ATC854-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC854-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00438-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato adelantado por Natalia Andrea y Juan Pablo Carranza Garc\u00eda contra los magistrados Jorge Eduardo Ferreira Vargas y Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante sentencia STL4077-2022, 30 mar., la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ad quem, concedi\u00f3 el amparo de las prerrogativas esenciales de los libelistas de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras; y, en tal virtud, dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) DEJAR sin efecto jur\u00eddico la sentencia que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 el 12 de agosto de 2021, en el proceso verbal de responsabilidad civil contractual de Juan Pablo Carranza Garc\u00eda y Natalia Andrea Carranza Garc\u00eda contra Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar, expediente No. 035-2018-00519-01. <\/p>\n
ORDENAR al citado Tribunal que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, profiera nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores solicitaron que se tramitara el incidente de desacato, porque, a la fecha de presentaci\u00f3n del memorial, la autoridad encartada no hab\u00eda observado el mandato impartido en la providencia que viene de memorarse, con lo que \u00abpersiste la violaci\u00f3n del debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque el Accionado ha incumplido y desacatado la orden impartida en la Sentencia STL4077-2022\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a iniciar el incidente de desacato respectivo, con auto de 23 de mayo de 2022, se requiri\u00f3 a los magistrados Jorge Eduardo Ferreira Vargas, Adriana Ayala Pulgar\u00edn2 y Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013o quienes hicieran sus veces al momento del enteramiento\u2013, para que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, informaran de manera detallada las acciones que han adelantado para cumplir la orden proferida, allegando los soportes respectivos. <\/p>\n
4. Durante el t\u00e9rmino de traslado, con memorial de 25 de mayo siguiente, el magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que ese despacho fue notificado de la decisi\u00f3n de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral el 20 de ese mes y a\u00f1o, mediante correo remitido por la Secretar\u00eda de esa colegiatura a las 5:23 p.m., de modo que \u00abel primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, esto es, el 23 de mayo del a\u00f1o en curso, se emiti\u00f3 auto de obedecimiento a lo resuelto, en el que adem\u00e1s se expusieron las circunstancias que rodearon el acto de enteramiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que \u00abcomoquiera que el expediente del proceso verbal fue devuelto al juzgado de primera instancia desde el mes de septiembre del a\u00f1o 2021, en la providencia del d\u00eda de ayer se solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del plenario para adoptar, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, la decisi\u00f3n que corresponda\u00bb, razones por las cuales enfatiz\u00f3 en que \u00abla Sala no ha incurrido en desacato, ni la tardanza en el cumplimiento de la orden de amparo se ha originado en la negligencia o descuido del Magistrado Sustanciador, pues no hab\u00eda forma en que conoci\u00e9ramos de la sentencia de tutela citada, ya que las notificaciones de los fallos y dem\u00e1s actuaciones emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia son enviados a la Secretar\u00eda de esta Sala Civil, encargada de redirigirla al Despacho que corresponda, actuaci\u00f3n que se reitera solo tuvo lugar el 20 de mayo del 2022 en horario inh\u00e1bil\u00bb. <\/p>\n
5. Por su parte, otro togado de la precitada corporaci\u00f3n \u2013quien no fue requerido en el auto que antecede\u2013 alleg\u00f3 escrito en el que precis\u00f3 que \u00abno he recibido ninguna comunicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n con respecto al fallo de tutela cuyo incumplimiento se denuncia\u00bb. <\/p>\n
7. Con posterioridad, esto es, el 6 de junio de 2022, el magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 aport\u00f3 nueva contestaci\u00f3n en la que expuso que \u00abha sido atendido el cumplimiento de la orden concerniente a proferir nuevo fallo dentro del expediente con radicado 11001310303520180051901\u00bb, aunado a que \u00abla demora ocurrida en este asunto se debi\u00f3 \u00fanica y exclusivamente a la falta de diligencia de la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
8. De igual forma, el 7 de junio hoga\u00f1o, el Secretario Judicial de ese tribunal envi\u00f3 copia del referido memorial y del fallo que se dict\u00f3 en acatamiento de las \u00f3rdenes expedidas por el \u00f3rgano de cierre laboral. <\/p>\n
