AC2268-2022 (2019-00050-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC2268-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-016-2019-00050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Aura Laura Zapata G\u00f3mez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso verbal de pertenencia, promovido por la recurrente contra Cesar Fabi\u00e1n Gonz\u00e1lez Torres e indeterminados. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Aura Laura Zapata G\u00f3mez demand\u00f3 a Cesar Fabi\u00e1n Gonz\u00e1lez Torres y dem\u00e1s personas indeterminadas que creyeran tener derecho frente al bien ubicado en la carrera 43 No 80-39 de la ciudad de Barranquilla, identificado con n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 040-148468, a fin de que se declarara que lo adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n, al haber ejercido actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, de manera p\u00fablica, pac\u00edfica, tranquila y sin clandestinidad, desde hace m\u00e1s de veintiocho (28) a\u00f1os (folios 3 a 23, archivo 01, expediente digital). <\/p>\n
2. La postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Diecis\u00e9is del Circuito de Barranquilla, el 15 de marzo de 2019 (folios 89 y 90, ib.). <\/p>\n
3. El convocado Cesar Fabi\u00e1n Gonz\u00e1lez se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n y plante\u00f3 los medios exceptivos que denomin\u00f3: \u00abAUSENCIA DE LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA EL DERECHO DE DOMINIO DEL BIEN QUE SE ALEGA\u00bb; y \u00abTEMERIDAD Y MALA FE DE LA PARTE DEMANDANTE Y LOS TERCEROS INTERVINIENTES QUE LE APOYEN, EN LA CAUSA Y OBJETIVO ILICITO DE LA DEMANDA\u00bb (folios 19 a 37, Cuaderno 2, expediente digital). <\/p>\n
3.1. Cesar Gonz\u00e1lez present\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de tenencia en reconvenci\u00f3n en la que aleg\u00f3 que la se\u00f1ora G\u00f3mez de Zapata, junto a Armando y Arnoldo Zapata G\u00f3mez suscribieron contrato de fiducia con la Cooperativa de Colombia Fidubancoop en liquidaci\u00f3n, mediante el cual, le transfirieron la propiedad del inmueble a dicha entidad, conservando la tenencia del mismo a t\u00edtulo de comodato gratuito, posteriormente, le fueron cedidos a \u00e9l los derechos fiduciarios (folios 3 a 13, Cuaderno 3, expediente digital). <\/p>\n
3.1.1. Subsanada y reformada la demanda (folios 83 a 99, ib.), se admiti\u00f3 en auto de 23 de julio de 2019, (folios 119 y 120, ib.) y a sus pretensiones se opuso la reclamante principal, efecto para el cual excepcion\u00f3: \u00abDESCONOCIMIENTO DE CAR\u00c1CTER DE ARRENDADOR O DE COMODANTE\u00bb; \u00abAUSENCIA DE VOLUNTAD COMO SE\u00d1OR Y DUE\u00d1O\u00bb; \u00abMALA FE\u00bb; \u00abAUSENCIA DE MEJORAS A FAVOR DEL INMUEBLE Y SOSTENIMIENTO CONTINUO DEL MISMO\u00bb (folios 122 a 139, ib.). <\/p>\n
4. El curador ad litem designado para la defensa de las personas indeterminadas present\u00f3 escrito de contestaci\u00f3n, sin plantear defensa alguna (folios 187 a 191, ib.). <\/p>\n
5. En audiencia celebrada el 25 de junio de 2021 se profiri\u00f3 sentencia de primer grado que neg\u00f3 las pretensiones tanto de la demanda principal, como de la restituci\u00f3n (archivo 35, cuaderno juzgado, expediente digital). <\/p>\n
6. Al ser apelada esa resoluci\u00f3n por los extremos procesales, en fallo de 13 de diciembre siguiente el Tribunal la confirm\u00f3. <\/p>\n
6.1. Como resguardo de su decisi\u00f3n indic\u00f3 que entre las partes se acredit\u00f3 un v\u00ednculo de tipo contractual con origen en la fiducia constituida entre la demandante y su familia con Fidubancoop y la relaci\u00f3n de \u00e9sta \u00faltima con el convocado que termin\u00f3 con el traspaso a este del dominio objeto de la disputa y la concesi\u00f3n de su tenencia a Aura Laura, pues as\u00ed qued\u00f3 \u00abdemostrado en el proceso y admitido por las partes en los diversos interrogatorios, am\u00e9n del proceso de car\u00e1cter penal que ha existido entre ellos, que en sus dos instancias accedi\u00f3 a las pretensiones de la denunciante, pero que finalmente, fue declarado como acci\u00f3n prescrita\u00bb. <\/p>\n
