ATC754-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC754-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2022-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el 9 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de las acciones de tutela acumuladas (radicaciones 2022-00028 y 2022-00031) promovidas por Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb, Alicia Castro Epiayu, Yusmeris Paola y Yeri Jos\u00e9 Pe\u00f1alver Epiayu contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda de Riohacha y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de esa ciudad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al territorio, vida digna, salud, vivienda digna, educaci\u00f3n, debido proceso, propiedad colectiva, \u00abderecho propio\u00bb, autogobierno de comunidades ind\u00edgenas, \u00abdesarrollo de la identidad cultural, a su determinaci\u00f3n, diversidad \u00e9tnica, diversidad e identidad cultural de comunidades y grupos \u00e9tnicos\u00bb, que dicen conculcados por las autoridades convocadas, por lo que pidieron que: (i) se ordene al juzgado accionado que \u00abantes de adelantar el desalojo de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo, se ordene a la Alcald\u00eda\u2026 de Riohacha y a las dem\u00e1s entidades accionadas que adopten medidas y soluciones definitivas en cuanto a la reubicaci\u00f3n en un territorio adecuado a [su] condici\u00f3n ind\u00edgena\u00bb; (ii) se ordene a los dem\u00e1s convocados que \u00abinicie[n] un proceso de concertaci\u00f3n con las familias ind\u00edgenas asentadas en\u2026 El Wayuukazo, con el fin de iniciar los tr\u00e1mites para que los miembros de la comunidad\u2026 puedan acceder a la adjudicaci\u00f3n de tierras o a otros programas de reforma agraria y\/o de restituci\u00f3n de tierras adelantados por el Estado Colombiano\u00bb; y (iii) que se ordene a la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de Riohacha \u00abadelantar los tramites tendientes a posesionar a la nueva Autoridad Tradicional designada por la comunidad El Wayuukazo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pidieron los accionantes que se ordene a la sede judicial acusada \u00abla suspensi\u00f3n provisional inmediata de la orden de desalojo\u00bb e \u00abinsistir ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que\u2026 establezca el destino que corri\u00f3 la escritura p\u00fablica\u2026 317 de 2012\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Franklin Juscelino, Carlos Luis, Miryan Elizabeth, Doyller Kassin y Zoraya Margarita Rojas Ram\u00edrez, en condici\u00f3n de herederos de la extinta Margarita Victoria Ram\u00edrez de Rojas, promovieron demanda reivindicatoria contra Rub\u00e9n Pe\u00f1alver Romero, con miras a que se le ordenara al demandado restituir el bien denominado \u00abSan Ram\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Notificado el demandado, contest\u00f3 la demanda, propuso excepciones y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n, con la finalidad de que se declarara que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n, el inmueble objeto en litigio. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2015, se accedi\u00f3 a la pretensiones principales, se desecharon las excepciones meritorias y se desestim\u00f3 el libelo de reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada con providencia del del 4 de agosto de 2016. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el juzgado accionado inici\u00f3 diligencia para llevar a cabo la entrega del inmueble objeto del proceso, a la que se opusieron Carisol Epiayu Castro, Telemina Helena Barros Cuadrado y Mar\u00eda Candelaria Fr\u00edas Rodr\u00edguez, oposiciones rechazadas con prove\u00eddo del 14 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.5. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, las opositoras Barros Cuadrado y Fr\u00edas Rodr\u00edguez interpusieron apelaci\u00f3n, que fue desechada con providencia del primero de julio de 2020. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que son miembros de la comunidad ind\u00edgena \u00abEl Wayuukazo\u00bb, siendo posesionado \u00abRub\u00e9n Dar\u00edo Pe\u00f1alver como Autoridad Ind\u00edgena de la comunidad\u00bb, quien fue asesinado el 23 de junio de 2017, por lo que \u00abdesde el a\u00f1o 2018, los miembros de la comunidad El Wayuukazo, [han] solicitado al distrito de Riohacha de forma reiterada, el acompa\u00f1amiento para el cambio de Autoridad Tradicional por muerte de este, haciendo caso omiso\u00bb, petici\u00f3n que reiteraron el primero de marzo de 2022. <\/p>\n