9. Con prove\u00eddo de 14 de junio de 2022, se decretaron como pruebas la actuaci\u00f3n surtida y los informes rendidos durante el curso de este asunto, en atenci\u00f3n al requerimiento previo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si los magistrados Jorge Eduardo Ferreira Vargas y Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 incurrieron en desacato a la orden impartida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia STL4077-2022, 30 mar. <\/p>\n
2. El incidente de desacato. <\/p>\n
La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
A efectos de establecer si los magistrados Jorge Eduardo Ferreira Vargas y Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013o quienes hicieren sus veces\u2013 incurrieron en el desacato que se les enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si los receptores de ese mandato han entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela STL4077-2022, 30 mar. y a los informes rendidos dentro de este asunto. <\/p>\n
3.1. En el presente caso, luego de iniciar formalmente el incidente, el funcionario sustanciador del tribunal querellado aport\u00f3 escrito en el que precis\u00f3 las vicisitudes que atraves\u00f3 el tr\u00e1mite del enteramiento de la decisi\u00f3n proferida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral y destac\u00f3 que, en todo caso, observ\u00f3 la disposici\u00f3n impartida, profiriendo la resoluci\u00f3n que los libelistas echaban de menos, en el curso del proceso de responsabilidad civil contractual que ellos promovieron (rad. n.\u00ba 2018-00519), contra la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar. <\/p>\n
En ese sentido, se incorpor\u00f3 copia \u00edntegra de la rese\u00f1ada providencia3, en la cual se modific\u00f3 el ordinal tercero del fallo estimatorio del Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el sentido de que \u00ablos intereses a pagar a la parte demandante, son los moratorios previstos en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio y desde el 2 de enero del 2017\u00bb, por las siguientes razones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) procedente resulta abordar el problema jur\u00eddico que debe dilucidar la Sala, que se contrae a determinar si en este caso concreto, de un lado, est\u00e1n demostrados los elementos esenciales que constituyen la responsabilidad contractual que se le enrostra a la parte demandada o, si por el contrario, tales aspectos no est\u00e1n acreditados porque el asegurado incurri\u00f3 en reticencia y, de otro, en caso tal de estar probado el incumplimiento, si resultaba procedente condenar a la persona jur\u00eddica demandada al pago de los intereses de mora desde la objeci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, pues a ello se limitan los reparos interpuestos por los aqu\u00ed contendientes. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
8.1.- En ese orden de ideas, contrastados los par\u00e1metros jurisprudenciales a que hace menci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en su fallo de tutela y que tocan con la figura de la reticencia y los deducidos en la misma tem\u00e1tica por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la misma corporaci\u00f3n y a lo precisado por la misma Corte Constitucional en su fallo de exequibilidad referido l\u00edneas atr\u00e1s, para esta Sala prima la interpretaci\u00f3n que se apega a la ley (arts. 1058 y 1158 C. de Co.), lo dispuesto por la doctrina probable de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, m\u00e1s que los fallos que sin uniformidad ha emitido la Corte Constitucional en eventos que solo cobijan a las partes intervinientes. <\/p>\n
9.- No obstante lo consignado en l\u00edneas precedentes, como la decisi\u00f3n de tutela no da alternativa diferente: \u201c\u2026a que se emita una nueva decisi\u00f3n que tenga en cuenta los par\u00e1metros jurisprudenciales sobre la aplicaci\u00f3n de la figura de la reticencia expuestos en la parte motiva y los aplique al caso concreto\u201d y a lo reiterado en la orden contenida en la resolutiva: \u201cTERCERO: ORDENAR al citado Tribunal que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, profiera nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia\u201d, no queda otro camino que atender a \u201c\u2026los par\u00e1metros jurisprudenciales\u2026\u201d citados en la decisi\u00f3n constitucional, pese a la directriz que de vieja data se deline\u00f3 en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