La demandante anunci\u00f3 que la calidad de tenedora contractual mut\u00f3 a la de poseedora; sin embargo, no acredit\u00f3 el momento exacto en el que ello ocurri\u00f3, no solo frente al propietario inscrito, sino a su propia familia con la que habitaba conjuntamente el bien, ya que, aunque \u00abintent\u00f3 obtener de la administraci\u00f3n de justicia la declaratoria de ilicitud en desconocimiento del v\u00ednculo contractual que la ataba al demandante en reconvenci\u00f3n (\u2026)\u00bb no lo logr\u00f3, por haber prescrito la acci\u00f3n penal, \u00abpor lo que ha de entenderse que por lo menos hasta ese instante de intento de desconocimiento del contrato de fiducia, hab\u00eda que aceptar que la demandante reconoc\u00eda el derecho de dominio del demandado inicial y demandante en reconvenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido recalc\u00f3 que, desde la finalizaci\u00f3n de dicho juicio hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, no se cumple el t\u00e9rmino necesario para apoyar sus pedimentos y, al margen de ello, insisti\u00f3, tampoco podr\u00eda accederse a ellos porque no se demostr\u00f3 su posesi\u00f3n aut\u00f3noma o aislada de la de sus familiares. <\/p>\n
En cuanto toca con las pretensiones restitutorias se\u00f1al\u00f3 que la denuncia con la cual la promotora de la acci\u00f3n primigenia buscaba desconocer el contrato de fiducia, marca el momento exacto en que aquella se revel\u00f3 contra la propiedad de Cesar Fabi\u00e1n, sumado a que \u00abno existe prueba de que [ella] pagara c\u00e1nones ni contraprestaci\u00f3n alguna (\u2026) [s]iendo as\u00ed, que la real situaci\u00f3n de la demandante inicial no es de tenencia material, a pesar de haber suscrito un negocio que le otorgaba desde 1993 la calidad de tenedora, al momento de presentaci\u00f3n de la demanda y m\u00e1s la de reconvenci\u00f3n, ya la demandante inicial y demandada en reconvenci\u00f3n no ten\u00eda la calidad de tenedora sino de poseedora, por lo que el primer presupuesto para que pueda prosperar la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia no se encontraba demostrado\u00bb (archivo 05, Cuaderno Tribunal, expediente digital). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, la demandante imputa un cargo con apoyo en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Imput\u00f3 la lesi\u00f3n por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho como consecuencia de la falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas \u00abtransgrediendo de esta manera los art\u00edculos 7, 11, 13, 14, 64, 164, 165, 166, 176, 240, 241, 242, 243, 250, 257, 280 del C\u00f3digo General del Proceso; (\u2026) 763, 1511, 1740 y 1746 del C\u00f3digo Civil; (\u2026) 29, 58, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Para soportar su acusaci\u00f3n sostuvo que el tribunal no les dio trascendencia probatoria a las sentencias de primera y de segunda instancia dentro del proceso penal No. 11001310475220130047403 que fueron aportadas por la demandante y que posteriormente fueron decretadas de manera oficiosa, en las cuales se indic\u00f3 que el convocado es responsable del delito de estafa agravada y que una de sus v\u00edctimas fue la convocante y. en la que adem\u00e1s, se dej\u00f3 sin efectos la cesi\u00f3n de los derechos fiduciarios que se efectu\u00f3 entre la familia Zapata G\u00f3mez y el procesado lo que, a juicio de la casacionista, da cuenta de que \u00absuscribi\u00f3 un contrato bajo el influjo de un enga\u00f1o que vici\u00f3 el consentimiento\u00bb, pero que el mismo fue dejado sin valor por decisi\u00f3n judicial y, por tanto, no genera consecuencias jur\u00eddicas en su contra. <\/p>\n
Destac\u00f3 que si se hubiera valorado la prueba documental rese\u00f1ada, se habr\u00edan tenido por inexistentes los contratos de fiducia y cesi\u00f3n de derechos de escrituras p\u00fablicas y, por ende, la conclusi\u00f3n frente al tiempo de posesi\u00f3n habr\u00eda sido favorable a sus intereses (archivo 5, Cuaderno Corte, expediente digital). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01, CSJ AC2593-2021, 30 jun., rad. 2014-00517). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC1427-2020, 12 feb., rad. 2015-00461-01). <\/p>\n
2. Cuando se confutan las sentencias por errores in iudicando o in procedendo, estando entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta)2. Mientras que los segundos, hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
Sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los mandatos de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido desatendido, aplicado de manera indebida o incorrectamente interpretado. <\/p>\n
Es necesario recalcar que, a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n del libelo, no puede el recurrente sustraerse de especificar aquellos con esa calidad; siendo tales, los que \u00abdebido a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01; CSJ AC3661-2020,18 dic., rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda fueron soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, en criterio del opugnante, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u00abel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01). <\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
