AC2509-2022 (2022-01899-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2509-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01899-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Lina Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo proferido el 17 de mayo de 2006, por el Tribunal de Menores de Trieste, Italia [archivo \u201csentencia tribunal\u201d, expediente digital]. <\/p>\n
2. En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala la demandante, se accedi\u00f3 a la adopci\u00f3n del menor Juan Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez en favor de Giovanni Firenze, ciudadano italiano, [archivo \u201cdemanda exequatur\u201d, ibidem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
Entre los exigidos figura la prueba de que la sentencia extranjera, cuyo exequ\u00e1tur se solicita, \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb [numeral 3\u00ba ibidem]. <\/p>\n
2. No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto del exequ\u00e1tur acompa\u00f1ada de la constancia de ejecutoria de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, valga decir, la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme, siendo criterio de la Sala que la ausencia de ese par\u00e1metro conlleva el rechazo de plano de la solicitud, [CSJ AC5566 de 19 de diciembre de 2018, reiterado en CSJ AC1439 de 24 de abril de 2019, en CSJ AC 4035 de 23 de septiembre de 2019, en CSJ AC215 de 29 de enero de 2020, en CSJ AC 834 de 10 de marzo de 2020, en CSJ AC1523 de 21 de julio de 2020 y recientemente en CSJ AC1220-2022, 28 mar.]. <\/p>\n
3. Si no resultara suficiente la ausencia del referido documento para proceder al rechazo de plano de la solicitud, debe destacarse que \u00e9sta desatendi\u00f3 el contenido del art\u00edculo 251 de la codificaci\u00f3n en comento, seg\u00fan el cual \u00ab[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, a m\u00e1s de que no obra la traducci\u00f3n de todas las piezas procesales que fueron adosadas en idioma extranjero, las aportadas no cumplen el requisito legal que viene de mencionarse, pues no hay certeza sobre quien realiz\u00f3 dicha tarea, menos sobre s\u00ed ostenta el reconocimiento de ser oficial, calidad que debe ser demostrada con la respectiva Resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia, y la legalizaci\u00f3n de su signatura en cada uno de los instrumentos traducidos, omisiones que impiden tener por legalizada la copia del veredicto que se busca homologar. <\/p>\n
N\u00f3tese que si bien obra en el legajo un folio que pudiera entenderse como un juramento verbal del traductor, lo cierto es que no puede establecerse si su contenido se acompasa a la exigencia en menci\u00f3n, pues no se encuentra convertido al espa\u00f1ol. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que solo es int\u00e9rprete oficial quien est\u00e9 reconocido como tal por la autoridad correspondiente en Colombia y su calidad se acredita seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 3269 de 14 de junio de 2016, emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el par\u00e1grafo primero del canon 8\u00b0 prev\u00e9 que \u00abSi los documentos de que trata el presente art\u00edculo una vez apostillados requieren de una traducci\u00f3n en idioma diferente al castellano, deber\u00e1n ser traducidos por traductor oficial certificado en Colombia y la firma del traductor oficial debe ser apostillada\u00bb. <\/p>\n
4. A lo anotado se suma, que no se adjunt\u00f3 evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 ibidem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul., criterio reiterado en CSJ AC996-2022, 15 mar.). <\/p>\n
5. Por las razones esbozadas, se impone, entonces, el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
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