AC2284-2022 (2022-01367-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-01367-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Antonio Rico Rayo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Rico Rayo pretende el reconocimiento de efectos, en la Rep\u00fablica de Colombia, del \u00abdecreto dictado Nro 000242\/2018\u00bb, por medio del cual el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 8 del Distrito de Pamplona\/Iru\u00f1a, Reino de Espa\u00f1a, \u00abapr[ob\u00f3] la propuesta de convenio regulador de [divorcio de mutuo acuerdo] fechada el (\u2026) 20 de abril de 2018\u00bb, dentro del juicio de divorcio por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges, que se adelant\u00f3 entre aqu\u00e9l y la se\u00f1ora Mar\u00eda Eugenia Garc\u00eda Vanegas. [Archivo Digital: 003Demanda.pdf]. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica relat\u00f3, que contrajo matrimonio civil con la se\u00f1ora Mar\u00eda Eugenia Garc\u00eda Vanegas el 21 de febrero de 2017, en la ciudad de Manizales, Caldas, y, \u00abcomo una decisi\u00f3n de mutuo acuerdo [la pareja] decidi[\u00f3] residir en el Pa\u00eds de Espa\u00f1a\u00bb \u2013lugar que, adem\u00e1s, corresponde al pa\u00eds de nacionalidad del convocante\u2013. Explic\u00f3 que la pareja decidi\u00f3 \u00abrealizar divorcio de mutuo acuerdo en el pa\u00eds de Espa\u00f1a\u00bb, el cual fue decretado por el tribunal for\u00e1neo, mediante la providencia previamente citada. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abno se adelanta ning\u00fan otro proceso que verse sobre el divorcio de mutuo acuerdo celebrado en el pa\u00eds de Espa\u00f1a entre los se\u00f1ores MAR[\u00cd]A EUGENIA GARC[\u00cd]A VANEGAS y ANTONIO RICO RAYO, ya identificados\u00bb, y que la providencia en comento \u00abno se opone a las leyes y otras disposiciones de orden p\u00fablico, ya que el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo Civil Colombiano\u00bb, contempla como causal de disoluci\u00f3n del matrimonio el divorcio legalmente declarado. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3. En prove\u00eddo de 6 de mayo pasado se inadmiti\u00f3 el petitum y se orden\u00f3 al solicitante, entre otras cosas, que acreditara la existencia o inexistencia de tratados sobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a. [Archivo Digital: 004]. <\/p>\n
4. Dentro del t\u00e9rmino concedido para subsanar dichas deficiencias, el apoderado del activante alleg\u00f3 memorial manifestando que, en uso del derecho de petici\u00f3n, requiri\u00f3 tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de los consulados de Barcelona y Madrid (Espa\u00f1a) le informaran \u00ab\u201c\u2026si entre la Rep\u00fablica de Colombia y Espa\u00f1a, existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses, en causas matrimoniales o en su defecto, si las sentencias proferidas por autoridades colombianas, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, son reconocidas en Espa\u00f1a\u2026\u201d\u00bb, adjuntando copia de dicha gesti\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que, el 15 de mayo actual, la Canciller\u00eda de Colombia dio traslado del asunto \u00abal \u00e1rea competente del Ministerio, quien le dar\u00e1 respuesta en los t\u00e9rminos de ley\u00bb, situaci\u00f3n con la que pidi\u00f3 tener por \u00absubsanada la demanda\u00bb. Posteriormente, en memorial adiado 19 de ese mismo mes y a\u00f1o, el apoderado actor radic\u00f3 nuevo escrito con el cual alleg\u00f3 copia de la respuesta dada (el 17 de mayo de 2022) a la antedicha petici\u00f3n. [Archivo Digital: 008Memorial.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente que, seg\u00fan el ordenamiento adjetivo, es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para tales efectos, el libelo a trav\u00e9s del cual se eleve la respectiva solicitud de homologaci\u00f3n est\u00e1 sujeto a los requerimientos dispuestos en los art\u00edculos 82 a 85 del estatuto adjetivo, so pena de ser inadmitido como lo norma la disposici\u00f3n 90 \u00eddem y, en caso de no solventarse las respectivas falencias, tambi\u00e9n se impondr\u00e1 su rechazo. <\/p>\n
2. En el sub examine algunas de las falencias formales puestas de manifiesto en el auto inadmisorio no fueron cabalmente atendidas como pasa a verse: <\/p>\n
2.1. Indefectiblemente, del recuento procesal obrante dentro del dossier, se extrae sin mayor dificultad que el interesado desatendi\u00f3 la responsabilidad de arrimar \u2013dentro de la oportunidad para ello\u2013 prueba id\u00f3nea sobre la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico (reciprocidad diplom\u00e1tica) con el Reino de Espa\u00f1a o de la ley de esa naci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso (reciprocidad legislativa), respecto de la ejecuci\u00f3n de sentencias proferidas en Colombia. <\/p>\n
Al efecto, precisa esta Corte que esa carga no puede entenderse satisfecha con la sola petici\u00f3n formulada el 10 de mayo de los cursantes por el mandatario judicial del demandante ante la Canciller\u00eda, a trav\u00e9s de la cual reclam\u00f3 certificar \u00ab[s]i entre la Rep\u00fablica de Colombia y Espa\u00f1a, existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses, en causas matrimoniales. o en su defecto, si las sentencias proferidas por autoridades colombianas, en procesos contenciosos o se jurisdicci\u00f3n voluntaria, son reconocidas en Espa\u00f1a\u00bb; ello, en la medida en que la entidad aludida (a la fecha de presentaci\u00f3n del memorial, esto es, 16 de mayo) se encontraba en t\u00e9rmino para dar respuesta a ese ruego, por lo tanto, no es posible deducir que fue desatendido, tal y como lo exige el inciso segundo del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso.