10.- Atendiendo a esa l\u00ednea impuesta en el fallo que se acata, debe destacarse que la Corporaci\u00f3n que fungi\u00f3 como juez de tutela ya precis\u00f3 la aplicaci\u00f3n al caso concreto de los aspectos que tienen que ver con la buena fe contractual del tomador del seguro y la negligencia de la aseguradora, echando mano de la jurisprudencia constitucional en que apoya su posici\u00f3n y de la revisi\u00f3n del expediente, al referir: \u201cEn el asunto, ciertamente como lo explic\u00f3 el sentenciador accionado, para el 14 de noviembre de 2015, fecha de diligenciamiento del certificado de asegurabilidad, al se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Carranza, ya le aquejaban unas enfermedades, que no fueron informadas (hipertensi\u00f3n arterial, reflujo gastroesof\u00e1gico, enfermedad acido p\u00e9ptica, es\u00f3fago de Barret y apnea del sue\u00f1o severa), que en todo caso, no se encuentran especificadas o con una relaci\u00f3n concreta en el aludido certificada (sic), m\u00e1xime que la historia cl\u00ednica demostraba, que esas afecciones estaban siendo tratadas y controladas. Sin embargo, no se observa que la aludida entidad aseguradora, frente a esos antecedentes, haya ordenado alg\u00fan tipo de examen m\u00e9dico, ni exigido al asegurado que allegara uno, con el prop\u00f3sito de establecer el real estado de salud, a efectos de tener claridad sobre el riesgo asumido y las posibles exclusiones o denominadas preexistencias. <\/p>\n
\u201cPor el contrario, lo que se observa, como se dijo, es que simplemente obra en el formulario con una relaci\u00f3n de posibles enfermedades graves y generales que puede sufrir cualquier persona; pero lo que es m\u00e1s grave, es que, para el sentenciador, eso no tiene importancia, ya que, seg\u00fan su criterio, el asegurado es quien est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de especificar cualquier eventualidad que conozca, sin imponerle obligaci\u00f3n alguna al ente asegurador, esto es, avalando el sentenciador cualquier actuaci\u00f3n de las entidades de este tipo para lograr las vinculaciones contractuales, sin ser cuidadosas en el tipo de riesgo que est\u00e1n asumiendo, o llevando a los deudores a impresiones y maniobras facilistas para que no informen su estado de salud, y cuando ocurra el siniestro, aquellas puedan anteponer una preexistencia para negar la cobertura y as\u00ed alegar reticencia. <\/p>\n
\u201cDe manera que, por haber sido negligente la aseguradora al omitir la realizaci\u00f3n de los respectivos ex\u00e1menes o diagn\u00f3stico del estado de salud de la actora, no es posible que, ante la ocurrencia del riesgo asegurado, aquella alegue que la enfermedad que lo ocasion\u00f3 es anterior al ingreso de la deudora a la p\u00f3liza de vida, con el agravante de que la historia cl\u00ednica da cuenta de que el fallecimiento no tiene una relaci\u00f3n directa con esas afecciones que se dejaron de informar, lo que puede ser constitutivo del \u00e9nfasis de la buena fe al momento de la vinculaci\u00f3n contractual y no la intenci\u00f3n certera e inequ\u00edvoca de enga\u00f1ar al organismo asegurador; como tampoco puede hablarse de mala fe, si como lo mencion\u00f3 la propia aseguradora, todo demuestra que esas afecciones estaban siendo tratadas y controladas; de ah\u00ed, que tampoco se puede llegar hasta el extremo de exigir una declaraci\u00f3n pormenorizada de todos los chequeos m\u00e9dicos, dado que diversas enfermedades pueden ser superadas con el tiempo y los cuidados para permitir el desempe\u00f1o normal de las actividades cotidianas. <\/p>\n
\u201cPor manera que, reitera la Sala, la entidad aseguradora fue negligente, pues pudiendo averiguar la informaci\u00f3n desde el momento de la suscripci\u00f3n del contrato, s\u00f3lo vino a oponerse cuando se efectu\u00f3 la reclamaci\u00f3n, por lo que la reticencia como figura que sanciona la mala fe del asegurado s\u00f3lo puede operar a partir de la diligencia de la aseguradora, quien en el momento del acuerdo pese al control realizado, es enga\u00f1ada al esconderse el estado de salud del deudor, lo que en este asunto no se configura\u201d. <\/p>\n
11.- De ese modo, con la salvedad ya puesta en los nomencladores 8.1. y precedentes, y dado que el juez constitucional ya resolvi\u00f3 en el caso concreto sobre la no configuraci\u00f3n de la reticencia, lo atinente a las preexistencias y la nulidad relativa del contrato, esa argumentaci\u00f3n lleva a desestimar el reparo de la parte convocada a esta Litis en esos puntos\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
