ATC858-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC858-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00885-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de nulidad formulada por el apoderado de los convocantes, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El extremo accionante solicit\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales, supuestamente vulneradas por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el curso del litigio n.\u00ba 2017-00168, porque, grosso modo, se denunci\u00f3 la aceptaci\u00f3n \u00abirregular\u00bb del desistimiento de una de las all\u00ed gestoras (fallecida), pese a que sus herederos no habr\u00edan consentido tal proceder. <\/p>\n
2. En primera instancia, con decisi\u00f3n de 6 de mayo de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque: (i) \u00abel profesional del derecho Arroyo Hern\u00e1ndez, adolece (sic) de legitimaci\u00f3n por activa, pues si bien resalta fungir como apoderado, no alleg\u00f3 mandato alguno que lo legitimara como tal\u00bb; (ii) no cumple el requisito de inmediatez, ya que \u00abse presenta la acci\u00f3n m\u00e1s de 2 a\u00f1os despu\u00e9s, sin que se haya explicado o se evidencie, una situaci\u00f3n excepcional\u00bb; y (iii) no se satisface el presupuesto de subsidiariedad, dado que \u00abfrente a las determinaciones adoptadas (\u2026) no se presentaron los recursos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, pues no solo todas las decisiones cobraron firmeza, sino que a la fecha no ha sido presentada una sola solicitud ante el juez de conocimiento, poniendo en conocimiento los hechos que aqu\u00ed son vertidos\u00bb <\/p>\n
3. Esta Colegiatura, en sede de impugnaci\u00f3n (STC6872-2022, 2 jun.) confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n desfavorable del a quo constitucional, porque \u00abel cuestionamiento que se hace frente a la aceptaci\u00f3n del desistimiento (20 de agosto de 2019) y el fallo (17 de enero de 2020) que declar\u00f3 la pertenencia, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 2 de mayo de 2022, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable\u00bb; aunado a que \u00absi los pretensores de la salvaguarda consideran no fueron citados al litigio y ello deriv\u00f3 en el proferimiento de una providencia contraria a sus intereses, es evidente que no es la acci\u00f3n constitucional el instrumento procedente para dirimir su inconformidad, pues el legislador dise\u00f1\u00f3 para tal efecto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Encontr\u00e1ndose el asunto pendiente de enviarse a la Corte Constitucional para su eventual selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n, el mandatario judicial de los libelistas alleg\u00f3 solicitud de \u00abnulidad de todo lo actuado\u00bb con fundamento en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el par\u00e1grafo del canon 136 ejusdem, porque, en su criterio, \u00absalta de bulto que al no reconocerme personer\u00eda por falsa falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, debi\u00f3 rechazarse y claro est[\u00e1] no se tramit\u00f3 la primera instancia por tanto, se pretermite una etapa procesal configur\u00e1ndose una causal de nulidad insaneable que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la v\u00eda de hecho judicial del 6 de mayo de 2022 reza: \u201cno obstante lo anterior, el profesional del derecho Arroyo Hern\u00e1ndez, adolece (sic) de legitimaci\u00f3n por activa, pues si bien resalta fungir como apoderado, no alleg\u00f3 mandato alguno que lo legitimara como tal\u201d\u00bb, por lo que, en consecuencia, \u00aben parte alguna del presunto \u201cfallo\u201d obran las intervenciones del abogado de mis poderdantes y menos a\u00fan de la hija de la demandante finada quien al parecer incurre en colusi\u00f3n con el togado presunto actor de \u201cfraude procesal\u201d, que sorprendentemente surgen en el fallo de \u201csegunda instancia\u201d, que por el contrario debi\u00f3 anular lo actuado por el a quo, sin perjuicio de la evidente causal de flexibilizaci\u00f3n del requisito jurisprudencial de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4.\u00ba del Decreto 306 de 1992, la actuaci\u00f3n puede tener vicios que afectan su validez, principalmente cuando, respecto de las partes o intervinientes, no se atiende con estrictez el debido proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u00ablas nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador \u2013y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia \u2013sanci\u00f3n- de invalidar las actuaciones surtidas\u00bb, y en cuanto a su invocaci\u00f3n, se ci\u00f1e al principio de taxatividad, pues \u00abs\u00f3lo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuaci\u00f3n aquellos expresamente se\u00f1alados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constituci\u00f3n, como el caso de la nulidad que se presenta por pr\u00e1ctica de una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CC T-125\/10). <\/p>\n
2. Entre las nulidades que pueden invocarse en este tipo de procedimientos, est\u00e1n las que omiten las notificaciones de la admisi\u00f3n o de la sentencia a las partes y terceros con inter\u00e9s, o cuando alguno de \u00e9stos no ha sido vinculado para que ejerza sus leg\u00edtimos derechos de defensa y contradicci\u00f3n (preceptos 133, 136 y 137 del estatuto adjetivo), sin perjuicio del saneamiento por el interesado que una vez notificado, act\u00faa sin proponer la nulidad. <\/p>\n
