ATC757-2022<\/p>\n
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ATC757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01668-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rom\u00e1n Arturo Lopera Medina contra la Polic\u00eda Nacional – Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Rosa de Osos. <\/p>\n
1. El se\u00f1or Lopera Medina formul\u00f3 el amparo, con el prop\u00f3sito de lograr la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, m\u00ednimo vital y al trabajo, frente a las supuestas irregularidades ocurridas el pasado 1\u00b0 de abril, al momento de la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo identificado con la placa WFC-015 – respecto del cual, afirma, obra como \u00abtenedor de buena fe\u00bb- que realiz\u00f3 el patrullero adscrito a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Rosa de Osos, Antioquia, pues, seg\u00fan manifiesta, no se encontraba legitimado para tal proceder, en tanto que el despacho comisorio emanado del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella para tal fin, encarg\u00f3 la diligencia al \u00abDirector (a) de Tr\u00e1nsito y Transporte de [ese]Municipio\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, que se ordene a la nombrada Estaci\u00f3n de Polic\u00eda, que le \u00absea entregado de manera inmediata el veh\u00edculo (llaves y sus documentos que [est\u00e1n] retenidos), del cual se desprende [su] sustento econ\u00f3mico\u00bb y que se compulsen copias al Ministerio P\u00fablico, con el fin que se investigue la actuaci\u00f3n del funcionario que procedi\u00f3 a retener su automotor, sin tener competencia para ello. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela fue asignada por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, (Antioquia), autoridad que en providencia de 7 de abril de 2022, admiti\u00f3 la demanda constitucional, y orden\u00f3 vincular al tr\u00e1mite al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, as\u00ed como al Inspector Municipal de Tr\u00e1nsito y Transportes de esta misma circunscripci\u00f3n, y luego de adelantar el tr\u00e1mite, en sentencia de 25 de abril siguiente, neg\u00f3 el amparo y remiti\u00f3 copia de las diligencias tanto a la Unidad Seccional de Fiscal\u00edas como a la Personer\u00eda Municipal de esa localidad, para que se surtieran, de ser el caso, las respectivas investigaciones frente al Subintendente Eliecer Samith Simanca Figueroa y al patrullero Luis Javier Mosquera Mosquera. <\/p>\n
3. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el accionante impugn\u00f3, correspondiendo su conocimiento a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, Corporaci\u00f3n que en providencia de 17 de mayo de 2022, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y dispuso la remisi\u00f3n del asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de Itag\u00fc\u00ed -reparto- luego de considerar, que el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos carec\u00eda de competencia para dirimir la controversia, en tanto que al encontrarse involucrado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, correspond\u00eda entonces, a su superior funcional conocerla, de conformidad a lo normado en la regla 5\u00aa del canon 2.2.3.1.2.1, del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. Para sustentar lo anterior, anot\u00f3 que <\/p>\n
\u00abpese a que aparentemente la acci\u00f3n de amparo se dirigi\u00f3 frente a la actuaci\u00f3n administrativa desplegada por los funcionarios de la Polic\u00eda Nacional del municipio de Santa Rosa de Osos, lo cierto es que de los elementos probatorios que obran en el dossier se desprende que necesariamente dicha actuaci\u00f3n se encuentra ligada con el proceso ejecutivo que se adelanta en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA, (sic) en tanto fue tal autoridad judicial la que decret\u00f3 la medida cautelar que recae sobre el veh\u00edculo de cuya detenci\u00f3n se duele el tutelante, siendo por ende tal judicatura la competente para resolver lo atinente a la entrega del bien y las oposiciones que se presenten frente a la misma; ergo, dicha circunstancia obliga al an\u00e1lisis no solo de la actuaci\u00f3n adelantada por la entidad policial, sino de la desplegada por el juzgado de conocimiento y de las herramientas con las que cuenta el actor constitucional para ejercitar su derecho a la defensa al interior del tr\u00e1mite desplegado por la Polic\u00eda Nacional y del proceso ejecutivo en el que se decret\u00f3 cautela sobre el bien del que se reputa tenedor, lo que permite concluir que el asunto involucrado en los hechos que fundan la tutela y en los medios confirmatorios allegados al dossier es de conocimiento del precitado Juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Repartida la acci\u00f3n excepcional al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, se abstuvo de asumir su conocimiento, porque consider\u00f3 que contrario a lo indicado por el Tribunal Superior de Antioquia, ninguna queja expuso el se\u00f1or Rom\u00e1n Arturo Lopera Medina, frente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, raz\u00f3n por la cual, incumb\u00eda a los Jueces del Circuito de Santa Rosa de Osos decidir el amparo, pues fue esa autoridad a la que acudi\u00f3 aqu\u00e9l, adem\u00e1s de que esa designaci\u00f3n se acompas\u00f3 con las reglas de reparto. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esta Corte para la definici\u00f3n del conflicto suscitado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Comoquiera que el presente conflicto de competencia comprende despachos de distintos Distritos Judiciales -Antioquia y Medell\u00edn-, corresponde a esta Sala definirlo de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009, en concordancia con los c\u00e1nones 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite constitucional, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
