AC2382-2022 (2022-01431-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2382-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01431-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja interpuesto por la parte demandada contra la providencia de 16 de marzo de 2022, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, formulado contra la sentencia proferida el 28 de febrero de ese mismo a\u00f1o por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Sociedad Mar 10 S.A.S. demand\u00f3 a Distracom S.A. y a la Comercializadora Petrocol S.A.S., para que se declarara terminado el contrato de arrendamiento del local comercial celebrado con la \u00faltima mencionada, por el incumplimiento de algunas de sus cl\u00e1usulas y, como consecuencia de ello, se ordenara la restituci\u00f3n del bien. <\/p>\n
1.1. Como respaldo de sus pedimentos indic\u00f3 que el 18 de noviembre de 2014 se dio inicio a la relaci\u00f3n comercial mencionada, respecto del inmueble ubicado en la calle 6\u00aa No. 21 C-70 \u201cBarrio El Pi\u00f1al\u201d de la ciudad de Buenaventura, para que funcionara all\u00ed el establecimiento comercial EDS SERVICENTRO PASCUAL ANDAGOYA. <\/p>\n
1.2. Se\u00f1al\u00f3 que en la cl\u00e1usula tercera de la negociaci\u00f3n se consign\u00f3 que el uso para el predio ser\u00eda la comercializaci\u00f3n de combustibles l\u00edquidos derivados del petr\u00f3leo, exclusivamente bajo la marca Zeuss; no obstante, se logr\u00f3 constatar que, en el a\u00f1o 2019, la arrendataria vendi\u00f3 marcas distintas a la pactada, dando lugar al incumplimiento. <\/p>\n
1.3. A\u00f1adi\u00f3 que Petrocol la notific\u00f3 de la venta del establecimiento de comercio y, por contera, pidi\u00f3 que su posici\u00f3n de arrendataria parcial le fuera cedida a Distracom S.A., a partir del 1\u00ba de febrero de 2019. <\/p>\n
1.4. Inform\u00f3 que en mayo de 2019 notific\u00f3 a Petrocol su decisi\u00f3n de no prorrogar el contrato por expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino y, consecuencialmente, pidi\u00f3 la entrega del bien al vencimiento de aquel, es decir, el 18 de noviembre de 2019. <\/p>\n
1.5. Acot\u00f3 que \u00abla calidad de arrendataria fue cedida por Comercializadora Petrocol S.A.S., a favor de Distracom S.A. en octubre de 2018 y (\u2026) que como se prueba con los soportes de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de los meses de Octubre de 2018, Abril de 2019, Octubre de 2019, Noviembre de 2019, la sociedad Comercializadora Petrocol SAS segu\u00eda cumpliendo como arrendatario su obligaci\u00f3n principal de pagar el canon de arrendamiento conforme lo establecido en el contrato cl\u00e1usula quinta par\u00e1grafo s\u00e9ptimo, es por ello que la demanda se presenta contra Distracom S.A. y Comercializadora Petrocol S.A.S. como ARRENDATARIOS\u00bb. <\/p>\n
1.6. Finalmente, manifest\u00f3 que el 15 de noviembre de 2019, el apoderado de Distracom radic\u00f3 en su oficina, escrito mediante el cual comunic\u00f3 que su cliente no entregar\u00eda el bien, ante la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del contrato. <\/p>\n
2. Las s\u00faplicas fueron despachadas favorablemente en la primera instancia, decisi\u00f3n que apelada, fue ratificada por el ad quem el 28 de febrero de 2022; inconformes los integrantes del extremo pasivo formularon recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La concesi\u00f3n del recurso extraordinario fue despachada de forma adversa a los recurrentes, al encontrar el ad quem, insatisfecho el inter\u00e9s jur\u00eddico para impugnar, pues, a m\u00e1s de que no aportaron un dictamen pericial que acreditara la suficiencia de tal requisito, los aspectos que resaltaron como constitutivos de la cuant\u00eda, en realidad no lo son, habida cuenta que: i) pretendieron tomar como perjuicio las presuntas p\u00e9rdidas que les ocasionar\u00eda un negocio que no fue debatido (venta del establecimiento de comercio que funcionaba en el bien cuya restituci\u00f3n fue ordenada); ii) no aportaron los elementos de juicio para determinar la prima comercial en que pretende fundar el cumplimiento del monto requerido; y, iii) no acreditaron lo atinente a la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
