ATC849-2022<\/p>\n
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ATC849-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00131-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de abril de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por la Constructora H y S S.A.S contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Girardot, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora, a trav\u00e9s de su representante legal, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas en el proceso ejecutivo hipotecario de radicado 25307400300120200035501. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Calder\u00f3n demand\u00f3 a la accionante por el pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria contenida en la escritura p\u00fablica 148 del 24 de octubre de 2018, tr\u00e1mite en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago el 1 de diciembre de 2020 y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 29 de julio de 2021. <\/p>\n
Narr\u00f3 las diligencias adelantadas con el \u00e1nimo de notificarle personalmente del mandamiento de pago, no obstante, adujo que nunca le fue comunicado dicho prove\u00eddo; por ello, present\u00f3 solicitud de nulidad, argumentando, entre otros, que las comunicaciones fueron remitidas a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica bosquesdelcentenario@hotmail.com en el a\u00f1o 2021, la cual no estaba vigente desde 2019, pues hab\u00eda cambiado por el correo constructorahys.sas@gmail.com, registrado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. Dicha solicitud fue negada el 15 de septiembre de 2021 y confirmada, en apelaci\u00f3n, el 24 de febrero de 2022. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, inst\u00f3 que \u00abse me eviten los perjuicios a los que est\u00e1 expuesta la sociedad como demandada\u00bb con las providencias que resolvieron la nulidad, sin haber observado lo previsto en \u00abel art\u00edculo 8 del decreto 806 de 2020, en armon\u00eda con los art\u00edculos 291 y 292 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 dejar sin valor y efecto el auto del 24 de febrero de 2022 y proferir nueva decisi\u00f3n sobre la nulidad, decisi\u00f3n que fue apelada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar con la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, pese a estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, por lo que se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
2. Pues bien, en el presente asunto, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a todos los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite constitucional, lo que constituye la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a las acciones de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, revisado el expediente allegado, se evidencia que, en el auto admisorio de la tutela, se dispuso vincular a los juzgados accionados y a las partes e intervinientes del proceso cuestionado, no obstante, la notificaci\u00f3n del ejecutante en dicho tr\u00e1mite se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado, a pesar de que el en expediente reposaba su direcci\u00f3n f\u00edsica y tel\u00e9fono de contacto1. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala que se vulnera el debido proceso cuando la persona que tiene inter\u00e9s particular y concreto en el asunto no se entera directamente del tr\u00e1mite constitucional, como ocurri\u00f3 en este caso, dado que, las notificaciones al mandatario judicial del juicio censurado no <\/p>\n
\u00ab\u2026satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes\u2026, sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, se impone declarar la invalidez de todo lo actuado con posterioridad al auto admiti\u00f3 el amparo, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de notificar la acci\u00f3n de tutela a todas las partes e intervinientes en el proceso cuestionado, incluyendo al ejecutante, Jos\u00e9 Vicente Calder\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con posterioridad al auto que admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que, por Secretar\u00eda, se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo C4TUTELAYANEXOS \/ 04.Constanciaenvio. <\/p>\n
Direcci\u00f3n f\u00edsica de notificaciones y tel\u00e9fono de contacto del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Calder\u00f3n visibles a folio 7 de la demanda ejecutiva, archivo C1. <\/p>\n
<\/p>\n
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