ATC811-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC811-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00324-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Yomaira Esther Mora Pantoja, formul\u00f3 contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Corregimiento de Campeche, Atl\u00e1ntico, la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa, la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Secretar\u00eda del Interior y Gesti\u00f3n Administrativa de la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n e Infraestructura de la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa, el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, la Personer\u00eda Municipal de Baranoa, el Concejo Municipal de Baranoa y la Asamblea Departamental del Atl\u00e1ntico, extensiva a la Notar\u00eda \u00danica de Baranoa y al se\u00f1or Ubaldino Boyano, por hechos relacionados con el proceso policivo no 2022-001, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, vivienda, m\u00ednimo vital y libre desarrollo de la personalidad. <\/p>\n
Explic\u00f3, en s\u00edntesis, que la Secretar\u00eda de Interior y la Gesti\u00f3n Administrativa de la Alcald\u00eda de Baranoa inici\u00f3 en su contra el procedimiento policivo referido, con el fin de conseguir la restituci\u00f3n de un bien de su propiedad, con base en una escritura p\u00fablica en la que se protocoliz\u00f3 un acto administrativo mediante el cual, el mismo se declar\u00f3 bald\u00edo, aspecto que -en su criterio- \u00abfalta a la verdad\u00bb, pues en realidad se trata de un bien rural que detenta en posesi\u00f3n desde hace m\u00e1s de cuarenta (40) a\u00f1os, a trav\u00e9s del desarrollo de actividades agr\u00edcolas. <\/p>\n
Reproch\u00f3 varios errores del asunto, de los cuales resalt\u00f3, entre otros: (i) que la direcci\u00f3n del predio materia de restituci\u00f3n no coincide con el de su propiedad; (ii) que no se vincul\u00f3 al Ministerio P\u00fablico, ni a la persona que figura como titular en el impuesto predial; (iii) que est\u00e1 al d\u00eda con sus impuestos, por lo que le asiste confianza leg\u00edtima y, (iv) que no se le recibi\u00f3 su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la resoluci\u00f3n de los recursos que interpuso contra la decisi\u00f3n de primera instancia, proferida el 16 de marzo del 2022, con la que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien, fueron resueltos de manera desfavorablemente por una persona que adem\u00e1s de no tener competencia, no atendi\u00f3 las pruebas que present\u00f3, ya que el Alcalde de Baranoa fue el mismo que elev\u00f3 a escritura p\u00fablica el acto administrativo que constituy\u00f3 la propiedad del bien en altercado. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3: Que \u00abse amparen [sus] Derechos Fundamentales Constitucionales\u00bb; <\/p>\n
Que \u00absea protegid[a] con medida provisional urgente el sitio de [su] domicilio\u00bb; <\/p>\n
Que \u00absea[n] compulsada[s] copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que sea investigad[o] el actuar de los funcionarios: se\u00f1or alcalde Dr. Roberto Carlos Celed\u00f3n Venegas, y el se\u00f1or secretario del Interior y Gesti\u00f3n Administrativa de la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa Atl\u00e1ntico dr. N\u00e9stor Bruges Medina, ya que [tanto] el se\u00f1or alcalde, como el se\u00f1or secretario, ambos estaban inhabilitados para resolver\u00bb; <\/p>\n
Revocar \u00abla decisi\u00f3n de primera y segunda instancia, por ser contraria a la ley, y ordenar que el proceso sea surtido por el procedimiento administrativo o el fijado en la Ley 48 de 1882 donde este mismo lo fija en la jurisdicci\u00f3n civil, o el que a bien se\u00f1ale el despacho de tutela, o se rehaga el procedimiento ante una jurisdicci\u00f3n de igual orden de la primera y segunda instancia en otra jurisdicci\u00f3n diferente que garantice el debido proceso\u00bb; <\/p>\n
Declarar \u00abque no se integr[\u00f3] el litis consorte -sic- necesario, ya que como esta visto en el recibo de pagos de impuesto predial aparece a nombre del se\u00f1or Jose Antonio Boyano, el despacho de Inspecci\u00f3n Rural del Corregimiento de Campeche, no notifico ni realizo ning\u00fan llamado a este se\u00f1or o familiares para que comparezcan al proceso policivo\u00bb; <\/p>\n
Dejar \u00absin efecto las decisiones administrativas en el proceso policivo del art. 233 de la ley 1801 de 2011, por el art. 140, del d\u00eda 16 de marzo de 2022, proferida por el se\u00f1or Inspector rural del Corregimiento de Campeche, Dr. Jose Luis Sarmiento Barrios, cuya actuaci\u00f3n fue iniciada por la Inspectora Dra. Delia Rosa Serje Roa, y la decisi\u00f3n de segunda instancia por el se\u00f1or Alcalde de Baranoa del d\u00eda 5 de abril de 2022 Dr. Roberto Carlos Celed\u00f3n Venegas por haber violado el r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades de la ley 734 de 2002, ley , Ley 952 de 2019, y ley 2094 de 2021, as\u00ed como lo dispone tambi\u00e9n el articulo 11 y 12 de la ley 1437 de 2011, en las causales de impedimentos y recusaciones e inhabilidades, adem\u00e1s de haber actuado en prevaricato como delito tipificado en la ley 599 del 2000.\u00bb; <\/p>\n
