AC2678-2022 (2022-01860-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2678-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01860-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Tunja y Veinticuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso ejecutivo, instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb en contra de Carlos Javier \u00c1ngel Holgu\u00edn y Adriana Roci\u00f3 Bernal Rinc\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Fondo Nacional del Ahorro present\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados civiles municipales de Tunja- Boyac\u00e1 con el prop\u00f3sito de que se libre mandamiento ejecutivo, y se decrete el embargo y posterior secuestro del inmueble garant\u00eda de la obligaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite titulado \u00abCOMPETENCIA Y CUANT\u00cdA\u00bb, se plasm\u00f3: \u00abEs competente usted se\u00f1or Juez para conocer de la presente demanda, en consideraci\u00f3n al domicilio del demandado, la ubicaci\u00f3n del bien objeto de garant\u00eda hipotecaria, al lugar establecido para el cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, a quien le correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 su asignaci\u00f3n mediante auto de 31 de marzo de 2022, argumentando que al tener el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, su domicilio principal en Bogot\u00e1 D.C., y en aplicaci\u00f3n de los preceptos contenidos en el numerales 10 del art\u00edculo 28 en concordancia con el art\u00edculo 29 del C.G.P. <\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., a quien se le remiti\u00f3 el expediente, en prove\u00eddo de 18 de mayo de 2022 propuso el conflicto negativo tras se\u00f1alar que, si bien es cierto concurren fueros privativos, esta entidad p\u00fablica cuenta con una sucursal en Tunja, y como dicha ciudad es la seleccionada para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n debe respetarse dicha elecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como, el objetivo, subjetivo, funcional, de atracci\u00f3n o conexidad y territorial. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
A pesar de la claridad normativa respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, existen casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla; en ese evento peculiar, la ley le otorga al actor la facultad de escoger entre ellos. <\/p>\n
3. Ahora bien, de las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00ba constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n existe una norma especial que regula la materia, ya que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (num. 3 Ib., subraya externa). <\/p>\n
De igual forma, en lo que respecta a los procesos donde se ejerciten derechos reales, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes, al consagrar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026)\u00bb ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se establece en virtud de la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la ejecuci\u00f3n de un derecho real por parte de una entidad del Estado ser\u00edan competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4. En eventos como el sub lite, donde la demandante es una entidad estatal, se excluyen necesariamente los otros factores de competencia no privativos, como lo son, el fuero general contenido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y el del lugar de cumplimiento de las obligaciones dado en el numeral 3\u00ba de la misma normativa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se deben seguir los par\u00e1metros establecidos por la Sala en el auto AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb; es decir, busc\u00f3 unificar criterios para los litigios originados en asuntos en que intervienen entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, se concluy\u00f3 que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe prevalecer sobre los dem\u00e1s factores de competencia. <\/p>\n
Dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00abuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u00bb y con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., (art. 3\u00ba, Decreto 1132 de 1999), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que no es posible atribuir la competencia atendiendo a un factor de competencia distinto al establecido anteriormente, puesto que prevalece el criterio subjetivo, que se superpone al fuero real, contractual y al general. <\/p>\n
Existiendo claridad respecto del fuero que impera en este evento, debe tenerse en cuenta que el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, al juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
La \u00abprevenci\u00f3n\u00bb a que alude dicho precepto, significa que la parte actora tiene plena libertad de radicar la demanda, bien en su domicilio principal, ora en alguna de sus sucursales o agencias [siempre que se relacionen con el asunto ventilado], siendo competente el juez de cualquiera de ellas sin un orden o jerarqu\u00eda espec\u00edfico; decisi\u00f3n que, adem\u00e1s, debe ser respetada por el funcionario que reciba el escrito introductorio preliminarmente. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, corroborados los anexos con los hechos y pretensiones de la demanda, la sucursal est\u00e1 relacionada con la acci\u00f3n instaurada, adem\u00e1s, es la del lugar donde se encuentra el bien inmueble que se pretende embargar, esto es el identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-199845 de la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja, y corresponde al domicilio de los demandados. <\/p>\n
Entonces, al ser el primer despacho competente, la elecci\u00f3n realizada por la parte actora fue correcta. <\/p>\n
5. Por lo tanto, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, para que lo asuma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, es el competente para conocer la demanda promovida por el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb en contra de Carlos Javier \u00c1ngel Holgu\u00edn y Adriana Roci\u00f3 Bernal Rinc\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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