En ese orden, la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser caprichosa \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019, 20 jun., rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
2.1. Cuando se acude a la causal primera para denunciar el quebranto de los preceptos normativos, se reclama al censor exponer los fundamentos de su cuestionamiento, a fin de dejar al descubierto la contravenci\u00f3n endilgada al sentenciador, sin que sea v\u00e1lido reprochar la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En tal sentido, ha reiterado esta sede extraordinaria que cuando se alega el indicado motivo, el casacionista \u00abno puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento, la actividad del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que consider\u00f3 no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (CSJ AC752-2020, 4 mar., rad. 2016-00144-01). <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose de la infracci\u00f3n indirecta de mandatos materiales, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de aquellos, se le impone al inconforme la carga de describir la manera como el enjuiciador los transgredi\u00f3, efecto para el cual, deber\u00e1 refutar los razonamientos cardinales de la decisi\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio, se\u00f1alar la incidencia de los errores cometidos en la resoluci\u00f3n del litigio, y la forma en que estos condujeron al quebranto de los preceptos acotados, poniendo en evidencia la inconsistencia entre el genuino alcance y contenido de las pruebas y las conclusiones del fallo. <\/p>\n
Adicionalmente, es preciso reparar en que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ SC003-2021, 18 en., rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
3. Confrontado el embate con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que no satisface los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1 inadmitido. <\/p>\n
3.1. Se\u00f1al\u00f3 la impugnante que la decisi\u00f3n cuestionada revela la violaci\u00f3n de una norma sustancial por la omisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n de pruebas, concretamente los pronunciamientos emitidos en el juicio penal adelantado en contra del convocado en la acci\u00f3n de pertenencia que, a su juicio, concluy\u00f3 en la transgresi\u00f3n de las normas de car\u00e1cter probatorio que enlist\u00f3; sin embargo, olvid\u00f3 precisar el canon material que acusa quebrantado, descuido que, de entrada, trunca la admisi\u00f3n del cargo, pues desatiende la regla consagrada en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 de la nueva ley de ordenamiento civil. <\/p>\n
Sobre la importancia de este requisito, ha insistido la Sala en que: <\/p>\n
\u00abEn raz\u00f3n de que el recurso de casaci\u00f3n dentro de sus fines, conforme al art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, incluye el de \u2018controlar la legalidad de los fallos\u2019, la formalidad preterida tiene gran importancia trat\u00e1ndose de acusaciones apoyadas en la infracci\u00f3n de las normas de derechos sustancial, porque son las que demarcan las condiciones o requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho reclamado, o de la pretensi\u00f3n planteada, o en su caso, de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada, y por consiguiente, no se podr\u00e1 cumplir aquella funci\u00f3n de control de legalidad, porque al no haberse identificado dichos preceptos legales, resulta imposible establecer la violaci\u00f3n directa o indirecta de los mismos, lo cual en su momento obstaculizar\u00eda el estudio de fondo de la respectiva acusaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct., rad. 2010-00407 citada en CSJ AC2563-2020, 5 oct., rad. 2015-01119 y CSJ AC2501-2021, 23 jun., rad. 2017-00240). <\/p>\n
3.2. Y es que, si en gracia de discusi\u00f3n se entendiera que los preceptos rese\u00f1ados en la protesta lo fueron para dar cumplimiento a tal exigencia, verificado uno a uno su contenido, se logra constatar que ninguno crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas, sino que aluden a generalidades y al r\u00e9gimen probatorio. <\/p>\n
