunstancia no es suficiente para predicar el ejercicio de una acci\u00f3n real en esta litis y, menos a\u00fan, para desvirtuar la verdadera naturaleza de la disputa, en la que se debate el \u00abincumplimiento contractual\u00bb del accionado y no las prerrogativas que derivan de alguno de los derechos se\u00f1alados en el art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Confrontado as\u00ed el argumento que le sirvi\u00f3 a la autoridad judicial de Cali para rehusar el conocimiento del pleito, es claro que le correspond\u00eda asumirlo, puesto que la pauta llamada a fijar la competencia territorial no es otra que la contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del Estatuto Procesal, como lo estim\u00f3 el primer funcionario, en vista de la deficiente la redacci\u00f3n del l\u00edbelo y las escuetas las razones expuestas al momento de asignar el asunto, quedando como \u00fanica afirmaci\u00f3n indubitativa que el contradictor tiene su \u00abdomicilio en la ciudad de Cali\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a esa \u00faltima autoridad para que la asuma, toda vez que se desprendi\u00f3 de ella sin justificaci\u00f3n admisible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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