AC2834-2022 (2022-01851-00)<\/p>\n
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AC2834-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01851-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por Wellnes Center MDI Marino S.A.S. – en reorganizaci\u00f3n, frente al auto de 5 de mayo de 2022, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 1\u00ba de abril del mismo a\u00f1o, en el proceso declarativo que le promovi\u00f3 a William Hern\u00e1n Roesel Mill\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La recurrente demand\u00f3 a William Hern\u00e1n Roesel Mill\u00e1n para que se declarara la \u00abnulidad absoluta\u00bb del contrato de promesa de compraventa de 2 de marzo de 2011 y del otros\u00ed n\u00b0 2 de 25 de enero de 2017 que celebr\u00f3 con Urban Group Colombia S.A., dada la \u00abineficacia del contrato prometido por recaer sobre objeto il\u00edcito, de conformidad con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil\u00bb y por la falta de identificaci\u00f3n del bien prometido en venta \u00abconforme lo prev\u00e9 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias inst\u00f3 la \u00abterminaci\u00f3n\u00bb de dicho contrato por \u00abfuerza mayor o caso fortuito derivada del proceso de clarificaci\u00f3n de tierras adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (\u2026) que afect\u00f3 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de suscribir la escritura p\u00fablica de compraventa respecto al apartamento prometido en venta\u00bb. <\/p>\n
En ambos casos, solicit\u00f3 que se ordenaran las consecuentes \u00abrestituciones mutuas\u00bb, incluida la \u00abdevoluci\u00f3n del dinero pagado\u00bb por el promitente comprador en cuant\u00eda de \u00ab$188.458.000\u00bb y su \u00abcorrecci\u00f3n monetaria\u00bb (fs. 328 a 346 C.1 Exp. 2020-00205-00). <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta Civil de Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 27 de julio de 2021, declar\u00f3 la \u00abnulidad absoluta\u00bb de la promesa de compraventa y su otros\u00ed. Adem\u00e1s, orden\u00f3 a \u00abWellness Center MDI Marino S.A.S. en reorganizaci\u00f3n que restituya a William Hern\u00e1n Roesel Mill\u00e1n la suma de $88\u2019458.000 debidamente indexada con el IPC mensual certificado (\u2026) desde el 2 de marzo de 2011 y hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n y la suma de $100\u2019000.000, aplicando la misma correcci\u00f3n monetaria, pero desde el 3 de marzo de 2017 y hasta la fecha efectiva del pago\u00bb y conden\u00f3 en costas al demandado, quien apel\u00f3 la providencia. <\/p>\n
3. El Superior desat\u00f3 la alzada el 1\u00ba de abril de 2022, revoc\u00f3 el fallo impugnado y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones del l\u00edbelo. <\/p>\n
4. Oportunamente, la accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n; no obstante, la Magistrada Ponente no lo concedi\u00f3, seg\u00fan indic\u00f3 en auto de 5 de mayo de 2022, porque las pretensiones \u00abno eran meramente declarativas como alega el recurrente\u00bb y aunque el contrato cuestionado reca\u00eda sobre un inmueble valorado en \u00ab$294.860.000\u00bb, la \u00abtasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial\u00bb reconocida por el a quo y revocada por esa Corporaci\u00f3n se fij\u00f3 en \u00ab$188.458.000\u00bb, cuya actualizaci\u00f3n tan solo ascend\u00eda a \u00ab$259.332.725,34\u00bb, que resultaba \u00abmuy inferior\u00bb al l\u00edmite fijado por la ley procesal. <\/p>\n
5. La opugnadora formul\u00f3 reposici\u00f3n contra ese prove\u00eddo y, en subsidio, queja, pues en su criterio sus pretensiones \u00abpersiguen finalidades que no son esencialmente econ\u00f3micas\u00bb y por ello no era \u00abprocedente\u00bb el examen de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. Adicionalmente, porque se trata de un asunto que amerita un pronunciamiento de la Corte \u00abcon la finalidad de que se establezcan par\u00e1metros claros a la hora de establecer las facultades propias de una sociedad en reorganizaci\u00f3n\u00bb, garantiz\u00e1ndoles el derecho de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia que, en casos similares, no se ha visto limitado. <\/p>\n
6. La Magistrada Ponente mantuvo su decisi\u00f3n y resalt\u00f3 que a pesar de la \u00aborientaci\u00f3n netamente declarativa\u00bb de las pretensiones de \u00abnulidad\u00bb y \u00abresoluci\u00f3n\u00bb, estas involucran una expectativa patrimonial que se concret\u00f3 en la solicitud de restituciones mutuas que inst\u00f3 el extremo actor relacionadas con la \u00abdevoluci\u00f3n del dinero, suma actualizada\u00bb a favor del convocado. De esta manera, la censora deb\u00eda acreditar el desmedro sufrido con la sentencia y su inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrirla (23 mayo 2022). <\/p>\n
7. Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 traslado respectivo de la queja y la contraparte guard\u00f3 silencio (9 sep. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb el ataque proceder\u00e1 cuando \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb exceda de \u00abun mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, cuant\u00eda que al tenor del art\u00edculo 339 procesal se determinar\u00e1, en l\u00ednea de principio, \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, a menos que el censor estime que estos son insuficientes para demostrar el monto del detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el pronunciamiento, caso en el cual corre con la carga de \u00abaportar un dictamen pericial\u00bb, cuya idoneidad demostrativa deber\u00e1 constatar el funcionario, con la advertencia de que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria. <\/p>\n
