ATC761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC761-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el pasado 6 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nidia Nelcy Solano Hurtado contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, acudi\u00f3 al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con la salud, \u00ab(\u2026) al tratamiento integral y oportuno, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al derecho a la unidad familiar en conexidad con el derecho de los ni\u00f1os a la familia, con perspectiva de g[\u00e9]nero y como sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
La promotora en calidad de Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, solicit\u00f3 traslado al mismo cargo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, en virtud de lo cual, la \u00faltima autoridad neg\u00f3 su petici\u00f3n y nombr\u00f3 en el precitado empleo a Rafael Andr\u00e9s Vargas Ortega, determinaciones ratificadas mediante la resoluci\u00f3n n.\u00b0 009 de 5 de abril de 2022. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 ordenar al fallador enjuiciado \u00abque emita en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de la presente acci\u00f3n, el acto administrativo, aceptando [la] solicitud [incoada] (\u2026) y proceda a efectuar [el] nombramiento para efectos de tomar posesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal a quo concedi\u00f3 el resguardo y orden\u00f3 a la c\u00e9lula cognoscente \u00ab(\u2026) expedir un[a] nuev[a] [decisi\u00f3n] que (\u2026) analice la totalidad de los factores que la ley y la jurisprudencia imponen tener en cuenta al nominador, para resolver un traslado en los que est\u00e9n involucrados la salud y la carrera judicial\u00bb. <\/p>\n
4. La anterior sentencia fue impugnada por Rafael Andr\u00e9s Vargas Ortega, quien argument\u00f3 \u00abla ausencia de alg\u00fan hecho violatorio de [las garant\u00edas esenciales] de la accionante\u00bb y, por lo tanto, solicit\u00f3 que \u00abse revoque la [providencia] de primera instancia, y en su lugar, se niegue la solicitud de [salvaguarda]\u00bb. <\/p>\n
La querellante del auxilio refut\u00f3 tambi\u00e9n la determinaci\u00f3n de la colegiatura, pretendiendo que \u00abse CONFIRME el fallo (\u2026) y [en] consecuencia se disponga adicionar de forma detallada y concreta, que [el estrado denunciado], emita la [r]esoluci\u00f3n aceptando [el] traslado por razones de salud (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia para este tipo de acciones lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, dicha disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinado el libelo introductor, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n va dirigido a censurar la decisi\u00f3n de negar la solicitud impetrada por la pretensora en calidad de Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, para ser trasladada al mismo cargo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso. <\/p>\n
En ese orden, haciendo uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las pautas normativas llamadas a definir la atribuci\u00f3n del sub ex\u00e1mine, se evidencia que, el primer precepto que regular\u00eda el asunto ser\u00eda el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb Se resalta. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2 del art\u00edculo 8 del citado compendio normativo dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el mandato que antecede, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial y el conocimiento de la causa no est\u00e1 asignado a otra autoridad, deben ser los Jueces Administrativos de Sogamoso (reparto), quienes diriman el amparo. <\/p>\n
Lo anterior, con fundamento en un prove\u00eddo de esta Colegiatura (ATC1541-2021, 8 oct., rad. 2021-01103), en el cual se dirimi\u00f3 una controversia similar a la originada en el sub-lite: <\/p>\n
\u00abEn el sub judice se evidencia la falta de \u201ccompetencia\u201d de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver en primera instancia la salvaguarda, al advertirse que el reproche se circunscribe a cuestionar las determinaciones emitidas en el disciplinario seguido en contra de Santiago Gaviria S\u00e1nchez como empleado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello (n\u00ba 2020-0002). Esto es, se dirige contra un \u201cempleado\u201d perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En efecto, la providencia censurada (21 abr. 2021), por medio de la cual el Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n planteada, as\u00ed como aquellas que impulsan y definen ese procedimiento, constituyen actos administrativos y no jurisdiccionales, lo que implica que, en principio la \u00abcompetencia\u00bb estar\u00eda dada por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que consagra: \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u201d. <\/p>\n
No obstante, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021, surge la necesidad de aplicar su inciso segundo, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, para asignar el conocimiento de las tutelas \u201cpresentadas por (\u2026) empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, a los Jueces Administrativos del Circuito del lugar donde se predica la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior siguiendo los lineamientos consagrados en los arts. 306 del CPACA y 15 del CGP, en virtud a que el asunto, hoy no est\u00e1 asignado a otro organismo de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. Bajo esta perspectiva, el juez llamado a conocer de esta \u201cacci\u00f3n\u201d en primera instancia es el juez administrativo, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo diligenciado en el sub lite\u00bb Se destaca. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Sogamoso. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nidia Nelcy Solano Hurtado, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Sogamoso. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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