En efecto, los preceptos del C\u00f3digo General del Proceso 7, 11, 13 y 14 se ocupan de los principios rectores de los tr\u00e1mites judiciales; las previsiones 164, 165, 166, 176, 240, 241, 242, 243 y 257 establecen las pautas de valoraci\u00f3n, producci\u00f3n y aducci\u00f3n de los medios demostrativos (CSJ AC2593-2021, 30 jun., rad. 2014-00517; CSJ AC702-2022, 23 mar., rad. 2016-00084; CSJ AC706-202, 4 abr., rad. 2018-00211; CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405; CSJ AC3139-2019, 6 ag., rad. 2012-00198; CSJ AC745-2020, 9 mar., rad. 2014-00352), de donde viene claro que \u00fanicamente disciplinan la actividad procesal y, por ende, no gozan de las caracter\u00edsticas necesarias para ser considerados sustanciales. <\/p>\n
Tampoco sucede as\u00ed con las disposiciones de la codificaci\u00f3n civil que refiri\u00f3, pues la contenida en el 763 se limita a avalar la posibilidad de que coexistan t\u00edtulos para efectos de la posesi\u00f3n, el 1511 ata\u00f1e al error de hecho en las declaraciones de voluntad, el 1740 es netamente definitorio, pues precisa qu\u00e9 es la nulidad y sus modalidades (CSJ AC2270-2021, 16 jun., rad. 2013-00176-01), lo que quiere decir que no contienen una \u00abprescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u00bb (CSJ AC 5 ag. 2009, rad. 1999-00453-01; reiterado en CSJ AC 12 abr. 2011, rad. 2000-24058-01 y en CSJ AC4549-2021, 30 sep., rad. 2018-00234-01). <\/p>\n
En igual sentido, brillan por su ausencia tales caracter\u00edsticas en dos de los mandatos de rango constitucional mencionados por la casacionista. As\u00ed lo ha referido esta Sala en relaci\u00f3n con los preceptos 58 (CSJ AC051-2008, 2 abr., rad. 2000-06151-01, reiterada en CSJ AC3725-2021, 25 ag., rad. 2017-00093-01) y 230 (CSJ AC819-2020, 9 mar., rad. 2014-00032-01; CSJ AC2194-2021, 9 jun., rad. 2016-00016-01). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abno tienen la calidad de norma sustancial las que (\u2026) van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (CSJ AC003-2020, 14 en., rad. 2011-00832-01, CSJ AC2828-2020, 26 oct., rad. 203-00891-01). <\/p>\n
3.3. Ahora, aunque la naturaleza material de los c\u00e1nones 29, 228 y 229 ius fundamentales ha sido reconocida por la Corte (CSJ SC130-2018, 12 feb. 2018, rad. 2002-01133-01 reiterada en CSJ AC2194-2021, 9 jun., rad. 2016-00016-01), lo cierto es que, su simple enunciaci\u00f3n no resulta suficiente para abrir paso a la admisi\u00f3n de la demanda extraordinaria, lo mismo que ocurre con el art\u00edculo 1746 de la codificaci\u00f3n civil tambi\u00e9n invocado por la inconforme. <\/p>\n
Lo anterior, porque para ello era necesario realizar una exposici\u00f3n de las razones que, en su criterio, hac\u00edan imprescindible el estudio del caso a la luz de aquellas prescripciones; la forma en que la alegada omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la prueba influy\u00f3 en el quebranto de las mismas; los argumentos tendientes a demostrar que las disposiciones de tal naturaleza fueron las llamadas a gobernar los aspectos neur\u00e1lgicos de la decisi\u00f3n censurada; los yerros que le atribuy\u00f3 a la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios de cara a la que hubiese sido su correcta evaluaci\u00f3n y la incidencia que hubiere representado en la decisi\u00f3n final; no obstante, ninguna actividad encaminada al cumplimiento de tal misi\u00f3n se advierte del escrito demandatorio. <\/p>\n
3.4. Lo que s\u00ed es evidente en este caso, es que la impugnante incurri\u00f3 en confusi\u00f3n de errores cuando plante\u00f3 el embate, dado que, aunque la titulaci\u00f3n del mismo es clara en anunciar que su queja se enfila a ense\u00f1ar un \u00abERROR DE HECHO MANIFIESTO Y TRASCENDENTE POR NO APRECIAR UNAS DETERMINADAS PRUEBAS\u00bb, su sustentaci\u00f3n se apoya en la infracci\u00f3n de normas probatorias, mixtura prohibida por la t\u00e9cnica con relaci\u00f3n a la misma prueba. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que \u00ab(\u2026) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil [hoy n\u00fam. 2 art. 344 C.G.P.] (\u2026) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte comprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb (CSJ AC219-2017, 25 en., rad. 2009-00048-01, reiterado en CSJ AC2680-2020, 19 oct., rad. 2008-00033-01, CSJ AC2587-2021, 30 jun., rad. 2018-00200-01 y CSJ AC1214-2022, 27 abr., rad. 2017-00284-01). <\/p>\n
Asimismo, ha dicho la Sala que \u00ab\u2018no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones\u2019\u00bb (CSJ SC077-1998, 15 sep., rad. 4886; CSJ SC-112-2003, 21 oct., rad. 7486, reiterada, entre otras, en CSJ SC2499-2021, 23 jun., rad. 2006-00135-01 y CSJ AC4218-2021, 7 oct., rad. 2017-00132.01). <\/p>\n
