AC2421-2022 (2015-00203-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2421-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-31-03-001-2015-00203-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide lo pertinente con relaci\u00f3n al recurso de s\u00faplica impetrado por los demandantes frente al auto n.\u00b0 AC1248 del 13 de abril de 2021, mediante el cual se resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad formulada contra el auto n.\u00b0 AC3313 del 7 de diciembre de 2020, por el cual se inadmiti\u00f3 la demanda presentada por ellos para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 17 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil-Familia-Laboral, en el tr\u00e1mite donde Carmen Cecilia Cantero P\u00e9rez, Fredy Eli\u00e9cer Cogollo P\u00e9rez, Mar\u00eda del Carmen P\u00e9rez Vidal, Juan Bautista Cantero Ramos, \u00c1ngela Rosa Cantero P\u00e9rez, Consuelo de Jes\u00fas Cantero P\u00e9rez, Aljadis Mar\u00eda Cantero P\u00e9rez, Edelmira Elena Cantero P\u00e9rez, Edwin Bautista Cantero P\u00e9rez y Juan Ernesto Cantero P\u00e9rez, demandaron a Edwin Alberto Hoyos Usta, Endisalud E.S.S. y Oncomedica E.S.P. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El litigio comenz\u00f3 cuando los accionantes pidieron, de manera principal, que se declarara que los convocados eran civil y patrimonialmente responsables \u00abde la totalidad de los perjuicios y da\u00f1os materiales, da\u00f1os morales, subjetivados y subjetivos, da\u00f1os al buen vivir, da\u00f1os fisiol\u00f3gicos y todos a cuantos tenga derecho la parte actora conforme a la ley, causados por la negligencia y la defectuosa prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico y mala praxis m\u00e9dica\u00bb (folio 10 del cuaderno principal primera instancia), por lo que reclamaron se impusieran condenas dinerarias. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, despu\u00e9s de agotada la tramitaci\u00f3n, desestim\u00f3 las pretensiones y reconoci\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito propuestas tocantes a la ausencia de culpa y de nexo causal (folio 1037 ibidem). <\/p>\n
3. El ad quem en sentencia del 17 de enero de 2018, al desatar la alzada, confirm\u00f3 el fallo de primer grado (folios 28 a 45 del cuaderno principal segunda instancia). <\/p>\n
4. Formulado el recurso de casaci\u00f3n el 19 de enero siguiente por los convocantes (folio 46 ejusdem), fue concedido por el Tribunal el 15 de febrero de 2018 (folios 56 y 57). <\/p>\n
5. Despu\u00e9s de agotado el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n (folio 5 del cuaderno Corte) y traslado, en oportunidad fue sustentado el remedio extraordinario (folios 21 a 85 ibidem), el cual fue inadmitido mediante auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020, discutido y aprobado en reuni\u00f3n de Sala del 10 de octubre de 2018 (folios 87 a 98). <\/p>\n
6. El 14 de diciembre siguiente los convocantes presentaron solicitud de nulidad en contra del auto mencionado en precedencia (folios 103 a 108), con sustento en que estaba suscrito \u00abpor dos exmagistrados de esta Sala\u2026 Margarita Cabello Blanco\u2026 [y] Ariel Salazar Ram\u00edrez\u00bb, quienes para la fecha de la decisi\u00f3n ya no eran miembros de la Corporaci\u00f3n, lo que constituye \u00abuna violaci\u00f3n flagrante al debido proceso\u00bb (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), al punto que la decisi\u00f3n era \u00abnula de pleno derecho e inexistente a la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
7. La anterior solicitud fue rechazada de plano mediante prove\u00eddo n.\u00b0 AC1248 del 13 de abril de 2021, con fundamento en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, por fundarse \u00aben causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n\u00bb (folio 104). <\/p>\n
8. De manera tempestiva, el 19 de abril del a\u00f1o pasado, el accionante present\u00f3 recurso de s\u00faplica contra esta determinaci\u00f3n, soportado en que no es cierto que \u00abninguna de las causales de nulidad consagradas en la ley procesal ni aquella prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, guarda relaci\u00f3n con que una providencia haya sido firmada por magistrados que no eran parte de la Corporaci\u00f3n para cuando se public\u00f3 la misma\u00bb, pues se soport\u00f3 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133, esto es, la falta de competencia funcional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 adicionalmente que \u00abel desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un tr\u00e1mite administrativo o judicial, no s\u00f3lo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que comporta una vulneraci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 que, de manera subsidiaria, la demanda de casaci\u00f3n interpuesta