AC2676-2022 (2022-01795-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2676-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-01795-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Manizales y de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Itag\u00fc\u00ed, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva promovida por Red Agroveterinaria S.A., contra, Jorge Enrique Pineda Zapata. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la demanda presentada por Red Agroveterinaria S.A., contra Jorge Enrique Pineda Zapata, ante el Juez Civil Municipal de Manizales (reparto) se solicit\u00f3 se librar mandamiento de pago por $3.500.000.oo suma reconocida en la prueba extraprocesal 17001400300120200023300 practicada el 22 de enero de 2021, en el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales. <\/p>\n
En cuanto a la competencia se indic\u00f3 que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial debido a que \u00abEste proceso ejecutivo singular de m\u00ednima cuant\u00eda debe conocerlo el juez del domicilio donde se estipulo (sic) o emano (sic) la obligaci\u00f3n del t\u00edtulo a ejecutar, que para el caso en concreto fue la ciudad de Manizales\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito inicial fue asignado al Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 27 de mayo de 2021, rechaz\u00f3 la demanda. Para ello, manifest\u00f3 que, una vez analizada la diligencia de interrogatorio de parte que pretende servir de t\u00edtulo ejecutivo en el presente tr\u00e1mite, se evidencia que, dentro de las respuestas dadas por el convocado no se reconoci\u00f3 ni se estableci\u00f3 que fuese Manizales el lugar estipulado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n reclamada, por lo que remite el expediente al domicilio del demandado. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Itag\u00fc\u00ed, el cual, en providencia de 25 de mayo de 2022, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y, en este sentido, promovi\u00f3 el conflicto para lo cual expuso que el domicilio del demandado se encuentra en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a resolver lo que corresponda previas las siguientes <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, Manizales e Itag\u00fc\u00ed, el superior funcional com\u00fan a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para resolverlo, de conformidad con lo estipulado en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la prevista en el numeral 1, constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Es decir, en los procesos surgidos de un negocio jur\u00eddico o que tengan su fuente en t\u00edtulos ejecutivos, ser\u00e1 competente, adem\u00e1s del juez del domicilio del demandado, el juez que corresponda al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas en dicho negocio. <\/p>\n
3. En el caso en estudio, el demandante acude al juez de Manizales, bajo la consideraci\u00f3n de ser el lugar \u00abdonde se estipulo (sic) o emano (sic) la obligaci\u00f3n del t\u00edtulo a ejecutar\u00bb, e igualmente refiere que atribuye la competencia en consideraci\u00f3n al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con todo, de la audiencia en que se practic\u00f3 en la prueba extraprocesal adelantada en el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, con radicaci\u00f3n 17001-4001-001-2020-00233-00, se evidencia i) que entre las partes existi\u00f3 un contrato para la fabricaci\u00f3n de 1000 porta celulares, sin embargo, dicha obligaci\u00f3n no se cumpli\u00f3 por parte del demandado; ii) el demandado acept\u00f3 la obligaci\u00f3n que se persigue; y, iii) no se especifica el lugar en donde se debe realizar el cumplimiento de la misma. <\/p>\n
En efecto, en el cuestionario formulado al deudor, se omiti\u00f3 pregunta alguna encaminada a probar el lugar pactado para la prestaci\u00f3n debida, es decir, donde deb\u00eda hacerse la entrega de los porta celulares, lo cual, tampoco se logra extraer del cuerpo de la demanda, pues si bien en el escrito inicial se afirm\u00f3 que el negocio jur\u00eddico \u201ctuvo como domicilio contractual la ciudad de Manizales\u201d dicha aseveraci\u00f3n dista ampliamente de ser la del \u201clugar de cumplimiento\u201d a que refiere la norma de competencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se trata de obligaciones dinerarias, el c\u00f3digo de comercio prev\u00e9 \u00abSalvo estipulaci\u00f3n en contrario, la obligaci\u00f3n que tenga por objeto una suma de dinero deber\u00e1 cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento. Si dicho lugar es distinto al domicilio que ten\u00eda el acreedor al contraerse la obligaci\u00f3n y, por ello resulta m\u00e1s gravoso su cumplimiento, el deudor podr\u00e1 hacer el pago en el lugar de su propio domicilio, previo aviso al acreedor\u00bb.1 <\/p>\n
Como en este caso se trata de una obligaci\u00f3n de dinero, como quiera que lo que se persigue es el pago de $3.500.000, junto sus intereses moratorios causados, es claro que dicha prestaci\u00f3n debe cumplirse en el domicilio del acreedor, y una vez estudiado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Red Agroveterinaria S.A., se evidencia que aquel es el municipio de Villamar\u00eda, territorio que se encuentra dentro del circuito judicial de Manizales, por lo que ese estrado judicial ser\u00e1 el competente para tramitar la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Finalmente, se reitera que a pesar de que el demandante tiene la facultad de elegir entre el fuero general de competencia y el fuero contractual, en el presente caso eligi\u00f3 este \u00faltimo, por lo que esta Corte respeta dicha decisi\u00f3n y se remite al lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
4. De conformidad con lo anterior, la competencia se radica en cabeza del Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, por lo cual, es el encargado de conocer y tramitar la acci\u00f3n ejecutiva presentada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, es el competente para conocer el asunto referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Itag\u00fc\u00ed, as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 C\u00f3digo de Comercio. Art\u00edculo 876. <\/p>\n
<\/p>\n
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