2.7. Agregaron que el juzgado convocado orden\u00f3 el desalojo del predio que ocupan, en virtud del proceso reivindicatorio que se adelant\u00f3 contra Rub\u00e9n Pe\u00f1alver Romero, por lo que solicitaron a la Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales \u00abdeclararse en oposici\u00f3n frente a la [prenotada] orden de desalojo, toda vez que el supuesto predio privado denominado San Ramon, no corresponde a las indicaciones referenciadas dentro del proceso, sino corresponde a unos territorios ind\u00edgenas, donde habita una comunidad wayuu\u00bb, petici\u00f3n que se remiti\u00f3, \u00abpor competencia\u00bb, a la alcald\u00eda de Riohacha, \u00absin que a la fecha dicha entidad se haya pronunciado, ni entregado respuesta de la misma\u00bb; y que dicha alcald\u00eda \u00absostiene que la responsabilidad de la reubicaci\u00f3n de los miembros de la comunidad El Wayuukazo, est\u00e1 en cabeza de la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, los diferentes ministerios y entidades de orden nacional\u00bb, sin darle soluci\u00f3n a su situaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. De otro lado, destacaron que \u00abel juzgado nunca [los] notific\u00f3 a los miembros de la comunidad El Wayuukazo, ni [les] dio el tratamiento especial de comunidad ind\u00edgena, ni tampoco se [les] dio el tratamiento especial al territorio que habita[n]\u00bb, lo que deja \u00absin fundamento y con total nulidad el fallo judicial emanado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, que tiene por objeto el desalojo de los miembros de [su] comunidad \u00e9tnica\u00bb; y que a pesar de que esa sede judicial concluy\u00f3 que la escritura p\u00fablica 317 del 10 de abril de 2012, \u00abla cual fue soporte de la oposici\u00f3n presentada por\u2026 Telemina Barros\u00bb, \u00abdesapareci\u00f3 de los anales de la Notar\u00eda Segunda de\u2026 Riohacha\u2026, orden\u00f3 el desalojo\u2026, sin importarle que una prueba tan contundente, suficiente para variar el sentido del fallo hubiera desaparecido\u00bb. <\/p>\n
2.9. Tambi\u00e9n destacaron que si bien se compulsaron copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se aclarara lo acontecido con el prenotado instrumento p\u00fablico, \u00abcon la cual los ind\u00edgenas demostraban la propiedad sobre su territorio ancestral\u00bb, lo cierto es que tal actuaci\u00f3n \u00abimplica que no se agotaron a plenitud de las formas\u2026 al no esperar el juzgado\u2026 el resultado de las investigaciones que la Fiscal\u00eda debi\u00f3 entregar en raz\u00f3n de la compulsa de copias\u00bb. <\/p>\n
2.10. Por lo dem\u00e1s, manifestaron que, de llevarse a cabo la entrega ordenada por el despacho judicial enjuiciado, se estar\u00edan vulnerando los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y las personas de la tercera edad que habitan en el fundo objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha precis\u00f3 que las decisiones que ordenaron la entrega que criticaron los actores \u00abse ajustan a derecho, as\u00ed como cada una de las actuaciones surtidas, debi\u00e9ndose indicar que se ha sido garantista, cit\u00e1ndose a las autoridades administrativas y policiales, para efectos de llevar a cabo la diligencia objeto de reparo, pes\u00e9 [a ser] un predio privado, se han tenido en cuenta los lineamientos previstos por la Corte Constitucional en [la sentencia] SU-016 de 2021\u00bb. <\/p>\n
3.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 que \u00abse declare la falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva y\/o la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y\/o del\u2026 Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb, toda vez que \u00abno existe nexo de causalidad entre la presunta violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y [esas] entidades\u2026, comoquiera que no son la autoridad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
3.4. La Alcald\u00eda de Riohacha destac\u00f3 que \u00abs\u00ed existe una posesi\u00f3n por parte del distrito de Riohacha a la autoridad tradicional de la comunidad El Wayuukaso\u00bb, pero que \u00abno es cierto que\u2026 se le haya reconocido como entidad p\u00fablica de car\u00e1cter especial, ya que este predio no se encuentra [reconocido] como resguardo ind\u00edgena\u00bb; y que \u00abla Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas no ha procedido a una nueva posesi\u00f3n, toda vez que se encuentra demostrado dentro [del proceso reivindicatorio]\u2026 que el predio donde en encuentra asentada [dicha] comunidad\u2026 es un predio privado y no ancestral\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que \u00abno le consta que desde\u2026 el\u2026 2018 la comunidad\u2026 haya solicitado el acompa\u00f1amiento para el cambio de autoridad tradicional\u00bb, pero \u00abes cierto que el\u2026 1 de marzo de 2022, le solicitaron un acompa\u00f1amiento para la asamblea de reconocimiento de la nueva autoridad tradicional\u00bb, petici\u00f3n a la que \u00abdio contestaci\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