en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Monter\u00eda debe ser admitida acudiendo a las facultades oficiosas, por ser clara la violaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales fundamentales y notoria la transgresi\u00f3n del principio de legalidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 331 del actual estatuto procesal dispone que la s\u00faplica \u00abprocede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia\u00bb, as\u00ed como \u00abcontra los autos que en el tr\u00e1mite de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n o revisi\u00f3n profiera\u00bb; eventos en los cuales, \u00abcorresponder\u00e1 a los dem\u00e1s magistrados que integran la sala decidir el recurso\u00bb. <\/p>\n
La Corte ha sostenido que, como todo medio impugnativo, el de s\u00faplica es procedente en los precisos casos en que las normas adjetivas lo permiten, de tal manera que sin autorizaci\u00f3n legal no es posible acudir al mismo (Cfr. AC6801, 20 nov. 2015, rad. n.\u00b0 2008-00417-01). <\/p>\n
2. El art\u00edculo 321 del estatuto procesal vigente establece que \u00abson apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: \u2026 [E]l que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u00bb (numeral 6\u00b0). <\/p>\n
Refulge de la enunciaci\u00f3n legal que la alzada es procedente, frente a las determinaciones que (I) concedan un pedimento de anulaci\u00f3n, (II) lo denieguen o (III) se abstengan de tramitar una solicitud de este tipo. <\/p>\n
Frente a la \u00faltima de las hip\u00f3tesis, esta Corporaci\u00f3n ha doctrinado: \u00absi lo decidido equivale a negar la nulidad adjetiva implorada, el prove\u00eddo era susceptible de alzada, y a su vez, suplicable (art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso), al tenor del art\u00edculo 321, numeral 6\u00ba, ib\u00eddem, donde enlista como apelable el auto que \u2018niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que lo resuelva\u2019\u00bb. (AC7719, 22 nov. 2017, rad. n.\u00ba 2007-00606-01). <\/p>\n
Por ende, en el sub examine es procedente tramitar la s\u00faplica impetrada, competi\u00e9ndole a los integrantes de la Sala, con exclusi\u00f3n de quien profiri\u00f3 el prove\u00eddo, adoptar una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
3. Uno de los principios b\u00e1sicos establecidos en nuestra normatividad adjetiva, en materia de nulidades procesales, es el de especificidad o taxatividad, en cuya virtud, los motivos que dan lugar a este remedio est\u00e1n circunscritos o reducidos a los expresamente indicados por el legislador; de all\u00ed que se afirme que \u00abno hay nulidad sin ley que la establezca\u00bb (SC5052, 26 nov. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00289-01). <\/p>\n
3.1. De vieja data, esta Sala tiene establecido: <\/p>\n
En punto a la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales (\u2018especificidad\u2019), la legislaci\u00f3n colombiana sigui\u00f3 a la francesa de la Revoluci\u00f3n y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acu\u00f1\u00f3 la m\u00e1xima pas de nullit\u00e9 sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sint\u00e9ticamente en el encabezamiento del art\u00edculo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso] al decir que \u2018el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos\u2026\u2019, especificidad que reafirma el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 143 ib\u00eddem, al disponer que \u2018el juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este cap\u00edtulo\u2026\u2019. <\/p>\n
Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaci\u00f3n m\u00e1s o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador\u201d (G.J. t. XCI, p\u00e1g. 449)\u00bb (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.). <\/p>\n
Tal interpretaci\u00f3n encuentra asidero dentro de la nueva codificaci\u00f3n procesal en el art\u00edculo 133, el cual indica que \u00abel proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos\u00bb, consagrando un listado de eventos en que resulta posible acudir a la invalidez. <\/p>\n
Las situaciones no enlistadas fueron calificadas como \u00abirregularidades del proceso\u00bb, con la advertencia de que deben solventarse con los dem\u00e1s mecanismos se\u00f1alados en la codificaci\u00f3n, sin producir efectos invalidantes, como lo consagra el par\u00e1grafo del mencionado precepto. <\/p>\n
3.2. Ciertamente a lo largo del estatuto adjetivo, e incluso en preceptos especiales, se consagraron causales adicionales de anulaci\u00f3n a las citadas, pero esta situaci\u00f3n de ninguna manera desdice del principio de taxatividad, pues en todos los casos es indispensable la consagraci\u00f3n expresa en normas que le sirvan de soporte. <\/p>\n
