AC2804-2022 (2022-00492-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2804-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00492-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n incoada por Sator S.A.S., Grupo Argos S.A., Eduardo Bett\u00edn Vallejo y CNR III Ltd. Sucursal Colombia, respecto de la acci\u00f3n popular 20001310300220160021200, a la cual fue acumulada la 20178315300120180006300, promovidas por el Departamento del Cesar, Carlos Alberto O\u00f1ate Mart\u00ednez, Juan Carlos Gil Betancur, Carlos Juan Olivella Pavajeau, Francisco Javier G\u00f3mez Rojas, Jorge Camilo Gnecco Espinosa, Julio C\u00e9sar O\u00f1ate Mart\u00ednez, Mar\u00eda Consuelo Pavajeau Castro, Carlos Alberto O\u00f1ate Mart\u00ednez, Jorge Luis O\u00f1ate Mart\u00ednez, Mar\u00eda Jos\u00e9 Castro Baute, David Alberto Mart\u00ednez Ayala, Carbones Sororia Ltda., Comercializadora Carbomar S.A.S., Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda., Inversiones Valledupar S.A.S., L.T. Geoperforaciones y Miner\u00eda, y la Asociaci\u00f3n de Municipios Mineros del Centro del Cesar, contra los peticionarios, Colombia Natural Resources S.A.S., Juan Manuel Ruiseco Vieira y Edgardo Percy Diazgranados, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, Oswaldo Angulo Ar\u00e9valo, Alberto Vigna Garc\u00eda y Misael Guerra L\u00f3pez como litisconsortes del ente territorial citado, as\u00ed como la Agencia Nacional de Miner\u00eda en condici\u00f3n de litisconsorte de la parte pasiva; que cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los peticionarios deprecaron el cambio de radicaci\u00f3n citado aduciendo que \u00abLa Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que corremos riesgos de seguridad, los funcionarios y apoderados judiciales que intervenimos en procesos judiciales que se tramiten en el Departamento del Cesar y otros departamentos de la Costa Atl\u00e1ntica, en los cuales est\u00e9n vinculadas personas que son parte de la Acci\u00f3n Popular y que tengan como fundamento o se discutan los hechos que son precisamente objeto de litigio de dicha acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En soporte de esa s\u00faplica afirmaron, en s\u00edntesis, que los actores de las acciones populares acumuladas alegan haber sido accionistas de Emcarb\u00f3n S.A. y, que supuestamente, se vulneraron sus derechos colectivos y como accionistas, por lo que solicitaron condenar a las demandadas al pago de perjuicios. <\/p>\n
Agregaron los peticionarios que, a pesar de su oposici\u00f3n, a la primera acci\u00f3n popular fue vinculado Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo; que los reclamos de los actores populares son infundados por cuanto parten de afirmaciones falsas e irresponsables, a m\u00e1s de que s\u00f3lo pretenden satisfacer intereses personales; y que existe coincidencia de partes, apoderados y pretensiones de la acci\u00f3n popular con un grave caso de corrupci\u00f3n en un proceso ejecutivo presentado por Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, en el cual pretend\u00eda el pago de dividendos en cuant\u00eda de $47.867\u2019049.000, correspondientes a una \u00e9poca posterior a aquella en la cual \u00e9l fue accionista de Emcarb\u00f3n S.A., compa\u00f1\u00eda a la postre liquidada, ejecuci\u00f3n que curs\u00f3 en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira) y, como consecuencia de una acci\u00f3n de tutela, trasladada al Juzgado 21 Civil del Circuito de Medell\u00edn, el cual revoc\u00f3 el mandamiento de pago y neg\u00f3 la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En este juicio coactivo, a\u00f1adieron los solicitantes, despu\u00e9s de muchas anomal\u00edas ocurridas en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, corregidas por v\u00eda constitucional, fueron capturados por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y cohecho el ejecutante, su defensor y el titular de ese estrado judicial, y tras la aceptaci\u00f3n de cargos realizada por aquellos, y despu\u00e9s de que el funcionario judicial acept\u00f3 el cargo de prevaricato por acci\u00f3n y solicit\u00f3 principio de oportunidad a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el delito de cohecho, \u00e9ste muri\u00f3 de forma violenta el d\u00eda en que iba a grabarse el principio de oportunidad, a pesar de estar detenido preventivamente en su domicilio y de haber advertido de las amenazas que \u00e9l y su familia recibieron por un emisario de personas integrantes de un poderoso clan familiar del departamento del Cesar que \u00abno aparec\u00edan registrados en la actuaci\u00f3n que se surt\u00eda en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar\u00bb pero interesados en ella. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujeron los postulantes que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3, en respuesta a una petici\u00f3n, que, en atenci\u00f3n a la informaci\u00f3n suministrada por quien en su momento fung\u00eda como titular del Juzgado Promiscuo de San Juan Cesar, ahora fallecido, los procesos en los cuales intervengan las mismas personas o est\u00e9n relacionados iguales hechos, podr\u00edan generar riesgo no solo para los extremos enfrentados sino para los funcionarios y servidores judiciales en el Departamento del Cesar o en otros departamentos de la costa atl\u00e1ntica. <\/p>\n
