AC2807-2022 (2022-01931-00)<\/p>\n
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AC2807-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada en nombre de Lyda Leonor Santamar\u00eda Torres, respecto de la sentencia del \u00ab20 de mayo de 2015\u00bb proferida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 10 de junio de 2022, por intermedio de apoderada judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento de la providencia del \u00ab20 de mayo de 2015\u00bb por la cual se decret\u00f3 el divorcio entre Lyda Leonor Santamar\u00eda Torres y Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rojas. <\/p>\n
2. Con el libelo genitor se anexaron, por v\u00eda digital, los siguientes documentos: \u00ab01. Demanda\u00bb y \u00ab02. Anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los Estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentran que la providencia for\u00e1nea (I) \u00abno verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3\u00bb (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 606) y (II) que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb (numeral 3\u00b0 \u00eddem), so pena que el pedimento deba rechazarse de plano desde sus albores (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607). <\/p>\n
1.1. La primera de las exigencias reside en que el veredicto aportado no defina asuntos referentes a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, en garant\u00eda del fuero real reconocido en el derecho internacional privado. <\/p>\n
La anterior regla -lex rei sitae-, tiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992, a saber: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb. <\/p>\n
Sobre este fuero, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Conviene indicar, igualmente, que el hecho de que el causante sea nacional espa\u00f1ol no excluye la jurisdicci\u00f3n colombiana, pues, como aqu\u00e9l ten\u00eda inmuebles en el pa\u00eds, acorde con la relaci\u00f3n de relictos efectuada, impera la lex rei sitae, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor, los bienes situados en los territorios, y aqu\u00e9llos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia. (AC7803, 16 de noviembre de 2016, rad. n.\u00ba 2015-03168-01). <\/p>\n
De igual forma esta Corporaci\u00f3n, en distintos pronunciamientos, ha hecho \u00e9nfasis en que las sentencias extranjeras, cuyo reconocimiento se persigue a trav\u00e9s del exequatur, no pueden contener decisiones sobre bienes ubicados en Colombia, so pena de negarles efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds: <\/p>\n
En pronunciamiento an\u00e1logo se indic\u00f3: <\/p>\n
La sentencia del 17 de julio de 2009 da cuenta que los contrayentes, en vigencia de su comunidad de vida, adquirieron derechos reales sobre dos (2) inmuebles ubicados en Colombia [\u2026] los cuales se adjudicaron al se\u00f1or [\u2026] con la advertencia que las partes deb\u00edan suscribir los documentos requeridos para el efecto y, en todo caso, \u2018\u2026una copia certificada de esta sentencia y decreto o una copia certificada de la sentencia sumaria de Disposici\u00f3n de Inmuebles y la Sentencia servir\u00e1n para transferir la propiedad\u2026\u2019. Estas determinaciones ponen en evidencia que el pronunciamiento judicial afectar\u00e1 derechos reales de los c\u00f3nyuges sobre predios localizados en el territorio nacional, estableciendo deberes para su transferencia o renuncia, as\u00ed como el t\u00edtulo que servir\u00eda de base a cualquiera de estas actuaciones. Se trata, entonces, de un fallo que versa sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, lo que impone su rechazo (AC4909, 2\u00b0 ag. 2016, rad. n.\u00ba 2016-01537-00, reiterado en SC19856, 11 nov. 2017, rad. n.\u00ba 2014-01295-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
1.2. El segundo de los requisitos mencionados, esto es, la prueba del car\u00e1cter definitivo de la sentencia a homologar, se traduce en que el interesado allegue prueba id\u00f3nea de su car\u00e1cter \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (AC2970, 22 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2. Visto lo anterior procede anticipar que, en el sub lite, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto (I) el acuerdo suscrito por las partes en el exterior que fue aprobado por el juzgador puertorrique\u00f1o, y sobre el cual se pidi\u00f3 su reconocimiento, contiene determinaciones sobre derechos reales respecto de bienes ubicados en territorio patrio, y (II) la providencia extranjera se arrim\u00f3 sin demostrar el requisito de su ejecutoria. <\/p>\n
2.1. En efecto, el acuerdo de divorcio suscrito entre las partes, y que fue aprobado por el Tribunal for\u00e1neo en la sentencia de 20 de mayo de 2015, contiene una estipulaci\u00f3n sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander, a saber: <\/p>\n
El peticionario [Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rojas], libre y voluntariamente acuerda ceder a favor del menor, (\u2026), su participaci\u00f3n en el antes mencionado apartamento. La peticionaria [Lyda Leonor Santamar\u00eda Torres] ser\u00e1 responsable de cubrir todos los costos necesarios para transferir a nombre del menor el antes referido apartamento. La participaci\u00f3n del menor no podr\u00e1 ser vendida, cedida o gravada hasta que \u00e9ste advenga la mayor\u00eda de edad (folio 14 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, en el acuerdo se incluyeron determinaciones sobre inmuebles situados en territorio colombiano, lo que ri\u00f1e con el fuero real, por lo que un fallo for\u00e1neo que pretenda regular esta materia o se limite a aprobar la citada convenci\u00f3n, est\u00e1 llamado a no producir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds, como ha sido ratificado por la Corte: <\/p>\n
