AC2521-2022 (2022-01526-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2521-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01526-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados de Familia de Chiquinquir\u00e1 y Segundo de Familia de C\u00facuta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, Marlon Eduardo Pulido Mart\u00ednez, adulto en condici\u00f3n de discapacidad, demand\u00f3 a su progenitor, Eudoro Pulido Guaman, para obtener el \u00abaumento de la cuota alimentaria\u00bb fijada por la Comisar\u00eda de Familia de Chiquinquir\u00e1 en la \u00abResoluci\u00f3n No. 0086\u00bb el 3 de septiembre de 2021. El accionante justific\u00f3 la elecci\u00f3n de esa sede, entre otras circunstancias, \u00abpor haber conocido del proceso de aumento de cuota alimentaria la Comisar\u00eda de Familia de Chiquinquir\u00e1, por la naturaleza del asunto y por el domicilio del se\u00f1or Marlon Eduardo Pulido Mart\u00ednez (\u2026), pues as\u00ed lo indica el (\u2026) art. 21, numeral 7 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) concordado con el art\u00edculo 129 de la ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el libelo con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo de C\u00facuta, por cuanto en esa ciudad \u00abreside\u00bb el demandado (1\u00ba febrero 2022). <\/p>\n
3. La receptora se rehus\u00f3 a acogerlo, por cuanto el \u00abbeneficiario de los alimentos es una persona que sufre de una discapacidad\u00bb, vecino de Chiquinquir\u00e1, donde adem\u00e1s se fij\u00f3 la cuota alimentaria cuyo aumento pretende, razones por las que debe acudirse al numeral 2\u00ba de dicha norma, \u00abpara la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, en especial la garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la tutela judicial efectiva -al tratarse de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional-\u00bb, argumento que sustent\u00f3 en una decisi\u00f3n similar de esta Corporaci\u00f3n (22 abril 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le incumbe a la Corte dirimirla como superior funcional com\u00fan de los mismos, en Sala Unitaria, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de determinar la competencia por el factor territorial, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, \u00e9sta corresponder\u00e1 al \u00abjuez del domicilio del demandado\u00bb, previsi\u00f3n que busca garantizarle a quien es citado a juicio el adecuado ejercicio de su derecho de defensa, lo cual podr\u00e1 hacer mejor, supone la ley, desde el lugar donde tiene su asiento. <\/p>\n
A su turno, el numeral 2\u00ba de la misma norma establece una situaci\u00f3n concurrente con la anterior, al relievar que <\/p>\n
[e]n los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesaci\u00f3n de efectos civiles, separaci\u00f3n de cuerpos y de bienes, declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio cat\u00f3lico, ser\u00e1 tambi\u00e9n competente el juez que corresponda al domicilio com\u00fan anterior, mientras el demandante lo conserve. <\/p>\n
En los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel (Subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Quiere decir que en litigios de familia en que se reclamen los derechos de los menores de edad, la competencia ser\u00e1 fijada en el funcionario judicial del \u00abdomicilio o residencia\u00bb de aqu\u00e9l, mientras que en trat\u00e1ndose de procesos donde se exija la protecci\u00f3n de las prerrogativas de adultos, se deber\u00e1 adelantar conforme lo dispuesto en la pauta general ya mencionada y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el \u00abdomicilio\u00bb del interpelado. <\/p>\n
3. Revisado el escrito introductor y sus anexos se constata que el promotor es una persona mayor de edad que, pese a las enfermedades que lo aquejan, confiri\u00f3 poder a su mandatario judicial, para que demandara a su progenitor, domiciliado en la ciudad de C\u00facuta, en procura de obtener el \u00abincremento de la cuota alimentaria\u00bb inicialmente reconocida por la Comisar\u00eda de Familia de Chiquinquir\u00e1. <\/p>\n
En esas condiciones, err\u00f3 la Juez de Familia de C\u00facuta al negarse a impulsar la contienda con fundamento en el fuero privativo que contempla el inciso segundo del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo, destinado a proteger las prerrogativas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que act\u00faan como demandantes o demandados en alguno de los procesos all\u00ed indicados, no as\u00ed de quienes alcanzaron la mayor\u00eda de edad, cuyos asuntos se ver\u00e1n sometidos a las restantes pautas de competencia, una de ellas la prevista en el primer numeral del citado canon. <\/p>\n
Lo anterior no implica desconocer la especial protecci\u00f3n que el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica confiere a las personas en circunstancias de \u00abdebilidad manifiesta\u00bb, ni los principios y obligaciones consagrados en la \u00abConvenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad\u00bb, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 (Ley 1346 de 2009) y en la ley 1618 de 2013, concretamente el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones, que en este particular asunto se encuentra garantizado al demandante Marlon Eduardo Pulido Mart\u00ednez con la intervenci\u00f3n de su apoderado y la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales que en la actualidad regula la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
En este punto no debe perderse de vista que si bien en \u00abAC5489-2019\u00bb la Sala encontr\u00f3 necesario \u00abexcluir la vigencia de la pauta ordinaria [de competencia]\u00bb en ese particular asunto, lo cierto es que la protecci\u00f3n especial que constitucional y legalmente asiste a la poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad, por s\u00ed misma, \u00abno tiene la virtud de modificar lo consignado en el estatuto procesal civil, en cuanto a los \u201cfactores de competencia\u201d, pues lo all\u00ed estipulado corresponde a mandatos de obligatorio cumplimiento que no permiten variaci\u00f3n\u00bb, como se advirti\u00f3 en CSJ AC2581-2019. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juez de C\u00facuta para que, sin tardanza, adelante el tr\u00e1mite que legalmente corresponde. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta es el competente para conocer el proceso de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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