3.5. A las falencias analizadas debe agregarse que el dislate alegado por la casacionista carece de simetr\u00eda, en la medida en que, confrontada la determinaci\u00f3n atacada con la omisi\u00f3n que le achaca, f\u00e1cil se vislumbra que, en lo que respecta a las sentencias emitidas dentro de la causa penal No. 11001310475220130047403 por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, indic\u00f3 el ad quem: <\/p>\n
– Aunque en las dos instancias se accedi\u00f3 a las pretensiones de la denunciante, aqu\u00ed recurrente, la conclusi\u00f3n final fue la declaratoria de \u00abacci\u00f3n prescrita\u00bb (folio 9, archivo 05, Cuaderno Tribunal, expediente digital). <\/p>\n
– El juicio penal \u00abperdi\u00f3 su fuerza vinculante por conducto de la estructuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n en menci\u00f3n\u00bb (ibidem). <\/p>\n
– Pese a que \u00abla demandante intent\u00f3 obtener de la administraci\u00f3n de justicia la declaratoria de ilicitud del v\u00ednculo contractual que la ataba al demandante en reconvenci\u00f3n, no logr\u00e1ndolo por el hecho de la declinaci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (\u2026) ha de entenderse que por lo menos hasta ese instante de intento de desconocimiento del contrato de fiducia, hab\u00eda que aceptar que (\u2026) reconoc\u00eda el derecho de dominio del demandado inicial y demandante en reconvenci\u00f3n (\u2026)\u00bb (folio 10, ib.). <\/p>\n
En ese orden de ideas, desenfocada resulta la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual, el fallador de segundo grado dej\u00f3 de apreciar las mencionadas providencias pues, contrario a ello, justamente su examen permiti\u00f3 concluir que no pod\u00eda contabilizarse el tiempo para adquirir por prescripci\u00f3n desde el momento pretendido por la pretensa usucapiente, en tanto, mediaba reconocimiento de dominio ajeno, reflejado en la constituci\u00f3n de la fiducia, cuyo desconocimiento no se pudo materializar ante el fracaso de la denuncia que hizo en contra de Cesar Fabi\u00e1n Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
3.6. Los argumentos de la censora no resultan ser m\u00e1s que un simple alegato de instancia mediante el cual pretende imponer su propio criterio sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas que motivaron el cargo, concretamente en cuanto toca con los efectos de las decisiones proferidas por la especialidad penal y por ello insisti\u00f3 en que, aquellos \u00abson de car\u00e1cter permanente, (\u2026) no pueden retrotraerse (\u2026) por cuanto el ejercicio de la funci\u00f3n judicial se decidi\u00f3 un problema jur\u00eddico y hubo un pronunciamiento\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00ablos contratos celebrados y elevados a Escritura p\u00fablica, no tienen valor jur\u00eddico por haber sido declarado sin efectos la cesi\u00f3n de derechos fiduciarios\u00bb, pasando por alto la declaratoria de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n adelantada. <\/p>\n
3.7. La protesta luce, entonces asim\u00e9trica e incompleta, habida cuenta que, a m\u00e1s de discutir soportes distintos a los del fallo, alusivos a las resultas del litigio de distinta especialidad tantas veces mencionado, no atac\u00f3 la totalidad de los fundamentos en que se erigi\u00f3, pues no desvirtu\u00f3 la ausencia de exclusividad predicada por el Tribunal que le permitiera a la promotora principal consolidar frente al inmueble perseguido una posesi\u00f3n aut\u00f3noma y excluyente de la de sus familiares, con quienes asegur\u00f3 habitarlo, de ah\u00ed que, aun si se le hubiera otorgado el alcance que sugiere a las pruebas que tilda de omitidas, la conclusi\u00f3n habr\u00eda sido la misma, circunstancia que inevitablemente descarta la trascendencia del supuesto error. <\/p>\n
4. De esta manera, la acusaci\u00f3n de Aura Laura Zapata G\u00f3mez ser\u00e1 desestimada, m\u00e1xime cuando tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
De la misma manera, se constat\u00f3 que el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales, el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por los contendientes procesales y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Numeral 2, art\u00edculo 336 C.G.P. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2268-2022 (2019-00050-01)_1 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC2268-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-016-2019-00050-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63867","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63867","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63867"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63867\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}