Son ejemplos de estas nulidades, entre otras: (I) la inasistencia injustificada de un magistrado que deba concurrir a la audiencia o diligencia que realice un tribunal o la Corte (art\u00edculos 36 y 107-1 \u00eddem); (II) la actuaci\u00f3n del comisionado por incompetencia territorial (art\u00edculo 38-5); (III) la emisi\u00f3n de la sentencia de primera, de segunda o \u00fanica instancia despu\u00e9s de la p\u00e9rdida de competencia temporal del juez (art\u00edculo 121-6); o (IV) la de los autos pronunciados por el juez de segunda instancia y no comunicados al de primera antes de la emisi\u00f3n de la sentencia que no resulte apelada, o la de la sentencia que dicte el juez de primera instancia despu\u00e9s de comunicada por el superior la revocaci\u00f3n del auto apelado (art\u00edculo 323-11). <\/p>\n
3.3. Dentro del anterior contexto conviene recordar que, si bien el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 el principio del debido proceso, estandarte sobre el cual se erige la tramitaci\u00f3n judicial y, como parte del mismo, las nulidades procesales, no por esta raz\u00f3n todas las afectaciones de aqu\u00e9l se traducen en estas \u00faltimas; y es que, las causales de invalidez, son la ultima ratio en materia de defectos en la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
No en vano esta corporaci\u00f3n tiene dicho: <\/p>\n
Las nulidades procesales son una sanci\u00f3n al acto llevado a cabo sin respetar las garant\u00edas judiciales de los intervinientes en el litigio y se rigen por los principios de taxatividad o especificidad (numerus clausus), trascendencia, protecci\u00f3n, convalidaci\u00f3n, saneamiento, legitimaci\u00f3n, preclusi\u00f3n e interpretaci\u00f3n restrictiva. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC 20 may. 2002, rad. 6256, se record\u00f3 que \u00ab(\u2026) no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como est\u00e1n de un car\u00e1cter preponderantemente preventivo para evitar tr\u00e1mites inocuos, son gobernadas por principios b\u00e1sicos, entre ellos el de especificidad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n\u00bb, axiomas que sirven de norte para la invocaci\u00f3n y estudio de las causales de invalidaci\u00f3n procesal tipificadas en la ley\u00bb. (SC3678, 25 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00215-01). <\/p>\n
Por tanto, y en aplicaci\u00f3n de invaluables postulados del derecho adjetivo, tales como la econom\u00eda, la celeridad y la prevalencia del derecho sustancial, no toda anormalidad en la tramitaci\u00f3n debe conducir inexorablemente a la invalidez. <\/p>\n
Es cierto que el art\u00edculo 29 constitucional consagr\u00f3 una forma especial de nulidad, calificada como de pleno de derecho, pero limitada a \u00abla prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb; por ende, esta ineficacia se acota al medio suasorio en particular, sin comprender la totalidad del tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
As\u00ed lo doctrino este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
[S]eg\u00fan la jurisprudencia vigente, la nulidad derivada de una prueba il\u00edcita no tiene el alcance de invalidar la actuaci\u00f3n, pues sus efectos se acotan al medio suasorio en concreto y la correcta aplicaci\u00f3n del derecho que gobierna la controversia, lo que deber\u00e1 invocarse con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
De forma literal se ha dicho: \u2018[L]a sanci\u00f3n que en principio se deriva de la \u2018nulidad\u2019 de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovaci\u00f3n total o parcial, a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la repetici\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, aflora di\u00e1fanamente, pues mientras la primera comporta un yerro de actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad (SC, 13 dic. 2002, exp. n.\u00b0 6426)\u2019. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n no podr\u00eda ser diferente, pues el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin ambig\u00fcedad alguna, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb; esto es, circunscribe los efectos invalidantes al instrumento suasorio que se obtuvo en desatenci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, sin extenderlo a la totalidad del tr\u00e1mite. Se trata, entonces, de una regla de exclusi\u00f3n probatoria, \u00abvale decir, [impone] la separaci\u00f3n de ese material suasorio del elenco probatorio. As\u00ed las cosas, es infortunado y est\u00e9ril el esfuerzo del recurrente enderezado a enmarcar en el contexto\u2026 [de] la nulidad del proceso\u00bb (SC, 28 ab. 2008, rad. n.\u00b0 2003-00097-01)\u2026 (SC4257, 9 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00514-01). <\/p>\n
En consecuencia, la invocaci\u00f3n del canon 29 constitucional, sin m\u00e1s particularidades, no satisface el requisito de especificidad de las nulidades procesales, como lo tiene decantado la jurisprudencia en vigor: <\/p>\n