4. Inconformes con dicha decisi\u00f3n, las citadas al juicio la recurrieron por la v\u00eda horizontal y, en subsidio acudieron a la queja, efecto para el cual, arguyeron que el agravio econ\u00f3mico generado con la sentencia est\u00e1 representado por las consecuencias que genera la p\u00e9rdida de la tenencia del bien, lo que en el caso concreto se refleja en la imposibilidad de continuar ejerciendo la actividad mercantil en el mismo lugar, y en las implicaciones de la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento frente al de suministro celebrado con Zeuss Petroleum. <\/p>\n
Agregaron que, si no fuera por la terminaci\u00f3n anticipada del arrendamiento, se hubiera prolongado hasta noviembre de 2024, lo que implica que, la utilidad debe ser calculada hasta dicha data por ser la de finalizaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Destacaron que, aunque el fallador de segundo grado encontr\u00f3 que no fue acreditado el valor de la cl\u00e1usula penal, lo cierto es que el \u201cmargen mayorista\u201d del que all\u00ed se habla est\u00e1 regulado por el gobierno y es incrementado anualmente conforme a la variaci\u00f3n del IPC, siendo entonces a la fecha de la sentencia la suma de $663.423.965 la pagadera a Zeuss como penalidad. <\/p>\n
5. En prove\u00eddo de 20 de abril siguiente, el colegiado mantuvo inc\u00f3lume su postura y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la copia digitalizada de las actuaciones para surtir la queja. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 352 de la ley de enjuiciamiento civil establece que \u00abcuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
El fin primordial de la queja, cuando no se concede el recurso de casaci\u00f3n, es que el superior examine si la impugnaci\u00f3n estuvo bien o mal denegada por el inferior, por ello, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos de los art\u00edculos 334 y 338 del ordenamiento adjetivo; si se propuso en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 337 ejusdem; y si la parte impugnante se encuentra legitimada para ello, seg\u00fan el mismo canon. <\/p>\n
2. Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa extraordinario se encuentra \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo refiere el art\u00edculo 338 de la citada codificaci\u00f3n, el cual se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al impugnante, estimados al momento de su emisi\u00f3n, y \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, salvo que aquel aporte \u00abun dictamen pericial\u00bb que permita establecerlo con mayor grado de certeza (art. 339 ibidem). <\/p>\n
Por lo tanto, dicho inter\u00e9s est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, es decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial sufrida por el recurrente con la resoluci\u00f3n desfavorable a sus intereses, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo, \u00abde cara al contexto del litigio planteado, a cuyo prop\u00f3sito debe considerarse la calidad de la parte, las pretensiones del libelo, la oposici\u00f3n de los convocados, las circunstancias que delimiten el litigio, as\u00ed como las decisiones que lo definan, comoquiera que las aspiraciones econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de conformidad con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos (CSJ AC, 28 sep., rad. 2012-00065-01; reiterado en CSJ AC1849-2014, 10 abr., rad. 2008-00347-01)\u00bb (CSJ AC2990-2019, 30 jul., rad. 2019-01652-00). <\/p>\n
3. En el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Corte, fueron insistentes las llamadas a soportar las pretensiones de la acci\u00f3n, al intentar constituir el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir a la v\u00eda extraordinaria en aparentes perjuicios derivados del ejercicio del objeto social del establecimiento de comercio \u201cEDS SERVICENTRO PASCUAL ANDAGOYA\u201d, el cual funcionaba en el bien a restituir, creencia que excede los l\u00edmites trazados por la demanda y su oposici\u00f3n, referentes \u00fanica y exclusivamente a la entrega del inmueble arrendado por incumplimiento de la arrendataria. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en primer lugar, acuden las demandadas al valor acordado como precio de la \u201cCOMPRAVENTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y PRIMA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE COMERCIALIZADORA PETROCOL S.A.S. Y DISTRACOM S.A.\u201d ($500.000.000) -folios 63 a 67, archivo 10, expediente digital-, por considerar que dicho monto representa un perjuicio para ellas, en la medida en que, en virtud de la convenci\u00f3n que lo dispuso, Distracom adquiri\u00f3 la posici\u00f3n de arrendatario respecto del predio que motiv\u00f3 la radicaci\u00f3n del libelo introductorio. <\/p>\n