Significa entonces, como lo ha sostenido la Sala, que \u00abel inter\u00e9s pecuniario del agraviado ha de determinarse a trav\u00e9s de las probanzas recaudadas a lo largo del litigio, salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resoluci\u00f3n confutada es suficiente para promover esta herramienta\u00bb (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 336 ib\u00eddem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados. <\/p>\n
2. En el asunto que se revisa, no se equivoc\u00f3 el Tribunal al negarse a conceder el medio de contradicci\u00f3n excepcional propuesto, puesto que se trata de un proceso declarativo de contenido patrimonial, tanto as\u00ed que los pedimentos de la demanda tambi\u00e9n se dirig\u00edan al reconocimiento de las \u00abrestituciones mutuas\u00bb derivadas de la \u00abnulidad\u00bb o \u00abterminaci\u00f3n\u00bb del contrato de promesa de compraventa celebrado entre Urban Group Colombia S.A. y William Hernan Roesel Mill\u00e1n y, de manera expresa, a la \u00abdevoluci\u00f3n del dinero pagado\u00bb por el promitente comprador y su \u00abcorrecci\u00f3n monetaria\u00bb (fs. 330 a 331 C.1 Exp. 2020-00205-00),. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la delimitaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n deb\u00eda establecerse a partir de los rubros reconocidos en la sentencia de primer grado, esto es, las sumas cuya devoluci\u00f3n orden\u00f3 en cuant\u00eda de \u00ab$88\u2019458.000 debidamente indexada con el IPC mensual certificado (\u2026) desde el 2 de marzo de 2011 y hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n y (\u2026) de $100\u2019000.000, aplicando la misma correcci\u00f3n monetaria, pero desde el 3 de marzo de 2017 y hasta la fecha efectiva del pago\u00bb. <\/p>\n
En eso consist\u00eda el desmedro econ\u00f3mico que gener\u00f3 el fallo del ad quem, que actualizado al 1\u00ba de abril de 2022, conforme a las tablas de \u00edndices de precios al consumidor1 y la f\u00f3rmula utilizada por la Corte, en anteriores oportunidades2, ascend\u00eda a $139\u2019258.943,16 y $123\u2019308.191,91, para un total de $262\u2019567.135,07, que resultaba insuficiente para recurrir en casaci\u00f3n, como en efecto lo dilucid\u00f3 la Magistrada sustanciadora. <\/p>\n
Y aunque en gracia de discusi\u00f3n se analizara la situaci\u00f3n a partir del valor que correspond\u00eda a la unidad inmobiliaria objeto de la controvertida negociaci\u00f3n, esto es, del \u00abapartamento No. 205 tipo B de la Torre B (\u2026)\u00bb, n\u00f3tese que la accionante lo estim\u00f3 en un \u00abprecio total de $294.860.000\u00bb, sin que obren medios de convicci\u00f3n que lo refrenden o que establezcan cu\u00e1l ser\u00eda su estimativo comercial para la fecha del fallo atacado, de manera que no se comprob\u00f3 que superara el umbral de los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2022, igual a $1.000\u2019000.000. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la pretendida casaci\u00f3n oficiosa es de advertir que la inviabilidad por el aspecto econ\u00f3mico impedir\u00eda abordar el estudio del embate en este evento, pues se trata de una prerrogativa que tiene la Sala para superar defectos en la formulaci\u00f3n de los cargos cuando el proceso se halle en estado de dictar sentencia, siempre que advierta la necesidad de corregir agravios contra el orden o el inter\u00e9s p\u00fablico, o cuando vea que el fallo del Tribunal atenta contra derechos y garant\u00edas superlativas (art. 336 in fine), sin que dicha iniciativa pueda ser emprendida por sugerencia de alguna de las partes o sirva para dejar de lado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de este medio de control jurisdiccional. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC5475-2019 se precis\u00f3 que: <\/p>\n
[l]o anterior, por cuanto si bien al tenor del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte, \u00ab(\u2026) podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, es claro que esa facultad solo puede ser ejercida con miras a superar defectos t\u00e9cnicos en la formulaci\u00f3n de los cargos, cuando el proceso se halle en estado de dictar sentencia, pero de ninguna manera est\u00e1 concebida para desatender el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de esta senda de impugnaci\u00f3n. En otras palabras, solo en la etapa de fallo la Corte puede adoptar la casaci\u00f3n de oficio como instrumento de protecci\u00f3n de derechos superiores, lo que naturalmente supone que la demanda haya superado con \u00e9xito el control de admisibilidad y que la sentencia impugnada sea ostensiblemente violatoria de aquellas garant\u00edas. <\/p>\n
En suma, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, resultaba infructuosa la impugnaci\u00f3n extraordinaria, como certeramente lo advirti\u00f3 el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
3. Finalmente, aunque el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que hay lugar a imponer costas a la parte que \u00abse le resuelva desfavorablemente el recurso de (\u2026) queja\u00bb, en esta ocasi\u00f3n se prescinde de ese ordenamiento ya que no aparecen causadas, como lo permite el numeral 8\u00ba ib\u00eddem. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Wellnes Center MDI Marino S.A.S.- en reorganizaci\u00f3n frente a la sentencia proferida el 1\u00ba de abril de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Sin condena en costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n