4. En este mismo sentido se pronunci\u00f3 el Departamento del Cesar, a trav\u00e9s de apoderado judicial, y agreg\u00f3 que el referido clan familiar a que alude la petici\u00f3n no aparece determinado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n desde el punto de vista organizacional, geogr\u00e1fico o de actividad; y que la virtualidad en las actuaciones judiciales, por aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020, desvirt\u00faa el supuesto riesgo a que aluden los peticionarios. <\/p>\n
5. Rodrigo Antonio R\u00edos Uribe, por medio de gestor judicial, solicit\u00f3 negar el cambio de radicaci\u00f3n aduciendo que la acci\u00f3n popular de marras ha sufrido m\u00faltiples dilaciones procesales, que en \u00e9ste tr\u00e1mite judicial se pretende resarcir perjuicios ocasionados al Departamento del Cesar por ser titular de 100 acciones en Emcarb\u00f3n S.A.S. que no fueron vendidas y por las cuales tampoco recibi\u00f3 rendimientos producto de la venta del t\u00edtulo minero 147 de 1997 de la mina El Hatillo, no obstante la adquisici\u00f3n de esta empresa por Carbones del Caribe S.A.S., hoy Sator S.A.S., y su posterior liquidaci\u00f3n, lo que acaeci\u00f3 por presiones ilegales ejercidas por un grupo al margen de la ley seg\u00fan prueba rendida ante la Justicia Especial para la Paz. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que la acci\u00f3n popular no ha sido \u00abintervenida\u00bb por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tampoco hay solicitud de prejudicialidad en proceso penal o civil y en nada debe inferir alguna actuaci\u00f3n de intervinientes o reclamantes dentro de un proceso ejecutivo que se tramit\u00f3 ante otra instancia judicial y en otro distrito judicial. <\/p>\n
6. Juan Carlos Gil Betancourt, Mar\u00eda Consuelo Pavajeau Castro, Julio Cesar O\u00f1ate Mart\u00ednez, Carlos Juan Olivella Pavajeau, Francisco Javier G\u00f3mez Rojas, a trav\u00e9s de apoderado judicial, tambi\u00e9n deprecaron la negaci\u00f3n del cambio de radicaci\u00f3n, reiterando lo expuesto por el Departamento del Cesar, y porque la certificaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n alude \u00fanicamente a Sator S.A.S., una de las m\u00faltiples personas que intervienen en la acci\u00f3n popular, quienes no est\u00e1n relacionadas con Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, mencionado de manera recurrente en el documento suministrado por el ente persecutor. <\/p>\n
Arguyeron que por las disposiciones del Decreto 806 de 2020, las audiencias se est\u00e1n realizando de manera virtual, por lo que no hay necesidad de que las partes se desplacen al departamento del Cesar; aunado a que del escrito de acusaci\u00f3n allegado con la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n se advierte que Luis Eduardo Manjarrez y Tom\u00e1s Javier O\u00f1ate se encuentran detenidos, raz\u00f3n por la cual no constituyen riesgo ante la imposibilidad material que tienen para interactuar con las partes, intervinientes y servidores judiciales. <\/p>\n
Finalmente mencionaron que los peticionarios han hecho uso de toda clase de dilaciones y herramientas procesales pretendiendo que la acci\u00f3n popular sea remitida a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, sin resultados positivos. <\/p>\n
7. La Corte previo a pronunciarse sobre la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, dispuso el traslado de esta a las partes y al despacho de conocimiento. <\/p>\n
8. La Agencia Nacional de Miner\u00eda, mediante apoderado judicial, coadyuv\u00f3 la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n e indic\u00f3 que el juzgado de conocimiento de la acci\u00f3n popular vulner\u00f3 su derecho a la defensa, al tenerla por notificada a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico diverso al destinado para recibir notificaciones judiciales, conforme lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y pese a la solicitud de nulidad interpuesta por la Agencia ese estrado judicial convalid\u00f3 el tr\u00e1mite. <\/p>\n
9. Juan Manuel Ruiseco Viera y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, por medio de gestores judiciales, coadyuvaron la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