3.5. La Agencia Nacional de Tierras resalt\u00f3 que \u00abno es competente para pronunciarse en el presente asunto, pues las acciones que dan a la presente acci\u00f3n de tutela vienen siendo ejecutadas por autoridades ajenas a esa entidad dentro de los procesos administrativos y judiciales a su cargo\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00abno se evidencia acto administrativo ni solicitud de constituci\u00f3n de territorio colectivo a nombre de la Comunidad Ind\u00edgena Wayuukazo. As\u00ed mismo, el equipo de Gesti\u00f3n Documental inform\u00f3 que no se encontr\u00f3 documento al respecto en sus bases documentales\u00bb. <\/p>\n
3.6. El abogado Doyller Andr\u00e9s Rojas Rada, quien dijo fungir como \u00abapoderado de\u2026 Zoraya Margarita Rojas Ram\u00edrez\u00bb, sin que aportara mandato para representarla en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, habida cuenta que \u00abno se avizora con el actuar del juez de instancia ninguna violaci\u00f3n del debido proceso, por el contrario, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, excede las garant\u00edas que amparan a los ocupantes del predio\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por los promotores, quienes precisaron que \u00abesta acci\u00f3n de tutela tiene por fin proteger los derechos de la comunidad ind\u00edgena, toda vez que [el] fallo [criticado] fue proferido con fundamento en material probatorio derivado de actos presuntamente il\u00edcitos, como lo es la desaparici\u00f3n intempestiva de las escrituras [que] prueban la titularidad de la comunidad del bien objeto de la tutela\u00bb, por lo que \u00abes necesario que el despacho suspenda la orden de desalojo de la comunidad hasta que se garantice la investigaci\u00f3n de los posibles punibles en relaci\u00f3n a la escritura p\u00fablica No. 317 del 10 de abril\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, manifestaron los impugnantes que el desalojo que orden\u00f3 la sede judicial acusada \u00abno solamente implica una violaci\u00f3n directa al derecho fundamental de la vivienda, sino que vulnera el derecho fundamental de propiedad colectiva de los grupos \u00e9tnicos sobre los territorios y a la dignidad humana\u00bb; y que \u00abno solo se trata de una vulneraci\u00f3n al derecho\u2026 de vivienda, sino que se vulnera el derecho\u2026 del trabajo en tanto la mayor\u00eda de habitantes de la comunidad subsisten a partir de los frutos de la tierra en donde se encuentran\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en los escritos de amparo se concluye, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
2. En primer lugar, se advierte que en la tutela que promovi\u00f3 Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb (44001-22-14-000-2022-00028-01), se convoc\u00f3 a la Presidencia de la Rep\u00fablica, a la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda de Riohacha y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de esa ciudad, porque, seg\u00fan la gestora, dichas autoridades no han adelantado las diligencias necesarias para garantizar a su comunidad la reubicaci\u00f3n en un nuevo territorio, el acceso a la adjudicaci\u00f3n de tierras o a otros programas de reforma agraria y\/o de restituci\u00f3n de tierras adelantados por el Estado Colombiano y, adicionalmente, por cuanto la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de Riohacha ha omitido \u00abadelantar los tramites tendientes a posesionar a la nueva Autoridad Tradicional designada por la comunidad El Wayuukazo\u00bb. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, como antes se anunci\u00f3, se desprende la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
2.2. Ello en la medida en que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numerales 2\u00ba y 11), establecen, en su orden, que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb; y que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que los referidos reproches de Carisol Epiayu Castro involucran, exclusivamente, omisiones atribuidas a la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda de Riohacha y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de esa ciudad, organismos que, seg\u00fan esa promotora, han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad ind\u00edgena denominada \u00abEl Wayuukaso\u00bb, al no adoptar las gestiones necesarias para su reubicaci\u00f3n en un nuevo territorio y para la designaci\u00f3n de una nueva \u00abautoridad tradicional\u00bb. <\/p>\n
2.4. Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades accionadas, algunas de las cuales son entidades del orden nacional, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer, en primera instancia, en el Juzgado Civil del Circuito de Riohacha (Reparto), acorde con la citada regla contenida en numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015, en concordancia con el numeral 11 de tal normatividad. <\/p>\n