\u00abQue se suspenda la aplicaci\u00f3n de las decisiones policivas del numeral anterior, mientras en un t[\u00e9]rmino fijado por este despacho se haya presentado la demanda Administrativa ante la Jurisdicci\u00f3n administrativa y de lo Contencioso Administrativo, para que se pueda llevar a trav\u00e9s de un juez de la Republica si el acto de la escritura 652 de agosto de 2013 en la Notaria de Baranoa el se\u00f1or alcalde ten[\u00ed]a legitimidad en realizar ese documento por v\u00eda del art[\u00ed]culo 123 de la ley 388 de 1997, o se ten[\u00ed]a que realizar un procedimiento fijado en la Jurisdicci\u00f3n Civil por la ley 48 de 1882, y hasta que la administraci\u00f3n municipal de Baranoa, tambi\u00e9n demuestre desde cuando se le han cancelado los prediales unificados por este sitio objeto de esta tutela en el Corregimiento de Campeche, o la direcci\u00f3n que aparece en la escritura 652 de 2013.\u00bb, y, que, <\/p>\n
\u00absea investigada en compulsa de copias tanto a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n como a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la conducta de Inspector rural de polic\u00eda Dr. Jose Luis Sarmiento Barrios, la Inspectora rural de polic\u00eda Dra. Delia Rosa Serje Roa, el se\u00f1or Alcalde de Baranoa Dr. Roberto Carlos Celedon Venegas, as\u00ed como el se\u00f1or Secretario del Interior y Gesti\u00f3n Administrativa de la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa Atl\u00e1ntico DR. N\u00e9stor Bruges Medina, y la se\u00f1ora Carolina Mendoza Goenaga, Secretaria de la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n e infraestructura de la Alcald\u00eda del Municipio de Baranoa, as\u00ed como la conducta de la Persona del Ministerio P\u00fablico que debi\u00f3 hacerse parte en el proceso Policivo y no lleg\u00f3 a ninguna audiencia, y no velo por el debido proceso Constitucional como lo demanda la Constituci\u00f3n policita de Colombia y la Ley, los Decretos y reglamentos as\u00ed como lo citado para este efecto la ley 48 de 1882. As\u00ed mismo, al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Barranuilla -sic- DR. Rafael Jose Perez por su actuar con el se\u00f1or secretario del Interior y Gesti\u00f3n Administrativa de la Alcald\u00eda Municipal de Baranoa Atl\u00e1ntico DR. N\u00e9stor Bruges Medina, Y el se\u00f1or abogado Dr. Danilo Romero de la Hoz, profesional universitario \u2013 C\u00f3digo 219, Grado 03, tambi\u00e9n se encontraba inhabilitado para revisar la decisi\u00f3n de segunda instancia, ya que en fecha febrero 3 de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de realizar un detallado examen al proceso policivo adelantado contra la accionante, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que la se\u00f1ora Yomaira Esther Mora Pantoja se abstuvo de plantear, oportunamente, los reparos que hasta ahora alega por este medio, por lo que no se acredito el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Resalt\u00f3, \u00aben la etapa de argumentos de dicho tr\u00e1mite, su apoderado judicial se abstuvo de exponer [\u2026] la falta de identificaci\u00f3n del inmueble, el reproche sobre la titularidad de dominio de la administraci\u00f3n y la aludida confianza leg\u00edtima, para que fueran debatidos en el escenario propicio para el efecto\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne a la supuesta falta de vinculaci\u00f3n de terceros interesados, se\u00f1al\u00f3 que no se aleg\u00f3 \u00abtal hecho como petici\u00f3n de nulidad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana\u00bb; en cuanto a la alegada negativa de la inspecci\u00f3n de polic\u00eda en escuchar su declaraci\u00f3n, observ\u00f3 que en la audiencia de 9 de marzo de 2022, la misma fue negada por la autoridad administrativa, ya que se hab\u00eda cerrado la etapa en la que era procedente [primera audiencia] es decir, \u00abla solicitud probatoria fue extempor\u00e1nea\u00bb, en tanto que la interesada no asisti\u00f3 a dicha audiencia, no justific\u00f3 su inasistencia, ni su abogado lo solicit\u00f3 como una prueba. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que, de la lectura de las decisiones cuestionadas, se concluy\u00f3 que s\u00ed tuvieron en cuenta las pruebas practicadas. <\/p>\n