De otra parte, a\u00f1adi\u00f3 que \u00able asiste raz\u00f3n al recurrente en cuanto afirma que por ser el contrato de seguro un negocio de \u00edndole comercial, es que tiene lugar la aplicaci\u00f3n de las reglas previstas en el C\u00f3digo de Comercio, particularmente el art\u00edculo 1080 conforme con el cual \u201cel asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que respecta a la \u00e9poca desde la cual deben reconocerse esos r\u00e9ditos, aclar\u00f3 que \u00abse extrae de la normativa rese\u00f1ada y as\u00ed lo ha precisado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia que \u00ablos intereses moratorios\u00bb se pagar\u00e1n, dependiendo del caso concreto, desde: (i) El mes siguiente a la fecha en que el tomador o beneficiario pruebe el \u00absiniestro\u00bb y la cuant\u00eda, aun extrajudicialmente, (Art. 1077 C.Co), (ii) La \u00abejecutoria de la sentencia\u00bb que ordena el pago, cuando la aseguradora objeta la reclamaci\u00f3n y \u00fanicamente durante el tr\u00e1mite del proceso se acredita \u00abel siniestro\u00bb y se determina su monto (SC5217-2019) y (iii) La notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al demandado, si se demostr\u00f3 \u00abel siniestro\u00bb con \u00abla reclamaci\u00f3n\u00bb, pero el valor de la p\u00e9rdida se logra \u00abprobar\u00bb \u201cal interior del proceso judicial\u201d (SC5681-2018)\u00bb, por lo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) fuerza concluir que la mora del asegurador se predica a partir del momento en que \u00e9ste, vencido el plazo que tiene para reconocer el pago, se niega a cumplir su deber de prestaci\u00f3n, no obstante que el asegurado o el beneficiario le acreditaron su derecho a ella. En el caso concreto, como la sentencia de tutela concluy\u00f3 que no exist\u00edan razones fundadas para oponerse al pago del valor asegurado pues \u201cfue negligente la aseguradora al omitir la realizaci\u00f3n de los respectivos ex\u00e1menes o diagn\u00f3stico del estado de salud de la actora\u201d, deber\u00e1 concluirse, necesariamente, que el asegurador est\u00e1 en mora desde el vencimiento del mes siguiente a la fecha en que se acredit\u00f3 la ocurrencia del siniestro, esto es, el 2 de enero del 2017, si en cuenta se tiene que un mes antes, el 2 de diciembre del 2016 fue radicada ante Seguros Bol\u00edvar la reclamaci\u00f3n correspondiente\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
3.2. Lo anterior permite concluir que los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, encargados de proferir la mencionada sentencia, acataron \u00edntegramente la orden impartida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en el sub-lite, atendiendo los par\u00e1metros all\u00ed dispuestos, por lo que, en esas condiciones, se encuentra actualmente conjurada la amenaza o vulneraci\u00f3n iusfundamental arg\u00fcida por los memorialistas. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, no hay lugar a imponer ninguna sanci\u00f3n ya que, como expuso la Corte Constitucional en providencia T-421 de 23 de mayo de 2003, acogida por esta Sala, entre otras, en la CSJ STC, 30 ene. 2013, rad, 00115-00: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, al advertirse superada la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la presente actuaci\u00f3n, resulta improcedente imponer sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: ABSTENERSE de imponer las sanciones a que se refiere el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrarse que los magistrados Jorge Eduardo Ferreira Vargas y Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 acreditaron el obedecimiento a la sentencia de tutela STL4077-2022, 30 mar. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la terminaci\u00f3n y el archivo de la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por un medio expedito. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente, el incidente se promovi\u00f3 tambi\u00e9n contra la funcionaria Adriana Ayala Pulgar\u00edn, quien conformaba esa Sala de Decisi\u00f3n, pero, en la actualidad, no forma parte de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, informaci\u00f3n que se report\u00f3 solo hasta la expedici\u00f3n del fallo de 6 de junio de 2022 y su remisi\u00f3n a esta Colegiatura. <\/p>\n
2\u0002 Supra. <\/p>\n
3\u0002 Para dictar esa determinaci\u00f3n, se conform\u00f3 Sala con la magistrada Ruth Elena Galvis Vergara, porque, tal como se precis\u00f3 en esa providencia, \u00abLiminarmente es pertinente advertir que la decisi\u00f3n que dirima esta controversia ser\u00e1 adoptada en Sala de Decisi\u00f3n integrada por el suscrito y por las magistradas Dra. Ruth Elena Galvis Vergara y Dra. Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda, en raz\u00f3n a que quien entonces particip\u00f3 en esa determinaci\u00f3n, esto es, la Dra. Adriana Ayala Pulgar\u00edn, en la actualidad ya no hace parte de esta Sala y Tribunal y llevado el proyecto a la sala dual no obtuvo mayor\u00eda, raz\u00f3n por la cual hubo de recomponer la sala\u00bb. <\/p>\n
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ATC854-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC854-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00438-03 (Aprobado en Sala de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el incidente de desacato adelantado por Natalia Andrea y Juan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}