Ahora, si bien en este caso se alega la incursi\u00f3n de nulidad contemplada en el inciso final del art\u00edculo 29 Constitucional, resulta que no es suficiente la mera enunciaci\u00f3n de la raz\u00f3n propuesta para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, pues se requiere se\u00f1alar la exposici\u00f3n razonada de los hechos en que se fundamenta, de tal manera que encajen dentro del motivo enunciado, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta v\u00eda irregularidades procesales que no alcanzan a calificar como causal de nulidad, bajo una apariencia que no le corresponde (AC2134, 29 may. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00403-02). <\/p>\n
4. Decantado el anterior estado del arte procede resolver la s\u00faplica que motiv\u00f3 la presente decisi\u00f3n, aunque acotado a los reparos concretos propuestos contra al auto AC1248 del 13 de abril de 2021. <\/p>\n
4.1. Remem\u00f3rese que los actores arguyeron, para oponerse al rechazo de plano del pedimento de nulidad, que: (I) la vulneraci\u00f3n al debido proceso desconoce el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la cual se materializ\u00f3 en la carencia de competencia funcional, en tanto dos (2) magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Civil al firmar el prove\u00eddo inadmisorio hab\u00edan perdido su condici\u00f3n, lo que se enmarca dentro del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; (II) el principio de legalidad ata a quien detenta un cargo p\u00fablico, por ello el funcionario debe ejercerlo \u00abacorde a la ley vigente, su jurisdicci\u00f3n y legal competencia funcional, no a la voluntad de las personas\u00bb; y (III) la Sala de Casaci\u00f3n Civil quebrant\u00f3 \u00ablas reglas fijadas en la ley para el impulso y resoluci\u00f3n del litigio o formas instrumentales que gobiernan la actuaci\u00f3n procesal\u00bb, porque es inexplicable la demora que existi\u00f3 entre la fecha de adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n y su proferimiento. <\/p>\n
4.2. Estas alegaciones, antic\u00edpese, no tienen la virtualidad de demeritar los argumentos esgrimidos por la honorable Magistrada Ponente para rechazar el estudio de la invalidez promovida, pues lo cierto es que, en el escrito de pedimento, falt\u00f3 invocar una causal espec\u00edfica de nulidad, sin que esta omisi\u00f3n pueda tenerse por superada con la enunciaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4.2.1. Basta revisar el contenido del documento con data 15 de diciembre de 2020 para advertir que, dentro del mismo, no se indic\u00f3 la norma contentiva de la ineficacia pretendida, m\u00e1s all\u00e1 de se\u00f1alar que existi\u00f3 una \u00abviolaci\u00f3n flagrante al debido proceso, lo que hace dicha providencia nula de pleno derecho e inexistente a la vida jur\u00eddica\u00bb (reverso folio 103 cuaderno de la Corte). <\/p>\n
Tal vac\u00edo hac\u00eda indefectible su rechazo, al desatenderse la carga se\u00f1alada en el canon 135, que de forma expresa impuso al interesado el deber de indicar el motivo de invalidez que sirve de sustento a la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Exigencia que tiene como prop\u00f3sito evitar la invocaci\u00f3n indiscriminada de este instituto frente a cualquier irregularidad, am\u00e9n de sus efectos frente a la tramitaci\u00f3n judicial y en garant\u00eda del reconocimiento como ultima ratio. De all\u00ed que esta Sala tenga dicho: <\/p>\n
No basta la omisi\u00f3n de una formalidad irrelevante o la simple opini\u00f3n de una de las partes para que surja el deber de los funcionarios judiciales de entrar a verificar si un acto o procedimiento puede considerarse nulo, sino que es necesario que tal motivo se encuentre expresamente se\u00f1alado en la ley como generador de nulidad. En ese orden, las razones que no aparezcan taxativamente enlistadas en una de tales causales conlleva al rechazo in limine de la solicitud (AC6534, 3 oct. 2017, rad. n.\u00b0 2014-002016-01). <\/p>\n
4.2.2. Por otro lado, la enunciaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Carta Fundamental, seguida de la explicaci\u00f3n de que \u00abhay un nexo directo entre la prueba il\u00edcita principal (la providencia del 7 de diciembre de 2020), y la prueba derivadora (acta de sesi\u00f3n del 10 de octubre de 2018), concurriendo m\u00faltiples situaciones que es precise conjurar con la nulidad o declaraci\u00f3n de inexistencia de la providencia del 7 de diciembre de 2020\u00bb (reverso folio 103 cuaderno de la Corte), no satisface la exigencia que se ech\u00f3 de menos. <\/p>\n
