ATC805-2022.<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC805-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00131-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente a la sentencia que se dict\u00f3 el 5 de mayo de 2022, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Jos\u00e9 Fernando Hern\u00e1ndez D\u00edaz contra Alianza Social Independiente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 el amparo de sus derechos al debido proceso, salud e igualdad, que dice trasgredidos por el partido pol\u00edtico accionado, por lo que pidi\u00f3 que se ordene \u00abel desembolso de la reposici\u00f3n de votos\u00bb. <\/p>\n
2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que la queja del promotor del resguardo se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Fernando Hern\u00e1ndez D\u00edaz es integrante del partido pol\u00edtico Alianza Social Independiente (ASI), siendo inscrito, en esa condici\u00f3n, como candidato al Concejo de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que, el 8 de abril de 2021, envi\u00f3 un oficio a la Presidencia de la ASI, \u00abdonde solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre la reposici\u00f3n de votos\u00bb, pero que: <\/p>\n
\u2026 hasta la fecha no [le] han dado respuesta solo evasiva[s] h[a] hablado con\u2026 Nadia\u2026, funcionaria de la direcci\u00f3n nacional del partido, sin dar[l]e soluci\u00f3n, solo es que faltan documentos, cuando ello no corresponde con la realidad[.] [Sabe] que a otros candidatos les han cancelado la reposici\u00f3n de votos\u2026 [y que] envi\u00f3 la documentaci\u00f3n completa, de ello puede dar fe el\u2026 director municipal del partido\u2026 y\u2026 quien [le] realiz\u00f3 la contabilidad. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, la ASI precis\u00f3 que el promotor \u00abha sido informado de todos los tr\u00e1mites y requerimientos que por parte del CNE se le han realizado [a trav\u00e9s] del partido, a fin de que se sirva adecuar la informaci\u00f3n de cuentas claras conforme lo establece la ley y con ello acceder si es procedente a la reposici\u00f3n de votos\u00bb, lo cual no ha cumplido a cabalidad, \u00abraz\u00f3n por la cual el CNE devolver\u00eda nuevamente el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3.1. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil resalt\u00f3 que \u00abno ha incurrido en actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que conlleve a la trasgresi\u00f3n del derecho deprecado por el accionante, en tanto es competencia del Consejo Nacional Electoral el reconocimiento del derecho de la reposici\u00f3n de gastos de campa\u00f1a a las agrupaciones pol\u00edticas\u00bb. <\/p>\n
3.2. El CNE manifest\u00f3 que \u00abmediante oficio\u2026 de\u2026 30 de diciembre del 2020, el contador p\u00fablico responsable de la revisi\u00f3n del informe de ingresos y gastos de Campa\u00f1a de la lista inscrita al Concejo del municipio de Ibagu\u00e9\u2026 por el Partido Alianza Social Independiente\u2026, realizo\u0301 observaciones al informe integral de Ingresos y Gatos, en desarrollo a las elecciones del 27 de octubre de 2019\u00bb; que \u00abel candidato debe realizar las aclaraciones solicitadas y presentarlas ante la Organizaci\u00f3n Pol\u00edtica, a fin de que aquella proceda a remitirlas ante esta dependencia\u00bb; y que \u00abuna vez recibida la documentaci\u00f3n correspondiente, se proceder\u00e1 a realizar el desarchivo del informe, a fin de realizar el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, certificaci\u00f3n, reconocimiento y pago al Partido Alianza Social Independiente\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo, por cuanto: <\/p>\n
\u2026 frente a la petici\u00f3n presentada por el actor el 8 de abril de 2021 dirigida a que se le brindara informaci\u00f3n acerca de la cancelaci\u00f3n de la reposici\u00f3n de votos por parte del Partido Nacional de la Alianza Social Independiente…, obtuvo una respuesta clara, de fondo, y congruente con lo solicitado, puesto que se le inform\u00f3 el procedimiento que debe seguirse para el reconocimiento de dichos emolumentos, as\u00ed como que se le precis\u00f3 que deb\u00edan efectuarse correcciones a la solicitud presentada, lo cual fue reiterado de manera posterior el 26 de abril del cursante estando en tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n, de lo que se sigue afirmar que ausente est\u00e1 la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental cuya protecci\u00f3n demanda. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el querellante, quien expres\u00f3 que \u00abenv\u00edo en el a\u00f1o 2021 todos los soportes\u2026 solicitados por los funcionarios [del] partido ASI\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, al partido pol\u00edtico ASI (persona jur\u00eddica de derecho privado), al considerar el promotor que dicho ente vulnera sus derechos al no adelantar las gestiones necesarias para la reposici\u00f3n de votos que persigue, a pesar de que le aport\u00f3 todos los documentos necesarios para esos efectos. <\/p>\n
Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), establece que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Ahora, se destaca que la rese\u00f1ada situaci\u00f3n no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n del CNE y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, en tanto que la integraci\u00f3n al contradictorio de esas autoridades es aparente, si en cuenta se tiene que del panorama f\u00e1ctico sobre el que se sustent\u00f3 la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales no se desprende censura alguna contra tales entidades, pues, como se dijo l\u00edneas arriba, la acusaci\u00f3n fue atribuida en forma directa y privativa al partido pol\u00edtico antes mencionado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalta la Sala que, si bien el CNE exigi\u00f3 unas aclaraciones a la ASI, con la finalidad de resolver sobre la reposici\u00f3n de votos que solicit\u00f3 dicho partido pol\u00edtico, lo cierto es que el promotor no elev\u00f3 queja concreta sobre tal decisi\u00f3n, sino que su reclamo se circunscribi\u00f3 a que ya aport\u00f3 a la ASI los soportes necesarios para continuar con el tr\u00e1mite, pero que aun as\u00ed tal organismo no ha procedido con ello. <\/p>\n
2. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
3. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la oficina judicial de Ibagu\u00e9, para que sea repartida entre los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Ibagu\u00e9, para que sea repartido entre los Juzgados Civiles Municipales de esa localidad, para que se asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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