AC2339-2022 (2022-01471-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2339-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01471-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de junio de dos mi veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandante, frente al auto de 10 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia emitida el 6 de octubre de 2021, dentro proceso verbal radicado bajo el No. 11001-31-03-040-2017-00702-01, promovido por Daliz Mar\u00eda Bello Blanco, Olga Cecilia Blanco Bustacara y Daniela Rivera Bello contra la Fundaci\u00f3n Hospital de la Misericordia, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Compensar y la Sociedad Pedi\u00e1trica de los Andes S. A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora promovi\u00f3 el asunto referido con el fin de que se declarara a los demandados civil y solidariamente responsables de los perjuicios \u00abmateriales e inmateriales\u00bb, causados por la falla en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico brindado al menor Mihael Santiago Rivera Bello, quien falleci\u00f3 el 29 de abril de 2013. <\/p>\n
2. En primera instancia, el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones el 18 de marzo de 2021 y, por ende, termin\u00f3 el proceso. <\/p>\n
3. Inconformes con tal determinaci\u00f3n las convocantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue decidido en fallo de 6 de octubre de 2021, en el que se confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
4. Contra dicha providencia las demandantes interpusieron recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. El 10 de marzo de 2022, el ad quem deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, tras advertir que las recurrentes, al conformar un litisconsorcio facultativo, no acreditaban, cada una, \u00abel inter\u00e9s necesario para recurrir en casaci\u00f3n, [pues] la cuant\u00eda del agravio no supera el l\u00edmite establecido en el art\u00edculo 338 del C.G. del P.\u00bb <\/p>\n
6. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, argumentando, las demandantes, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 338 ej\u00fasdem, la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir deb\u00eda establecerse sumando la \u00abtotalidad de las pretensiones de quienes integran el extremo recurrente, por lo que, en el caso, se cumpl\u00eda con el monto all\u00ed establecido, dado que sus pretensiones ascienden a $1.107.418.395, lo cual supera los 1000 S.M.L.M.V. <\/p>\n
7. En auto de 22 de abril de 2022, el Tribunal mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 la queja pedida en subsidio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo ajustado a la ley o no. <\/p>\n
2. Debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, este medio solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00ablas acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 \u00eddem). Y, al tratarse de asuntos atinentes al estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo, los fallos de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones del proceso sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcada por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 ej\u00fasdem, determinado por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante. <\/p>\n
Frente a dicho inter\u00e9s, la Sala ha precisado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo, aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1852-2021) (resaltado intencional). <\/p>\n
Lo anterior implica que es necesario establecer el aludido monto para recurrir en casaci\u00f3n, el cual se determinar\u00e1 a partir del perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada, atendiendo las singularidades de cada caso en concreto. As\u00ed lo ha sostenido uniformemente la Sala al indicar: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
3. Al tratarse de asuntos netamente patrimoniales, el art\u00edculo 339 \u00eddem consagra que, \u00abcuando sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el recurrente, como lo es, acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
4. En el presente caso, conforme se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, las demandantes promovieron el juicio declarativo responsabilidad civil extracontractual, aduciendo como pretensiones principales las siguientes: <\/p>\n
\u00ab1. Que se declare que las entidades demandadas, son solidariamente <\/p>\n
responsables por la muerte del menor MIHAEL SANTIAGO RIVERA BELLO. <\/p>\n
2. Declarar que las entidades demandadas en virtud de dicho reconocimiento de responsabilidad anteriormente declarado, causaron un da\u00f1o antijur\u00eddico del que se derivan perjuicios de tipo material e inmaterial que deben ser reconocidos y pagados a favor de la parte demandante por parte de las entidades demandadas, en la forma que se describen en el cap\u00edtulo de \u201cVI. CUANTIFICACION DE PERJUICIOS\u201d <\/p>\n
3. Las cantidades liquidas de dinero que se llegaren a condenar y\/o conciliar, se ajustar\u00e1n tomando como base el \u00edndice de precios al consumidor, en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 187 del CPACA. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo los valores que se llegasen a condenar y\/o conciliar, devengar\u00e1n intereses moratorios a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliaci\u00f3n, con observancia de lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 195 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
Y, como subsidiarias: <\/p>\n
\u00ab1. Que se declare que las entidades demandadas, son responsables solidariamente por perdida de la oportunidad de vivir, ocasionada con la muerte del menor MIHAEL SANTIAGO RIVERA BELLO. <\/p>\n
2. Que se declare que las entidades demandadas en virtud de dicho reconocimiento de responsabilidad anteriormente declarado, causaron un da\u00f1o antijur\u00eddico del que se derivan perjuicios de tipo material e inmaterial que deben ser reconocidos y pagados a favor de la parte demandante por parte de las entidades demandadas, en la forma que se describen en el cap\u00edtulo de \u201cVI. CUANTIFICACION DE PERJUICIOS\u201d\u00bb. <\/p>\n
