AC2307-2022 (2022-01548-00)<\/p>\n
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AC2307-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01548-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (02) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintid\u00f3s Civil Municipal de Cali y Sexto Civil Municipal de Tulu\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante la judisdicci\u00f3n contencioso administrativa, Heriberto y Mar\u00eda Nery Mercado presentaron demanda ejecutiva con acci\u00f3n mixta contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en procura de recaudar las sumas incorporadas en tres letras de cambio, dos de ellas respaldadas con sendas hipotecas, refiriendo que los cr\u00e9ditos fueron reconocidos en la sucesi\u00f3n de M\u00e9lida Mercado S\u00e1nchez e incorporados en la partici\u00f3n que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Tulu\u00e1 aprob\u00f3 mediante sentencia de 3 de marzo de 2020. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Oralidad de Cali rechaz\u00f3 el asunto por carecer de jurisdicci\u00f3n, en la medida que el t\u00edtulo base del cobro no es un contrato estatal. En consecuencia, lo remiti\u00f3 para su reparto entre los jueces civiles municipales de esa ciudad (11 feb. 2022). <\/p>\n
3. El primero de los despachos involucrados en esta disputa rehus\u00f3 el caso por falta de competencia, que atribuy\u00f3 el Sexto Civil Municipal de Tulu\u00e1, porque \u00ablas pretensiones solicitadas se encuentran contenidas en la Sentencia No. 040 del 03 de Marzo de 2020, emitida por\u00bb ese despacho en el proceso sucesi\u00f3n intestada de la causante M\u00e9lida Mercado S\u00e1nchez \u00abradicado bajo el No. 2015-00097-00 en esa Unidad Judicial, seg\u00fan se desprende de los hechos y las pretensiones de la demanda\u00bb, todo esto de acuerdo con el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, del cual destac\u00f3 su inciso final (11 mar.). <\/p>\n
4. El destinatario tampoco acept\u00f3 la asignaci\u00f3n, argumentando que el instrumento que sirve de fundamento al compulsivo no es una sentencia y, por tanto, no opera el criterio del precepto se\u00f1alado, sino un t\u00edtulo valor sobre el que se siguen las reglas generales, teniendo en cuenta que la actora es una entidad p\u00fablica respecto del quien es compentente es el juez de su domicilio (art. 28, num. 10 \u00eddem), en este caso su predecesor, \u00abal encontrarse all\u00ed el domicilio de la regional Valle del Cauca de la entidad demandada\u2026\u00bb. Por consiguiente, propuso la colisi\u00f3n y remiti\u00f3 el expediente a esta sede para resolverla (19 abr.). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre estrados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el foro contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garant\u00eda real, como la hipoteca, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
De igual forma, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garant\u00eda real que se hace valer, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien dado en garant\u00eda al acreedor y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 de la misma codificaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no en los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales como par\u00e1metro de definici\u00f3n para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa obligarlo a afrontar el juicio en un lugar distinto a su vecindad. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en el prove\u00eddo AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre sus diferentes estrados al dirimir las colisiones originadas en asuntos en que interven\u00edan entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb, y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico, m\u00e1s a\u00fan, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente por el \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, \u00eddem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3.- En el caso particular, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Cali rehus\u00f3 conocer el pleito bajo el supuesto que, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 306 procedimental, le corresponde al Sexto Civil Municipal de Tulu\u00e1 que aprob\u00f3 la sucesi\u00f3n de M\u00e9lida Mercado S\u00e1nchez, promovida por los actuales ejecutantes en calidad de acreedores de esta causante, en la cual se adjudicaron los bienes relictos al ICBF con cargo a solucionar la acreencia incorporada en tres letras de cambio, dos de ellas respaldadas con hipoteca. <\/p>\n
La precitada disposici\u00f3n, en lo que aqu\u00ed interesa, determina que <\/p>\n
Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librar\u00e1 mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo se\u00f1alado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecuci\u00f3n, esperar a que se surta el tr\u00e1mite anterior. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicar\u00e1n las reglas de los incisos anteriores. <\/p>\n
Lo previsto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobadas en el mismo. <\/p>\n
Examinada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita se advierte que no encaja en la precitada preceptiva, en tanto las sumas cuyo cobro se pretende no corresponden a ninguna condena impuesta en la sentencia emitida en la mortuoria, o que hayan sido liquidadas en ese proceso, como tampoco se trata de obligaciones reconocidas mediante conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobadas all\u00ed. <\/p>\n
Al efecto, basta advertir que el de sucesi\u00f3n es un proceso de \u00edndole liquidatoria, en el que, por lo tanto, la decisi\u00f3n de fondo no contiene condena alguna, en tanto se limita a avalar la partici\u00f3n efectuada por los interesados o por un auxiliar de la justicia. <\/p>\n
En consecuencia, la competencia no radica en el juez que conoci\u00f3 la sucesi\u00f3n, de tal suerte que se equivoc\u00f3 el primer servidor involucrado en esta controversia al remit\u00edrsela al Sexto Civil Municipal de Tulu\u00e1 que aprob\u00f3 la partici\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7\u00aa de 1979 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979 y reestructurado por el Decreto 1137 de 1999, es un establecimiento p\u00fablico descentralizado, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio adscrito al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, el organismo se enmarca dentro de la definici\u00f3n de entidad p\u00fablica a que alude el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y, por tanto, siguiendo la doctrina imperante, los llamados para conocer cualquier controversia civil en que sea parte son los juzgados que ejerzan autoridad en su domicilio, en este caso, en Cali, en tanto, de acuerdo con su car\u00e1cter descentralizado, all\u00ed tiene su sede la Regional Valle. <\/p>\n
4.- En consecuencia, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de esa ciudad es el habilitado por el factor territorial para conocer el asunto de la referencia, por lo cual se le devolver\u00e1 para que estudie si en \u00e9l confluyen los otros aspectos que no fueron objeto de este debate y que deben tenerse en cuenta para asumir la competencia, y en esa medida proceda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir la actuaci\u00f3n a esa oficina judicial e informar lo decidido a la otra involucrada y a los actores, haci\u00e9ndoles llegar copia de esta decisi\u00f3n. Librar los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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