Y es que, como ya se explic\u00f3, la nulidad de pleno derecho contenida en el texto constitucional se acota a las pruebas il\u00edcitas, sin comprometer el tr\u00e1mite procesal en s\u00ed mismo considerado; posibilidad que se encuentra vedada incluso de acudirse a una aplicaci\u00f3n extensiva o anal\u00f3gica, so pena de desatender las reglas que gobiernan la hermen\u00e9utica de las normas prohibitivas o restrictivas. <\/p>\n
Remem\u00f3rese que: <\/p>\n
La ley procesal es terminante al se\u00f1alar cu\u00e1les vicios de actividad son generadores de nulidad y cu\u00e1les no, por manera que no es dable al int\u00e9rprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analog\u00eda o por mayor\u00eda de raz\u00f3n, alg\u00fan otro tipo de defecto adjetivo. Restricci\u00f3n por cierto claramente definida en una larga tradici\u00f3n jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que \u2018…nuestro C\u00f3digo de procedimiento Civil, siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. (\u2026) (G.J. T..XCI p\u00e1g. 449) (SC037-1995 de 22 marzo 1995, rad. 4459)\u2026.\u2019 (SC5512, 24 ab. 2017, rad. n.\u00b0 2007-00356-01, reiterada en SC004, 24 en 2019, rad. n.\u00b0 2009-00001-01). <\/p>\n
4.2.3. La omisi\u00f3n en el se\u00f1alamiento del motivo de anulaci\u00f3n tampoco se solventa de acudirse a los hechos soporte del pedimento, pues de los mismos no era dable extractar alguno de los consagrados en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Total, los yerros de integraci\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n o la demora en la suscripci\u00f3n o notificaci\u00f3n de un prove\u00eddo, no tienen menci\u00f3n expresi\u00f3n en el citado precepto. Situaci\u00f3n agravada por la ausencia de explicaci\u00f3n sobre c\u00f3mo, de alguna manera, se subsumen los hechos narrados dentro alguno de los ocho (8) numerales. <\/p>\n
5. Empero de lo comentado, de forma novedosa, en el recurso de s\u00faplica los convocantes clarificaron y adicionaron la petici\u00f3n de invalidez, en el sentido de indicar que la causal esgrimida era la contenida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 \u00eddem, soportada en que se permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de dos (2) particulares como magistrados, lo que afecta la competencia funcional. <\/p>\n
5.1. Al respecto, sea lo primero indicar que, como el recurso de s\u00faplica es semejante al de apelaci\u00f3n trat\u00e1ndose de \u00f3rganos colegiados, su finalidad no es otra que examinar \u00abla cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 320). <\/p>\n
Significa que el objeto de la s\u00faplica es la determinaci\u00f3n judicial criticada, por lo que resulta contrario a su finalidad que se utilice este momento procesal para arreglar las deficiencias que sirvieron de fundamento a su rechazo o negativa por parte del funcionario judicial, como si se tratara de una restituci\u00f3n de t\u00e9rminos. <\/p>\n
Ha doctrinado Hernando Morales Molina: <\/p>\n
La s\u00faplica se justifica, porque existiendo autos apelables por su naturaleza, dictados por el ponente en las etapas procesales… y no pudiendo apelar ante la Corte porque ello presupondr\u00eda una tercera instancia o grado, para garantizar los derechos de los litigantes contra un agravio de aquel funcionario, es menester acudir a los restantes magistrados de la Sala, que no superiores del ponente sino iguales a \u00e9ste1. <\/p>\n
Por tanto, acudir a la s\u00faplica para corregir las deficiencias que se advirtieron en el auto suplicado deviene del todo extempor\u00e1neo, de all\u00ed que deba repelerse esta posibilidad. Proceder que, agregadamente, desvela un atropello contra la recta y leal administraci\u00f3n de justicia por parte del petente, carga procesal contenida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto el funcionario judicial que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n suplicada no cont\u00f3 con los mismos elementos de juicio que los advertidos para desatar la s\u00faplica. <\/p>\n
No en vano, el numeral 20 del art\u00edculo 153 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia impuso a los funcionarios y empleados judiciales el deber de sancionar \u00abtodos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe\u00bb. <\/p>\n
5.2. De otro lado, aunque se dejara de lado la anterior consideraci\u00f3n, lo cierto es que la clarificaci\u00f3n efectuada en la s\u00faplica no tiene la aptitud de enervar la deficiencia que sirvi\u00f3 a la honorable Magistrada Ponente para rechazar de plano el pedimento de invalidez, ante la insuficiencia de dilucidaciones que permitan justificar c\u00f3mo se configur\u00f3 la nulidad pretendida. <\/p>\n
5.2.1. En efecto, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que el proceso es nulo en todo o en parte, \u00ab[c]uando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb. <\/p>\n
