ATC748-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
ATC748-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00297-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ulahy Beltr\u00e1n L\u00f3pez frente al fallo proferido el 6 de mayo de 2022 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por aquel en contra del Contralor General de la Rep\u00fablica, la Contralora Delegada para el Sector Salud y el Contralor Delegado Interseccional No. 4 Sala Fiscal y Sancionatoria; si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso \u00abadministrativo\u00bb, presuntamente vulneradas por las mentadas autoridades, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio No. PAS2020IE0008793-1. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto el Acto Administrativo No. 01 del 5 de enero de 2022 y subsiguientes, expedidos por los accionados dentro del procedimiento administrativo sancionatorio [antes individualizado] en su lugar, declarar el cumplimiento del accionante del compromiso registrado en Acta del 14 de enero de 2020 que diera lugar al aludido proceso, por no hallar probada responsabilidad alguna del investigado\u00bb o subsidiariamente \u00absuspender los efectos\u00bb del mencionado acto administrativo \u00abmientras se ventila la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
2. En sustento de su inconformidad, el accionante sostuvo que es Gerente del Hospital Universitario CARI ESE, y en el tr\u00e1mite de la precitada actuaci\u00f3n administrativa no se le brind\u00f3 tiempo suficiente para aportar unos documentos que le fueron requeridos en visita especial realizada por funcionarios de la Contralor\u00eda General del a Rep\u00fablica, desconoci\u00e9ndose, adem\u00e1s, que no ten\u00eda los medios t\u00e9cnicos para la digitalizaci\u00f3n del gran n\u00famero de documentos solicitados y que entretanto deb\u00eda cumplir sus funciones y atender requerimientos de la Contralor\u00eda Departamental del Atl\u00e1ntico, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Delegada para la Salud, Protecci\u00f3n Social y Trabajo Docente, Procuradur\u00eda Regional del Atl\u00e1ntico, Asamblea Departamental del Atl\u00e1ntico, Secretar\u00eda Departamental de Salud del Atl\u00e1ntico y derechos de petici\u00f3n de particulares, adem\u00e1s de la incapacidad m\u00e9dica que tuvo entre del 21 al 26 de enero de 2020. <\/p>\n
Expone que por la situaci\u00f3n, el 31 de enero de 2020 la Contralora Delegada para el Sector Salud inici\u00f3 en su contra el procedimiento administrativo sancionatorio antes se\u00f1alado, por \u00abpresunto incumplimiento parcial referente a la ausencia de documentaci\u00f3n deprecada en tal acta\u00bb, actuaci\u00f3n que culmin\u00f3 con Resoluci\u00f3n No. 01 el 5 de enero de 2022, donde se le impuso multa por $53\u00b4982.016,oo, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 pero fue confirmada con Resoluci\u00f3n No. ORD-801119-017-2022 de 30 de marzo de 2020 proferida por el Contralor Delegado Intersectorial No. 4 de la Sala Fiscal y Sancionatoria. <\/p>\n
3. La demanda de amparo se asign\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien mediante prove\u00eddo del 25 de abril la admiti\u00f3 y en el fallo de instancia neg\u00f3 el amparo en contra de las autoridades accionadas, con fundamento en que \u00ablas pretensiones que eleva el accionante cuentan con un camino judicial apto para la consecuci\u00f3n de lo perseguido, aunado, no se observa perjuicio irremediable que habilite su ejercicio como mecanismo transitorio, ni es menester o competencia de esta Sala determinar la legalidad de un acto administrativo, ni verificar el cumplimiento de las garant\u00edas propias del debido proceso administrativo cuando no existen circunstancias que le restan idoneidad a la jurisdicci\u00f3n correspondiente. En efecto, lo planteado involucra una situaci\u00f3n que puede y debe ser sometida a decisi\u00f3n del juez natural, es decir, el juez administrativo\u00bb. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla al admitirla para su respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, para el reparto del ruego eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), acorde con el cual: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
… <\/p>\n
2. Las\u2026 que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas\u2026 en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las\u2026 dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n\u2026 ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirigi\u00f3 contra el \u00abContralor General de la Rep\u00fablica, la Contralora Delegada para el Sector Salud y el Contralor Delegado Interseccional No. 4 Sala Fiscal y Sancionatoria\u00bb, con ocasi\u00f3n de lo decidido en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio No. PAS-2020IE0008793-1, tramitado por la segunda autoridad mencionada, cuya decisi\u00f3n fue confirmada por la \u00faltima. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra de la Contralor General de la Rep\u00fablica, de donde es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de \u00e9ste, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a lo estimado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n del Contralor General de la Rep\u00fablica. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Luego, el ente llamado a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo de la referencia es, exclusivamente, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de sus dependencias (Contralora Delegada para el Sector Salud y el Contralor Delegado Interseccional No. 4 Sala Fiscal y Sancionatoria); y atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la misma, se tiene que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb, de donde r\u00e1pidamente se concluye que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, corresponde al Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla que por reparte se le asigne el asunto, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En id\u00e9ntico sentido, en un caso de similares contornos al de ahora, en el cual el reclamo se dirigi\u00f3 contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no contra el Fiscal, esta Corte dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026el inconforme enfil\u00f3 el auxilio supralegal contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, censurando de tal autoridad que se excedi\u00f3 en la facultad discrecional de investigaci\u00f3n disciplinaria, al abrirle indagaci\u00f3n preliminar en virtud del auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574 sin existir m\u00e9rito alguno, pues ha venido \u00abacatando las \u00f3rdenes de [sus] superiores [en cuanto al] traslado al Choc\u00f3\u00bb; lo que no se compadece con la conculcaci\u00f3n sistem\u00e1tica tanto a \u00e9l como a su n\u00facleo familiar de sus garant\u00edas esenciales, a consecuencia de la suspensi\u00f3n de los servicios de salud en julio de 2018. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se destaca que, para el caso concreto, las actuaciones criticadas no se desprenden de actos directos del Fiscal General de la Naci\u00f3n1, sino de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario Interno del mencionado ente acusador, dependencia esta que abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria en contra del gestor, mediante el auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574, cuya suspensi\u00f3n y archivo se implora en esta oportunidad; raz\u00f3n por la que no es aplicable el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado -la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n-, esto es, entidad del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer en primera instancia en los Juzgados del Circuito de Quibd\u00f3, acorde con la regla de reparto trazada en el memorado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la sentencia proferida en este dossier por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 9 de abril de 2019 est\u00e1 viciada de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al mecanismo de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992 (CSJ ATC817-2019, 30 may., rad. 2019-00032-01; reiterado en ATC715-2021, 26 may., rad. 2021-00130-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, por tener la competencia para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 6 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el mismo sentido CSJ ATC1136-2018, 31 may., rad. 2018-00132-01; y CSJ ATC2067-2018, 31 oct., rad. 2018-001931-01. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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