Empero, tal argumento no encuentra sustento l\u00f3gico alguno porque, a m\u00e1s de que no evidenci\u00f3 la forma en que se materializar\u00eda el perjuicio para las sociedades requeridas (v. gr. que el contrato se hubiese resuelto por la terminaci\u00f3n del de arrendamiento), la decisi\u00f3n criticada solo afect\u00f3 la tenencia del bien ra\u00edz identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 372-14974 dado en renta, al serle retornada a su propietario, que no, la titularidad sobre la raz\u00f3n y objeto social all\u00ed transferidos, ni el ejercicio de \u00e9sta, porque, como bien lo explic\u00f3 la Corporaci\u00f3n censurada, no tiene limitante para ser desarrollada en otro predio. <\/p>\n
Otro de los aspectos sugeridos por los opugnantes como soporte de la exigencia echada de menos por el Tribunal, corresponde al pago que hizo Petrocol a Zeuss Petroleum de la suma de $340.000.000 (amortizada anualmente durante la vigencia negociada) pactada por concepto de prima comercial anticipada en la cesi\u00f3n del contrato de suministro hecha a favor de Distracom S.A., ya que, seg\u00fan afirmaron, se estipul\u00f3 que ante la presencia de alg\u00fan motivo de terminaci\u00f3n anticipada o incumplimiento de ese negocio, la primera sociedad mencionaba asumir\u00eda la responsabilidad de ese pago. <\/p>\n
Tal estipulaci\u00f3n fue ajena al arrendamiento que se declar\u00f3 terminado y a la orden de restituci\u00f3n del inmueble, correspondi\u00f3 al libre actuar contractual de quienes llegaron a ella, su contenido y ejecuci\u00f3n no involucran desde ninguna perspectiva el local que dio lugar a la demanda restitutoria, pues est\u00e1n directamente conectados con el abastecimiento de ciertas cantidades de combustible, carga que se entiende materializada \u00abuna vez efectuado el despacho del combustible en el veh\u00edculo dentro de las instalaciones del DISTRIBUIDOR MAYORISTA\u00bb, valga decir, de la sociedad Zeuss. <\/p>\n
Lo anterior permite afirmar, sin vacilaci\u00f3n, que el hecho de no contar con la tenencia del local de la demandante, no implicaba el incumplimiento ni la terminaci\u00f3n anticipada de la relaci\u00f3n comercial descrita, pues la entrega y recepci\u00f3n del producto se hac\u00eda efectiva en la sede del \u00abdistribuidor mayorista\u00bb. <\/p>\n
Y es que de la lectura del clausulado no se advirti\u00f3 alg\u00fan condicionamiento sobre la entrega del inflamable en el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 372-14974, pues el aparte resaltado por las llamadas a juicio en la interposici\u00f3n del recurso horizontal (archivo 39), no contiene la imposici\u00f3n de hacer el suministro en dicho lugar, tan solo describe el domicilio, para ese momento, del establecimiento \u201cEDS SERVICENTROPASCUAL ANDAGOYA\u201d. <\/p>\n
A\u00fan de haber tenido presencia tal hip\u00f3tesis, en todo caso, no podr\u00eda ligar el perjuicio que originar\u00eda a los integrantes de la pasiva con la consecuencia de la providencia que se quiere cuestionar por v\u00eda de casaci\u00f3n, pues corresponder\u00eda a una expectativa generada \u00fanicamente por aquellos sobre un bien cuya disposici\u00f3n no era plena, motivo suficiente para desestimar tal \u00edtem como integrante del quantum exigido. <\/p>\n
La misma suerte corre el valor no demostrado que pudiera resultar de la cl\u00e1usula penal dispuesta en la misma convenci\u00f3n, m\u00e1xime que, como lo advirti\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, el legajo que la soporta no obraba en el infolio, sino que fue aportado con la interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al menoscabo que aducen los disconformes sufrir por cuanto la \u00abexpectativa del negocio estaba dada en funci\u00f3n de la posibilidad de explotar el establecimiento de comercio durante, m\u00ednimo, ese per\u00edodo, y obtener de esta manera una utilidad que librara la inversi\u00f3n efectuada por mi representada, utilidad que se puede fijar en un monto aproximado de MIL MILLONES DE PESOS M.L. ($1.000\u2019000.000), a raz\u00f3n de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($200.000.000) por a\u00f1o que falta para el cumplimiento del plazo contractual\u00bb, basta indicar que, solo pudiera predicarse si existiera certeza de la inexistencia de un predio apto o disponible para el ejercicio de su actividad comercial, o de la necesidad de que fuera ese y no otro el \u00fanico autorizado para el cumplimiento de su finalidad mercantil. <\/p>\n
