AC2341-2022 (2013-00069-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2341-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-007-2013-00069-01 <\/p>\n
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jorge Enrique Proa\u00f1os Cabrera frente a la sentencia de 3 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso declarativo de pertenencia que aquel promovi\u00f3 contra Fidutolima S.A. en liquidaci\u00f3n y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, el convocante pidi\u00f3 declarar que hab\u00eda adquirido, por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del predio rural denominado \u2018El Refugio\u2019, ubicado en la ciudad de Cartagena, y al que le corresponde el folio de matr\u00edcula 060-163834. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de ese Distrito Judicial revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y en su lugar, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, mediante providencia calendada el 3 de junio de 2021. <\/p>\n
3. Contra la aludida providencia, el actor formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue concedido por el ad quem tras advertir, con relaci\u00f3n a la cuant\u00eda del inter\u00e9s para impugnar, que \u00abde las pruebas obrantes en el proceso, avizora este Despacho que el recurrente aport\u00f3 con la interposici\u00f3n del recurso un dictamen para acreditar la suficiencia del justiprecio, en el marco del precepto 339 \u00eddem, el cual tas\u00f3 el valor del inmueble en cuant\u00eda de $4.056.477.800,00. Lo anterior, supone una labor razonable efectuada por el profesional que elabor\u00f3 la experticia, sobre el cual pueda calcularse el costo de las heredades, dando lugar entonces a establecer con \u00e9ste, el importe de la afectaci\u00f3n que se irrog\u00f3 al demandante con la sentencia de alzada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La prematura concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n precisa el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a su interposici\u00f3n y concesi\u00f3n, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado. A esa autoridad le corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulaci\u00f3n, la naturaleza del asunto, el inter\u00e9s que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada. <\/p>\n
De igual manera, la decisi\u00f3n de admitir la impugnaci\u00f3n extraordinaria concedida supone un examen exhaustivo del cumplimiento de los pasos previos al arribo del expediente a la Corte. As\u00ed, de no haberse superado satisfactoriamente esas etapas, resultar\u00e1 imperativo que el asunto retorne al ad quem, con el fin de que subsane los aspectos que tornan apresurada la concesi\u00f3n del citado remedio. <\/p>\n
A modo de ejemplo, tal proceder es de rigor \u00abcuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013en el evento que corresponda establecerla\u2013 no se ha examinado o lo han sido sobre supuestos equivocados\u00bb (CSJ AC1656-2019, 8 may.). As\u00ed lo ha explicado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 342 [del C\u00f3digo General del Proceso] previene acerca de que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para acudir en casaci\u00f3n \u201cfijada\u201d por el Tribunal no puede ser materia de \u201cexamen o modificaci\u00f3n\u201d por esta Corporaci\u00f3n; restricci\u00f3n que viene a ser an\u00e1loga a la que exist\u00eda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que \u201cno podr\u00e1 declararse inadmisible el recurso por raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casaci\u00f3n se plante\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si \u201cla tem\u00e1tica arriba a esta Corporaci\u00f3n legalmente definida\u201d, pues, no tendr\u00eda ning\u00fan sentido guardar silencio o avalar una ponderaci\u00f3n o mensura hecha \u201csobre bases irreales, lo cual, por s\u00ed, implicar\u00eda una decisi\u00f3n aparente o no definida\u201d (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)\u00bb (CSJ AC5735-2016, 1\u00ba sep.). <\/p>\n
2. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil vigente, \u00abcuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (…)\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (CSJ AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que le ocasione la decisi\u00f3n impugnada al recurrente, en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado el precedente de la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, la actualidad de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnaci\u00f3n, la cual debe evaluarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto que \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Acorde con el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ello significa que, cuando la parte inconforme opte por la segunda posibilidad, no podr\u00e1 arrimar un medio de prueba cualquiera, sino que deber\u00e1 adjuntar una experticia, la cual tiene que cumplir los requerimientos formales que prev\u00e9 el canon 226 ejusdem. En tal sentido, el precedente invariable de la Corte sostiene: <\/p>\n