Igualmente, la nulidad procede por la pretermisi\u00f3n de una instancia, ya que \u00abla impugnaci\u00f3n de las providencias de tutela constituye un derecho de raigambre constitucional, a trav\u00e9s del cual se pretende que el superior jer\u00e1rquico de la autoridad judicial que emiti\u00f3 el pronunciamiento, eval\u00fae nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisi\u00f3n definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia\u00bb (CC A-091\/02, A-265\/02 y A-220\/12). <\/p>\n
3. La figura jur\u00eddica en estudio est\u00e1 regida, entre otros principios, por el de la especificidad o legalidad, seg\u00fan el cual solo es posible su estructuraci\u00f3n en una de las reglas previamente determinadas. <\/p>\n
Al respecto, aludiendo a disposiciones de la anterior codificaci\u00f3n procedimental civil, actualmente retomadas en el nuevo estatuto adjetivo con algunas variables que no afectan la vigencia jurisprudencial, esta Corte, mediante auto del 21 de marzo de 2012 (rad. 2006-00492-00), sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del tr\u00e1mite, su ejercicio se encuentra delimitado por el inter\u00e9s que le asiste a su proponente, su contemplaci\u00f3n expresa como causal de invalidaci\u00f3n y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. <\/p>\n
En ese sentido la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, raz\u00f3n por la que opera \u00fanicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que s\u00f3lo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ileg\u00edtimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o t\u00e1citamente\u201d (sentencia de 30 de noviembre de 2011, expediente 2000-00229). <\/p>\n
(\u2026) Pero la simple enunciaci\u00f3n de la raz\u00f3n propuesta no es suficiente para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, toda vez que debe ir acompa\u00f1ada de una exposici\u00f3n razonada de los hechos en que se fundamenta, de tal manera que encajen dentro del mismo, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta v\u00eda simples disconformidades con las decisiones que se tomen al interior del debate, bajo una apariencia que no le corresponde, m\u00e1xime cuando el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 ib\u00eddem, contempla que \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este C\u00f3digo establece\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. Con observancia en las premisas que anteceden, se advierte la improcedencia de la nulidad alegada por el apoderado de los peticionarios, la cual se fundament\u00f3 en la supuesta \u00abpretermisi\u00f3n de la instancia\u00bb que deb\u00eda agotarse en este asunto, pues, en su criterio, como en el primer grado del amparo el tribunal estableci\u00f3 que carec\u00eda del poder especial para representar los intereses de los convocantes, en realidad all\u00ed no se habr\u00eda dictado un pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
No obstante, dicha aseveraci\u00f3n no se corresponde con la realidad procesal, comoquiera que, aunque el a quo constitucional esgrimi\u00f3 como primera consideraci\u00f3n para despachar desfavorablemente el ruego el hecho de que el abogado no hubiese aportado en debida forma el mandato requerido para esta clase de procesos, lo cierto es que, seguidamente, recalc\u00f3 que, aun de superarse esa situaci\u00f3n, el mecanismo resultaba improcedente, por varias razones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [a]l hacer el examen de los dem\u00e1s requisitos de procedibilidad de forma gen\u00e9rica, la misma no cumple con el requisito de inmediatez, \u00faltimo que permite cumplir con el prop\u00f3sito de la protecci\u00f3n inmediata, y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos resulten afectados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los eventos establecidos en la ley. <\/p>\n
En efecto, revisada la documental allegada al plenario, se observa que, mediante providencia de 20 de agosto de 2019, se acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones de la demanda de la se\u00f1ora Janeth Cajamarca Organista, continu\u00e1ndose el mismo en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Mercedes Organista Caicedo. Esta decisi\u00f3n, hizo eco en la solicitud que efectuase el apoderado de la actora, debido al fallecimiento del 2 de mayo de 2019 de aquella. <\/p>\n
En sentencia de 17 de enero de 2020, se declar\u00f3 que la se\u00f1ora Mar\u00eda Mercedes Organista Caicedo, adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio el bien inmueble ubicado en la Diagonal 51B Sur # 54B -52, de esta ciudad, decisi\u00f3n que fue comunicada e inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50S-724648, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
Conviene recordar que, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dada la naturaleza excepcional de la acci\u00f3n de tutela, \u00e9sta debe ser ejercida dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que no se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica, ni en una herramienta que premie la desidia, la negligencia o la indiferencia de los accionantes, lapso que ha sido limitado al t\u00e9rmino de 6 meses. <\/p>\n
En el caso de autos, se presenta la acci\u00f3n de tutela m\u00e1s de 2 a\u00f1os despu\u00e9s, sin que se haya explicado o se evidencie, una situaci\u00f3n excepcional, como una fuerza mayor o caso fortuito que hubiese colocado a los accionantes en situaci\u00f3n indefensi\u00f3n o de absoluta imposibilidad para hacer uso de los medios judiciales a su alcance o para hacer uso oportuno del amparo constitucional, pues no se demostr\u00f3 la existencia de hechos de tal naturaleza como justificaci\u00f3n para no hacerlo en oportunidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, aunado a que, de acuerdo con lo expuesto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el fallo que viene de memorarse, el amparo tampoco cumpli\u00f3 el criterio de subsidiariedad, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente a las determinaciones adoptadas por el despacho accionado, no se presentaron los recursos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, pues no solo todas las decisiones cobraron firmeza, sino que a la fecha no ha sido presentada una sola solicitud ante el juez de conocimiento, poniendo en conocimiento los hechos que aqu\u00ed son vertidos, coligiendo as\u00ed, que este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judicial, so pretexto de una supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance los medios defensivos del curso normal del proceso, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar las herramientas de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
