AC2814-2022 (2022-01593-00)<\/p>\n
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AC2814-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01593-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Segundo Civil Municipal de Oralidad de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la Agencia Log\u00edstica de las Fuerzas Militares radic\u00f3 demanda ejecutiva soportada en la resoluci\u00f3n sancionatoria n\u00famero 814 de 24 de septiembre de 2020 que expidi\u00f3 contra Roger Julio Barrios Ospina. No obstante, en el encabezado del escrito la dirigi\u00f3 a los jueces de Fusagasug\u00e1 y en el respectivo ac\u00e1pite justific\u00f3 su escogencia \u00abpor el lugar del domicilio del deudor de conformidad con lo normado en el art. 25 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. La destinataria del libelo lo rechaz\u00f3 y lo remiti\u00f3 a sus pares de Fusagasug\u00e1, argumentando que son los facultados para conocerlo seg\u00fan el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso porque la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del deudor se encuentra en ese municipio (14 oct. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia se plantea entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la disputa. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el sentenciador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
3. Atinente a las contiendas contenciosas, como criterio general, el primer numeral del art\u00edculo 28 ibidem las asigna al sentenciador del domicilio del convocado, excepto si hay \u00abdisposici\u00f3n legal en contrario\u00bb; sin embargo, para los \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb el tercer numeral contempla un personal concurrente, que tambi\u00e9n permite acudir al juzgador del territorio contemplado para la satisfacci\u00f3n voluntaria de las prestaciones. <\/p>\n
Es por ello que en los juicios coercitivos de esta \u00edndole, el promotor est\u00e1 autorizado para escoger la sede donde quiere que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos pautas; empero, siempre debe concretar su predilecci\u00f3n y justificar la elecci\u00f3n, lo cual resulta vinculante para el fallador, sin perjuicio de que el ejecutado posteriormente la discuta por v\u00eda de reposici\u00f3n, alegando, por ejemplo, que no es vecino del territorio se\u00f1alado. <\/p>\n
Al respecto, en AC2290-2020 la Sala sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
4. Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Tal es el caso contemplado en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem cuando establece que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad de la parte para asignar la competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado elemento subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se avecina el demandado o se previ\u00f3 el cumplimiento de la prestaci\u00f3n, deviene palmario que se impone este \u00faltimo criterio. <\/p>\n
En torno a este t\u00f3pico, en AC929-2020, la Sala dijo: <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Si bien el suscrito estima que cuando la entidad p\u00fablica presenta la demanda en el domicilio del demandado, que no coincide con el suyo, renuncia v\u00e1lidamente a la prerrogativa que le concede la ley, no menos cierto es que ha aplicado con todas sus consecuencias la postura fijada mayoritariamente en CSJ AC140-2020 que niega esa posibilidad, en atenci\u00f3n a que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios procesales de igualdad y seguridad (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la colisi\u00f3n concierne a la ejecuci\u00f3n que promueve la Agencia Log\u00edstica de las Fuerzas Militares, entidad que de conformidad con el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 4746 de 2005 es un establecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa, financiera y patrimonial. <\/p>\n
Al respecto, debe tenerse en cuenta lo dicho en AC5414 de 2019, seg\u00fan el cual <\/p>\n
(\u2026) si bien no existe en la legislaci\u00f3n una definici\u00f3n, se puede hacer uso del par\u00e1grafo del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que [p]ara los efectos de este C\u00f3digo, se entiende por entidad p\u00fablica todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%. <\/p>\n
En tal sentido, se puede concluir que la mencionada entidad se encuentra incluida dentro de aquellas a las que se refiere el numeral 10\u00b0 del canon 28 referido. <\/p>\n
Se agrega a lo dicho que seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00ba del mismo Decreto 4746, el organismo tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se dirimir\u00e1 la diferencia se\u00f1alando que el facultado para conocer este asunto es el fallador a quien primero le fue repartido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al otro involucrado. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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