10. El funcionario de conocimiento se\u00f1al\u00f3 que es titular de ese despacho judicial desde el mes de diciembre de 2021 y que la acci\u00f3n popular mencionada est\u00e1 para decidir la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n, lo que no ha realizado por las m\u00faltiples intervenciones, solicitudes de actores procesales y otras personas que han llegado al tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n de primer orden es precisar que, por mandato del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n de solicitud como la de ahora est\u00e1 atribuida a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el cambio de radicaci\u00f3n deprecado involucra a estrados de diversos distritos judiciales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 35 del estatuto procesal vigente regula que la decisi\u00f3n compete adoptarla al magistrado ponente. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 30 de la Ley 1564 de 2012, podr\u00e1 excepcionalmente disponer la remisi\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia de un distrito judicial a otro, entre otras causales, cuando en el lugar en el cual se est\u00e9 adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia o las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. <\/p>\n
Sobre el punto esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
Para la prosperidad de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n es forzoso que las circunstancias que la sustentan existan, es decir, sean actuales y, adem\u00e1s, tengan tal entidad o gravedad que pueda afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, o las garant\u00edas procesales, todo esto referido al litigio o la actuaci\u00f3n cuya remisi\u00f3n a otro despacho se pretende, es decir, han de tener conexidad con el caso objeto de estudio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la petici\u00f3n debe estar acompa\u00f1ada de las pruebas que acrediten los supuestos de hecho que configuran la causal alegada. <\/p>\n
Respecto al riesgo para la seguridad e integridad de los intervinientes, la Corte en providencia CSJ AC de 24 jun. 2013, rad. n.\u00ba 2012-02646-00, doctrin\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la seguridad e integridad de los intervinientes, deben entenderse como aquellas condiciones que pongan en peligro la vida o la salud, f\u00edsica o psicol\u00f3gica, de cualquiera de los sujetos procesales vinculados a la respectiva controversia judicial, vr. gr., amenaza o agresiones al funcionario judicial o sus colaboradores, a las partes, los abogados, testigos, auxiliares de la justicia. Por supuesto, las situaciones presentadas deben ser serias, constantes e insuperables no obstante la intervenci\u00f3n regular y normal de la autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. Con base en las precedentes premisas concluye este despacho que el cambio de radicaci\u00f3n ser\u00e1 negado porque no alude a hechos actuales ocurridos en la acci\u00f3n popular de marras, generadores de peligro o que afecten la integridad de los intervinientes en \u00e9l o de los funcionarios o servidores judiciales. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan lo relatan los peticionarios, las amenazas recibidas por quien fungi\u00f3 como juez Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), que tendr\u00edan relaci\u00f3n de causa efecto con su deceso, derivaron de actos de corrupci\u00f3n, para los cuales sus autores se valieron de un proceso ejecutivo, a la saz\u00f3n espurio. <\/p>\n
Siguiendo el hilo argumentativo insinuado por los solicitantes, el riesgo de seguridad sufrido por ese funcionario judicial no deriv\u00f3 directamente de su funci\u00f3n judicial, sino de actos voluntarios transgresores del ordenamiento penal, en los cuales se vio inmiscuido un funcionario judicial por voluntad propia. <\/p>\n
Por consecuencia, resulta desproporcionado e inadecuado trasladar esa situaci\u00f3n f\u00e1ctica a otro juicio, como es la acci\u00f3n popular de marras; que cursa en un despacho judicial distinto al Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, como es el estrado Primero Civil del Circuito de Chiriguana; ambos de departamentos diversos (La Guajira y Cesar); como tambi\u00e9n resulta injusto desplegar esa tacha moral a todos los estrados judiciales de la \u00abcosta atl\u00e1ntica\u00bb. <\/p>\n
Macula de tal envergadura, que adem\u00e1s es tanto como presumir la mala fe de todos los administradores de justicia de esa regi\u00f3n, exige acreditaci\u00f3n, la que fue omitida en el sub judice, de all\u00ed que sea impropio afirmar que s\u00f3lo en un determinado departamento o regi\u00f3n del pa\u00eds se presenten hechos de corrupci\u00f3n, los que, por supuesto, merecen el total reproche y desprecio no s\u00f3lo de esta Corporaci\u00f3n, sino del conglomerado en general. <\/p>\n
Por ese sendero, la comparecencia a juicio de cualquier ciudadano, incluso en el evento de que pesara sobre \u00e9l sombra moral, no sirve de percutor para acceder a una petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, en la medida en que corresponder\u00e1 al funcionario judicial competente repeler cualquier propuesta indecorosa, resaltando sus principios \u00e9ticos, morales y profesionales, entre otros, los cuales caracterizan, como regla de principio, a todo operador judicial. Y lo propio debe afirmarse respecto de cualquier interviniente en esa causa. <\/p>\n