No sobra poner de presente, que aun cuando en el asunto de estudio se hallen involucradas dos dependencias de diferente rango -Tribunal vs. Juzgado-, el primero no resulta ser \u00absuperior funcional\u00bb del segundo (inciso 3\u00b0, precepto 139 ejusdem), precisamente por pertenecer a distintos Distritos Judiciales, como se anunci\u00f3 en el p\u00e1rrafo precedente, situaci\u00f3n por la cual debe decidirse de fondo la colisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Ahora bien, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb; precepto reiterado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Sobre tal normativa, esta Sala, insistentemente, ha precisado como su finalidad, la siguiente: <\/p>\n
\u00ab[F]acilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver entre otros, CSJ ATC158-2021, ATC 921-2021). <\/p>\n
De igual modo, esta Sala ha determinado, en m\u00faltiples casos, que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado, por tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definirlo (CSJ. ATC 10 sep. 2002; 22 en. 2004, reiterado en ATC1322-2018 y ATC1117-2021, entre otros). <\/p>\n
3. En suma, se\u00f1ala la regla 2\u00aa, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, dispone que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4.Descendiendo al caso objeto de este pronunciamiento, se constata que el solicitante eligi\u00f3 el Municipio de Santa Rosa de Osos para radicar la demanda constitucional, que dirigi\u00f3 frente la Polic\u00eda Nacional – Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Rosa de Osos, pues en ese lugar tiene su domicilio, recibe sus notificaciones y ocurrieron los hechos materia de debate, por lo que, en principio y como antes se explic\u00f3, debe prevalecer la voluntad de aquel. <\/p>\n
Adem\u00e1s, y conforme a la precitada regla 2\u00aa, el asunto fue radicado ante los jueces del circuito de ese ente territorial, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Promiscuo de Familia. <\/p>\n
De otra parte, le\u00edda con detenimiento la demanda de tutela, los hechos que motivaron la interposici\u00f3n de la misma, y las pretensiones elevadas, tal y como lo concluy\u00f3 el Juzgado proponente del conflicto, se observa que el Juzgado Primero Promiscuo de La Estrella no es el llamado a responder por las denuncias del actor, por lo menos en este momento y hasta tanto alguna petici\u00f3n concreta se haga ante \u00e9l, en lo que refiere a la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo objeto de la medida cautelar de secuestro que sobre el mismo otrora decret\u00f3, pues de lo \u00fanico que se queja el se\u00f1or Lopera Medina es de la extralimitaci\u00f3n de la competencia por parte de los miembros de la polic\u00eda, que procedieron a efectuar la diligencia, en tanto que, a quien se comision\u00f3 para la misma fue al \u00abDirector (a) de Tr\u00e1nsito y Transporte de [ese]Municipio\u00bb, seg\u00fan lo explica en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Con todo, aun cuando se aceptara que alguna injerencia pudiera tener en el asunto dicho despacho, lo cierto es que el a quo constitucional diligentemente lo vincul\u00f3, manifestando su titular, luego de hacer un breve resumen del tr\u00e1mite adelantado con el juicio ejecutivo 2022-00078 -en el que no obra como parte, tercero vinculado o peticionario el se\u00f1or Rom\u00e1n Arturo Lopera Medina, aqu\u00ed interesado- que mediante memorial de 6 de abril de 2022, los contendientes en ese pleito, solicitaron de com\u00fan acuerdo la terminaci\u00f3n del proceso, y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares decretadas, pidi\u00e9ndose, adem\u00e1s, la entrega del veh\u00edculo capturado al ejecutante \u00abcircunstancia que hace presumir a es[e] oficiante la posibilidad de encontramos ante la conducta de colusi\u00f3n, por lo que abra de dar aplicaci\u00f3n a las normas pertinentes\u00bb. <\/p>\n
No existe duda, entonces, que no hab\u00eda una circunstancia v\u00e1lida para que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, procediera a invalidar la actuaci\u00f3n de primer grado y a relevarse del conocimiento de la memorada impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por lo anterior, y sin m\u00e1s reflexiones, se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente se abstuvo de conocer de la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia, para que, una vez invalide el auto de 17 de mayo de 2022, imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia es la competente para conocer de la impugnaci\u00f3n propuesta contra la sentencia de primera instancia proferida en desarrollo de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rom\u00e1n Arturo Lopera Medina contra la Polic\u00eda Nacional \u2013 Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Rosa de Osos, Antioquia. <\/p>\n
Segundo: Rem\u00edtase el expediente al estrado mencionado, previa comunicaci\u00f3n de lo as\u00ed decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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