AC2670-2022 (2022-01563-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2670-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01563-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., y Segundo Civil del Circuito de San Gil, dentro del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n judicial promovido por el Instituto Nacional de V\u00edas (INVIAS) contra Maritza Fernanda V\u00e1squez Rodr\u00edguez y herederos determinados e indeterminados de Justo V\u00e1squez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada por el Instituto Nacional de V\u00edas (INVIAS), contra Maritza Fernanda V\u00e1squez Rodr\u00edguez y herederos determinados e indeterminados de Justo V\u00e1squez Rodr\u00edguez, la accionante solicit\u00f3, entre otras cosas: (i) la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial, y, por consiguiente, la transferencia forzosa del predio identificado con la ficha predial No. 053B-D-TU-CVSG de fecha 15 de septiembre de 2020 elaborada por el Contratista CONCAY S.A. y, (ii) que se ordene su registro junto con el acta de entrega del inmueble en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Gil. <\/p>\n
En cuanto a la competencia se indic\u00f3 que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00aben virtud de lo establecido en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 20 y el art\u00edculo 28 numeral 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, es usted competente para conocer del presente proceso especial de expropiaci\u00f3n; as\u00ed mismo, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia AC1953-2019 Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2019-01119-00 de fecha 28 de mayo de 2019, resolvi\u00f3 conflicto de competencia declarando que los procesos de expropiaci\u00f3n deben ser conocidos por los juzgados en donde se encuentren ubicados los inmuebles objeto de la litis\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito inicial fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 8 de julio de 2021, rechaz\u00f3 la demanda. Para ello, manifest\u00f3 que el demandante al ser una entidad p\u00fablica, debe acogerse necesariamente al numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, al consagrar una competencia privativa en raz\u00f3n a la calidad de las partes en el proceso. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., el cual, en providencia de 2 de agosto de 2021, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y, en este sentido, promovi\u00f3 el conflicto, para lo cual, expuso que el factor subjetivo aplica \u00fanicamente en dos casos, esto es, i) estados extranjeros y agentes diplom\u00e1ticos y; ii) en eventos en los cuales pueden concurrir ante los jueces nacionales acorde a las normas de derecho internacional (Art.30-6 CGP), y como en este caso no se presentaban dichas circunstancias la competencia debe radicarse de conformidad con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., es decir, por la ubicaci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a resolver lo que corresponda previas las siguientes <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como, el objetivo, subjetivo, funcional, de atracci\u00f3n o conexidad y territorial. <\/p>\n
En virtud del factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n al fuero personal (domicilio del demandado), fuero real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), fuero contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), fuero social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), fuero sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y fuero de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
Por su parte, el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otras, un fuero preferente para las entidades del Estado, como se desprende del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del CGP que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
El factor objetivo, se subdivide en: i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y, ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 ejusdem. <\/p>\n
El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferencias instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
A pesar de la claridad referida respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, hay casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a conocerla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que, en principio, tal voluntad pueda ser desconocida por el operador jur\u00eddico. <\/p>\n
3. En lo que concierne con las expropiaciones, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes, al consagrar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) expropiaci\u00f3n (\u2026) ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo contempla que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter personal y prevalente que se funda en la calidad del sujeto, el cual se contrae al lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado ser\u00edan competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4. Para el caso concreto, resulta imperioso anotar que, de conformidad con lo plasmado en la citada providencia, el Instituto Nacional de V\u00edas (INVIAS) no le es posible despojarse del fuero subjetivo [ni siquiera voluntariamente], en la medida en que la predilecci\u00f3n de ese factor de competencia obedece a una norma de orden p\u00fablico, haci\u00e9ndola irrenunciable. <\/p>\n
Con ese panorama, el tr\u00e1mite del presente asunto deber\u00e1 seguirse en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., pues se observa que el INVIAS es un \u00abestablecimiento p\u00fablico adscrito al Ministerio de Transporte (art\u00edculo 52, Decreto 2171 de 1992)\u00bb, con domicilio en este Distrito Capital. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se acude ahora al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico la integran, entre otros, el sector descentralizado por servicios del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer del asunto y se informar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida, as\u00ed como a la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer el asunto referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2670-2022 (2022-01563-00) AC2670-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01563-00 Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., y Segundo Civil del Circuito de San Gil, dentro del proceso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63978","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63978"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63978\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}