En torno a los supuestos impedimentos de los servidores que profirieron las citadas determinaciones, se\u00f1al\u00f3 que no se acredit\u00f3 que se hubiesen presentado las respectivas recusaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esa determinaci\u00f3n fue impugnada por la accionante, por lo cual las diligencias fueron remitidas a esta Sala para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96) reiterado en ATC716-2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adem\u00e1s de los factores de competencia preventivo y territorial que establece el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1\u00ba del Decreto 1983 de 20171 contempla el factor \u00abfuncional\u00bb, determinando con este el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales, dependiendo de aspectos tales como, el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso bajo estudio es evidente que, a pesar de que la se\u00f1ora Mora Pantoja invoc\u00f3 su acci\u00f3n en contra de m\u00faltiples entidades p\u00fablicas, solo algunas de ellas participaron directamente en la situaci\u00f3n de la que se duele, esto es, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Campeche y la Alcald\u00eda de Baranoa, Atl\u00e1ntico, como autoridades de primera y segunda instancia en el proceso policivo radicado bajo el n\u00b0 2022-001, en el cual, se dicen supuestamente vulnerados sus derechos constitucionales, pues, las restantes, aunque fueron mencionadas en el escrito inicial, es claro que de sus puntuales pretensiones, de manera alguna se puede desprender una eventual orden de hacer o dejar de hacer, para cesar la transgresi\u00f3n endilgada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De las aludidas autoridades, la mayor\u00eda son del orden departamental y municipal, y aunque se les atribuyen ciertas situaciones relacionadas con el asunto, no fueron las que profirieron las providencias judiciales cuestionadas. <\/p>\n
Por otra parte, la de mayor jerarqu\u00eda, es la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la que se le acusa de una supuesta falta de \u00abacompa\u00f1amiento en todo el procedimiento administrativo, tal como lo establece el art\u00edculo sexto 6 de la ley 48 de 1882 [\u2026] Pues nunca se hicieron presentes en ning\u00fan evento o llamado y defensa del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cumple precisar al efecto que, de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir de la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, para que de esa manera, inapropiadamente, se var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja, de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de accionado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como los hechos del escrito de tutela en realidad involucran es a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Campeche, a la Alcald\u00eda de Baranoa, Atl\u00e1ntico y -solo en gracia de discusi\u00f3n- a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el juez constitucional de primer grado carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 20212 que, se sabe, asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, a los \u00abJueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Y no puede afirmarse que se trata de una de aquellas acciones que involucran \u00ablas actuaciones del [\u2026] Procurador General de la Naci\u00f3n\u00bb, pues de ninguno de los hechos relatados o de las pretensiones, se logra desprender tal escenario, ya que se trata de una de las funciones que tiene la entidad, con relaci\u00f3n a las actuaciones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
6. S\u00edgase de lo anterior que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela se incurri\u00f3 en una modalidad de la vinculaci\u00f3n aparente respecto de la que, esta Corte, ha reiterado, que \u00aben cuanto no se les atribuya [a las entidades o personas mencionadas en el escrito de tutela] hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01 y Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2020-00099-01 de 4 de junio de 2020, ATC379-2022 y ATC716-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Adem\u00e1s, esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020, reiterado en ATC421-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
8. En relaci\u00f3n con la facultad para declarar nulidades, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC886-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
9. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es necesario declararla a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda de Barranquilla, Atl\u00e1ntico, para su conocimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo de 16 de mayo de 2022, proferido por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, Atlantico, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que modific\u00f3 el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
2\u0002 \u00ab2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nac\u00edonal ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda.\u00bb. <\/p>\n
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ATC811-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC811-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00324-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}