AC2810-2022 (2022-01689-00)<\/p>\n
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AC2810-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01689-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil de Circuito de Envigado y Treinta y Nueve Civil de Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, el Banco de Comercio Exterior de Colombia \u201cBancoldex\u201d S.A. demand\u00f3 a Enmet\u00e1lica S.A.S. y Catalina Puerta Botero para que se declare la terminaci\u00f3n del contrato de Leasing Financiero y se ordene a los locatarios la restituci\u00f3n de la \u00abm\u00e1quina punzadora hidr\u00e1ulica CNC, marca Trumpf (Alemana) referencia Trumatic 500R-1300, n\u00famero de serie 040040 (\u2026) capacidad 8MMX1250X2500, capacidad en toneladas 27,5 tns\u00bb y sus dem\u00e1s componentes y aditamentos. Atribuy\u00f3 la competencia a esa sede por \u00abla naturaleza del asunto, por la ubicaci\u00f3n del inmueble arrendado en la ciudad de Bogot\u00e1, por el domicilio de los demandados\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo, pues estim\u00f3 que si bien en los juicios de restituci\u00f3n de tenencia la competencia territorial la determinaba el lugar donde se encuentran ubicados los bienes, prevalece el fuero previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal, en concordancia con el canon 29 ibidem, dada la calidad de \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional\u00bb de la demandante y su domicilio en Bogot\u00e1 (29 septiembre 2021). <\/p>\n
3. El receptor tambi\u00e9n lo repeli\u00f3, pues entendi\u00f3 que el asunto se encuentra relacionado con un \u00abnegocio de naturaleza comercial\u00bb que se rige por los \u00abpar\u00e1metros de lo privado\u00bb y las reglas generales de competencia que le asignan el conocimiento al juez del domicilio de la demandada, conforme a lo dicho en \u00abAC1646-2019\u00bb. Por ello, dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte para que dirima esa disparidad de criterios (19 abril 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, ata\u00f1e a esta Corporaci\u00f3n resolverlo, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. Uno de ellos, el territorial, se\u00f1ala como principio general que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquier de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, en los juicios de restituci\u00f3n, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que en los procesos de \u00abrestituci\u00f3n de tenencia\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
De igual forma, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garant\u00eda real que se hace valer, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites que participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. En tal sentido, se indic\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Adicionalmente, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Bogot\u00e1 err\u00f3 al rehusar el conocimiento del caso, pues no tuvo en cuenta la doctrina que la Sala consolid\u00f3 en el auto AC140-2020, la que puesta en el contexto de este asunto respalda la posici\u00f3n del estrado de Envigado toda vez que la promotora es una entidad p\u00fablica; de ah\u00ed que resulte aplicable el fuero personal del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que en los t\u00e9rminos de dicho precedente contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29), torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer, por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. <\/p>\n
As\u00ed son las cosas, en raz\u00f3n a que el Banco de Comercio Exterior S.A. es una sociedad de econom\u00eda mixta, del orden nacional, organizada como establecimiento de cr\u00e9dito bancario, vinculada al Ministerio de Comercio Exterior (Cfr. art. 279 EOSF, modificado art. 58 Ley 795 de 2003), con un porcentaje de participaci\u00f3n accionaria de la Naci\u00f3n equivalente al \u00ab99.72%\u00bb1 y domicilio principal en Bogot\u00e1 (Cfr. art. 279, num. 4\u00ba EOSF). <\/p>\n
Lo anterior sumado a que el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada, entre otras, por \u00ab[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u00bb (cfr. arts. 38 y 68 Ley 489 de 1998); luego, es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable a este caso, sin que a esta conclusi\u00f3n se puedan oponer los argumentos relacionados con el r\u00e9gimen \u00abprivado\u00bb de los actos y contratos que desarrolla esa entidad, como se plante\u00f3 en CSJ AC1646-2019, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que fue proferido antes de la providencia de unificaci\u00f3n AC140-2020, que se\u00f1al\u00f3 el \u00abcar\u00e1cter irrenunciable\u00bb de la regla privativa y prevalente de competencia establecida en raz\u00f3n del aludido foro. <\/p>\n
4. En consecuencia, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a esa \u00faltima autoridad para que la asuma, toda vez que se desprendi\u00f3 de ella sin justificaci\u00f3n admisible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n