3. De otro lado, la mencionada accionante tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la legalidad del proceso reivindicatorio del que conoci\u00f3 el juzgado enjuiciado, queja que tambi\u00e9n se eleva en la demanda de tutela acumulada al presente tr\u00e1mite (radicaci\u00f3n 44001-22-14-000-2022-00031-01). <\/p>\n
3.1. Esta \u00faltima inconformidad, involucra, entre otras actuaciones, la sentencia de 4 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 la que se dict\u00f3 el 18 de mayo de 2015, a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n que se reclam\u00f3 sobre el predio que dicen ocupar los tutelantes, as\u00ed como tambi\u00e9n el auto de primero de julio de 2020, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se interpuso frente al prove\u00eddo de 14 de mayo de 2019, que rechaz\u00f3 las oposiciones a la entrega que se formularon en el juicio criticado; pues, en sentir de los quejosos, debieron ser convocados al rito y, adicionalmente, porque se desconoci\u00f3 que el fundo pedido en reivindicaci\u00f3n es un territorio especial, habitado por miembros de una comunidad ind\u00edgena, lo que deja \u00absin fundamento y con total nulidad el fallo judicial emanado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, que tiene por objeto el desalojo de los miembros de [su] comunidad \u00e9tnica\u00bb, el cual, se reitera, fue confirmado con determinaci\u00f3n del 4 de agosto de 2016. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, critic\u00f3 la parte actora que se rechazaran las oposiciones formuladas a la entrega, sin clarificar lo relacionado con la autenticidad de la escritura p\u00fablica 317 del 10 de julio de 2012, lo que, en su concepto, resultaba imperativo en procura de resolver debidamente sobre tales medios defensivos. <\/p>\n
3.4. Entonces, comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan los tutelantes, tuvo lugar porque se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, al ordenarse la entrega del predio objeto de reivindicaci\u00f3n, sin tener en cuenta que se trata de un territorio habitado por una comunidad ind\u00edgena y sin esclarecer lo relacionado con la validez del instrumento p\u00fablico antes citado, evidente es que tal reclamo vincula al Tribunal antes citado, pues dicha autoridad se pronunci\u00f3, en segunda instancia, sobre tales eventualidades. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 que por secretar\u00eda se remita copia de la tutela remitida por Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda de Riohacha y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de esa ciudad, con destino al Juzgado Civil del Circuito de Riohacha (reparto), por ser la autoridad competente para resolver las quejas relacionadas con la supuesta omisi\u00f3n que se achac\u00f3 a tales entidades de adelantar las diligencias necesarias para garantizar a su comunidad la reubicaci\u00f3n en un nuevo territorio, el acceso a la adjudicaci\u00f3n de tierras o a otros programas de reforma agraria y\/o de restituci\u00f3n de tierras adelantados por el Estado Colombiano y, adicionalmente, por cuanto la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de Riohacha ha omitido \u00abadelantar los tramites tendientes a posesionar a la nueva Autoridad Tradicional designada por la comunidad El Wayuukazo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, de ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja que involucra el proceso reivindicatorio antes mencionado a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se dispondr\u00e1 la acumulaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite de las quejas que promovieron Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb, Alicia Castro Epiayu, Yusmeris Paola y Yeri Jos\u00e9 Pe\u00f1alver Epiayu contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, con miras a que puedan ser decididas a la mayor brevedad posible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Riohacha en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, por secretar\u00eda, rem\u00edtase copia de este expediente con destino al Juzgado Civil del Circuito de Riohacha (reparto), para que resuelva, exclusivamente, las quejas constitucionales propuestas por Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Alta Consejer\u00eda Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcald\u00eda de Riohacha y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas de esa ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
4. Acumular en el presente tr\u00e1mite las quejas que promovieron Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb, Alicia Castro Epiayu, Yusmeris Paola y Yeri Jos\u00e9 Pe\u00f1alver Epiayu contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
8 <\/p>\n
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ATC754-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC754-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2022-00028-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}