Por lo tanto, la conclusi\u00f3n certificada por un funcionario de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, diverso al m\u00e1ximo representante de ese ente investigador, no supera la apreciaci\u00f3n subjetiva del suscriptor de tal documento, seg\u00fan la cual hechos similares a los del proceso ejecutivo podr\u00edan generar riesgo para las partes enfrentadas en otro juicio en el cual se discutan situaciones f\u00e1cticas semejantes, as\u00ed como para los funcionarios y servidores judiciales conocedores de esta causa. <\/p>\n
En suma, si no hay prestancia para la comisi\u00f3n de actos corruptos tampoco puede existir temor por represalias relacionadas con los mismos. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, en cuanto a la integridad de los intervinientes en la acci\u00f3n popular y de los servidores judiciales, aun ajenos a cualquier acto de corrupci\u00f3n, dest\u00e1case que tampoco obra prueba en este tr\u00e1mite sumario de proceder que lo deje en entredicho o que, a lo sumo, de amenazas o atentados contra la dignidad de tales personas, realizado por alguno de los contendientes en el tr\u00e1mite constitucional citado; am\u00e9n de que todo litigante puede echar mano de las herramientas tecnol\u00f3gicas para comparecer al proceso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1031 del C\u00f3digo General del Proceso y en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
De estas mismas herramientas pueden hacer uso los funcionarios y servidores judiciales, quienes, adem\u00e1s, ni siquiera manifestaron a esta Corporaci\u00f3n sentirse bajo un estado de peligro en su seguridad en virtud de la acci\u00f3n constitucional en tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Por lo tanto, la orfandad probatoria impide acoger la petici\u00f3n bajo estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Negar el cambio de radicaci\u00f3n incoado por Sator S.A.S., Grupo Argos S.A., Eduardo Bett\u00edn Vallejo y CNR III Ltd. Sucursal Colombia, respecto de la acci\u00f3n popular n\u00b0 20001310300220160021200, a la cual fue acumulada la n\u00b0 20178315300120180006300, promovidas por el Departamento del Cesar, Carlos Alberto O\u00f1ate Mart\u00ednez, Juan Carlos Gil Betancur, Carlos Juan Olivella Pavajeau, Francisco Javier G\u00f3mez Rojas, Jorge Camilo Gnecco Espinosa, Julio C\u00e9sar O\u00f1ate Mart\u00ednez, Mar\u00eda Consuelo Pavajeau Castro, Jorge Luis O\u00f1ate Mart\u00ednez, Mar\u00eda Jos\u00e9 Castro Baute, David Alberto Mart\u00ednez Ayala, Carbones Sororia Ltda., Comercializadora Carbomar S.A.S., Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda., Inversiones Valledupar S.A.S., L.T. Geoperforaciones y Miner\u00eda, y la Asociaci\u00f3n de Municipios Mineros del Centro del Cesar, contra los peticionarios, Colombia Natural Resources S.A.S., Juan Manuel Ruiseco Vieira y Edgardo Percy Diazgranados, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, Oswaldo Angulo Ar\u00e9valo, Alberto Vigna Garc\u00eda y Misael Guerra L\u00f3pez como litisconsortes del ente territorial citado, as\u00ed como la Agencia Nacional de Miner\u00eda en condici\u00f3n de litisconsorte de la parte pasiva, que cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1. <\/p>\n
Segundo. Advertir que contra la presente decisi\u00f3n no proceden recursos. <\/p>\n
Tercero. Comunicar la presente decisi\u00f3n al Juzgado citado, a las partes e intervinientes dentro del proceso. <\/p>\n
Cuarto. Reconocer personer\u00eda a Laureano Jos\u00e9 Cerro Turizo, Juan Camilo Padilla T\u00e1mara, Jos\u00e9 Jaime Luna Ortiz y Mario Alonso P\u00e9rez Torres como apoderados judiciales de la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, Rodrigo Antonio R\u00edos Uribe y Juan Manuel Ruiseco Vieira, en su orden, en los t\u00e9rminos de los poderes a ellos conferidos. <\/p>\n
Quinto. Archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 103 \u00eddem. En todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, as\u00ed como ampliar su cobertura. <\/p>\n
Las actuaciones judiciales se podr\u00e1n realizar a trav\u00e9s de mensajes de datos. La autoridad judicial deber\u00e1 contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este c\u00f3digo se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos. <\/p>\n
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AC2804-2022 (2022-00492-00) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2804-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00492-00 Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n incoada por Sator S.A.S., Grupo Argos S.A., Eduardo Bett\u00edn Vallejo y CNR III Ltd. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-63995","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63995\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}