\u00ab(…) Al concederse el instrumento extraordinario, el ad quem acogi\u00f3 el dictamen pericial allegado por la interesada, sin advertir que \u00e9ste no satisface las condiciones para ser valorado, por lo que su decisi\u00f3n fue prematura. En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la resoluci\u00f3n que se emita en sentido contrario (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u00bb (CSJ AC6081-2017, 15 sep.). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Sala insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00abpara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. <\/p>\n
Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente, no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 may.). <\/p>\n
3.2. Las pautas procesales previamente expuestas fueron obviadas por el Tribunal, pues entendi\u00f3 acreditada la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n a partir de un aval\u00fao comercial donde se consign\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
\u00abEl presente informe de aval\u00fao no fue solicitado ni se elabor\u00f3 con fines judiciales, por lo que no es un dictamen pericial y no est\u00e1 autorizado su aporte como prueba en un proceso jur\u00eddico\u00bb1. <\/p>\n
En tal virtud, el colegiado tuvo como id\u00f3neo el aval\u00fao presentado sin detenerse a examinar si el mismo cumpl\u00eda o no con las exigencias del art\u00edculo 226 ya se\u00f1aladas, cuando, prima facie, pareciera que el mismo no incluy\u00f3 los ex\u00e1menes, m\u00e9todos e investigaciones efectuadas, ni los fundamentos t\u00e9cnicos de las conclusiones, adem\u00e1s de contener expresa advertencia de que el documento no constituye dictamen pericial. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, es necesario que el Tribunal analice nuevamente el documento presentado para determinar con rigor si el mismo armoniza o no con los requerimientos del estatuto procesal civil, si incluye la informaci\u00f3n que prev\u00e9n los numerales 3 a 7 del pluricitado precepto 226, as\u00ed como las declaraciones que se\u00f1alan los numerales 8 y 9 ibidem y si est\u00e1 acompa\u00f1ado de los documentos exigidos por el numeral 10. <\/p>\n
Conforme con ello, es necesario que la actuaci\u00f3n sea devuelta al ad quem, para que delimite, en su justa medida, el quantum de la resoluci\u00f3n desfavorable al actor, labor\u00edo que habr\u00e1 de adelantar a partir del caudal probatorio recaudado en las instancias, siempre que esos medios de conocimiento cumplan las condiciones intr\u00ednsecas y extr\u00ednsecas necesarias para su valoraci\u00f3n. As\u00ed, a partir de los referidos insumos, y dentro del marco de sus competencias, podr\u00e1 adoptar la decisi\u00f3n que considere pertinente, con pleno respeto de las garant\u00edas del debido proceso. <\/p>\n
3.3. Por otra parte, se observa que el juzgador de segundo grado concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n \u00abimpetrado por el extremo activo frente a la providencia rese\u00f1ada\u00bb, informando previamente que el mismo hab\u00eda sido interpuesto por el demandante Jorge Enrique Proa\u00f1os Cabrera, \u00abcoadyuvado por NIDIA PITALINA MART\u00cdNEZ, en su calidad de apoderada judicial de los cesionarios y HANNY FERRO PADR\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, nada explica el Tribunal respecto a la calidad en la que estos \u00faltimos act\u00faan, es decir, si se trata de sujetos cuya vinculaci\u00f3n fue aceptada en el proceso; y, en caso afirmativo, si se trata de litisconsortes necesarios o facultativos, si se encuentran legitimados para recurrir y si cuentan con el inter\u00e9s legalmente exigido para tal efecto. <\/p>\n
En tal virtud, deber\u00e1 la magistratura aclarar los aspectos se\u00f1alados de cara a la efectiva individualizaci\u00f3n de los impugnantes y al adecuado an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos para recurrir en casaci\u00f3n por cada uno de ellos, para, en consecuencia, proceder a resolver sobre la concesi\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La habilitaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuaci\u00f3n a la corporaci\u00f3n de origen para que, observando los lineamientos pertinentes, en especial los aqu\u00ed resaltados, determine el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al demandante y su incidencia frente a la viabilidad del recurso, individualice a los recurrentes en casaci\u00f3n y realice frente a cada uno el an\u00e1lisis correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR PREMATURA la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la corporaci\u00f3n judicial de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Folio 19 del aval\u00fao presentado en segunda instancia, obrante en el documento 053 del cuaderno de segunda instancia. <\/p>\n
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AC2341-2022 (2013-00069-01) AC2341-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-007-2013-00069-01 Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jorge Enrique Proa\u00f1os Cabrera frente a la sentencia de 3 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso declarativo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}