Significa que la invalidez s\u00f3lo puede materializarse con posterioridad al proferimiento de una determinaci\u00f3n que haya declarado la falta de jurisdicci\u00f3n o competencia en cabeza de la autoridad judicial. No basta, entonces, la ausencia de atribuci\u00f3n para dispensar justicia o de su concretizaci\u00f3n o materializaci\u00f3n en el caso concreto, sino que se exigen requisitos adicionales, de los cuales debe dar cuenta el pedimento de invalidez, con el fin de que pueda abrirse paso su estudio de fondo. <\/p>\n
Este fue uno de los m\u00faltiples cambios que introdujo la nueva codificaci\u00f3n adjetiva, en comparaci\u00f3n con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues la invalidez emanaba de la simple ausencia de competencia, sin exigirse la declaratoria previa y expresa en una determinaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
As\u00ed lo manifest\u00f3 la Corte en reciente jurisprudencia: \u00ab[E]n el nuevo sistema procesal, la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia no entra\u00f1an per se nulidad de lo actuado, porque el art\u00edculo 133 \u00eddem s\u00f3lo determina esa consecuencia cuando el \u2018juez act\u00fae en el proceso\u00bb despu\u00e9s de declarar esa carencia\u2019\u00bb (SC2759, 7 jul. 2021, rad. n.\u00ba 2010-00074-02). <\/p>\n
5.2.2. No obstante lo explicado, los demandantes se limitaron a se\u00f1alar que en el auto inadmisorio intervinieron dos (2) \u00abparticulares\u00bb y existi\u00f3 un gran interregno entre la fecha en que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n y se profiri\u00f3, sin explicar c\u00f3mo se satisfacen los requisitos legales de la nulidad por falta de competencia funcional. <\/p>\n
En concreto, no se identific\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal precisa en la que se declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n o competencia y cuyo desconocimiento revelara la invalidez del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ante la ausencia de perspicuidad sobre las razones para colegir que se configur\u00f3 la nulidad reclamada, el rechazo de la solicitud deviene como inquebrantable, a pesar de la a\u00f1adidura realizada en el recurso de s\u00faplica. <\/p>\n
5.3. De forma adicional se observa que los demandantes, faltando al deber de especificar los hechos que sirven de soporte a la alegada falta de competencia funcional, olvidaron explicar los efectos que, sobre el auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020, tiene el hecho de que el mismo se aprobara en sesi\u00f3n de 10 de octubre de 2018, momento para el cual los honorables exmagistrados Ariel Salazar Ram\u00edrez y Margarita Cabello Blanco estaban revestidos de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
5.3.1. Y es que la Sala, siguiendo la doctrina sobre la materia y refiri\u00e9ndose a la sentencia judicial, ha se\u00f1alado que \u00abla falta de firma de uno de los magistrados no la invalida, si vot\u00f3 favorablemente\u2026 y que es aplicable a toda clase de providencias y de actos procesales en general\u00bb (SC, 1\u00b0 de febrero de 1995, exp. n.\u00b0 4223). <\/p>\n
Tesis reiterada recientemente en el veredicto del 14 de diciembre de 2020, con el se\u00f1alamiento de que cuando el acto procesal ha \u00abcumplido su funci\u00f3n, est\u00e1 de acuerdo con el concepto generalizado en la doctrina\u2026 que excluye la nulidad siempre que el acto haya cumplido su finalidad\u00bb (SC5105, rad. n.\u00b0 2010-00177-01). <\/p>\n
En el mismo sentido los especialistas en derecho procesal, in extenso, tienen dicho: <\/p>\n
La sentencia es, en primer t\u00e9rmino, un acto jur\u00eddico. El acto jur\u00eddico consiste en que tres agentes del poder p\u00fablico, en el ejercicio de sus facultades y deberes, a\u00fanen sus voluntades en el sentido de determinada soluci\u00f3n; la confirmaci\u00f3n, la revocaci\u00f3n, la reforma o la anulaci\u00f3n del fallo recurrido. <\/p>\n
Es exactamente lo mismo que, cuando en el recinto parlamentario, el secretario de la C\u00e1mara cuenta los votos de los legisladores y el proyecto de ley re\u00fane el n\u00famero suficiente para su sanci\u00f3n. La ley y la sentencia existente desde que existe el acuerdo de voluntades necesarios para su sanci\u00f3n. <\/p>\n
Viene luego un proceso posterior que es rigurosamente documental (instrumental) y no sustancial. La sentencia acordada debe ser redactada y suscrita\u2026 Pero la doctrina es muy firme en distinguir cuanto ata\u00f1e a la sentencia-acto y a la sentencia-documento. El documento es la representaci\u00f3n del acto. Lo que llamamos habitualmente sentencia, cuando tenemos un legajo de papel en la mano, no es sino el documento que representa la sentencia: su prueba, no su sustancia jur\u00eddica; el retrato, no la persona. <\/p>\n
Por supuesto que no hay sentencia completa sin documento: is sillemnibus forma dat ese rei. Pero conviene distinguir con toda nitidez lo que ata\u00f1e a la sentencia en cuanto acto y lo que se refiere a ella en cuanto documento2. <\/p>\n