<\/p>\n
2.3. Si, en gracia de discusi\u00f3n, se pasara por alto las deficiencias comentadas, lo cierto es que las consecuencias de dicho desd\u00e9n no variar\u00edan en la medida en que el interesado, si bien aport\u00f3 sendas copias de la documentaci\u00f3n expedida por la Canciller\u00eda de Colombia (Convenio sobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles. Madrid, Reino de Espa\u00f1a, 30 de mayo de 1908), lo hizo de forma extempor\u00e1nea (19 de mayo). <\/p>\n
Y es que no podr\u00eda ser diferente, en la medida en que los t\u00e9rminos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento, entenderlo de otra manera redundar\u00eda en un abierto desconocimiento de lo consagrado en el canon 90 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados en el estatuto procesal para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario; tal como lo previene el art\u00edculo 118 de ese ordenamiento. <\/p>\n
Tales plazos legales deben ser estrictamente acatados tanto por el funcionario judicial que dirige el litigio como por las partes contendientes, pues de lo contrario se causar\u00eda una gran incertidumbre entre los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia debido a la redefinici\u00f3n de etapas y actuaciones que, por dem\u00e1s, no tendr\u00edan conclusi\u00f3n jam\u00e1s, de no ser por su car\u00e1cter perentorio. <\/p>\n
La seguridad jur\u00eddica, por tanto, sufrir\u00eda un grave menoscabo si no fuera por la rigurosa observancia de la m\u00e1xima que se viene comentando; a la que tambi\u00e9n se encuentran indisolublemente ligados los principios de celeridad y eficacia, los cuales persiguen que el tr\u00e1mite se desarrolle con sujeci\u00f3n a los precisos vencimientos se\u00f1alados en la ley de procedimiento y que el proceso concluya, sin mayores dilaciones, dentro del menor tiempo posible y logre su finalidad a trav\u00e9s del pronunciamiento de la sentencia. (CSJ AC3464-2016 3 Jun. 2016, rad. 2009-00788-01). <\/p>\n
Cabe precisar, adem\u00e1s, que existiendo otras v\u00edas al alcance del impulsor para adosar el texto de las leyes extranjeras, las cuales consagra el canon 177 del estatuto adjetivo civil, citado en prove\u00eddo de 6 de mayo cursante, pasaron inadvertidas por aqu\u00e9l, conforme da cuenta el legajo digital. <\/p>\n
Dicho canon establece que los preceptos que no tengan alcance nacional \u00aby el de las leyes extranjeras\u00bb pueden ser arrimados \u00aben copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte\u00bb, bien, previa expedici\u00f3n de \u00ab(\u2026) la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds\u00bb; tambi\u00e9n, mediante un \u00abdictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u00bb o ya, a trav\u00e9s del \u00abtestimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente\u00bb, medios de los que, sin mediar justificaci\u00f3n alguna, no hizo uso el gestor. <\/p>\n
2.4. Entonces, como no se alleg\u00f3 \u2013en tiempo\u2013 la prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica y\/o legislativa entre el Reino de Espa\u00f1a y Colombia, ya que el propulsor no adjunt\u00f3 copia total o parcial de tratados internacionales entre los dos pa\u00edses, de la ley espa\u00f1ola que permita el reconocimiento de fallos dictados en territorio nacional en ese lugar, ni las disposiciones de ese pa\u00eds en materia de divorcio, en la forma que regula el ordenamiento adjetivo en los preceptos citados, fuerza colegir la desatenci\u00f3n de lo ordenado en el auto inadmisorio. <\/p>\n
3. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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