No obstante, esa circunstancia carece de prueba en el plenario, pues la obligaci\u00f3n a que alude el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Resoluci\u00f3n No. 31348 de julio 24 de 2015, proferida por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, es la de \u00abentregar prueba de la existencia de un contrato o relaci\u00f3n comercial entre el distribuidor minorista y un distribuidor mayorista\u00bb como la existente entre Zeuss y la pasiva, y no, como busca hacerlo ver, prueba del contrato de arrendamiento vigente respecto de determinado bien. <\/p>\n
Y es que, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que los conceptos referidos por las impugnantes pudieran edificar el requisito econ\u00f3mico necesario para acceder al cuestionamiento que presupone el recurso de casaci\u00f3n, deb\u00edan entonces realizar la actividad probatoria habilitada para su acreditaci\u00f3n, dicho en otras palabras, pudieron y no lo hicieron, acudir a un dictamen pericial, mecanismo que la norma faculta para el establecimiento del inter\u00e9s necesario para el efecto pretendido, concretamente, para demostrar la forma en que la p\u00e9rdida del local les afectaba; el momento en que se constituy\u00f3 la hipoteca (como lo indica el anexo de condiciones comerciales del contrato de suministro) en aras de calcular el valor de la prima comercial; las razones por las cuales deb\u00eda, como sugieren, considerarse la utilidad neta reportada por el establecimiento de comercio a futuro. <\/p>\n
En este punto comporta recordar que el actual ordenamiento adjetivo es imperativo al se\u00f1alar que para la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, en los eventos en que sea necesario establecer el inter\u00e9s para recurrir, el juzgador definir\u00e1 este a partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el impugnante allegue para esos prop\u00f3sitos un dictamen pericial que deber\u00e1 adjuntarse dentro del plazo consagrado para impetrar la censura, so pena de tenerla por extempor\u00e1nea y desechar su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, porque, a diferencia de lo que ocurr\u00eda bajo la \u00e9gida del antiguo estatuto de enjuiciamiento civil, \u00ab(\u2026) la ley procesal de ahora traslada la carga directamente al interesado, en cuanto ya no es el juez quien ha de ordenar la pr\u00e1ctica de una prueba pericial para encontrar la dimensi\u00f3n del inter\u00e9s, en caso de no aparecer establecida en la actuaci\u00f3n, si no que le corresponde al opugnador acercarla, si a bien lo tiene; desde luego, si se sustrae de hacerlo, por el juez la \u201ccuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente\u201d (art. 339), con las consiguientes consecuencias (\u2026)\u00bb (subraya para destacar) (CSJ AC1971-2017, 27 mar., rad. 2016-03154-00). <\/p>\n
Tal postura fue reiterada al se\u00f1alar que, de acuerdo con la nueva regulaci\u00f3n procesal, existen \u00ab(\u2026) dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial al momento de interponer el recurso. No de otra manera pueden entenderse los vocablos \u00abpodr\u00e1\u00bb y \u00absi lo considera necesario\u00bb que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. <\/p>\n
Ahora, la oportunidad para aportar el dictamen pericial, que adem\u00e1s debe cumplir con las formalidades prescritas en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, es al momento de interponer el recurso de casaci\u00f3n, y no al momento de atacar la decisi\u00f3n que no lo tuvo por acreditado, como ocurri\u00f3 en este caso (\u2026)\u00bb (CSJ AC2935-2018, 11 jul., rad. 2017-02094-00). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha considerado que la reforma que introdujo el nuevo ordenamiento ritual, constituye un mecanismo de ayuda a la garant\u00eda de la celeridad en los procesos, por cuanto <\/p>\n