Tesis que encuentra apoyadura en el C\u00f3digo General del Proceso en los art\u00edculos 325 y 342, los que al un\u00edsono dan prevalencia a la sentencia como manifestaci\u00f3n judicial de voluntad, frente a la formalidad del escrito y su suscripci\u00f3n, permitiendo que se otorguen efectos jur\u00eddicos al fallo siempre que pueda establecer su autor\u00eda, con independencia de su documentaci\u00f3n, consideraci\u00f3n que es aplicable al sub lite por fuerza del art\u00edculo 12 consagratorio de la analog\u00eda en materia procesal. <\/p>\n
De forma agregada el canon 342, para el recurso de casaci\u00f3n, prev\u00e9 la devoluci\u00f3n de la sentencia cuando \u00abno est[\u00e9] suscrita por el n\u00famero de magistrados que la ley exige\u00bb. <\/p>\n
Trasluce del anterior recorrido normativo, jurisprudencial y doctrinal que, el aspecto m\u00e1s relevante de una determinaci\u00f3n judicial, es la decisi\u00f3n adoptada por el juez competente, al margen del proceso de documentaci\u00f3n o suscripci\u00f3n, los cuales devienen secundarios frente a aquella. <\/p>\n
5.3.2. Por tanto, como para la fecha en que el auto inadmisorio fue discutido y aprobado todos los magistrados que intervinieron estaban revestidos de la calidad de jueces, huelga reiterarlo, el 10 de octubre de 2018, en principio, se est\u00e1 frente a un acto jur\u00eddico susceptible de producir efectos jur\u00eddicos, al margen de cu\u00e1l fuera la fecha de suscripci\u00f3n o notificaci\u00f3n. <\/p>\n
La anterior consideraci\u00f3n debi\u00f3 ser tenida en cuenta por los demandantes, con el fin de sustentar debidamente el pedimento de nulidad, por lo que su omisi\u00f3n atenta contra el art\u00edculo 135 del c\u00f3digo procesal en vigor. <\/p>\n
5.3.3. Una dilucidaci\u00f3n equivalente cabe frente al inciso primero del art\u00edculo 54 de la LEAJ, el cual dispone que \u00ab[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Frente a esta norma la Corte tiene dicho que \u00abcarece de competencia funcional el juzgador plural que delibera y decide sin la asistencia, ni el voto mayoritario favorable de los integrantes de la respectiva Sala (AC7719-2017)\u00bb (SC2759, 7 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00074-02). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, el reglamento interno de funcionamiento tiene consagrado que \u00ab[s]e entiende que un magistrado ha participado cuando asisti\u00f3 al debate y vot\u00f3 la ponencia\u00bb (par\u00e1grafo del art\u00edculo 33 del Acuerdo 006 de 2002). <\/p>\n
Por tanto, advertido que en la Sala de Decisi\u00f3n en que se aprob\u00f3 el auto AC3313-2020 intervinieron seis (6) magistrados, en satisfacci\u00f3n de las reglas sobre quorum deliberatorio y decisorio, haciendo que el acto jurisdiccional cobrara eficacia, era indispensable que en el pedimento de invalidez se explicara c\u00f3mo, a pesar de lo expuesto, pudo materializarse la falta de competencia funcional. <\/p>\n
5.3.4. Con todo, aun en el evento de que la Sala acogiera la argumentaci\u00f3n expuesta en el recurso de s\u00faplica, lo cierto es que tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, esta vez porque la Sala de Casaci\u00f3n Civil es la competente para conocer del recurso de casaci\u00f3n a que se refiere el sub examine, lo cual desvirt\u00faa el supuesto vicio de nulidad por falta de competencia funcional. <\/p>\n
Tiene dicho esta Colegiatura, respecto de la competencia funcional, que: <\/p>\n
[E]l concepto de competencia funcional alude a la distribuci\u00f3n de los procesos entre jueces de primera instancia, de segunda y la Corte de Casaci\u00f3n, respecto de lo cual se tiene dicho que \u2018[e]n virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aqu\u00ed interesa, el legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n\u2019 (SC, 26 jun. 2003, rad. n.\u00b0 7258). <\/p>\n
Tal cual brota del anterior concepto, para esclarecer si ocurri\u00f3 el vicio de nulidad por falta de competencia funcional basta con escudri\u00f1ar si el funcionario conocedor de la impugnaci\u00f3n es el asignado legalmente para desatarla, es decir, el instituido conforme al ordenamiento procesal para dictar el fallo de segunda instancia (CSJ, SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2008-00106-01). <\/p>\n
Y en el caso, al margen de la ocurrencia o no de los hechos que erigen la petici\u00f3n de los demandantes, lo cierto es que esta Corporaci\u00f3n, conforme a los numerales 1\u00b0 del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y del canon 30 del C\u00f3digo General del Proceso, es la competente para conocer del mecanismo extraordinario interpuesto y, por lo mismo, de proferir el auto inadmisorio, en descr\u00e9dito de la nulidad reclamada. <\/p>\n