De hecho, el acuerdo se\u00f1ala que hay renuncias rec\u00edprocas entre los interesados respecto a derechos que les corresponden sobre dichas cosas, as\u00ed como el compromiso de enajenar la segunda una de estas. Decisiones que se traducen en modificaciones a la titularidad de derechos reales sobre los predios, lo cual s\u00f3lo ser\u00e1 posible en virtud de una decisi\u00f3n de juez nacional y seg\u00fan las leyes patrias. (AC7751, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2016-03149-00). <\/p>\n
2.2. Respecto del requisito de la ejecutoria, para explicarlo conviene se\u00f1alar que, junto a la demanda, se anex\u00f3 la decisi\u00f3n del 20 de mayo de 2015, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el caso con radicado \u00abEDI2015-0465\u00bb, sin aportar una manifestaci\u00f3n judicial u otro instrumento persuasivo que de cuenta de su car\u00e1cter inmodificable, en el sentido de que frente a la misma no procede recurso alguno o que de existir, los mismos no fueron ejercidos, o que los interpuestos se resolvieron y el sentido de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
No en vano se ha se\u00f1alado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03175-00). <\/p>\n
Lo anterior cobra a\u00fan m\u00e1s relevancia frente a la manifestaci\u00f3n contenida en el documento anexo al fallo, denominado, \u00abNotificaci\u00f3n de sentencia\u00bb, seg\u00fan el cual: \u00absiendo o representando usted la parte perjudicada por la sentencia, de la cual puede establecerse recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (folio 7 del archivo digital \u201c01. Sentencia\u201d). <\/p>\n
Significa que, prima facie, el fallo proferido en Puerto Rico era susceptible de recurso, de lo cual es razonable inferir que podr\u00eda agotarse un tr\u00e1mite posterior para alcanzar la definitividad, circunstancia tal que no fue dilucidada por la convocante. <\/p>\n
En suma, por la ausencia de perspicuidad sobre la firmeza del veredicto cuyo reconocimiento se pretende, debe cerrarse la puerta al tr\u00e1mite judicial por medio de su rechazo, en aplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed ha actuado la Corte en casos similares al presente: <\/p>\n
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3\u2026 la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026 Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del tr\u00e1mite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ AC1956, 7 abr. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00644-00. En el mismo sentido AC-237, 25 ene. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00067-00, AC, 20 feb. 2015, rad. n.\u00b0 2015-00254-00). <\/p>\n
3. Con todo, este despacho estima importante realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por evidenciar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de reconocimiento: <\/p>\n
3.1. No se anex\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado1, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
3.2. El Registro Civil de Matrimonio de la solicitante se aport\u00f3 desactualizado, ya que la fecha de expedici\u00f3n de la copia arribada data del 9 de julio de 2010, lo que impide verificar la existencia de anotaciones posteriores en el cuerpo de dicho documento. <\/p>\n
3.3. Igual circunstancia a la relatada en el numeral anterior se desprende del Registro Civil de Nacimiento del menor hijo de la solicitante, cuya copia fue expedida el 3 de mayo de 2010. <\/p>\n
3.4. La solicitante no formul\u00f3 petici\u00f3n alguna que estuviera encaminada a la inscripci\u00f3n de la sentencia que emanara del tr\u00e1mite de exequatur en su registro civil de nacimiento y de casamiento. <\/p>\n
3.5. No se alleg\u00f3 prueba de la remisi\u00f3n de la demanda y sus anexos al correo de Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez Rojas por ende no se cumple con lo reglado en el precepto 6\u00ba de la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, no se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Claudia Patricia Riatiga Barajas, como mandataria judicial de Lyda Leonor Santamar\u00eda Torres en el sub lite, por cuanto en el poder otorgado no identifica la fecha ni el proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia para la cual se pide el exequatur, circunstancia que inobserva el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto a que en el poder especial \u00ablos asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente identificados\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada en nombre de Lyda Leonor Santamar\u00eda Torres. <\/p>\n
Segundo: No reconocer personer\u00eda a la abogada Claudia Patricia Riatiga Barajas como apoderada judicial de la solicitante para el caso bajo examen. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC1801-2020, 10 ago, 2020 rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n
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