(\u2026) para justipreciar el valor monetario actualizado de ese \u201cinter\u00e9s\u201d, el nuevo estatuto procesal trae como un mandato (deber\u00e1) para el magistrado ponente del Tribunal, la tarea de deducirlo de \u201clos elementos de juicio que obren en el expediente\u201d, es decir, que se propugna hoy en d\u00eda por dejar atr\u00e1s la pr\u00e1ctica corriente en la codificaci\u00f3n anterior, de decretar un dictamen pericial para justipreciar el inter\u00e9s, cuando \u00e9l no afloraba preciso y vigente en el plenario, actividad que conllevaba un considerable tiempo y un significativo costo para el interesado, y que en el marco del derecho fundamental a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable, faro indiscutible de la Ley 1564 de 2012, ya no es en principio procedente, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la facultad (podr\u00e1) que se confiere al impugnante de \u201caportar un dictamen si lo considera necesario\u201d, toda vez que casos habr\u00e1, cual lo viene constatando la Corte, \u201cen los cuales ning\u00fan medio al respecto aparece en el proceso; o existiendo, no se correlaciona con el inter\u00e9s econ\u00f3mico investigado; o si\u00e9ndolo, se encuentra desactualizado y no es factible llevarlo a la fecha de la providencia atacada\u201d1. (\u2026) (CSJ AC2319-2020, 21 sep., rad. 2020-02305-00). <\/p>\n
Bajo ese entendido, fue acertado el ad-quem al denegar el remedio extraordinario, pues, en estrictez, fue con sustento en los medios de prueba obrantes dentro del plenario, que se desestim\u00f3 el detrimento patrimonial que los demandados alegaron haber sufrido con la sentencia, el cual, se insiste, se apoy\u00f3 en circunstancias aisladas y ajenas a la naturaleza del juicio adelantado, que impidieron el paso al anotado medio de defensa. <\/p>\n
Lo expuesto resulta acorde con el criterio de la Sala que, en un caso de similares contornos, expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el agravio que el fallo cuestionado irradia a la quejosa debe ser proporcional a la dimensi\u00f3n espec\u00edfica de la prerrogativa que afecta, es decir como en el sub lite se dispuso restituir la tenencia del inmueble donde funciona la Asociaci\u00f3n de Copropietarios del Barrio La Carolina Uno, el menoscabo debi\u00f3 tasarse con vista en tal derecho (tenencia), y no equiparado al de propiedad puesto que uno y otro difieren de contenido jur\u00eddico y econ\u00f3mico. (\u2026) As\u00ed las cosas, como la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial materia del litigio se circunscribi\u00f3 a recobrar la tenencia otorgada a cualquier t\u00edtulo distinto de arrendamiento a la accionada, el perjuicio que el fallo criticado le irradiaba se acotaba a la privaci\u00f3n del disfrute de tal prerrogativa y, en tal virtud, ese era el aspecto que deb\u00eda considerarse para calcular el inter\u00e9s m\u00ednimo exigido para recurrir en casaci\u00f3n la sentencia de \u00faltima instancia, no obstante lo cual la interesada omiti\u00f3 tasarlo (CSJ AC2990-2019, 30 jul., rad. 2019-01652-00). <\/p>\n
De lo discurrido, dimana el acierto de la negativa del Tribunal, que efectu\u00f3 un verdadero examen de las razones tra\u00eddas por las recurrentes para intentar evidenciar el cumplimiento de la condici\u00f3n impuesta por el art\u00edculo 338 del nuevo ordenamiento procesal general y las desestim\u00f3 al juzgarlas insuficientes para el fin perseguido, decisi\u00f3n que ser\u00e1 respaldada, sin lugar a imponer condena en costas, por no evidenciarse su causaci\u00f3n (arts. 365 n\u00fam. 8 y 361 inc. 2 ibidem). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
SEGUNDO: DEVOLVER la presente actuaci\u00f3n al despacho de origen para que forme parte del expediente respectivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC, 7 sep. 2016, Rad. 2016-02288-00, citado en AC6454-2017. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC2382-2022 (2022-01431-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC2382-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01431-00 Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de queja interpuesto por la parte demandada contra la providencia de 16 de marzo de 2022, a trav\u00e9s de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}