5.4. Las omisiones advertidas no s\u00f3lo ratifican, sino que adicionan, las razones para sirvieron para el rechazo de plano de la solicitud de nulidad realizada por los convocantes en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, con relaci\u00f3n al pedimento para que esta Sala admita la demanda de casaci\u00f3n \u00abbajo la perspectiva constitucional y de la casaci\u00f3n oficiosa\u00bb, son procedentes las consideraciones subsiguientes. <\/p>\n
6.1. Las facultades oficiosas en materia de casaci\u00f3n se diferencian dependiendo del momento procesal en que se hagan uso de ellas; as\u00ed, una es la selecci\u00f3n positiva, gobernada por el art\u00edculo 16 de la LEAJ, seg\u00fan el cual \u00ab[L]as Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb; y otra es la casaci\u00f3n de oficio regulada en el 336 del CGP, a saber: \u00ab[L]a Corte\u2026 podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
6.2. Luego, en el entendido de que en el escrito de nulidad y de s\u00faplica se deprec\u00f3 que se acudiera a la selecci\u00f3n oficiosa, no as\u00ed a la casaci\u00f3n de oficio, por el momento procesal en que se encuentra, conviene advertir que este an\u00e1lisis fue realizado oportunamente por esta Corporaci\u00f3n, sin que proceda su revisi\u00f3n. <\/p>\n
Significa que la Corporaci\u00f3n, al momento de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, hizo una revisi\u00f3n de las causales se\u00f1aladas legalmente para dar cabida a la selecci\u00f3n oficiosa, encontrando que la misma no deven\u00eda procedente, ante el cumplimiento de las reglas que rigen la tramitaci\u00f3n del litigio, la observancia formal del derecho que gobierna el conflicto y la ausencia de dislates probatorios protuberantes. <\/p>\n
Ante la existencia de una determinaci\u00f3n judicial, debidamente sustentada, la que por fuerza del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso no admite recurso alguno, su modificaci\u00f3n o revocatoria tiene cerrada la puerta, incluso frente a la solicitud reiterada de una de las partes del proceso. <\/p>\n
6.2.2. En este punto conviene recordar el car\u00e1cter excepcional\u00edsimo que tiene la selecci\u00f3n oficiosa positiva, de all\u00ed que mal podr\u00eda utilizarse como una forma de lograr una decisi\u00f3n favorable a la parte que ha sido vendida en juicio. La Corte Constitucional as\u00ed lo ha reconocido: <\/p>\n
179. La Sala recuerda que la potestad de selecci\u00f3n oficiosa positiva en cabeza de la Corte Suprema de Justicia si bien no exime al recurrente de cumplir los est\u00e1ndares t\u00e9cnicos de argumentaci\u00f3n que el recurso exige, es procedente cuando la sentencia recurrida compromete de manera evidente y grave el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
180. En tal sentido, la Corte Constitucional pudo corroborar la aplicaci\u00f3n excepcional que ha tenido la figura de la selecci\u00f3n oficiosa positiva pues esta solo ha operado para casos relacionados con impugnaci\u00f3n de la paternidad o de incumplimiento contractual, o al patrimonio p\u00fablico en procesos de incumplimiento contractual o de liquidaci\u00f3n de perjuicios por expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
7. En resumen de todo lo discurrido, la Sala confirmar\u00e1 el rechazo de plano del pedimento de invalidez efectuado por los demandantes; adem\u00e1s, se sujetar\u00e1 a lo dicho en el auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020 en relaci\u00f3n con la selecci\u00f3n de oficio del tr\u00e1mite casacional. <\/p>\n
No se impondr\u00e1 condena en costas al no existir constancia de su causaci\u00f3n (numerales 1\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 365 idem). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve confirmar el rechazo de la solicitud de nulidad interpuesta por los demandantes en casaci\u00f3n contra el auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Frente a la solicitud de selecci\u00f3n positiva del remedio casacional se someter\u00e1 a lo decidido en el auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Sin condena en costas en la s\u00faplica. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Vicepresidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Ed. ABC, 1991, p. 605. <\/p>\n
2\u0002 Eduardo J. Cuoture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo III, Ediar Ed. Buenos Aires, pp. 307 y 308. <\/p>\n
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AC2421-2022 (2015-00203-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2421-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-31-03-001-2015-00203-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide lo pertinente con relaci\u00f3n al recurso de s\u00faplica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63929","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63929"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}