Incluso, en esa misma resoluci\u00f3n, se dej\u00f3 sentado que \u00aben punto a las presuntas irregularidades denunciadas cometidas por el profesional del derecho que les represent\u00f3 al interior del proceso de pertenencia, el promotor constitucional queda en libertad de instaurar las acciones que considere pertinentes ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, por lo que no tiene respaldo la afirmaci\u00f3n del apoderado de los accionantes, pues, como se vio, se abord\u00f3 \u00edntegramente la problem\u00e1tica puesta a su consideraci\u00f3n, aunque el sentido hubiese sido desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Con todo, n\u00f3tese que, con base en lo resuelto en la primera instancia, el mismo apoderado formul\u00f3 una \u00absolicitud de nulidad\u00bb ante el a quo, la cual se rechaz\u00f3 de plano en su oportunidad, con prove\u00eddo de 12 de mayo de 2022, en el que, adem\u00e1s, se concedi\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Por ello, en esta sede, luego de haberse revisado los medios de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura \u2013lo que incluye, por supuesto, las respuestas suministradas por los vinculados en esta causa, las cuales reposan en el expediente desde su diligenciamiento ante el tribunal, contrario a lo sostenido por el abogado1\u2013, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil resolvi\u00f3 confirmar la providencia recurrida, comoquiera que \u00absi bien el apoderado de los quejosos no aport\u00f3 poder ante la colegiatura de primera instancia y ello deriv\u00f3 en que no se le tuviera habilitado para promover la salvaguarda en nombre de sus representados, dicha situaci\u00f3n fue corregida por el profesional del derecho en cuanto subsan\u00f3 aportando el mencionado mandato el 5 de mayo de 2022, raz\u00f3n por la cual se procede al estudio de la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, analizados los motivos de disenso, se concluy\u00f3 que \u00abel cuestionamiento que se hace frente a la aceptaci\u00f3n del desistimiento (20 de agosto de 2019) y el fallo (17 de enero de 2020) que declar\u00f3 la pertenencia, no atiende el postulado que viene de comentarse [inmediatez], ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 2 de mayo de 2022, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable\u00bb, sumado a que \u00absi los pretensores de la salvaguarda consideran no fueron citados al litigio y ello deriv\u00f3 en el proferimiento de una providencia contraria a sus intereses, es evidente que no es la acci\u00f3n constitucional el instrumento procedente para dirimir su inconformidad, pues el legislador dise\u00f1\u00f3 para tal efecto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n [subsidiariedad]\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, deviene di\u00e1fano para esta Corporaci\u00f3n que la solicitud de nulidad invocada por el mandatario judicial de los querellantes carece de fundamento, pues, como se colige de las etapas rese\u00f1adas, no se pretermiti\u00f3 ninguna instancia y, por el contrario, en el decurso de esta radicaci\u00f3n se observaron las garant\u00edas derivadas del debido proceso, resolvi\u00e9ndose de fondo la controversia sometida a escrutinio. <\/p>\n
En consecuencia, la espec\u00edfica circunstancia de que lo dispuesto tanto en el primer, como en el segundo grado de la acci\u00f3n de tutela, haya sido desfavorable a los intereses de sus agenciados \u2013pues, se itera, el ruego tuitivo no cumpli\u00f3 los presupuestos de inmediatez, ni subsidiariedad\u2013, no se erige como un motivo v\u00e1lido para nulitar lo actuado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se impone desestimar la solicitud de nulidad fincada en la supuesta \u00abpretermisi\u00f3n de instancia\u00bb, formulada por el mandatario judicial de la parte accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, NIEGA la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de los convocantes. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito; y, verificado lo anterior, por Secretar\u00eda dese cumplimiento a lo ordenado en la parte final del fallo STC6872-2022, 2 jun., dictado por esta Corporaci\u00f3n, enviando el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver, entre otros, los archivos del cuaderno del tribunal: \u00ab13MemorialRespuesta\u00bb, que corresponde a la efectuada por H\u00e9ctor Davey Ria\u00f1o Osorio y su respectivo \u00ab14Anexo1\u00bb; y \u00ab18RespuestatutelaMercedesOrganista\u00bb, la cual se acompasa a la all\u00ed mencionada; las cuales se relacionaron \u00edntegramente en la sentencia de segunda instancia (f. 3). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC858-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC858-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00885-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de nulidad formulada por el apoderado de los convocantes, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64072","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}