5. Dichos pedimentos se fundamentaron, en s\u00edntesis, en los errores en el diagn\u00f3stico dado al menor Mihael Santiago Rivera Bello y dem\u00e1s fallas en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico. <\/p>\n
6. En la sentencia de 18 de marzo de 2021, el a quo neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y, apelada esa decisi\u00f3n por las demandantes, el ad quem la confirm\u00f3 en su integridad el 6 se octubre siguiente. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, se advierte que el art\u00edculo 60 ib\u00eddem, establece que: \u00ablos litisconsortes facultativos ser\u00e1n considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundar\u00e1n en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha expuesto esta Corte, \u00abtrat\u00e1ndose de un litisconsorcio voluntario, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n es individual para cada uno de los actores\u00bb (AC, 26 may. 1999). \u00abDe ah\u00ed que para la procedencia del recurso de todos los pretensores, al menos uno de ellos debe cumplir con la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir\u00bb (AC4234, 16 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2020-02787-00). <\/p>\n
Con ese panorama, al revisar el expediente y, en particular, los argumentos expuestos por la parte actora, resulta evidente que, en ninguno de los casos, se supera el m\u00ednimo se\u00f1alado por el legislador para acceder a la casaci\u00f3n, como acertadamente lo indic\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
De hecho, si se revisa, como lo hizo el Tribunal, el agravio causado a quien m\u00e1s pretendi\u00f3 como monto indemnizatorio, esto es, la situaci\u00f3n de Daliz Mar\u00eda Bello Blanco, madre del menor Mihael Santiago Rivera Bello (q.e.p.d.), se colige que su inter\u00e9s no supera la cuant\u00eda de los $1000 S.M.L.M.V. establecidos en la ley, pues el mismo apenas ascendi\u00f3 a $461.681.395, de acuerdo con lo consignado en la demanda, pudiendo sintetizarse sus pedimentos as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Perjuicio <\/p>\n
Valor reclamado <\/p>\n
Da\u00f1os materiales (emergente) <\/p>\n
$7\u2019418.395 <\/p>\n
Da\u00f1o moral <\/p>\n
100 S.M.L.M.V <\/p>\n
Da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n <\/p>\n
100 S.M.L.M.V <\/p>\n
Da\u00f1o por \u00abafectaci\u00f3n de bienes o derechos (\u2026) constitucionalmente amparados\u00bb <\/p>\n
100 S.M.L.M.V <\/p>\n
Total agravio <\/p>\n
$461.681.395 <\/p>\n
En consecuencia, como lo resolvi\u00f3 el ad quem, surge claro que no pod\u00eda concederse el recurso en comento, ya que ni Daliz Mar\u00eda Bello Blanco, quien m\u00e1s pretendi\u00f3 en el libelo inicial al reclamar el mencionado monto por da\u00f1o material, ni Olga Cecilia Blanco Bustacara y Daniela Rivera Bello, abuela y hermana del menor fallecido, respectivamente y quienes no exigieron dichos perjuicios materiales, ostentaron el inter\u00e9s necesario para acceder a la censura extraordinaria. <\/p>\n
Con ese cariz, se insiste en que los integrantes de la parte demandante son litisconsortes facultativos, lo que significa que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n de cada uno debe ser considerado individualmente, m\u00e1s no, como lo pretendieron las recurrentes, en una suma conjunta. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corporaci\u00f3n, en reiteradas ocasiones, ha destacado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el evento en que la parte demandante sea plural, resulta preciso examinar si la impugnaci\u00f3n la formulan todos o algunos de los miembros que lo integran, y la condici\u00f3n en que act\u00faan, comoquiera que eso tiene incidencia directa en el inter\u00e9s para acudir a este remedio extraordinario, dado que si se trata de un litisconsorcio necesario el requisito objetivo se verifica con un solo valor para toda la parte, mientras que si es un litisconsorcio facultativo, el inter\u00e9s se tasa de forma individual para cada litigante, ya que cada cual es titular de su propio derecho, y puede postular sus aspiraciones en forma independiente\u00bb (AC4355, 8 jul 2016, rad. n\u00b0 2013-00041-01; reitera el precedente AC, 25 ene. 2013, rad. n\u00b0 2009-00676-01. En el mismo sentido AC5735, 1\u00ba sep. 2016, rad. n\u00b0 2007-00177-01; AC7203, 21 oct. 2016, rad. n\u00b0 2012-00108-01; AC7733, 11 nov. 2016, rad. n\u00b0 2016-01712-00, AC413, 31 ene. 2017, rad. n.\u00ba 2014-00929-01; AC4619, 23 oct. 2018, rad. n.\u00ba 2014-00263-01, entre muchos otros). <\/p>\n
En suma, como las actoras conforman un litisconsorcio facultativo, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n no se determina sumando las pretensiones dinerarias de todas, sino de forma individual, situaci\u00f3n que deja al descubierto que ninguna alcanz\u00f3 la suma equivalente a 1.000 s.m.l.m.v. <\/p>\n
8. Teniendo claro lo anterior y que en el presente asunto se requer\u00eda probar el inter\u00e9s patrimonial para actuar por separado de cada uno de los litisconsortes, resulta acertada la decisi\u00f3n de negar la concesi\u00f3n del remedio extraordinario con fundamento en que el valor de las pretensiones de los litisconsortes facultativos, individualmente consideradas, no alcanza el qu\u00e1ntum m\u00ednimo exigido por la normatividad procesal. <\/p>\n
9. De acuerdo con lo anotado no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de la referencia. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2339-2022 (2022-01471-00) AC2339-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01471-00 Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de junio de dos mi veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandante, frente al auto de 10 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}